Foto: CONAIE
Victoria para las comunidades indígenas y campesinas, afectadas por la hidroeléctrica Hidrotambo S.A.
Por: Gabriela Peralta
@gaperalta07
Publicado 25 de febrero 2022
“Todo se fue a causa del Hidrotambo. Yo vivo ya 23 años ahí, pero antes no sufría estas afectaciones, porque antes íbamos a pescar; cogíamos un pescado y ya nos valía para comer una merienda, un almuerzo, pero ahora no. En tiempo de verano, las plantas, que están alrededor, se secan porque ya no hay agua. Todo se muere, porque ya no hay el agua como antes había. Queremos que nos hagan justicia las autoridades, porque es bastante lo que nos han afectado”.
Así narra Hilda Morales, habitante de San Pablo de Amalí, uno de los peores desastres registrados en la comunidad, el 20 de marzo de 2015. Pero no fue el único. El Río Dulcepamba que bordea la comunidad, se desborda constantemente producto de presencia de la hidroeléctrica Hidrotambo.
Esta obra se construyó en 2014 y cambió el cauce del Río Dulcepamba, provocando que pase cerca de San Pablo de Amalí, por lo que cuando este río se desborda, inunda a las comunidades cercanas y deja escombros en la única vía de acceso.
Hilda relata que, en aquella ocasión, la casa de uno de sus hermanos fue arrastrada por la fuerza del agua. Igual sucedió con Janeth Guaculema, habitante de la Comunidad de San Pablo de Amalí y también afectada por Hidrotambo: “Mi casa se fue en el río en un aluvión, perdí totalmente todo: plantas, sembríos, cultivos e incluso, la tierra. Yo me quedé sin zapatos con mis hijos. Hasta el día de hoy no estoy bien en lo económico, tengo que estar haciendo créditos en los bancos para yo poderme igualar, porque tengo mis hijos estudiando”.
San Pablo de Amalí lleva 20 años de lucha, en defensa de la cuenca del río Dulcepamba, ubicado en la provincia de Bolívar. En este tiempo, la comunidad ha denunciado las consecuencias de la hidroeléctrica para su territorio, para el agua, la agricultura; así como las irregularidades para su construcción.
Las acciones de la comunidad lograron que los jueces de la Corte Provincial de Tungurahua reconozcan, de manera unánime, que existió vulneración de derechos humanos y de la naturaleza. En su resolución dada el 11 de febrero de 2022, la Corte desechó la demanda de acción de protección presentada por la empresa Hidrotambo, dueña de la hidroeléctrica.
Ya el 7 de octubre de 2019, la Secretaría del Agua (anteriormente conocida como Senagua), emitió una resolución administrativa, donde daba la razón a las comunidades y que aceptaba que Hidrotambo violó derechos humanos y de la naturaleza. Sin embargo, la empresa presentó una demanda de acción de protección, que fue rechazada por la Corte de Tungurahua.
Tras conocer la sentencia, una delegación de las 140 comunidades indígenas y campesinas, afectadas por la hidroeléctrica Hidrotambo S.A., dieron una rueda de prensa en los exteriores de la Defensoría del Pueblo de Quito, el 16 de febrero de 2022.
En este evento, Janeth Guaculema exigía:
“A los señores de la Defensoría del Pueblo, a los señores del Ministerio de Ambiente y Agua que nos hagan cumplir esta resolución que ya está dada. A todas las autoridades que tienen esta competencia de apoyarnos a los pueblos, a las comunidades, que nos hagan cumplir”.
Yasmín Calva, abogada que lleva el caso, expresó que, con la sentencia, emitida el 11 de febrero por la Sala del Tribunal de la Corte Provincial de Tungurahua, se empieza a notar la justicia que tanto anhelan las comunidades. “En términos de relevancia, la sentencia de la Corte Provincial de Tungurahua, por un lado, rechaza la acción de protección presentada por Hidrotambo, una acción de protección que, en realidad, se enmarca en un contexto de abuso del derecho”.
La abogada y las comunidades consideran que la intención de esta empresa es no cumplir con la resolución administrativa que le ordena no operar en época de estiaje; es decir, en los meses de verano: agosto, septiembre y octubre. En esta época, “la empresa tiene autorizado de cero caudal ecológico”, indicó Calva.
Freddy Galeas, abogado originario de la comunidad de Vainillas, del Cantón Chillanes, también se refirió a la acción de protección interpuesta por Hidrotambo. La acción “se planteó a espaldas del pueblo perjudicado por la hidroeléctrica. Por eso necesitamos que nuestras autoridades hagan justicia y no se hagan de los oídos sordos. Existen, aproximadamente, unas 3000 solicitudes de agua para el consumo humano, el riego y la soberanía alimentaria; sin embargo, Hidrotambo se viene oponiendo a todas las solicitudes con el falso argumento de que, como campesinos, no necesitamos el agua, sino que lo hacemos con el afán de boicotear el normal funcionamiento de la empresa, cuando eso es totalmente falso y absurdo”.
A decir de Yasmín Calva, la sentencia deja precedente
“Para proteger, por un lado, el derecho humano al agua en términos de accesibilidad, pero también para proteger el caudal ecológico del río Dulcepamba y, a su vez, pueda ser un caso que pueda ayudar en casos similares a los y las compañeras que sufren por actividades que llegan con violencia, arrasan con su vida y no les permiten vivir en condiciones de dignidad”.
Nathaly Yépez, otra de las abogadas que litigó el caso y parte de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, explicó que uno de los alivios que el Estado entregó fue la resolución administrativa, emitida el 7 de octubre de 2019.
“Esta resolución administrativa ordenaba, básicamente, dos cosas: que la empresa hidroeléctrica no acapare todo el caudal y rediseñe la obra. Antiguamente, la autoridad del agua le había entregado una autorización exorbitante de agua, dejando a las comunidades sin la posibilidad de obtener este caudal ecológico que es para dos cosas básicas: consumo humano y riego”, señaló Yépez.
La abogada también ratificó: “era impresentable que Hidrotambo, primero, no cumpla la resolución del actual Ministerio del Ambiente y empiece a utilizar mecanismos para tratar de evadir ese cumplimiento y, es más impresentable que haya tratado de utilizar una acción de protección, una garantía constitucional que es para el cumplimiento y protección de los derechos, no para la protección del capital”.
Hidrotambo S.A. presentó la acción de protección en diciembre de 2021 en Ambato y no en el Cantón Chillanes, donde se encuentra la hidroeléctrica. “Afortunadamente, la Corte Provincial corrigió el error de la jueza de primera instancia y le dice: aquí no hay vulneración de derechos, Hidrotambo”, recordó Yépez.
Además, la abogada contó que la Asamblea Nacional abrió un proceso de fiscalización por lo ocurrido en el caso a lo largo de los 18 años de lucha de las comunidades. Por lo que exhortó al organismo a emitir el informe de fiscalización que tiene pendiente desde 2019.
También increpó a la Corte Constitucional “es hora de que resuelva el caso, que les dé respuesta definitiva a las comunidades que todavía en la práctica no encuentran una salida a este conflicto. Hay una tarea pendiente”.
Por otro lado, Vivian Idrobo, también integrante de la Alianza por los Derechos Humanos, señaló que el caso da esperanza e impulsa a las organizaciones y a las comunidades en resistencia, “a seguir caminando y a seguir confiando en que la constitución se haga carne”.
Asimismo, indicó que la primera obligación de la Defensoría es garantizar los derechos humanos y los derechos de la naturaleza que están establecidos en la constitución. “La constitución no es letra muerta, es carne, es vida y es agua”, dijo.
La sentencia del 11 de febrero le ordena a la Defensoría del Pueblo a que vigile que no se violen más derechos de las comunidades. Por ello, la delegación de San Pablo de Amalí presentó una carta para exigirle a la Defensoría que cumpla con lo dispuesto por la Corte.
Ahora, las comunidades están a la espera de que la sentencia se ejecutoríe, porque, a decir de Yasmín Calva, Hidrotambo presentó un recurso de aclaración a la sentencia. “Eso significa que todavía la sentencia no es firme”. Una vez firme la sentencia, la Defensoría deberá dar seguimiento para que se cumpla la resolución.
En estos años, San Pablo de Amalí ha expuesto su caso ante el Estado Ecuatoriano y en organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y Amnistía Internacional. Tras 20 años de lucha, la comunidad sigue demandado su derecho a tener agua y que el Río Dulcepamba vuelva a ser de ellos.
