Por Gabriela Peralta

Publicado 23 de marzo del 2022

Molleturo es una parroquia rural del cantón Cuenca, ubicada cerca del Páramo de El Cajas, en la provincia del Azuay. Desde hace más de 20 años, este pueblo resiste a la minería y al proyecto Río Blanco. 

La parroquia demanda la pronta atención del Estado para reparar la principal vía de acceso, el kilómetro 49 de la vía Cuenca-Molleturo-Naranjal, pero exige que la intervención del Ministerio de Transporte y Obras Públicas sea pensada en sus derechos y no en beneficio de la minería. Sin embargo, la respuesta del Estado ha sido la militarización. 

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El 30 de agosto de 2021, la vía Cuenca-Molleturo-Naranjal fue declarada en emergencia por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas; sin embargo se seguía transitando por esta, hasta que, el 17 de octubre de 2021, Jorge Peñaloza Gutama, de 45 años, murió aplastado por una roca gigante que cayó del cerro en el kilómetro 49. Asimismo, el 13 de noviembre de 2021, en este tramo vial hubo otro derrumbe y se formó un talud inestable que representa un nuevo riesgo para las y los habitantes, por lo que la estabilización de la zona es necesaria. Al tratarse de una carretera interprovincial, le compete al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) intervenir. 

En enero de 2022, el ministerio ya anunció una intervención mayor que tomaría 8 meses, aproximadamente. Sin embargo, no lo hizo, sino hasta marzo del mismo año. La intervención de la vía, durante tantos meses, representa un problema para las comunidades, debido a que el derrumbe está antes del centro poblado de Molleturo y, prácticamente, deja a sus habitantes incomunicados con Cuenca. Además, las actividades de sobrevivencia, comercialización y vialidad de la población se verían afectadas. “La mayoría de familias de la población tiene lazos comerciales y actividades por las que tiene que movilizarse entre Cuenca y Molleturo”, indicó Paola Ortíz, integrante de Yasunidos, en entrevista con WambraEc. Ortíz, además, cree que el cierre de la vía representa un impacto económico fuerte para todas las familias de la zona y, por esa misma razón, las y los comuneros se han opuesto al cierre de la vía durante tanto tiempo.  

Asimismo, Ivonne Ramos, encargada del tema minero y coordinadora de la articulación Saramanta Warmikuna, defensoras de la naturaleza, en entrevista con WambraEc, manifestó que el kilómetro 49 “es una vía donde la gente moviliza todo: su economía, sus recursos, sus productos. La gente circula por ahí para irse de una comunidad a otra, entonces es una vía vital para la supervivencia de la comunidad”. 

Por otro lado, Ramos indicó que tras el derrumbe del pasado 17 de octubre, que dejó una persona sin vida, la comunidad tomó medidas –iniciativas– por ellos mismos y, empezaron una minga entre las personas de Molleturo. 

Sin embargo, ante el accionar de la comunidad en su beneficio común, el subsecretario Zonal 6 del MTOP, Luis Mario Barzallo, levantó una denuncia en la Fiscalía del Azuay, el 29 de noviembre de 2021, por supuesto acto de terrorismo en la vía Cuenca-Molleturo, en contra de cuatro “líderes sociales de la resistencia antiminera, líderes comunitarios que encabezaron el proceso de limpieza de la vía con fines de bienestar comunitario”, asintió Ramos. En esa misma línea, Paola Ortíz, afirmó que “La intención de estas cuatro personas para nada fue terrorismo o cosa parecida”. 

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MTOP incumple acuerdo con la población de Molleturo

La Alianza de organizaciones por los Derechos Humanos, conformada durante el Paro de Octubre de 2019 en Ecuador, alertó, vía twitter, el miércoles 16 de marzo de 2022, que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y las Fuerzas Armadas actuaron “contra los acuerdos obtenidos con la población de Molleturo”. Ese mismo día empezó el proceso de estabilización – que consiste en el desprendimiento de parte del camino de acceso– en el kilómetro 49 de la vía Cuenca-Molleturo-Naranjal por parte del MTOP. 

Según se conoce, al territorio ingresaron trabajadores de la constructora SUDINCO, Sudamericana Integral de Construcciones SA, una excavadora, un tractor, varias volquetas, 400 policías y cerca de 100 militares. Además, se prevé que los trabajos terminen en un lapso de 40 días, mientras tanto la vía permanecerá cerrada. Lo que implica que más de doce mil habitantes estén incomunicados con Cuenca –centros educativos, áreas de salud, comercio, entre otros servicios–. Por lo que, las y los comuneros mostraron rechazo al accionar del MTOP, ya que este no cumplió con el acuerdo inicial.

En primera instancia, el Ministerio en conjunto con las y los comuneros llegaron al acuerdo de la construcción de un tramo alternativo para poder abrir la circulación del kilómetro 49. Se pretendía que ese tramo alternativo, de dos kilómetros, sea por la antigua vía que iba de Cuenca hacia Naranjal. La mayoría estuvo de acuerdo; sin embargo, el Ministerio no cumplió y cambió la propuesta. 

La segunda opción que propuso el Ministerio fue abrir la vía Miguir-Río Blanco-San Pedro de Yumate, vía en conflicto con la comunidad, debido a que ahí se encuentra el Proyecto Río Blanco.

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Proyecto Río Blanco

En Río Blanco-Molleturo está una mina subterránea que lleva su mismo nombre. Tras ocho años de entregas irregulares de concesiones en territorios indígenas y ecosistemas frágiles, se emitió una resolución favorable a las comunidades de Molleturo frente al proyecto Río Blanco, concesionado a la minera china Ecuagoldmining South America S.A. (propiedad conjunta de Junefield Mineral Resources Limited y Hunan Gold Group) y representada legalmente por Mora Cazar Alonso, de origen ecuatoriano, y Wu Jingke, de origen chino. Este proyecto, que contemplaba la producción/extracción de oro, plata y cobre, fue cerrado en 2018. 

Según una investigación realizada por Alberto Acosta y John Cajas, “El proyecto Río Blanco afectaría a varias reservas naturales, pues intersecta con el borde occidental del Parque Nacional Cajas y el Bosque Protector Molleturo-Mollepongo”. De igual manera, impactaría a varias fuentes de agua que proveen al Azuay, Guayas y El Oro. 

Actualmente no hay operaciones en la mina; sin embargo, según Ivonne Ramos, eso no significa que la mina esté cerrada “porque es una mina subterránea y la empresa china se fue sin cerrarla. A partir de eso, mineros ilegales han ido a sacar material”, señaló. En respuesta a esa situación, la comunidad, la gente de la resistencia, la gente de la protección de la naturaleza empezó a rodear, a custodiar y a controlar la zona para que no ingresen ni mineros legales ni ilegales, ya que de por sí, “la mina les provocó gran daño: en la zona del páramo la laguna se secó, los ojos de agua se secaron, el páramo se destruyó, material pétreo quedó en la superficie y quedó el hueco de la mina, provocando, además, todo daño a las aguas subterráneas que están en la mina”, expresó Ramos. 

Según Ivonne Ramos, a partir de ahí, se generó una disputa en la creación de la vía de acceso; “los que están en la propuesta de proteger a la zona de la minería no quieren que se construya una carretera amplia, sino que se cumpla el primer acuerdo”; es decir, la construcción de un tramo alternativo, de dos kilómetros, por la antigua vía que iba de Cuenca hacia Naranjal. 

A decir de Ramos, “Al construir esa vía, lo que ellos están construyendo realmente es una vía de acceso al proyecto minero y el pretexto en este momento para hacerlo es que ha ocurrido el derrumbe. Antes nunca pudieron con la comunidad, por su resistencia. La gente se ha sostenido. Parte del conflicto es esencialmente la carretera”, asintió. Asimismo, Paola Ortíz, también cree que se pretende abrir –habilitar– esta vía amplia, “con la intención de favorecer a gente que tiene intereses de explotación minera en la zona”.

Además, el ingreso de militares a la zona, hace que Ramos cuestione lo siguiente: ¿Qué es lo que están protegiendo en realidad al hacer esta oferta de vía alterna?, ¿cuál es el objetivo central/medular, si no es facilitar la operación de ese proyecto minero? “Están facilitando una vía de acceso a la mina que está, en este momento, abandonada y la gente tiene que estar cuidando de que no se metan a sacar las rocas. El Estado está dando las facilidades mayores para poder crear estas condiciones que a la gente les ha costado la vida evitar que ocurran”, expresó.

Para Ramos, la carretera tiene un propósito en función del tema minero y, “al ingresar el ejército y la policía para resolver el tema de una carretera, están “haciendo una demostración de fuerza y aleccionamiento para que el resto de las comunidades de la zona vean que el ejército y la policía van a ayudar a soportar proyectos del Estado. Es probable que quieran utilizar el mismo método de uso de la fuerza para entrar con otros proyectos”, finalizó. 

Hasta el momento, policías y militares permanecen en un campamento en la zona del kilómetro 49, registrando vehículos y personas.