FEMINISMOS
La violencia política impide que las mujeres alcancen sus derechos
Por: Gabriela Sinchi Gómez @SinchiAmaruGT
Publicado 20 de enero del 2023
Hace poco menos de 100 años, las mujeres no podíamos participar en la política formal en nuestro país. Si bien podemos decir que, siempre hemos sido actoras políticas de cambio, revolución y transformación, durante siglos no fuimos ni siquiera nombradas como ciudadanas.
Entre esas actorías que marcaron la participación políticas de las mujeres en el país, está por ejemplo, Matilde Hidalgo de Prócel quién fue la primera mujer en Ecuador que pudo ejercer su derecho al voto, en 1925. Y otras como Nela Martínez.
A principios del siglo XX, el debate social fue intenso a favor y en contra del voto de las mujeres. Las posiciones favorables al voto se mantuvieron principalmente en periódicos y revistas dirigidos por mujeres como Zoila Ugarte quien, mediante sus escritos, increpaba a los legisladores de la época, conservadores y liberales, a aprobar el voto. La revolución liberal, en 1869, había sacado de la Constitución, los requisitos que se ponían entonces para reconocer la ciudadanía. En cuanto al voto, también se excluyó el texto que indicaba que para elegir y ser elegido se debía ser varón y tener 21 años. Sin embargo, no especificaba que las mujeres pudieran sufragar.
Zoila Ugarte en su artículo Plumadas, publicado en el Diario La Prensa del 12 de septiembre de 1910, increpaba públicamente al Congreso de entonces: “¿Por qué pasan el tiempo discutiendo una cuestión resuelta y no se ocupan de otras de vital interés?”
Cuatro años después del hecho histórico que significó el sufragio de Matilde Hidalgo, la Constitución de 1929 aprobó el voto como derecho facultativo de las mujeres y obligatorio para los hombres. En este contexto, Matilde Hidalgo es la primera mujer que disputa y sienta precedentes para la participación política de las mujeres, no solo como electora, en 1941 se convirtió en la primera mujer candidata y la primera mujer electa administradora pública en Loja con el cargo de Diputada Suplente.
Desde entonces la participación política de las mujeres en Ecuador, ha sido una constante lucha para entrar por la estrecha entrada a la toma de decisiones públicas. Las mujeres han ingresado en la política de a poco, demasiado lento para las urgencias que nos impactan, con las cientos de trabas que la sociedad patriarcal impone al relegar a las mujeres al espacio privado.
Después de años de luchar para que se reconozcan medidas afirmativas y tener una Ley de Cuotas progresiva, lenta y apenas promulgada en 1997, pasamos a que recién en 2008 se garantice plenamente la paridad y que ésta se aplique a las listas pluripersonales en procesos de elección popular. Así, la Constitución del 2008 en el Art.116 menciona que: “Para las elecciones pluripersonales, la ley establecerá sistema electoral conforme a los principios de proporcionalidad, igualdad del voto, equidad, paridad y alternabilidad entre mujeres y hombres; determinará las circunscripciones electorales dentro y fuera del país”.
Estos avances legales fueron el resultado de la incidencia del movimiento de mujeres y feministas que insistieron en que el Estado ecuatoriano cumpla con las obligaciones internacionales adquiridas tras firmar y ratificar convenios como el Cómite para la eliminación de todas las formas de Discriminación (CEDAW), En este convenio, particularmente en el Art. 7, se menciona que el Ecuador debe tomar todas las medidas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública, para lo cual se garantizará, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones pública.
Sin bajar los brazos, las mujeres continuaron incidiendo en la consecución de nuevas herramientas para posibilitar su participación política. En 2020, se hicieron reformas al Código de la Democracia y al Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad) para que la paridad vaya en incremento y para lograr una paridad efectiva en 2025.
Sin embargo, el camino aún está cuesta arriba, pues en las listas de las actuales elecciones seccionales todavía se ve la brecha de participación entre hombres y mujeres. Así, las candidaturas para Prefecturas no alcanzan ni el 30% de presencia de mujeres; de 186 candidaturas en las 23 provincias, apenas hay 46 candidatas mujeres.
Mientras para las alcaldías, de 1539 candidaturas solo 470 pertenecen a mujeres, aunque en este caso sí se alcanza el 30% mínimo que establece el Código de la Democracia desde 2020. Pero, apenas son candidaturas ¿cuántas de estas mujeres llegarán a asumir puestos de decisión?
En las elecciones seccionales de 2019, de 23 prefecturas apenas 4 fueron alcanzadas por mujeres y de 221 municipios existentes en el país, apenas 16 fueron ocupados por alcaldesas. De repetirse este panorama en este año, se estaría incumpliendo el Art 137 del Cootad que establece que los consejos regionales, concejos metropolitanos y municipales elegirán entre sus miembros “de acuerdo con el principio de paridad entre mujeres y hombres, obligatoriamente”.No se estaría cumpliendo la meta de que a 2023 -2028 exista el 50% de mujeres y 50% de hombres.
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Violencia Política
A más de la baja participación política de las mujeres, el escenario electoral y político es violento. Daniela Chacón de Fundación TANDEM, en la presentación de, mencionó que: “Las organizaciones políticas son los espacios más inseguros y más violentos para el ejercicio de la política de las mujeres. Es donde se dan los principales actos de violencia que desincentivan que las mujeres ejerzamos nuestros derechos en condiciones de igualdad y libres e violencia”.
Según el Estudio Violencia Política Contra las Mujeres en Ecuador, realizado por ONU Mujeres en 2019, quienes ejercen violencia política en un 58% son actores políticos; es decir, dirigentes de partidos políticos, candidatos/ as electorales, militantes de partidos políticos y personal de campaña electoral. Mientras que el 32% son los actores sociales en los que se identifica a votantes, miembros de la familia, miembros o grupos comunitarios, líderes religiosos o tradicionales, medios de comunicación y redes sociales, empleadores y colegas de trabajo, otros)
También están actores estatales como policías, militares y otros funcionarios gubernamentales de todos los poderes del Estado, incluidos funcionarios y personal electoral, que ejercieron violencia en un 10%.
Las mujeres dentro de los partidos políticos son poco escuchadas y, por tanto, son relegadas de la toma de decisiones. La forma en las que se les violenta va desde violencia psicológica hasta la violencia física y sexual. Según este mismo estudio, al 66% de mujeres políticas le han hablado con aires de superioridad o las han nombrado con diminutivos o palabras que la minimizan, al 30 % de ellas les han atacado o causado daño a su familia o a su equipo de campaña, al 16% les han acosado sexualmente mediante gestos palabras o acciones no consentidas.
Actualmente existen 16 denuncias formalizadas, pero apenas 3 casos han recibido sentencia. 2 de estos casos terminaron con la destitución a un alcalde y un presidente de junta parroquial, mientras el tercer caso corresponde a un hito en la sanción a esta forma de violencia, ya que se dictaminó una sanción económica por ejercer violencia en redes sociales.
Consultamos a Ana Gómez Orozco es coordinadora legal y de género de la organización Mega mujeres que ha patrocinado algunas denuncias sobre violencia política ante el Tribunal Contencioso Electoral y también integra la campaña Campaña Violeta Si Violencia No. Explica que el origen y el soporte de este tipo de violencia: “La violencia política deriva de una violencia estructural, y lamentablemente como todo tipo de violencia que se denuncia, es un proceso que suele ser re victimizante, por eso muchas no se animan a denunciar y otras que sufren la presión tal como sucede con la violencia intrafamiliar, de no denunciar al agresor porque pertenece a la misma organización política si lo hace las personas cercanas o adherentes lo ven como traición”.
Esta es una problemática de la cual han alertado varias mujeres que han tomado posiciones políticas de manera pública, sean estas candidatas a dignidades estatales, voceras, defensoras de derechos humanos y hasta periodistas. Esta violencia no es propia del tiempo de elecciones, sucede todo el tiempo y se enfoca en quienes tienen algún rol protagónico en la opinión pública, la intención es clara: bloquear las acciones que pueda ejecutar o la incidencia que puedan alcanzar. Por ello, el mismo Código de la Democracia, en el Art: 280 enumera 13 formas en que las mujeres públicas pueden ser sujetas de violencia política para alertar de su cometimiento y por lo tanto evitar que sucedan.
Pero la participación política de las mujeres no se logra sólo con reformas, políticas públicas y legislaciones enfocadas en cuántas mujeres hay participando en política, para alcanzarla es necesario romper la base misma que impide a las mujeres desarrollarse en cualquier ámbito: la violencia. Es decir, empezar a pensar el cómo participamos las mujeres de la vida pública con voz política.
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Elecciones Seccionales 2023
Llegamos a 2023 y en Ecuador estamos en época de elecciones, momento en el cual detona la violencia política basada en género, pese a que el Art. 279 del Código de la Democracia establece que la violencia política de género es una infracción electoral muy grave. En lo que va de la campaña electoral, se presentó el caso de la periodista Sofía Montoya, quien recibió ataques a su teléfono, de simpatizantes del candidato Andrés Castillo por la Prefectura de Pichincha, a quien intentó entrevistar.
Este no es un problema personal de las mujeres que deciden participar en la política, al contrario, causa graves efectos a nivel social ya que hay menos representación de las mujeres, menos agenda social, política y económica con mirada de las mujeres. Entonces, quedan por fuera las necesidades de la mitad de la población, y literalmente la mitad, ya que en Ecuador la población de mujeres equivale a 8.943.928 frente a un 8.945.176 de hombres de un total de 17.888.474 al 2021.
Mónica Vanegas, Fundación Haciendo Ecuador, mencionó durante su intervención en la presentación de la campaña Violeta Sí, violenta No, que: “la falta de mujeres en la política es un déficit en la democracia. ¿Cómo podemos hablar de gobernabilidad y democracia cuando las mujeres estamos subrepresentadas? ¿cuando apenas un 25% de mujeres acceden a puestos de decisión?
Hablar de subrepresentación para Vanegas, implica no solo un problema de género, que discrimina a las mujeres y a la población LGBTIQ+, sino que esta se profundiza cuando se refiere a mujeres lideresas comunitarias, rurales, indígenas o afrodescendientes que tienen que enfrentar los prejuicios y violencias propias de sus lugar de origen, así como el racismo estructural.
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Campaña Violeta Si Violencia No
Agrupaciones de la sociedad civil conformaron Coalición Violeta, una plataforma en la que participan actualmente quince organizaciones y a la que se siguen sumando más organizaciones a nivel nacional. El pasado 12 de enero, presentaron la campaña Violeta Sí, Violenta No, fue creada para prevenir, erradicar y sancionar la violencia política de género.
La campaña tiene como objetivo hacer vigilancia de la actual campaña electoral y acompañar casos de violencia que se presenten. Además, de emplazar a los movimientos políticos y partidos a que firmen un acuerdo para erradicar esta forma de violencia y les proponen brindarles, incluso, acompañamiento.
Rocio Rosero, parte de la Coalición Nacional de mujeres y vocera de esta campaña, mencionó: “No nos reducimos a la campaña electoral, sino que trascendemos hacia un trabajo más permanente, nos ponemos a disposición de los partidos políticos para realizar procesos que no sean solo la firma de un compromiso sino procesos internos como la implementación de un protocolo del cual ya se ha hecho un modelo de protocolo desde la campaña. y lo fundamental es que también hagan una puesta en práctica en las políticas locales de igualdad y prevención de la violencia”.
Daniela Chacón concluyó explicando, que es prioritario el involucramiento de la sociedad: “La sociedad no debe aceptar la violencia contra las mujeres en la política, la sociedad debe involucrarse, esto no afecta solo a las mujeres, sino a todas las familias y la sociedad, por lo tanto demandar medidas a los politicos y politicas”
En un país en el que 7 de cada 10 mujeres ha sufrido violencia, el compromiso y la decisión política para frenar la violencia es indispensable. Tanto como electoras y electores tenemos el poder de decidir quienes administran los recursos de toda la población, incorporando en sus agendas las demandas ciudadanas.
Por otra parte, las ciudades justas, igualitarias, amigables de las que tanto se habla en campaña solo son posibles empezando por casa. Los partidos y movimientos sin distinción, tienen deudas históricas con las mujeres incluso de sus propias tiendas políticas, entonces ¿Qué harán para erradicar la violencia?
