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El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), informó de la muerte de cuatro personas privadas de la libertad, el pasado 14 de octubre de 2021, en el Centro de Privación de Libertad Guayas N° 1, también conocido como Penitenciaría del Litoral. Este hecho sucede a solo tres semanas, de la última masacre producida en ese mismo centro, el 28 de septiembre, en la que fueron asesinadas 119 personas, según las últimas cifras oficiales. 

Sobre este hecho, el Directorio del Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social dio a conocer después de varios días, algunos datos sobre las personas fallecidas. Bernarda Ordóñez, quien preside el organismo, señaló que de los 119 personas privadas de la libertad fallecidas, de quienes se ha podido identificar a 106 personas.

Un tercio de las personas víctimas de la masacre tenían menos de 25 años, y el 75% no tenían “sentencia ejecutoriada que confirme o ratifique su culpabilidad o estado de inocencia” y el 35% de las personas estaban detenidas por delitos de robo y tráfico.

Para la plataforma de DDHH, Alianza Contra las Prisiones, las masacres dentro de las cárceles no solo responde a la violencia, sino también a diversos problemas estructurales, entre ellos, la sobrepoblación penitenciaria: “El Ecuador pasó de tener una población carcelaria de 20.800 presos en 2012 a 38.000 en 2021”. Así lo aseguró durante la presentación del Diagnóstico sobre el Sistema Penitenciario Ecuatoriano en el 2021.

A partir de 2014, según Sofía Carpio, integrante del Centro de Etnografía Interdisciplinaria (Kaleidos), se creó una unidad de inteligencia policial que contrató informantes dentro de la cárcel. “En este proceso se dieron dádivas a individuos y agrupaciones a cambio de que estos pasen información a la policía nacional y en 2020, cuando comenzó la violencia carcelaria, entre las primeras víctimas de los asesinatos se encontraron a esos informantes”, afirmó la vocera del Centro de Etnografía.

Asimismo, Cristina Burneo, docente universitaria e integrante de Corredores Migratorios, en su intervención, señaló que no se puede tratar la crisis carcelaria sin tomar en cuenta la movilidad humana. “Queremos introducir la movilidad humana como una perspectiva para mirar el sistema penitenciario, porque nos hace pensar en la prisión como un modelo transnacional. O sea, lo que está pasando ahorita en Ecuador ni de lejos pasa solo en Ecuador”.

Agregó, además, que, sobre las personas en situación de movilidad hay datos incompletos, lo que no permite su repatriación al país de origen. “Las estadísticas de personas en situación de movilidad humana apenas muestran nacionalidad. No se conocen datos segregados por delito, si tienen o no papeles ni acceso adecuado a la justicia”. La falta de datos oficiales según la Alianza ha complicado tener información clara e inmediata sobre las personas que fueron víctimas de las últimas masacres. 

Por otro lado, Elizabeth Pino, integrante de Mujeres de Frente, manifestó que en la cárcel no solo hay gente mala, hay jóvenes con sueños: “No solo me he encontrado con gente que roba, también he encontrado gente inocente”.

Señaló que la creación de nuevas cárceles solo acrecienta el problema, y más cuando no se piensa en soluciones estructurales a la pobreza: “Deberíamos buscar soluciones, construir mejores escuelas, colegios, donde haya educación digna, creo que, con educación y trabajo digno, todo mejoraría”

Con esto coincide Typhaine León, también integrante de Mujeres de Frente. Para ella, la construcción de más cárceles implica más presos y más presas y eso significa, a su vez, más muertes programadas.

León también increpó el accionar oficial tras las masacres de septiembre de 2021, en el que 118 personas fueron asesinadas al interior de la Penitenciaría del Litoral y declaró: “El presidente Guillermo Lasso dictaminó Estado de Excepción en las cárceles, pero nunca habló de duelo nacional por las víctimas, por los familiares, por la sociedad en la cual vivimos”.

Por su parte, el Secretario Ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos CDH Guayaquil, Billy Navarrete, manifestó que se ha criminalizado a las familias de las personas privadas de libertad. Por ello, aseguro que, “La revictimización trata de una recurrente criminalización de las familias de las personas privadas de libertad, señalándolas como responsables de tráfico de armas y de sustancias ilícitas.

Al mismo tiempo, José Valenzuela, coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador expresó que, las personas privadas de libertad son grupos de atención prioritaria, por lo que el Estado ecuatoriano tiene la obligación de cuidar los derechos de las personas privadas de libertad. “Deben asegurarles la protección de su vida e integridad física y psicológica. El Estado es el garante de las personas privadas de libertad”, señaló.

Valenzuela instó al Estado ecuatoriano, para que, de forma inmediata, se tomen medidas que protejan a las personas privadas de libertad y se permita la participación de organizaciones de la sociedad civil en la deliberación pública de la toma de decisiones con respecto a la vigencia irrestricta y absoluta que debe tomar el Estado ecuatoriano, acorde a las personas privadas de libertad.