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30 mil docentes quedan fuera de la equiparación salarial
Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2
Publicado 27 de diciembre de 2022
Después de 11 años de lucha emprendida por los y las docentes del Ecuador, el pasado 30 de noviembre, a través de un comunicado, la Unión Nacional de Educadores informó que la equiparación salarial para el Magisterio es un hecho. 112.130 docentes a partir del 2023, gozarán de un salario más equitativo, para lo cual, está garantizado 350 millones de dólares.
Sin embargo, según la UNE, 30 mil docentes fueron excluidos de la equiparación. Ante lo cual, la organización emprenderá acciones para que ningún docente y profesional se quede al margen de la equiparación.
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Andrés Quishpe, coordinador nacional de la Unión Nacional de Educadores, UNE, dijo que después de 11 años en búsqueda de una reforma a la Ley de Educación Intercultural, el agosto de 2021, la organización logró que el 80% de las reformas entrarán en vigencia. Esto luego del veto del presidente Guillermo Lasso a los artículos referentes a la equiparación salarial y jubilación especial a las y los docentes, contemplados en la reforma de la Ley de Educación.
La norma entró en vigencia a finales de octubre, lo que permitió que los y las maestras recibieran los valores correspondientes a la equiparación salarial. Según Quishpe, en el sector público hay cerca de 162 mil maestros y maestras, de los cuales, cerca de 115 mil han recibido ya su equiparación salarial en las 10 categorías que tiene el escalafón. De manera que 30 mil docentes fueron excluidos de este proceso.
Para Quishpe, los derechos de estos docentes fueron violentados por una decisión de carácter político, por parte de la ministra de educación, María Brown, y del gobierno de Guillermo Lasso, argumentando que los 30 mil docentes no tienen título en educación. Sin embargo, esos maestros y maestras, menciona Quishpe, cuentan con nombramientos definitivos, ganados a través de concursos de mérito y oposición. A esto, se suman sus años de servicio y evaluaciones aprobadas por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Ineval.
El gobierno siempre estuvo en contra de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI, por lo que ahora, se niega a pagar a los 30 mil docentes, afirma Andrés Quishpe. Además, asegura que este es un pedido del Fondo Monetario Internacional, FMI, que busca rebajar los sueldos de servidores públicos para así, renovar un nuevo crédito para el país. “No pudo con el magisterio porque le ganamos en la Corte y en las calles. Ahora se ensaña con este grupo de docentes”, asegura el coordinador de la UNE, refiriéndose al mandatario.
En cuanto al argumento del gobierno sobre la falta de un título en educación por parte de este grupo de 30 mil docentes, Quispe explica que en el país hay bachilleratos técnicos y dentro de ellos, varios perfiles profesionales. Las universidades y facultades en educación no forman docentes con esos perfiles y es necesario apoyarse en ingenieros agrónomos, administradores, auditores y es ahí, estos profesionales donde desarrollan sus labores. En otros casos, dice, hay técnicos y tecnólogos que están ubicados en zonas fronterizas donde “no llega el Estado con salud, educación, pero sí el narcotráfico. Me refiero a San Lorenzo y otros sectores donde estos profesionales ejercen su profesión debido a la falta de docentes”, explica.
En consecuencia, el 19 de diciembre, la UNE interpuso una acción de protección en 19 provincias, en contra del Ministerio de Educación. Este recurso fue aceptado y la justicia analiza si existió una vulneración de derechos hacia los y las docentes que quedaron excluidos de la equiparación salarial. Para Quispe, si existió una vulneración pues la sentencia de la Corte Constitucional es clara, y se debía equiparar a todos y todas las docentes que cuenten con nombramientos definitivos.
Las primeras audiencias para resolver estas demandas de acción de protección debían desarrollarse en Ambato, el 21 de diciembre y en Latacunga el 22 de diciembre; sin embargo, el grupo jurídico del Ministerio de Educación solicitó que estas audiencias se aplacen hasta enero de 2023, alegando que necesitan más tiempo para preparar la defensa. De su parte, el magisterio anunció que apoyará estas acciones legales con una movilización en las 19 provincias.
