Sigchos: Por el cuidado ambiental y la defensa territorial
Por: Gabriela Peralta
Publicado 17 de marzo del 2024
Actualizado 18 de marzo del 2024
Habitantes de las Pampas y Palo Quemado, parroquias del Cantón Sigchos, provincia de Cotopaxi, rechazan la presencia de grupos armados que llegaron a su territorio en respaldo a una consulta ambiental relacionada con el proyecto de explotación minera La Plata, subsidiaria de la empresa minera canadiense Atico Mining. Setenta comuneros y comuneras de Palo Quemado y las Pampas, que rechazaron públicamente el desarrollo del proyecto de extracción minera La Plata y la consulta ambiental en sus territorios, fueron denunciados por el presunto delito de “terrorismo”.
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.El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) reinició la fase de participación ciudadana, el 11 de marzo de 2024, para la consulta ambiental sobre el Estudio de Impacto Ambiental en el área operativa de la concesión minera “La Plata”, ubicada en Las Pampas y Palo Quemado, parroquias rurales del cantón Sigchos, provincia de Cotopaxi. Esto ocurrió días después de que Sonsoles García, ministra de Producción, y Andrea Arrobo, ministra de Energía y Minas, en el marco de la Convención Mundial de Exploración y Minería, firmaran seis compromisos de inversión con Canadá por un total de más de USD 4.800 millones para desarrollar proyectos en el sector minero.
El gobierno formalizó compromisos de inversión con los proyectos: La Plata en Cotopaxi, Cascabel en Imbabura, Cangrejos en El Oro, Cóndor en Zamora Chinchipe, y El Guayabo en El Oro.
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El expresidente Guillermo Lasso, el 31 de mayo de 2023, emitió el Decreto Ejecutivo 754 que reformó el Reglamento del Código Orgánico del Ambiente, RCODA, que norma la participación ciudadana en la consulta ambiental. Por ello, la Conaie y el Frente Nacional Antiminero presentaron, el 13 de junio del mismo año, una demanda de inconstitucionalidad y solicitaron una medida cautelar para suspender la aplicación del decreto. Sin embargo, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, a partir del 19 de junio, inició procesos de consulta ambiental en los cantones Las Naves (Bolívar) y Sigchos (Cotopaxi).
En julio de 2023, comuneros y comuneras de Sigchos rechazaron el Decreto 754 y la militarización de su territorio por parte del gobierno de Lasso. En esa ocasión, el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y el Ejército dejó seis campesinos heridos por disparos de bombas lacrimógenas, perdigones y balas de goma. En noviembre de ese mismo año, la Corte Constitucional declaró como inconstitucional la consulta ambiental y ordenó que la Asamblea apruebe una ley referida a la Consulta Ambiental. Sin embargo, en la actualidad, tanto la empresa Atico Mining, como el Gobierno de Daniel Noboa insisten en la consulta y en proyectos de extracción minera.
El 7 de marzo de 2024, el Ministerio de Energía y Minas presentó un Manual para la operativización de la consulta previa, libre e informada, que señala, entre otras cuestiones, que la consulta será obligatoria previo a la medida administrativa que se emita para planes de prospección, exploración, explotación y comercialización de recursos minerales y concesiones mineras en tierras indígenas. Según afirma el Frente Nacional Antiminero en un comunicado, ese mismo día, las y los habitantes de Palo Quemado denunciaron la presencia de 30 personas armadas vinculadas con la empresa canadiense Atico Mining.
El Frente Nacional también señaló que el 8 de marzo, las personas armadas, calificadas como fuerzas paramilitares por comuneros y organizaciones sociales, establecieron retenes ilegales en el Recinto Las Minas, en Santa Rosa y en la Comunidad San Pablo. Estos grupos se desplazaron hacia Palo Quemado y al Recinto Intercultural “en tres motocicletas con dos ocupantes cada una y dos camionetas. Todos los vehículos sin placas”. También exigieron documentación a los transeúntes del sector sin tener una orden judicial, uniforme e identificación y portando “armamento de grueso calibre entre escopetas mossberg, revólveres, ametralladoras y pistolas calibre 9 mm”.
El 9 de marzo, 20 campesinos, defensores de derechos humanos y de la naturaleza, fueron intimidados mientras asistían a una asamblea comunitaria. Al día siguiente, se sumaron más personas al grupo armado, escoltadas por personal de la empresa minera La Plata. Estas personas se alojaron en las instalaciones mineras, ubicadas en el barrio Once de Noviembre. Esa noche, los grupos armados irrumpieron en los domicilios de comuneros de San Pablo y amedrentaron a las familias que se oponen a la explotación minera por parte de Atico Mining y su proyecto La Plata. Así lo afirmó el Frente Nacional Antiminero.
El lunes 11 de marzo se registraron enfrentamientos en Sigchos entre los grupos armados y campesinos de Palo Quemado que se oponen a la consulta ambiental y al proyecto minero en su territorio. Producto del enfrentamiento, según el Frente Antiminero, cinco personas resultaron heridas, dos de ellos de gravedad. Mientras que el Ministerio de Ambiente, a través de un comunicado, señaló que funcionarios que realizaban la entrega de convocatorias para el proceso de participación ciudadana en la consulta ambiental fueron agredidos por los comuneros.
La consulta ambiental tiene que realizarse acorde al artículo 398 de la Constitución ecuatoriana que indica que toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente debe ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. Sin embargo, las y los comuneros se niegan a participar de la consulta porque, aseguran, no se consultó en las fases de prospección y exploración, previas a las fases de explotación y beneficio de minerales metálicos. Además, se oponen a que su territorio sea concedido a la empresa canadiense o a cualquier otra compañía dedicada a la extracción de recursos.
Campesinos pintan sus casas en rechazo a la minería en Sigchos. Fotografía: Frente Nacional Antiminero
“Esto ya es historia. Venimos por más de 12 años luchando y todos los gobiernos de turno jamás nos han escuchado. Por eso, el proceso de concesión minera está bastante avanzado, pero nuestra decisión, de la gente de Las Pampas y de algunos recintos de Palo Quemado, es no a la minería. La empresa minera quiere llevar a cabo una consulta ambiental que no queremos, porque no queremos minería”, dijo Luis Martínez, habitante de Palo Quemado, durante una rueda de prensa, donde comuneros y dirigentes de organizaciones sociales se pronunciaron sobre la consulta ambiental.
Para Juan Carlos Carvajal, comunero de Las Pampas, también es preocupante lo que sucede en el Subtrópico de Cotopaxi. “Está comenzando nuevamente la consulta ambiental llevada a cabo por el Ministerio del Ambiente. Nosotros, como dueños del territorio, no queremos que se dé la consulta. No vamos a permitir que una transnacional venga y se robe nuestros territorios, que el gobierno nacional tome nuestros territorios como zonas privilegiadas para ciertos grupos, que a nosotros nos deje a un lado y nos criminalice peor que a delincuentes”, expresó en la misma rueda de prensa.
Al respecto, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, responsabilizó al Gobierno de Daniel Noboa por “incrementar el riesgo de enfrentamientos civiles violentos, favoreciendo intereses extranjeros y exacerbando conflictos sociales y ambientales”. Otras organizaciones sociales y colectivos, como Yasunidos y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU, también responsabilizan al gobierno por lo ocurrido en Sigchos. “Su gobierno ha decidido de manera ilegal respaldar proyectos mineros, a pesar de la oposición y resistencia de las poblaciones. Exigimos que el gobierno de Noboa pare con la violencia desatada por las mineras”, señaló el colectivo Yasunidos.
Por su parte, la Cedhu señaló en su cuenta de X que el inicio de la Consulta Ambiental en Palo Quemado debe garantizar un espacio de consulta libre de presión e intimidación, sin presencia de fuerza pública y respetando los parámetros establecidos por la Corte Constitucional del Ecuador y estándares internacionales.
La Cedhu, además, acompañó a un grupo de comuneras de Las Pampas en una reunión con Jan Jarab Representante en América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU donde expusieron la situación que enfrentan por oponerse a la minería en su parroquia. También lo hicieron ante el Defensor del Pueblo de Ecuador, Cesar Córdova, quien se comprometió a visitar Las Pampas y a dar seguimiento al debido proceso de la consulta ambiental. Además de informar al Ministerio de Educación sobre la vulneración de derechos de niños y niñas en este contexto.
La CEDHU, junto a una delegada de la Unión Europea acompañaron, el 14 de marzo de 2024, a comuneras de Las Pampas en una reunión con César Córdova, Defensor del Pueblo, donde expusieron la situación de las comunidades afectadas por la minería. Fotografía: CEDHU
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El lunes 18 de marzo de 2024, organizaciones sociales denunciaron la criminalización de alrededor de setenta comuneros y comuneras de Palo Quemado y las Pampas, denunciados por el presunto delito de “terrorismo”. Entre ellos están Juan Carlos Carvajal y Luis Martínez, comuneros de ambas parroquias, que alzaron sus voces y rechazaron públicamente el desarrollo del proyecto de extracción minera La Plata y la consulta ambiental en sus territorios.
Algo similar viven seis defensores de Las Naves, criminalizados por su oposición al proyecto minero Curipamba, de la empresa Curimining S.A., en la provincia de Bolívar. La audiencia de juzgamiento se llevó a cabo el 14 de marzo de 2024, pero se suspendió para el 21 del mismo mes. Ese día, el Tribunal Penal de Bolívar resolverá la situación jurídica de los seis comuneros.
El presidente Daniel Noboa y su gobierno han reiterado su interés en la extracción de recursos minerales “con un enfoque de negocio sostenible, responsable y a largo plazo”. También han presentado a Ecuador como un país con potencial minero a nivel internacional. Mientras tanto, los pueblos y comunidades se han declarado en resistencia para defender el agua, la vida y los territorios en Ecuador.
