Por: Verónica Calvopiña @kinoraxx
La libertad por fin llegó para doce indígenas del Pueblo Kichwa de Saraguro. La Corte Provincial de Loja los declaró inocentes tras casi dos semanas de audiencias. Las doce personas son parte del segundo grupo, de un total de 29 personas judicializadas por las protestas realizadas en 2015.
Campesinos, indígenas, docentes rurales, madres, una partera, una persona con discapacidad formaron parte de este grupo; ellos tuvieron que vivir dos años de un proceso judicial, calificado por organizaciones de Derechos Humanos como una arista más de una política de criminalización a la protesta social que imperó durante el gobierno de Rafael Correa.
Foto: Campaña Amnistía Primero
Los rostros
Fausto y Carmen habían vuelto a Ecuador para visitar a sus familiares tras 14 años de haber migrado a España. El 17 de agosto del 2015, esta pareja se encontraba en su auto con sus dos hijos, de doce y dos años. Su trayecto por la Panamericana Sur se vio interrumpido por la represión al Levantamiento Indígena. El Pueblo Kichwa de Saraguro había decidido días atrás manifestarse en la carretera en rechazo, entre otras cosas, al cierre de las escuelas interculturales bilingües.
Ese 17 de agosto del 2015, alrededor de dos mil policías y militares fueron enviados hasta Saraguro para disolver la manifestación. Lanzaron bombas lacrimógenas al interior de las casas, allanaron domicilios, se llevaron detenidas a 35 personas, varias personas resultaron heridas. Sin saber lo que pasaba, Fausto y Carmen salieron de su vehículo y también fueron detenidos por la Policía. De nada sirvieron los ruegos por sus hijos que quedaban solos en el auto, ni el hecho de encontrarse de visita; madre y padre fueron capturados y subidos en un bus policial rumbo a Loja, mientras sus hijos pequeños permanecieron solos en el auto.
Foto: Campaña Amnistía Primero
Desde ese momento, Fausto y Carmen pasaron a formar parte de los “29 de Saraguro”, y de los más de 100 campesinos, indígenas y trabajadores judicializados durante el Levantamiento y el Paro Nacional realizado en 2015, durante el gobierno de Rafael Correa. Pasaron 15 días detenidos, 15 días lejos de sus hijos; la prisión fue cambiada por medidas cautelares, pero ya no pudieron salir del país, ni retomar su vida en España. Ambos tuvieron que comenzar de cero, buscar un trabajo, una escuela para su hijo, toda su vida estaba en otro país. Estos hechos hacen que Fausto mencione con tristeza que su propio país lo ha tratado mal, ha violado sus derechos, algo que nunca pasó ni siquiera en España:
Me siento muy dolido por la forma en la que los militares trataron a los compañeros que estaban en lucha. Lamentablemente es una pena ver como nos tratan aquí. Yo como migrante he vivido afuera, donde nos han respetado mejor los derechos, aquí no nos respetaron”.
Igual situación viven Teresa Cango y Natividad Medina, quienes también integran los “29 de Saraguro”. Teresa es artesana y campesina, mientras que Natividad, de 60 años, es partera y sabia de la medicina ancestral. Ellas aseguran que el proceso judicial las ha afectado económica y psicológicamente, y las ha impedido realizar su trabajo con normalidad y ha creado malestar en sus familias.
Natividad o como la llaman “Mama Nati” menciona: “Esto es muy difícil porque tengo que salir a firmar en el centro de la ciudad en el juzgado. Las personas que quieren atención, no me encuentran. Mi familia sufría, a veces se enojaban. Mi papá que ya es muy mayor, no sabe lo que estoy pasando”. A ella, la Policía la detuvo en su comunidad mientras se aprestaba a salir rumbo al hospital de Saraguro ante la llamada para atender un parto.
Foto: Campaña Amnistía Primero
29 de Saraguro más que un número
Luego del 17 de agosto del 2015, un total de 31 personas fueron procesadas en Saraguro, casi la mitad de las procesadas son mujeres. Dos grupos fueron creados por el llamamiento a juicio, un primer grupo de 10 personas y un segundo grupo de 21 personas. Del primer grupo, dos personas: Luisa Lozano y Amable Angamarca fueron sentenciados a cuatro años de prisión. Esta condena fue denunciada por la Defensoría Pública como “excesiva”. Muchas personas recuerdan el rostro de Luisa Lozano, mujer indígena de Saraguro, conserje de una escuela comunitaria, sentenciada por la justicia con mayor rigor que un acusado por el delito de peculado.
Posteriormente esta condena fue modificada, se omitió la prisión, pero se mantuvo la sanción económica y simbólica, además se incluyó en la sanción a tres personas más. Es así que del primer grupo de procesados de Saraguro, cinco personas fueron sentenciadas.
El segundo grupo de judicializados está conformado por 21 personas. De este segundo grupo 12 fueron procesadas, las demás fueron sobreseídas o la justicia se abstuvo de continuar el proceso. Minga, Macas, Medina, Lozano, son algunos de los apellidos indígenas que se encuentran en la lista. La justicia con ellos ha sido implacable, los ha obligado a presentarse semanalmente a los juzgados durante ya dos años que lleva el proceso, con audiencias retrasadas, suspendidas y manteniendo la zozobra de poder ir a la cárcel.
En este grupo se encuentran Fausto, Carmen, Teresa y Natividad, quienes integran el Comité “Unidos por la Libertad” y desde Saraguro han impulsado la campaña “Resistir es mi Derecho”, buscando que la justicia los declare inocentes. Desde ese 17 de agosto, van a reuniones, organizan colectas de fondos, comparten pambamesas, van a Loja a acompañar las audiencias en contra de sus compañeros y compañeras. Carmen tiene la esperanza de que el juicio termine y pueda ya para retomar su vida en España:
Yo quiero que el juicio termine, mi familia ha perdido mucho, nosotros no vivíamos aquí, estábamos en otro país, mis hijos nacieron allá, crecieron allá y teníamos que irnos y ya son dos años hemos esperado”.
Saraguro también pide Amnistía
Los nombres de Carmen, Natividad, Teresa y Fausto y el resto de los 29 de Saraguro, integran el Pedido de Amnistía e Indulto, entregado por la CONAIE y sus organizaciones de base a la Asamblea Nacional y al Presidente Lenin Moreno.
Para “Mama Nati” una de las procesadas, la Amnistía es necesaria para lograr la paz: “Yo quiero la libertad y la amnistía para estar más segura y tranquila con mi familia. Para todos los procesados quiero la libertad y la paz”.
Fausto también apoya el pedido de amnistía pues opina que el Pueblo de Saraguro no cometió ningún crimen al protestar, sino que más bien hacía un reclamo justo: “Yo quiero la libertad y mi dignidad. Yo pido la libertad para todos por la dignidad del pueblo Saraguro, de todos los pueblos que estamos afectados. No somos criminales, ni matones para que nos sigan persiguiendo por dos años, pero pese ha esto, estamos más fuertes”.
Foto: Campaña Resistir Es Mi Derecho
La audiencia de juzgamiento en contra del grupo de 12 inició este lunes 17 de julio 2017, y según los documentos legales durará 15 días, en los que se escucharán testimonios y versiones a favor y en contra de los procesados.
La CONAIE en un comunicado volvió a reivindicar la inocencia y a recordar la violación de derechos sufrida durante ese 17 de agosto del 2015: “Saraguro sufrió, el pasado 17 de agosto de 2015, una de las represiones nunca antes vivido en la historia, según dirigentes del pueblo (…) esperamos sean declarados inocentes o se suspenda la audiencia hasta que la Asamblea Nacional resuelva el pedido de amnistía para este caso”. Lea el comunicado
Vídeo de la Campaña Amnistía Primero sobre 12 de Saraguro
Los otros sentenciados y judicializados de Saraguro
Foto: Campaña Resistir Es Mi Derecho
El 30 de mayo del 2016, se da sentencia en contra del grupo de 10 procesados. Luisa Lozano y Amable Cajamarca fueron condenados a 4 años, pero esta sentencia es cambiada en octubre del 2016, cuando se involucra también a Karina Monteros, Polibio Medina, Asunción Zhunaula. A estas cinco personas se las condena al pago de cuatro salarios básicos unificados, al pedido de disculpas públicas a los policías que los detuvieron, a recibir una capacitación de convivencia sobre seguridad interna del país, entre otras medidas.
