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Federico Guzmán, Carlos Pérez y Efraín Arpi, dirigentes y defensores del agua azuayos, se presentaron a las autoridades judiciales para cumplir la condena a ocho días de cárcel que les fue impuesta en el 2012.

Los tres defensores fueron acusados de terrorismo y sabotaje tras su participación en las manifestaciones contra la ley de agua en el 2010. La justicia al no encontrar prueba de estos delitos, los volvió a acusar por obstrucción y daños en la vía pública. Primero los condenó a un año de prisión, pero se les rebajó su condena al considerar que su protesta era a favor del agua.

La condena en contra de estos dirigentes sienta un precedente jurídico negativo para los demás casos de criminalización a la protesta social en Ecuador.

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