DERECHOS
100 días de shock económico
durante el conflicto armado interno
Por: Verónica Calvopiña
Publicado 29 de febrero del 2024
En sus primeros 100 días de gobierno, Daniel Noboa ha enviado cuatro proyectos de ley. Uno de ellos se refiere a la condonación de las deudas para los grupos económicos con el Servicio de Rentas Internas, SRI. Otro de estos proyectos incrementó el Impuesto al Valor Agregado, IVA, con la justificación de obtener más recursos para afrontar el conflicto interno armado que Noboa declaró el 9 de enero en contra de los grupos narcocriminales. Noboa también ha puesto en marcha medidas como la fusión y eliminación de empresas públicas, acuerdos con organismos multilaterales o el pago de la deuda externa. A la par que el gobierno habla de focalización de subsidios, continúa la eliminación de puestos de trabajo en el sector público y el no pago a servidores. Todo bajo un discurso de achicar el Estado y volverlo más eficiente.
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Reducción del Estado
“Achicar el Estado”, “ajustarse la cintura”, “volver eficientes las empresas públicas, reducir el Estado obeso. Frases como estas las hemos escuchado desde hace varios años por parte de gobiernos denominados de derecha o neoliberales y más recientemente por parte del actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa.
La idea de minimizar el Estado no es reciente; esta se expandió con fuerza en América Latina durante los años 80. Según el neoliberalismo, el Estado no debe encargarse de la producción de bienes o infraestructura económica, de servicios sociales como la salud o educación, de la inversión productiva y científica, para que, en su lugar, sea el mercado y las empresas privadas quienes asuman estas actividades.
Desde el inicio de su mandato, Daniel Noboa dio pasos para la reducción del Estado ecuatoriano; mediante la fusión o eliminación de ministerios e instituciones públicas. Una primera muestra fue la fusión entre el Ministerio de Gobierno y el Ministerio del Interior, liderado por la Ministra Mónica Palencia. Durante la presidencia de Guillermo Lasso se volvieron a dividir las funciones de estos ministerios; que antes fueron unificados por Lenín Moreno en un intento de también reducir las instituciones del Estado. Por un lado, el Ministerio del Interior estaba encargado de las políticas de seguridad y por otro, el Ministerio de Gobierno, de asegurar la relación entre el Ejecutivo y los demás poderes del Estado.
Otro ejemplo es la eliminación de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, EMCO. En el decreto 37, firmado el 28 de noviembre del 2023, Daniel Noboa ordenó realizar un estudio y análisis para la “extinción y liquidación” de esta empresa; con este estudio que se presentó un mes después, el 26 de diciembre, inició formalmente el cierre de EMCO. Esta empresa, creada en el gobierno de Rafael Correa en 2015, supervisa las gestiones y nombra a los gerentes de doce empresas públicas como la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT; Petroecuador; la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL; Santa Bárbara, Comunica; entre otras. Durante la administración de Guillermo Lasso, el presidente del directorio de EMCO, Hernán Luque Lecaro, fue vinculado por la Fiscalía en el caso Encuentro, que investiga la corrupción y venta de cargos públicos; caso que también incluye a Danilo Carrera, cuñado de Lasso.
EMCO a su vez tiene pendiente concluir la liquidación de otras seis empresas públicas: Correos de Ecuador, Ferrocarriles, Medios Públicos, la Fábrica de Uniformes Fabrec, la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA) y la aerolínea Tame. El cierre de estas empresas públicas fue decisión del gobierno de Lenín Moreno, en mayo de 2020. Sin embargo, su cierre como tal no ha sido posible por problemas en la venta de los activos de estas empresas. Por tal razón, el anterior gobierno de Lasso decidió extender este proceso hasta diciembre de 2024. Ahora con el anuncio de Noboa de cerrar EMCO, el Ejecutivo tiene pendiente designar la entidad que continuará con la liquidación de las 6 empresas públicas pendientes de cierre.
La Secretaria Nacional de Seguridad también fue eliminada por Noboa, mediante el decreto 152, firmado el 31 de enero de 2024. Las acciones de esta entidad pasaron al Ministerio del Interior y de Defensa. Esta Secretaria que duró apenas un año y cinco meses, fue creada por el ex presidente Guillermo Lasso con el fin de coordinar planes y políticas públicas encaminadas a la seguridad. Sin embargo, la actuación de sus principales encargados, especialmente Diego Ordóñez, fue cuestionada por el incremento de la violencia, expresada en las cifras de homicidios. Así en 2022, la cifra de muertes violentas se ubicó en 4.603; mientras que en 2023, fue de 7.529, según datos de la Policía Nacional. en agosto de 2022. En el gobierno de Correa existía el Ministerio Coordinador de Seguridad que dirigía un Plan Nacional de Seguridad Integral.
Adicionalmente, el gobierno de Daniel Noboa piensa en reducir aún más las instituciones públicas. En entrevista con el medio Primicias, el 30 de enero de 2024, la Ministra de Trabajo Ivonne Núñez, aseguró que se prevé fusionar o absorber 19 entidades públicas, “en las que hay un gasto de 68 millones de dólares, por una nómina de 3.812 trabajadores”.
Petroecuador, la empresa pública de explotación de petróleo, también estaría considerada en el ajuste. El ministro de Economía, Juan Carlos Vega, señaló en una entrevista para FM Mundo, que su gobierno “ha evaluado alternativas de ajuste en el sector público. La cintura del gobierno tiene que ajustarse en temas de cómo hacerle más eficiente al Estado”. Estas medidas, según Vega, permitirían un ahorro de 1000 millones de dólares al año, aunque precisó que el ajuste “no es necesariamente todo en despidos, sino en empresas públicas ineficientes que pierden dinero, que podrían o desaparecer si no tienen un fin específico o finalmente si no se vuelven más eficientes, comenzando por la gran empresa pública que es Petroecuador. Queremos tomar medidas muy drásticas”.
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Despidos y trabajadores impagos
El ajuste que plantea el gobierno de Noboa también se muestra en los despidos y cierre de contratos ocasionales de servidores públicos. El despido de funcionarios es justificado por Noboa no solo desde la eficiencia, sino también desde la lucha contra la corrupción. En una entrevista con RTS, del 20 de febrero, el presidente de Ecuador mencionó: “Hemos detectado corrupción en varios lugares, estamos eliminándola. No creo en el cierre total de ciertas empresas, pero sí creo que hay que fortalecer ciertas empresas públicas, hay que limpiarlas, volver más eficientes sus costos y volver a estas empresas más eficientes, como por ejemplo, CNT, Banco del Pacífico, Petroecuador, CNEL, CELEC, Transeléctric”.
El ajuste o desvinculación de funcionarios inició el 29 de diciembre de 2023 con el despido de 124 médicos, enfermeras y personal de salud y administrativo del Hospital Carlos Andrade Marin, parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, quienes fueron cesados. En un comunicado, del 2 de enero de 2024, el IESS informó que “está en proceso de mejora institucional a través de la optimización del talento humano” e indicó que su objetivo es “precautelar los recursos institucionales”, por lo que “las medidas que se adoptarán son necesarias, oportunas y no afectarán los servicios de salud”. En total de esta institución se desvincularon 500 personas que mantenían contratos ocasionales, según lo confirmó Eduardo Peña, presidente de la institución.
De su parte, la Ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, precisó que también el gobierno hizo una “optimización” por 5 millones de dólares, en Ministerios y entidades de la Función Ejecutiva, donde no se renovaron 160 contratos ocasionales para 2024. Para este año, los despidos y las desvinculaciones continuarán según el gobierno. El Viceministro de Gobernabilidad, Esteban Torres, señaló en una entrevista con RTU, que en 2024 se realizarán varios despidos en el sector público, aunque no oficializó una cifra concreta. “No hay un número específico, se está evaluando sector por sector, pero la disposición del presidente es precisamente que los contratos ocasionales, que fueron dados en las últimas semanas del anterior gobierno para hacerle daño a este gobierno, no sean renovados porque será un ejemplo de que el gobierno se está ajustando el cinturón, así como los ecuatorianos están haciendo un esfuerzo”.
Torres, sin embargo, enfatizó que el recorte de funcionarios públicos en Ecuador será “no tan drástico” como en Argentina donde el gobierno de Javier Milei despidió a inicios de 2024, a cerca de 7 mil trabajadores, según la Asociación de Trabajadores del Estado. Para el Viceministro de Gobernabilidad, los despidos en el país no pueden ser tan altos como Argentina pues es prioritario que “las cosas marchen a velocidad en el gobierno y para eso, uno necesita burócratas preparados, honestos, lo más importante y que estén comprometidos con su país, pero digamos que va en ese sentido”.
A esto se suman servidores públicos con contratos ocasionales que se encuentran impagos varios meses. Así en Azuay, 1300 trabajadores de la salud no han recibido sus salarios desde octubre de 2023 hasta febrero del 2024. Stalin Endara, representante de los trabajadores, aseguró en Radio La Voz del Tomebamba que el gobierno ha preferido pagar la deuda externa antes que pagar a los trabajadores de primera línea.
De igual manera, el Sindicato de la Federación Deportiva de Morona Santiago manifestó que las y los trabajadores de la entidad no han cobrado sus sueldos desde diciembre de 2023. “Estamos pasando momentos muy angustiantes. Compañeros que están siendo prácticamente desalojados de sus viviendas por falta de pago. Todos los compañeros tenemos deudas en los bancos y los bancos no perdonan un solo momento y el Ministerio del Deporte no nos dice absolutamente nada. No nos dice cuándo van a hacer posibles los pagos”.
La misma situación vive el resto de trabajadores deportivos del país, quienes el 15 de febrero, protestaron a las afueras de las instalaciones deportivas provinciales para reclamar por la falta de pago de sus salarios desde octubre. Como medida de presión al Ministerio del Deporte, las y los trabajadores de la la Concentración Deportiva de Pichincha decidieron paralizar las actividades e instalaciones, según confirmó Eduardo Vélez, presidente de la Federación Nacional Trabajadores del Deporte, durante su comparecencia en la Comisión de lo Laboral de la Asamblea Nacional, el 26 de febrero.
Por una situación similar pasan funcionarios y funcionarias del Núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Andros Quintanilla, director del Núcleo, asegura que los salarios de 27 agrupaciones artísticas no han sido pagados desde septiembre pasado por “falta de recurso económico”. Stef Andrade, funcionaria de la entidad, señaló en entrevista para Wambra: “a mí me preocupa que el Ministerio de Cultura tenga libertad presupuestaria dentro del estado de excepción y entonces decide pagar el sueldo de militares y policías, pero no de artistas ni servidores públicos”. Esto en alusión a la declaración del Ministro de Economía, Juan Carlos Vega, realizada el 28 de enero, donde indicó que el gobierno no alcanzaba a cubrir los sueldos de enero del sector público y que por tanto se priorizaría a policías, militares, médicos y docentes.
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Pago de deuda externa y negociación con multilaterales
El 1 de febrero, el gobierno de Daniel Noboa pagó 273 millones de dólares por los intereses de los bonos de deuda externa, conocidos como Bonos Global. En julio de este año, el país tiene que hacer el pago de una segunda parte de los intereses de estos bonos, igualmente por 273 millones de dólares. El pago de intereses de los Bonos Global se extiende hasta 2040, y desde 2026, el país deberá pagar el capital.
Los Bonos Global son papeles de deuda emitidos por el gobierno ecuatoriano y que son adquiridos en el mercado de valores por acreedores internacionales. Estos bonos fueron renegociados durante el gobierno de Lenín Moreno y vencen en 2030, 2035 y 2040 respectivamente. La renegociación de estos bonos, le permitió a Lenín Moreno contraer en septiembre de 2020, una nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional, FMI, por 6.500 millones de dólares, que fueron entregados al país en varios desembolsos.
Durante el gobierno de Guillermo Lasso se hizo un canje con parte de la deuda de los Bonos Global. Los llamados Bonos Azules a cambio de la preservación de Galápagos, que según el expresidente, significaron un ahorro de 1100 millones de dólares para el país. Sin embargo, Ecuador aún tiene una deuda por los bonos global de 15.562 millones de dólares; lo que equivale a algo más que la cuarta parte del total de la deuda externa del país, misma que se ubica en 75.227 millones de dólares.
Mientras que la deuda con organismos multilaterales principalmente con el Fondo Monetario Internacional, FMI, suma 25,061.35 millones de dólares, es decir, la tercera parte de la deuda externa ecuatoriana. Para 2025, Ecuador debe pagarle al FMI, 1.138,6 millones de dólares.
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Proyecto Económico Urgente y Conflicto Armado Interno
En sus primeros 100 días de gobierno, Daniel Noboa presentó cinco proyectos económico- urgentes a la Asamblea Nacional.
El primero denominado Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo incluyó una remisión o condonación de intereses de las deudas que mantienen los grupos económicos con el Servicio de Rentas Internas, SRI; así como la creación e incentivo de zonas francas.
Daniel Noboa, en RTS, explicó respecto de este proyecto de ley: “Va a haber deducciones tributarias para la generación de empleo, así mismo como reducciones tributarias para la contratación de egresados de universidades públicas, con eso logramos tener mayor recaudación, podemos estabilizar el Seguro Social, pero también le damos dinero a los bolsillos de los ecuatorianos. Desde que fue aprobada la ley ya vamos por los 50 mil nuevos empleos generados”.
El segundo proyecto económico fue nombrado como Proyecto de Ley Orgánica de Competitividad Energética, que entre otras cosas, permite la presencia e inversión de empresas privadas para la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, algo que según analistas como Pablo Dávalos da paso a la privatización de la electricidad en Ecuador.
Ambos proyectos fueron aprobados mayoritariamente por la Asamblea Nacional a finales de 2023.
El 9 de enero de 2024, el gobierno de Noboa decidió declarar Conflicto Armado Interno y desplegar a las calles y a los centros de privación de la libertad a las Fuerzas Armadas. Dos días después, presentó un nuevo proyecto económico urgente: la Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica. En este proyecto, Daniel Noboa propuso el incremento del Impuesto al Valor Agregado, IVA del 12%, al 15%.
El 6 de febrero de 2023, la Asamblea discutió la Ley propuesta por el gobierno. Los bloques legislativos incluyeron en este proyecto de ley, una contribución temporal del 3,25% sobre las utilidades obtenidas en 2023 por parte de empresas y sociedades; una contribución a las utilidades extraordinarias de bancos y cooperativas; el incremento de entre 3,5% y 5% al impuesto de salida de capitales; el impuesto del 5% en el IVA para transferencias locales de materiales. Sin embargo, el incremento del IVA al 15% no obtuvo los votos necesarios para ser aprobado por la Asamblea.
Pero, Daniel Noboa vetó el texto votado por la Asamblea e introdujo un nuevo artículo donde fija el IVA a no menos del 13%, con posibilidad de ajustarlo hasta en 15%, previo dictamen favorable del Ministerio de Economía y Finanzas. En la Asamblea no existieron los 92 votos necesarios ni para rechazar el veto , ni los 64 votos para allanarse al texto presidencial; por lo que la Ley con los cambios introducidos por Noboa entró en vigencia por el Ministerio de la Ley, al concluirse el plazo de 30 días que tenía el legislativo para el tratamiento del proyecto.
El alza del IVA fue justificado por el gobierno de Daniel Noboa de varias maneras. En rueda de prensa del 15 de enero, el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, señaló que el incremento de este impuesto era necesario para suplir los atrasos en pago de salarios y para cubrir los vacíos en el Presupuesto General del Estado; además, para entregar recursos al conflicto armado interno. De su parte, el gerente del Banco Central de Ecuador, BCE, Guillermo Avellán, señaló en entrevista para Primicias que, “Si no se aumenta el IVA y se detiene la producción en el ITT la economía se contraerá 1%”.
En entrevista para RTS, Daniel Noboa aseguró que el incremento del IVA regirá desde el 1 de abril y será del 15%. “Se necesitará hacerlo desde el inicio y gradualmente mientras vamos generando mayor empleo, mayor cantidad de ingresos para las personas. Allí se podrá reevaluar y volver a bajar, pero es esencial en este momento tener un incremento del IVA, porque pelear una guerra es caro”. Según Noboa, el alza de este impuesto no afectará mayormente a la ciudadanía, puesto que IVA no se grava en artículos y servicios básicos “Canasta básica no paga IVA, medicina no paga IVA, educación no paga IVA, transporte público no paga IVA”. Y en tono de burla invitó a la gente a trabajar más duro para poder costear otro tipo de servicios que sí contemplan este impuesto: “Los invito a trabajar igual de duro que estamos trabajando nosotros en el gobierno, la misma cantidad de horas y les aseguro que se van a poder comprar varios platos de comida. Van a tener entrada, plato fuerte y postre”.
El cuarto proyecto económico urgente de Daniel Noboa fue aprobado por la Asamblea, el 8 de febrero de 2024. La ley para la Recuperación de Activos de Origen Ilícito tiene que ver con la extinción y recuperación de activos de origen ilícito a favor del Estado.
Un día antes, el 7 de febrero, la Asamblea aprobó el Tratado de Libre Comercio con China, que permitirá la entrada sin aranceles de varios productos a Ecuador, pero además, agudizará el extractivismo y el ingreso de basura y desechos.
Noboa también habló públicamente de focalizar los subsidios a los combustibles, en específico a la gasolina Ecopaís y Extra; aunque aseguró que no tocaría el precio del gas de uso doméstico ni el diésel.
Un quinto proyecto económico urgente tiene que ver con el turismo. La Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Actividades Turísticas y Fomento del Empleo busca reducir los impuestos para conciertos y eventos masivos, así como para las empresas turísticas. La Asamblea Nacional tiene menos de un mes para debatir la ley.
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Menos presupuesto para universidades
Daniel Noboa presentó el 20 de febrero, la proforma presupuestaria para 2024, que alcanza los 35.536 millones de dólares. En esta proforma se reduce el presupuesto para las universidades públicas en 3 mil millones de dólares; es decir, las universidades recibirán 1.346 millones este año. En un comunicado, la Universidad de Cuenca rechazó el recorte que en su caso, llega a 1 ‘457.061 de dólares, con respecto a 2023; por lo anuncian acciones.
Aunque el presupuesto para las universidades disminuye, no pasa lo mismo con la educación básica. El rubro para educación este año es de 4.641 millones de dólares. Este valor incluye el aumento anual de 0.5% que establece la Constitución para educación y salud; sin embargo, este presupuesto no llega al 6% del Producto Interno Bruto, PIB, que ordena el mandato constitucional.
Instituciones públicas y ministerios también sufren recortes presupuestarios por 331.38 millones de dólares. Entre las secretarías más perjudicadas están la Secretaría de Gestión de Riesgos, con 63,45 millones menos y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, SENECYT, con una reducción de 17.52 millones.
Mientras que el presupuesto para seguridad en 2024 crece a 3.519 millones de dólares; es decir, 214 millones más a diferencia de 2023. Según el gobierno este incremento será destinado para la construcción de dos nuevas cárceles y la compra de armamento para militares y policías.
Otra reducción importante está en el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, donde hay una baja del 23,18% o 4 millones menos que en 2023, dejando el presupuesto de este ministerio en 13,2 millones de dólares. En tanto que, el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia, el Observatorio de Género y otros programas de prevención de la violencia se verán disminuidos en 1.3 millones de dólares. Esto a pesar de las cifras de violencia en el país, en contra de mujeres, niñas y diversidades sexogenéricas.
Así mismo, la proforma contempla un posible pago de 2.426 millones de dólares a favor de empresas petroleras que demandaron al Estado ecuatoriano. Una de ellas es Chevron Texaco. La petrolera estadounidense demandó a Ecuador ante la Corte de La Haya por supuestamente negarle su defensa durante el juicio que las comunidades amazónicas ganaron en la Corte Provincial de Sucumbíos en 2013. La petrolera debía reparar en 9.500 millones a las comunidades afectadas por sus operaciones entre 1964 y 1990; sin embargo, la petrolera ha negado los daños ambientales y no ha reconocido su deuda, asegurando que el juicio fue un fraude. Por lo que Chevron demandó a Ecuador y en 2018, la Corte de La Haya emitió un laudo favorable a la petrolera, que implicaría un pago por 2mil millones de dólares, mismo que podría concretarse este 2024.
En el presupuesto tampoco se estima el pago para proveedores del Estado, gobiernos locales y el Instituto de Seguridad Social. Solo con los proveedores, existe una deuda de mil millones de dólares. Por ello, pacientes renales protestaron el 29 de febrero de 2024, ante la falta de atención en las clínicas de diálisis, con las cuales el Estado mantiene una deuda de 125 millones de dólares en el último año.
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¿Doctrina del shock para imponer un programa neoliberal?
La periodista canadiense Naomi Klein, señala que tras experiencias dramáticas, como la Guerra de Irak, el tsunami en Sri Lanka o el huracán en Nueva Orleans en Estados Unidos, los gobiernos de estos países instauraron agresivas políticas económicas. Esta estrategia, según Klein, se basa en la Doctrina del Shock, que junta lo económico, militar y social para desmantelar el Estado de Bienestar e instaurar un modelo neoliberal o “capitalismo del desastre”.
Para el economista Pablo Dávalos, Ecuador vive un shock económico y un miedo generalizado. “Es muy interesante ver cómo se configura una estrategia del miedo para avanzar con un programa económico que tiene que ver básicamente con las élites. Ese programa se ve avalado cuando el presidente entrega a la Asamblea Nacional, un proyecto de ley para incrementar el IVA y con ese incremento, ir directamente a golpear las puertas del FMI, a reducir el riesgo país y emitir bonos en los mercados internacionales y a radicalizar el modelo de ajuste”.
Carolina Peña, economista de la Fundación Investoria, explica que las medidas económicas radicales se las impone en momentos de crisis ya que estos momentos son vistos como una oportunidad. “Se aprovecha que la población está más dispuesta a aceptar estos cambios que son más dramáticos. Incluso podemos ver gente que tiene esta idea de poner mano dura, de castigar con mayor fuerza,un discurso que a veces va en contra de derechos humanos básicos, que muchas veces, son capaces de aceptar estas ideas porque se vive esos conflictos o se los crea y la gente termina apoyándolos, incluso en contra de sus intereses”.
Según Pablo Dávalos, el gobierno de Noboa ha aprovechado que existe una crisis de seguridad “para acelerar un programa económico que no tiene nada que ver con la resolución ni del conflicto que suscitan estas bandas de crimen organizado, del narcotráfico y el narcoterrorismo ni tampoco con la grave situación que viven los ecuatorianos”. El actual programa económico de Noboa y sus proyectos de ley, asegura, favorece a los grandes económicos del país. Pese a ello, ha logrado “imponer su agenda” en la Asamblea Nacional, donde no tiene oposición.
Jonathan Báez, docente de la Universidad Central del Ecuador, va más allá y señala que las políticas de Noboa son parte de un proceso de shock anterior. “Es la estocada final de todo un proceso de shock que ha vivido el pueblo ecuatoriano y que culmina con un proceso casi de fascismo en el país, al crear un enemigo”. Asi mismo agrega que los recursos que salgan del aumento del IVA y otras contribuciones, tal vez vayan para pagar deuda externa y no tanto para atender las problemáticas del país: “¿Se van a hacer recaudaciones? sí, pero yo mucho me temo que todo esto se va a ir a deuda externa”
A las leyes y decisiones económicas del gobierno hay que añadir los acuerdos militares con Estados Unidos firmados durante el gobierno de Guillermo Lasso y ratificados por Daniel Noboa en estas últimas semanas. El primer convenio se denomina Acuerdo Relativo al Estatuto de las Fuerzas y permite el ingreso y las operaciones de militares, contratistas y empleados estadounidenses en territorio ecuatoriano; además, que les otorga beneficios, exenciones tributarias e inmunidad. También está el Acuerdo Relativo a Operaciones Contra Actividades Marítimas Transnacionales Ilícitas, que permite entre otras cosas, a militares estadounidenses, eliminar, perseguir, incautar buques considerados sospechosos y detener a sus tripulantes. También permite el ingreso de aeronaves estadounidenses por territorio ecuatoriano.
Para Pablo Dávalos, estos y otros acuerdos militares con Estados Unidos son parte del llamado Plan Ecuador y “dan cuenta de cómo el país se va conformando en una especie de colonia del Comando Sur de Estados Unidos y del Pentágono”. Para Dávalos, el Plan Ecuador es “un sustituto del Plan Colombia”, cuya agenda es impuesta por el Comando Sur y muestra un alineamiento de Ecuador con Estados Unidos. Este acercamiento podría llevar “al presidente Noboa a tomar decisiones desastrosas para el país”, señala Dávalos.
