“En 11 días termina el año y no hay claridad sobre los convenios 2022. Las casas de Acogida no sabemos si vamos a poder seguir salvando vidas de la violencia machista” denunció, vía Twitter, la Red Nacional de Casas de Acogida del Ecuador.
Tanto la Red Nacional como los servicios especializados en violencia de género exigen al Estado ecuatoriano y a la Secretaría de Derechos Humanos, garantizarles el presupuesto para el año 2022, para que las casas continúen brindando protección a mujeres, a sus hijos e hijas, víctimas de violencia.
Geraldine Guerra, representante de la Red Nacional de Casas de Acogida, en entrevista con WambraEc, mostró preocupación al desconocer el panorama actual sobre los proyectos que la Secretaría de Derechos Humanos sostendrá en el 2022.
La firma de convenios para el próximo año garantiza la sostenibilidad de los servicios. Esta firma representa la alianza de cooperación que el Estado ha hecho con la sociedad civil. “El Estado cubre, en el caso de las casas de acogida, entre el 40% y el 60% del presupuesto, dependiendo del sitio y de la casa”, indicó.
Asimismo, la representante de la Red, manifestó que la política pública tiene que ser clara; “debe ser entregado presupuesto suficiente, eficiente, a tiempo y completo”, dijo. De no ser así, las casas y los servicios podrían cerrar, “porque son organizaciones que no pueden sostener todo lo que significa una casa de acogida y les va a tocar cerrar”, expresó.
A decir de Geraldine Guerra, “frente a un país donde 65 de cada 100 mujeres son víctimas de violencia, la política pública tiene que concretarse para prevenir la violencia y cuando se produce violencia, para atenderla. En este caso es para atender a víctimas de violencia; es una atención directa”.
Marlene Villavicencio, también representante de la Red, explicó sobre el presupuesto para casas: “Las casas de acogida reciben alrededor de USD 120.000 y 130.000”. En el caso de las casas de acogida, ese presupuesto “cubre siete profesionales: una educadora, una abogada, una trabajadora social, una psicóloga, una coordinadora técnica, dos facilitadoras y cubre alrededor de USD 2,00 diarios de alimentación; movilización y capacitación”, pero las organizaciones cubren el resto.
Geraldine Guerra contó, además, que, en contexto pandémico, tanto la vestimenta, como todo lo de bioseguridad, teleeducación, servicios básicos y, en casos de no alcanzar para la alimentación, es la organización la que gestiona y busca convenios para solventarla.
Por otro lado, María Ramírez, directora del Centro de atención El Coca, señaló que, para los centros reciben alrededor de USD 72.000 y que eso cubre el pago de profesionales, dos talleres al año a la población y movilización. “En las casas, la gente se queda a dormir (servicio de 24 horas, todo el año). En el caso de los centros, es un servicio externo, por eso varía el valor de las firmas de los convenios”, señaló Guerra.
Al mismo tiempo, Guerra expresó, “Las casas de acogida son el único mecanismo eficaz para prevenir femicidios que tiene el Estado; no hay otro servicio. Por lo tanto, no se puede estar poniendo trabas, porque la política pública debería expresarse en todo su sistema administrativo-financiero para garantizar que eso suceda”.
Por su parte, la Secretaría de Derechos Humanos, vía Twitter, indicó que, el 22 de diciembre de 2021, una comisión se reunió para “establecer reformas al Reglamento para el fortalecimiento de la atención integral a víctimas de violencia de género en Ecuador para Centros de Atención Integral y Casas de acogida”.
A decir de la Secretaría, la comisión se encargará de “generar procesos abiertos, transparentes y participativos con la ejecución del presupuesto 2022”.
Las mujeres y niñas necesitamos contar con espacios seguros para salvar nuestras vidas de la #ViolenciaDeGénero #LasCasasDeAcogidaNosSalvan @LassoGuillermo @DDHH_EC ¡Garanticen el presupuesto necesario! #PresupuestoParaLasCasas pic.twitter.com/5tEeAeN4cn
— Red Nacional de Casas de Acogida (@RCasasAcogidaEC) December 22, 2021
Geraldine Guerra considera que, en todos esos procesos, la sociedad civil tiene que participar. “La política pública tiene que hacerse con la participación de quienes han estado atendiendo a víctimas de violencia que es la única manera de garantizar la especialidad y la efectividad al momento de elaborar estos reglamentos”.
Por ello, Guerra exhortó al Estado ecuatoriano para que conste su participación en el reglamento: “Queremos participar de manera sostenida y sostenida significa construir colectivamente, porque este proceso de firma de convenios recoge la experiencia de la sociedad civil”, asintió.
