DERECHOS

Conflicto armado interno en Ecuador

Una explicación a varias voces

Por: Verónica Calvopiña @kinoraxx y Gabriela Peralta gaperalta07

Publicado 18 de enero del 2024

El presidente, Daniel Noboa, firmó el 9 de enero de 2024, el Decreto 111 donde reconoce la existencia de un “conflicto armado interno”, que permite la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en todo el territorio y declara a 22 grupos de delincuencia organizada como “grupos terroristas”¿Qué aspectos involucra  esta declaratoria? David Cordero, abogado constitucionalista  y Ramiro Ávila, ex juez de la Corte Constitucional, analizan lo que implica un  conflicto armado no internacional y las posibles salidas para la violencia que vive el país.

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¿Cómo llegó Ecuador a este punto?

El 14 de diciembre de 2024 la Fiscalía dio a conocer  el denominado Caso Metástasis. Esta investigación reveló una red de delincuencia organizada con funcionarios de la justicia, del ejecutivo, de la política y de la Policía. Como parte de este caso, se realizaron allanamientos en 7 provincias del país, se procesó a 38 personas y se arrestó a 29 personas, entre ellos: jueces, fiscales, policías y políticos. Una de las personas implicadas es Wilman Terán, ex presidente del Consejo de la Judicatura. La Fiscalía aseguró que inició la investigación de este caso desde el 3 de octubre de 2022, luego del asesinato del narcotraficante Leandro Norero, lider narcotraficante de la banda “Los Chone killers” en la cárcel de Latacunga.

El actual gobierno de Daniel Noboa anunció el Plan Fénix, como respuesta al incremento de la violencia y de la presencia de grupos de delincuencia organizada. Sin embargo, el 7 de enero pasado, Adolfo Macías, conocido como “Fito”, líder de una de las bandas más violentas, “Los Choneros”, escapó del Centro de Rehabilitación Regional del Guayas, conocido como La Penitenciaría.

Tras la fuga de Fito, personas privadas de la libertad de las cárceles del Inca (Quito), de Turi (Cuenca), de Ambato, Riobamba, Machala y Latacunga se amotinaron y tomaron como rehenes a guías penitenciarios, servidores administrativos y policías. Los motines iniciaron el 8 de enero y se mantuvieron seis días después, hasta el sábado 13 de enero, cuando el SNAI confirmó la  liberación de 20 miembros del personal administrativo y 157 servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, o conocidos como  guías penitenciarios. No es la primera vez que sucede algo como esto, desde 2018 se han registrado hechos violentos en las prisiones de Ecuador, y más de 14 masacres carcelarias desde 2021, donde fueron asesinadas 591 personas privadas de libertad, según el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitido en 2022

En este contexto, el gobierno ecuatoriano emitió el Decreto 110 de Estado de Excepción que dispuso toque de queda entre las 23:00 y las 05:00, la suspensión de la libertad de reunión en todo el país y las cárceles, la suspensión de la inviolabilidad del domicilio, la suspensión de la inviolabilidad de la correspondencia en las cárceles, por 60 días. Luego del decreto, en varias ciudades del país se registraron varios ataques violentos: coches bomba, secuestros, atentados contra infraestructura, buses y vehículos. Además, dos policías fueron asesinados en Nobol (Guayas).

En la madrugada del 9 de enero, Fabricio Colón Pico, líder de la banda “Los Lobos”, se fugó junto a más de 30 personas privadas de la libertad de la cárcel de Riobamba. Colón Pico fue detenido y permanecía con prisión preventiva tras la denuncia de la Fiscal Diana Salazar por presuntamente atentar contra su vida. Según la plataforma SOS Cárceles, los motines en las cárceles, también responden a la captura de Colón Pico.

Horas más tarde, un grupo de delincuencia organizada ingresó a las instalaciones del canal TC Televisión y secuestró a varios periodistas, presentadores y trabajadores del medio mientras se transmitía en vivo el noticiero. Ese mismo día, se registraron más ataques violentos en diversos sectores del país.

Luego de lo ocurrido el 9 de enero, el gobierno emitió  el Decreto Ejecutivo 111, donde reconoce la existencia de un “conflicto armado interno”. En este decretó se identificó a 22 grupos del crimen organizado como “organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes”. También se dispuso la ejecución de operaciones militares “bajo el derecho internacional humanitario y respetando los derechos humanos”. Para Jaime Vela, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, este decreto convierte a todo grupo terrorista en un objetivo militar.

La Corte Constitucional debe revisar el decreto enviado y declarar si es o no constitucional.

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¿Qué significa la declaratoria de Conflicto Armado Interno?

Un conflicto armado interno o un conflicto no internacional según el Derecho Internacional Humanitario, es una situación de violencia y enfrentamientos armados que sucede dentro de un Estado entre su ejército y grupos armados regulares o irregulares; es decir, guerrillas o entre grupos armados. Estos grupos se oponen y luchan contra un sistema político gobernante, buscando tomar recursos y llegar a gobernar. Tanto los conflictos armados internos como los conflictos entre países tienen normas fijadas en los Convenios de Ginebra, firmados tras la Segunda Guerra Mundial. El Derecho Internacional Humanitario es un conjunto de normas que buscan limitar los efectos de los conflictos armados, a fin de proteger a la sociedad civil, que no participa en dicho conflicto. Por esta razón están prohibidos los métodos militares que no distingan a las personas combatientes de las civiles y aquellos que causen sufrimiento innecesario.

David Cordero, abogado constitucionalista y docente universitario, señala que lo que está viviendo Ecuador no se trata de un “conflicto armado no internacional”, sino una situación de grupos armados delincuenciales, peligrosos, que requieren una intervención coordinada de varias agencias del Estado. Para el experto, la decisión del presidente Daniel Noboa de declarar conflicto armado interno no fue la correcta y es más bien contradictoria. “Está muy mal asesorado o a alguno de sus asesores, que no conoce de Derecho Internacional, le sonó que esto del conflicto armado no internacional iba a hacer una buena idea y que se iba a declarar estos grupos como terroristas. Pero si estos grupos son terroristas no estamos hablando de un conflicto armado no internacional”, argumenta el abogado.

Para Ramiro Ávila, abogado, docente y ex juez de la Corte Constitucional, el primer decreto de estado de excepción, emitido el 8 de enero de 2024, que declara al Ecuador en una situación de “grave conmoción” fue adecuado; pero en el segundo decreto que declara el conflicto armado interno ingresa la situación del país en un cuerpo del derecho que no era necesario, como es el Derecho Jurídico Internacional Humanitario. Según Ávila, para que exista un “conflicto armado interno” o más precisamente un “conflicto armado no internacional” se necesitan al menos dos requisitos: una cadena de mando y un cuerpo organizado militar armado que tenga capacidad para hacer estrategias y tácticas militares que se enfrente con “otro”. En este caso, el actor en conflicto sería el ejército ecuatoriano, y el otro actor debe tener la capacidad de entrenar, de manejar armas y de respetar el derecho humanitario, algo que dista de la actuación de las bandas criminales. Además, en un conflicto no internacional una de las partes beligerantes es un grupo no estatal que tiene características especiales:

En este caso las bandas delincuenciales no cumplen con estos requisitos. “Estamos tratando como un sujeto del derecho internacional a criminales comunes y corrientes. Las bandas criminales se están enfrentando contra la ciudadanía, no contra el ejército”. En un conflicto delincuencial, grave y profundo como el que tenemos, dice Ávila, “se les detiene, se les enjuicia y se les condena. Si son asesinados de forma arbitraria, en el caso de una grave conmoción interna, ahí hay uso y exceso de la fuerza”, aseguró el ex juez.

En eso coincide Luis Córdova, Director del Programa de Investigación sobre Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central del Ecuador. Córdova aseguró en una entrevista con el medio digital Periodismo de Investigación que los grupos armados que se han identificado en los diversos ataques, son grupos “pandilleriles”, estructuras organizadas en torno a pandillas, que se constituyen en la medida en que pueden manejar ciertos hilos de economías ilícitas, pero que no son guerrilla ni un movimiento insurgente. Es decir, no son grupos que puedan ser considerados beligerantes.

Para David Cordero hay una retórica del enemigo que puede llevar a que los grupos de seguridad del Estado empiecen a actuar más allá de los límites en cuanto al uso progresivo de la fuerza y al estricto uso de la fuerza letal en situaciones de necesidad. “Los abusos que se pueden dar con esa fuerza desmedida del Estado van más allá de solamente esta supuesta lucha en contra del narcotráfico, porque ahí es cuando empezamos a ver las consecuencias: desaparición de estudiantes, líderes sociales, etc. Ahí es cuando hay un paquetazo económico, movilizaciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales. Eso no es un cuento, es algo que hemos vivido desde México hasta Argentina en los años de la Operación Cóndor”.

Según Cordero, “esas fuerzas del orden, son grupos que no sabemos en qué medida están involucrados con los grupos de delincuencia organizada. Posiblemente, vamos a desatar un conflicto muchísimo más fuerte por la autorización”.

Por su parte, Ramiro Ávila expresó que cada vez que se abre la ventana para la intromisión del poder punitivo –la violencia del Estado, el uso de la fuerza de la Policía– el riesgo que hay es que el poder se desborde. “Si uno mira el pasado, cada vez que se han restringido garantías, cada vez que se ha distinguido a un otro enemigo en América Latina y en el mundo, casi siempre eso acaba en excesos de poder”, asegura el ex juez.

Para Ávila, la retórica de guerra, de aniquilación, de eliminación y de conflicto armado ha generado y ha avivado un sentimiento popular negativo y violento. “Yo siento que la violencia se está incrementando cada vez más. Tenemos ya una sociedad civil que pide muerte, violencia, disparos, y las facturas de esto son terribles. Como sociedad no estamos dando una solución, sino que estamos incrementando la espiral de la violencia”, señaló.

Para el ex juez constitucional, Ramiro Ávila, es inadecuado que frente a las crisis penitenciarias, masacres y el crimen organizado, la única respuesta del Estado y de los gobiernos haya sido decretar estados de excepción, puesto con ello, el problema de inseguridad ciudadana y violencia no acaba. “Siempre se piensa en fuerza. Cuando se usa la fuerza y esta se va, vuelve el crimen; la violencia  florece. Hay que diseñar la política criminal con cabeza fría, con datos. El presidente y las autoridades siempre hablan de represión, pero no de otros mecanismos que tienen que estar operando ahorita”.

Para los expertos el trabajo del Estado debe involucrar acciones integrales. Usando la metáfora de las múltiples esferas Ávila explica que sobre la esfera de la violencia tiene que estar la esfera de la disuasión del crimen y sobre esa, la prevención del crimen. “Yo no he escuchado ninguna concatenación entre estos tres niveles. Siempre se piensa en fuerza, cuando la fuerza se va y vuelve el crimen y la violencia vuelve a reflorecer. Entonces si no afrontamos la prevención y la disuasión vamos a estar reprimiendo toda la vida. Esto no se va a acabar”

Para Cordero, la prevención pasa por mirar lo que ocurre con los y las jóvenes, adolescentes e incluso niños de barrios marginados y empobrecidos reclutados por las bandas “Una vez que ‘pacificamos’ un barrio, donde metemos a los militares y las tanquetas, inmediatamente, el Estado debería empezar a pavimentar calles, a arreglar las escuelas, recuperar los parques del barrio para que los niños y adolescentes tengan donde jugar y hacer ejercicio; programas extracurriculares al final de las clases y acompañamiento a los chicos de los barrios que están condenados. Si no actúa de forma consciente el Estado, van a seguir uniéndose a las filas de los grupos de delincuencia organizada”.

La Alianza por los Derechos Humanos, un colectivo de 14 organizaciones, a través de un comunicado, expresó que en este contexto actual de ‘guerra interna’ contra un enemigo difuso, la sociedad civil en general es una potencial víctima del fuego cruzado entre la fuerza pública y el crimen organizado. “Todos corremos el riesgo de ser ejecutados, de que se creen falsos positivos y de que nuestras familias inicien una larga lucha en búsqueda de verdad y reparación”.  La Alianza también instó al Estado ecuatoriano y al gobierno nacional a dar respuestas adecuadas y eficaces para abordar la crisis de seguridad y recomendó, entre otras cuestiones, lo siguiente: Diseñar e implementar un plan integral de seguridad ciudadana construido de forma participativa y con enfoque territorial y de derechos humanos; recuperar el control de los centros de privación de libertad; Limitar y controlar las fuentes de financiamiento del crimen organizado; depurar las instituciones del Estado de la penetración de bandas criminales.

En el Manifiesto contra la Guerra en Ecuador, América Latina y el Mundo firmado por organizaciones feministas y diversas personas, se alerta que la intervención militar aprobada por el gobierno ecuatoriano de Noboa se está desplegando principalmente en barrios y provincias empobrecidas y pobladas especialmente por personas afrodescendientes, indígenas y montubias. Por tal razón, las organizaciones y activistas feministas exigen al Estado implementar políticas de desarme, de reducción de importación de armas y contención del contrabando.