NOTICIAS
Examen Periódico Universal: Ecuador y las recomendaciones a cumplir en derechos humanos
Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2
Publicado 09 de noviembre del 2022
Ecuador se sometió al cuarto Examen Periódico Universal, EPU del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La evaluación tuvo lugar el 07 de noviembre de 2022, y se desarrolló en Ginebra, Suiza. El EPU es un mecanismo único que implica la revisión periódica de la situación de derechos humanos de 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas. Delegados oficiales de varios países y organizaciones de la sociedad civil fueron los encargados de hacer la evaluación a Ecuador en varios temas de derechos.
Por parte del gobierno nacional participó Paola Flores Jaramillo, Secretaria de Derechos Humanos; Juan Carlos Holguín, ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana; María Brown, ministra de Educación; Francisco Jiménez, ministro de Gobierno y Gretty Vargas, secretaria de Pueblos y Nacionalidades.
***
El Examen Periódico Universal, EPU, se creó el 15 de marzo de 2006, mediante la resolución 60/251 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el Consejo de Derechos Humanos. La resolución encargaba al Consejo realizar un Examen Periódico Universal sobre el cumplimiento de las obligaciones a los 193 Estados miembros comprometidos en materia de derechos humanos, con el objetivo de mejorar la situación de los derechos.
Ecuador se ha sometido a este examen en tres ocasiones: en 2008; 2012 y 2017. Como resultado de este último examen, la ONU realizó 190 puntualizaciones que incluían, 142 reconocimientos al Estado por su trabajo en contra de la pobreza, el desarrollo constitucional, normativo e institucional, la implementación de programas a favor de personas con discapacidad, la lucha contra la violencia a la mujer, inclusión educativa, aumento de la inversión pública en áreas sociales, desarrollo del Plan Nacional del Buen Vivir, programa de erradicación del trabajo infantil y otros. También se realizaron 48 observaciones y preocupaciones sobre otros temas de derechos humanos en el país.
Para el examen de este año en cambio, estaba previsto analizar derechos relacionados a la libertad de expresión, derechos digitales, video vigilancia, a la privacidad, situación de las personas desaparecidas en el país, crisis carcelaria, derechos de las mujeres y la comunidad LBGTIQ+, migración y anticorrupción.
Pamela Chiriboga, abogada en derechos humanos y asesora legal de la Fundación Inredh y Asfadec, destaca que el EPU no solo permite que los Estados se evalúen y se hagan recomendaciones a sí mismos, sino que también permite que la sociedad civil participe de la evaluación. Por eso, antes del examen de la ONU, organizaciones de la sociedad civil realizan informes, denominados sombra, para relatar lo que sucede en materia de derechos humanos en su país y contrarrestar la versión del gobierno. Esto porque según Chiriboga, el discurso del Estado puede estar encaminado al cumplimiento pleno de los derechos, mientras que a criterio de la sociedad civil y de las organizaciones la situación puede ser distinta.
De hecho, durante el Examen Periódico Universal, el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Juan Carlos Holguín, dijo: “los derechos humanos forman parte de la identidad y vocación del Ecuador en todas las áreas. Prueba de ello, es que nuestro país ha ratificado los 27 instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes en derechos humanos y adecúa sus normas y actuación a esos principios”.
Holguín agregó que en 2021, en el marco de Cooperación con los órganos de las Naciones Unidas, Ecuador ratificó su compromiso de cumplir sus obligaciones en Derechos Humanos a través de la presentación del informe voluntario de medio término. Según el ministro, el informe presentado en el EPU fue elaborado por la plataforma Sí Derechos.
El discurso del ministro Holguín generó descontento en defensores y defensoras de derechos y otras organizaciones de la sociedad civil. Fernando Bastías, coordinador del área de litigio estratégico del Comité permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH-Guayaquil, expresó, en redes sociales : “¿Con qué cara dicen esto cuando desde hace una semana, el gobierno ecuatoriano y sus autoridades están amenazando a personas defensoras de Derechos Humanos?”, refiriéndose a las declaraciones del presidente Guillermo Lasso, en contra del trabajo de las personas defensoras de derechos humanos en el marco de la crisis de seguridad que atraviesa el país y la crisis carcelaria.
Además, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie, a través de un comunicado, indicó que rechazan el informe presentado por el gobierno y aseguró: “el informe oficial de Ecuador ante la ONU carece de veracidad, pues muestra una versión distinta a la realidad que enfrentan las familias ecuatorianas”.
Las organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana también participaron en el EPU y para ello, formaron la Coalición de Organizaciones por los Derechos Humanos, que elaboró un informe sombra. Estos informes alternativos son redactados y presentados luego, a órganos de supervisión de tratados internacionales en derechos humanos. La primera coalición estuvo liderada por Fundamedios y otras 10 organizaciones incluida Asfadec, donde incluyeron la problemática del sistema penitenciario, libertad de expresión, corrupción, desaparecidos y video vigilancia.
La segunda coalición fue liderada por la Fundación Inredh y otras 12 organizaciones para tratar temas de uso progresivo de la fuerza, explotación minera, petrolera, derechos de pueblos y nacionalidades, discriminiacióm, población LGBTIQ+. Por último Surkuna que, lideró el tema de derechos de las niñas, adolescentes y mujeres. Según Pamela Chiriboga, los informes sombra elaborados por las coaliciones fueron enviados a las Naciones Unidas entre febrero y marzo de 2022.
Recomendaciones del EPU
En el cuarto Examen Periodico Universal, EPU, al que fue sometido el Ecuador participaron 70 países quienes emitieron recomendaciones en varios temas. Según Pamela Chiriboga, abogada en Derechos Humanos, los 70 países hicieron 53 recomendaciones en temas de violencia de género, con énfasis en la alta tasa de femicidios, que según el último mapa de la Fundación Aldea, presentado donde desde el 01 enero al 03 de septiembre de 2022, se han registrado en Ecuador, 206 femicidios y feminicidios, siendo cifras nunca antes vistas.
A todo esto, se agregó las brechas de acceso a empleo, educación, derecho y acceso al aborto, derechos sexuales y reproductivos y capacitación en temas de violencia de género a funcionarios del sistema de justicia. Otro de los temas en los que se presentaron recomendaciones fue en libertad de expresión y seguridad para periodistas. También se hicieron recomendaciones alrededor de mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos.
En cuanto a las cárceles, se recomendó a Ecuador capacitación a funcionarios públicos dentro del sistema penitenciario, el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, la reducción del hacinamiento en las cárceles, una política pública con enfoque en derechos humanos. De igual forma, se presentaron recomendaciones sobre el uso progresivo de la fuerza en el marco de protestas sociales.
Sin embargo, hubo otros temas que quedaron por fuera de las recomendaciones y no tuvieron pronunciamiento por parte del Estado ecuatoriano ni de la comunidad internacional como el tema de las personas desaparecidas en el país, la situación de vida de los trabajadores en el denominado caso Furukawa. Para Pamela Chiriboga es preocupante que estos temas no hayan sido tratados: “sí preocupa porque si es un tema que es importa y aqueja”.
Después del examen, el Consejo de Derechos Humanos elaborará un informe final que Chiriboga espera esté listo y se entregue hasta enero o febrero del 2023. Este informe recogerá información de la sociedad civil, mecanismos de Naciones Unidas y recomendaciones de los países; luego será entregado al Estado ecuatoriano, quien deberá volver a Ginebra hasta finales de marzo y decidir qué recomendaciones acepta y cuáles no.
Según la abogada de derechos humanos, en caso de que el Estado ecuatoriano no acepte algunas recomendaciones no pasará nada, ya que, Naciones Unidas actúa como un mecanismo suplementario de presión internacional, pero el Estado tiene la autonomía de decidir qué hacer. Por lo tanto, los temas que quedaron por fuera o las recomendaciones que Ecuador no acepte podrán ser presentadas en el próximo EPU. luego de 5 años.
