entrevista: Verónica Calvopiña @kinoraxx
transcripción: Robin Steudt @Ro2Bat
La hidroeléctrica San José del Tambo se construye sobre el río Dulcepamba en la comuna San Pablo de Amalí ubicada en la provincia de Bolívar. Esta obra plantea generar 8 kilowatios de electricidad. La empresa firmó un contrato con el Estado ecuatoriano en septiembre del 2005 donde se le adjudicó el uso de 5 mil litros de agua por segundo del río Dulcepamba. Según Manuel Trujillo, dirigente de San Pablo de Amalí, esto les dejará sin agua para la agricultura y sus necesidades.
“A la compañía Hidrotambo se le concesionó el agua desde los 2.900 metros sobre el nivel del mar, hasta los 380 metros. Esto nos afecta porque el agua ya no tenemos nosotros los campesinos. Este es el fondo de nuestra oposición, porque en el momento en que a nosotros, como campesinos nos quiten el agua, automáticamente nos están quitando la vida, porque el agua es la vida de nuestro campo”…. “La concesión se hizo en el 2003. Se concesionó toda la cuenca hidrográfica, incluyendo los afluentes del río Dulcepamba, por esa razón, nosotros como comunidades hemos armado una oposición. La compañía Hidrotambo nunca contó con los permisos necesarios, ni con los documentos que avalen su trabajo”1.
Hidrotambo es un consorcio de empresas, formada por Corporación para la Investigación Energética, ElectrogenS.A, Ingehydro S.L., y Plasticaucho Industrial S.A. Estas empresas son responsables de la construcción de la hidroeléctrica y la energía que produzca irá para permitir su producción.
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército intentó construir la hidroeléctrica en 2006. Ingresaron sin autorización de la comunidad que se resistió a su ingreso. Hubo represión, campesinas y campesinos heridos. El Cuerpo de Ingenieros, la Alcaldía de Chillanes y la Policía de Bolívar denunciaron ante la justicia a los dirigentes Manuel Trujillo y Manuela Pacheco por oponerse a la obra. Estos juicios no prosperaron por la amnistía que les otorgó la Asamblea Constituyente en el 2008.
“El Cuerpo de Ingenieros del Ejército sin tener tiene la documentación legal, entró, agredió, golpeó y disparó a varios compañeros; hemos tenido más de 20 personas heridas. Hay dos personas que fueron disparados con balas de goma a quienes se les desprendió la retina del ojo. La represión ha sido demasiada de tanto del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y últimamente de la policía. La policía viene y agrede a todo mundo; arrastra, hace de ir pegando, va a las casas, bota bombas, todo eso. ¿Por qué razón nosotros como ciudadanos, como comunidades, tenemos que soportar tantas injusticias, tantas anormalidades? Nuestro pueblo no tiene porque soportar que vengan dos o cuatro personas que tienen plata, a querer llevarse nuestra riqueza, nuestra plata, haciendo la hidroeléctrica. No es justo que sea a base de sacrifico, de sangre de nuestros pueblos”.
Para el 2012 se reaviva la obra. La empresa intenta ingresar en junio de 2012 acompañado de la policía. La comunidad volvió a impedir la entrada de maquinaria y de sus trabajadores. Nuevamente vino la represión y la criminalización. Se lanzaron bombas lacrimógenas en contra de la comunidad y al interior de las casas. Nuevamente los dirigente de la comunidad fueron acusados de presuntamente destruir un patrullero donde iban los trabajadores de la empresa.
San Pablo de Amalí asegura que jamás fue consultado sobre este proyecto. A pesar de eso, la construcción de la obra ya inició. Se movió el cauce del Río Dulcepamba y en el 2015, la población se inundó. Pidieron medidas cautelares a fin de que se construya un muro de contención para prevenir futuras inundaciones, pero la medida fue desestimada.
“La consulta, la socialización según los señores se la hizo, pero nunca la hicieron con la gente que realmente está afectada directamente o indirectamente. Hicieron la socialización con gente que nada tiene que ver. Las personas que estamos afectadas vivimos en San José de Tambo a lo largo de 72 comunidades. En ningún momento ha existido, ni existirá una firma de los realmente afectados. La licitación del proyecto se presentó en el Periódico El Clarín de Babahoyo, en El Andes de Riobamba, esos periódicos ni siquiera llegan a nuestra comunidad. Acá en esta parroquia tenemos dos periódicos El Vocero y La Tribuna, en esos ni siquiera se ha publicado”.
En 2013, varias familias de San Pablo de Amalí fueron desalojadas de sus propiedades. Esta acción se intenta justificar en la declaración de utilidad pública que se hizo sobre sus terrenos. El Informe Desplazamiento y Criminalización presentado por la CEDHU en 2013 dio cuenta de casos de familias desplazadas por el proyecto. La empresa entró sin su autorización con maquinaria a sus terrenos y les causaron daños en sus sembríos.
“En contra mío la primera vez, se levantaron 22 casos los cuales, gracias a la Asamblea Constituyente, fui amnistiado después de estar 18 días detenido. Las autoridades tanto el Fiscal como los señores policías están atrás mió y tengo como 15 denuncias. Me levantaron instrucción fiscal por varias demandas. Yo ya no puedo salir solo de mi casa porque atrás mío están los policías de inteligencia, están las autoridades. Por eso le hago un llamado al Señor Gobernador, al Señor Presidente de la República ¡Ya es hora que nos dejen vivir por lo menos en paz, que nos deje vivir tranquilos! ¡No nos haga sufrir tanto! Le pedimos al presidente que cumpla la promesa que nos hizo cuando llegó a San Pablo de Amali: “Si el pueblo no está de acuerdo, no se hace esa hidroeléctrica”.
Conozca más del Informe Desplazamiento y Criminalización en: http://www.cedhu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=215&Itemid=10
Mire los casos de personas desplazadas por megaproyectos en Ecuador:
Este 19 de enero, Manuel Trujillo y Manuela Pacheco fueron llamados nuevamente por la justicia para responder por el cargo de “terrorismo organizado”, el mismo que fue levantado durante la represión policial en San Pablo de Amalí en 2012. Los dos luchadores sociales pudieran enfrentar cárcel por 4 u 8 años.
El caso de esta comunidad fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y denunciado por Amnistía Internacional. Piden que el Estado Ecuatoriano les construya un muro de contención para prevenir inundaciones y que se suspenda la construcción de esta hidroeléctrica.
