Entrevista a Romel Jurado
Por: Belén Febres Cordero @BelenFCI / @wambraradio
Les presentamos a…
Romel Jurado, abogado y consultor en derechos humanos y políticas públicas, conversamos sobre derecho a la comunicación y el proceso de democratización en el Ecuador y en América Latina
Pa que te piques…
El derecho a la comunicación, su proceso de discusión y posicionamiento en América Latina, como una alternativa válida para la democratización de la comunicación. La Ley de Comunicación aprobada en Ecuador en 2013, una ley que no contiene todo lo que las organizaciones sociales que inicialmente la promovieron querían, que tiene excesos y falencias. A pesar de todo Romel Jurado piensa que esta ley es un avance en la exigencia del derecho a la comunicación, y por lo tanto no es un punto de llegada, sino de partida. ¿Hacia dónde? En esta entrevista lo explica.
América Latina está atravesando momentos cruciales en lo referente al derecho a la comunicación. ¿Cómo ves tú este proceso?
El proceso no es reciente, tiene un antecedente histórico poderoso con una actual coyuntura favorable. Esa coyuntura favorable no diría que es solamente nacional, creo que es una coyuntura regional: Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Honduras y El salvador son parte de este proceso. También se está debatiendo sobre este tema en México y Brasil. En Latinoamérica soplan vientos de cambio, ahora lo importante es lograr que los cambios se produzcan, ya sea por jurisprudencia o por ley. Lo más importante es lograr que esos derechos se enraícen, se queden dentro de la idiosincrasia de las personas para que no puedan ser revertidos con facilidad.
¿Cuándo empezó este proceso histórico del derecho a la comunicación en la región?
El derecho a la comunicación es un proceso histórico largo. La gente cree que es muy reciente pero viene desde finales de los años 70. A finales de los años 60 los países no alineados, de los cuales formaba parte el Ecuador, aupados por unas pretensiones de emancipación económica consideraron que era posible un nuevo orden económico internacional y le propusieron esa idea a la Asamblea de las Naciones Unidas. Esta asamblea votó a favor de la existencia de un nuevo orden internacional pero solamente como una expresión política de buena voluntad, no llegó a volverse un impacto internacional ni tampoco generó obligaciones específicas para los Estados desarrollados. Sin embargo, la idea de que era posible cambiar el orden internacional sin hacer revoluciones ni habiendo matanzas ni sacrificando los medios de producción ni enfrentando a los capitalistas contra el pueblo centró la idea de que la comunicación podía ser reordenada. Se creó la idea de un nuevo orden mundial de la comunicación y la información, pero nadie sabía qué debía contener ese nuevo orden ni cómo debía estar estructurado.
A mediados y finales de los años 70 la Unesco se apropió de esta idea de crear un nuevo orden mundial de la información y la comunicación y también de la idea de diagnosticar los problemas globales de esa comunicación para desarrollar lo que podrían ser los parámetros iniciales de la comunicación y la información. Así se creó una comisión que finalmente acabó redactando el informe McBride. Ese informe fracasó con éxito porque respecto de su primera responsabilidad que era diagnosticar los problemas hizo un diagnóstico de menor calidad que otros que ya existían y que, aunque sea de forma parcial, habían diagnosticado sociológica y políticamente, desde la economía política y desde la tecnología del derecho. Pero este era un informé legitimado porque era una comisión formada por la Unesco y por personalidades de todo el mundo. El otro tema es que dijeron: sentimos mucho decirle al mundo que no hemos podido lograr un nuevo orden de la comunicación y la información, pero sí nos hemos podido poner de acuerdo en que el actual orden imperante es inaceptable; es injusto porque favorece la perpetuación de las inequidades entre las personas y los pueblos, porque favorece la colonización cultural y porque da mayores oportunidades a los más fuertes. Propusieron que la semilla del cambio pudiera ser el reformar la idea de derecho a la comunicación que se había mantenido hasta el momento. Además, sostuvieron que las libertades de expresión y prensa no parecían suficientes para resolver los problemas de comunicación. El gran avance que se produjo fue el de crear la idea de que es posible reordenar totalmente un nuevo sentido a los derechos de la comunicación. El sentido al que apuntaron fue un sentido anti hegemónico, un sentido de diversidad, pluralidad y democratización que no existía en esos derechos porque habían sido interpretados en clave capitalista.
¿Qué repercusiones tuvo el hecho de que estos derechos hayan sido interpretados de esa manera?
El hecho de que los derechos hayan estado vaciados de contenido explícito permitió que las grandes empresas de comunicación los convirtieran en mercancías y los llamaran libertad. Por lo tanto, el libre flujo de las ideas era sinónimo de libertad cuando en realidad el libre flujo de las ideas era una forma bonita de decir libre flujo de la mercancía llamada información. No se preguntaban quién la produce, dónde se produce, cuánto cuesta, a quién llega y a quién beneficia. Lo único que hacían era producirla y permitir sin fronteras su distribución. Estos cuestionamientos cesaron cuando Estados Unidos condicionó a la Unesco su presencia en esa organización, de hecho, Estados Unidos se salió en el año 84 de la Unesco y para volver exigió que dejaran de hablar del derecho a la comunicación y propuso que hablaran solamente del libre flujo de la información. Y así Estados Unidos se reincorporó y se canceló momentáneamente el debate sobre la comunicación. La Unesco ya no quiso volver a hablar del tema pero el resto de organizaciones en el año 99 iniciaron una campaña, la Campaña por los Derechos de la Comunicación en la Sociedad de la Información (CRIS por sus siglas en inglés). Esta campaña tuvo la idea de incidir en la primera Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. La idea era llegar a este espacio formal que ya no estaba organizado por la Unesco sino por la Unión Internacional de Intercomunicaciones y rehabilitar el discurso sobre la necesidad del derecho a la comunicación, pero no nos hicieron el menor caso. Sin embargo, el volver a organizar las ideas sí era un paso adelante. El fracaso de la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información dejó a estas organizaciones el deseo de hacer por sus propias vías una difusión de la idea de recuperar el derecho a la información, de actualizarlo y de llenarlo de contenido jurídico y político. La discusión se trasladó al Foro Social Mundial que se llevó a cabo en Venezuela en el 2006 y en el 2007 fue la Constituyente ecuatoriana.
¿Qué relación tuvo este foro con la creación de la ley de comunicación en el Ecuador?
Muchas organizaciones Latinoamericanas en materia derecho a la comunicación tienen sede en Ecuador. Antes estaba AMARC, ahora está ALER, CIESPAL, ALAI, entre otras. Esta presencia fue increíble para el Ecuador porque muchas de las personas que participaron en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, ya sea como asesores o desde sus propias organizaciones, tuvieron cierta capacidad de influir en la Constituyente en el Ecuador e incorporaron la idea de derechos de la comunicación en los artículos del 16 al 20 de la Constitución, y lo hicieron en una clave que mezclaba las libertades tradicionales con condiciones materiales, sociales y políticas para que esas libertades fueran posibles para todos. Por primera vez se crearon derechos a la comunicación en clave de derechos económicos, sociales y culturales y no solo de libertades; las libertades también están pero lo otro era nuevo. Además, tuvieron la sabiduría de incluir una primera transitoria que incluía la obligatoriedad de emitir una ley orgánica de comunicación.
Una ley orgánica sirve para desarrollar los derechos fundamentales. El objetivo de esta ley orgánica era el desarrollar los derechos fundamentales de la comunicación reconocidos en la Constitución. Esto fue un avance increíble. Luego empezó un proceso siempre de menos a más, un proceso en que al principio las únicas organizaciones y actores sociales que reclamaban que se cumpla el mandato constitucional eran las mismas organizaciones que habían influido para que se incluya este derecho en la Constitución. Los sectores políticos y económicos no querían saber mucho al respecto, no querían mancharse con este tema porque era un tema delicado: los medios eran poderosos y no había predisposición para trabajar el asunto. Sin embargo, tuvimos suerte porque hubo una coyuntura súper interesante y es que el presidente Correa se dio cuenta de que los poderes mediáticos, generalmente vinculados a los poderes financieros, habían ejercido tradicionalmente una influencia en todos los gobiernos que le precedían. Estos poderes mediáticos intentaron hacer lo mismo, ya se por la vía de “todos somos amigos, deberías hacer esto para que a todos nos vaya bien”, o ya sea por la vía de “vamos a enfrentarte porque no estás haciendo lo correcto, tú eres un improvisado, nosotros hemos estado aquí desde que la República se inició”.
El presidente Correa se enfrentó a los medios y los desafío públicamente, evidenció los nexos que tenían con los poderes financieros y comerciales; evidenció estas influencias ilegítimas que habían tenido en el pasado con respecto de la política; pero sobre todo, evidenció que habían actuado con irresponsabilidad con respecto de los ciudadanos, que se habían embebido de poder y que hacían con la comunicación lo que a ellos les parecía conveniente, que la comunicación había dejado de ser de todos y todas, y se había privatizado en muy poquitas manos.
¿Cómo influyó este enfrentamiento político y mediático en las organizaciones y medios comunitarios?
Ese fue un enfrentamiento que para las organizaciones comunitarias que trabajaban por el derecho a la comunicación les vino perfecto porque por primera vez el poder político había decidido enfrontarse al poder mediático y pedirle cuentas. De alguna manera las organizaciones sociales tenían ya filosófica, política, e incluso jurídicamente pensadas salidas racionales a esa confrontación en forma de ley. Entonces la discusión por una nueva ley de comunicación tomo mucho cuerpo.
¿Qué aspectos positivos y negativos ves tú en la actual ley de comunicación ecuatoriana?
Yo no podría afirmar que la ley contiene todo lo que los organismos sociales que inicialmente la promovieron quisieran que contenga. Hay cosas que le faltan y hay cosas que le sobran, pero creo que en lo sustancial la ley implica un enorme avance porque por primera vez establece derechos para todas las personas y establece mecanismos para exigir esos derechos a través de una institucionalidad. Sobre todo, establece afectación a la estructura de propiedad a través de la distribución del espectro, y afectación a la estructura de acceso a los medios.
Tú mencionaste que hay aspectos en la ley que sobran y otros que faltan, según tu opinión, ¿cuáles son estos aspectos en específico?
En primer lugar, el tema de la regulación de la publicidad. La ley establece que todos los alimentos que sean nocivos para los ciudadanos deberán ser regulados por el Ministerio de Salud Pública y colocados en una lista y si están en esa lista no pueden ser publicitados. Yo me temo que eso no va a poder aplicarse porque los productores de alimentos procesados y los importadores dijeron que se si implementa esa medida, la economía se para. Hay cosas que son deseables pero no son posibles y hay un espacio de transición. Otro problema es que todavía no tenemos un tejido social que nos permita generar masivamente una demanda por frecuencias comunitarias en términos sociales. Es una debilidad fuerte que no alcanzó a ser compensada en la ley ni en el reglamento. Otra cosa que se quedó fuera es el primer proyecto que elaboramos en CIESPAL con muchas organizaciones sociales sobre la ley. Este proyecto incluía un aspecto de regulación de nuevas tecnologías y telefonía celular y eso no se incluyó en la ley. Ahí también hay un gran déficit.
¿Y cuáles son, en tu opinión, los aspectos positivos principales que se incluyen en la ley de comunicación y su reglamento?
La ley tiene, desde mi perspectiva, cuatro grandes bloques importantes de conocimiento y de regulación. El primer bloque tiene que ver con la producción de contendidos. Los periodistas, los productores nacionales y las autoridades producen contenido. En menor medida, pero cada vez con más fuerza, los productores nacionales independientes y los productores comunitarios independientes también producen contenido. Hay toda una nueva sepa de gente produciendo contenidos. Y hay en la ley unas reglas para la producción de contenidos. Cuando pienso en la producción de contenidos pienso por ejemplo en las noticias de relevancia pública. En el tema de la información intercultural, educativa, ahí hay unas reglas en la ley de comunicación que favorecen la producción de estos nuevos contenidos. En el reglamento para determinar la calidad del proyecto comunicacional obtiene más puntos el que tiene más allá de los porcentajes de los contenidos educativos, culturales, informativos, interculturales y de producción nacional. Ya no importa si tienes mucho dinero o poco dinero. Si ya lograste demostrar que tienes manera de darle sostenibilidad económica y tecnológica al medio de comunicación, lo que define la adjudicación de la frecuencia es el tipo de programación y contenido ofreces; mientras más contenidos informativos, educativos, interculturales y de producción nacional independiente, más oportunidades tienes de quedarte con la frecuencia. Esto abre otras posibilidades para obtener las frecuencias. Este es un bloque donde la ley de comunicación y su reglamento crean reglas importantes que afirman la democratización.
El segundo bloque es interesantísimo en términos de democratización. Éste es el de las reglas para acceder a las frecuencias de radio y televisión. El reglamento de la ley de comunicación no tiene mayor competencia sobre este asunto porque la autoridad que tiene la responsabilidad de hacer la redistribución no es el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación sino el CONATEL. El CONATEL ha producido este nuevo reglamento que es para revertir las frecuencias mal habidas, que fueron el producto de la auditoría de espectro. Ahí se identificó una serie de frecuencias mal habidas que se deben devolver al Estado. El primer reglamento que se dictó fue para revertir las frecuencias. No hay un número exacto pero hay más de 500 frecuencias y se habla hasta de 750 frecuencias. Ya han empezado los procesos para revertir estas frecuencias. De hecho, hay mucha gente que está devolviendo las frecuencias porque parte de ese reglamento dice: nosotros vamos a señalar administrativamente que usted cometió una ilegalidad al obtener la frecuencia. Usted tiene dos opciones, la una es devolver la frecuencia y no peleamos; y la otra es no devolverla y peleamos. Si nosotros ganamos la frecuencia tiene que ser revertida inmediatamente y si usted quiere hacer una pelea judicial para mantenerse, hágala, pero si ganamos no solo nos devuelve la frecuencia sino que tiene que pagarnos todo lo que le dimos desde que la obtuvo por primera vez. Eso es mucho dinero. Ahí hay un fuerte desestimulo para quedarse con las frecuencias ilegalmente obtenidas, entonces mucha gente ni siquiera necesita un proceso de reversión, muchos prefieren devolver. Junto al proceso de reversión está el proceso de adjudicación. Este proceso sigue teniendo los mismos criterios técnicos y económicos que el anterior. Lo único que marca la diferencia es el informe vinculante que hace el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación basado en los contenidos.
El tercer bloque es el referente a la publicidad. Al principio creíamos que la publicidad no era una cosa que se debía regular en la ley de la comunicación pero estábamos equivocados. No tengo claro quién fue la persona que incluyó la regulación de publicidad pero al incluirla incluyó un espectro que posiblemente las organizaciones sociales no habíamos contemplado y que es bien importante. Los productores y comercializadores de productos importados que son los que mueven la economía real del país, necesitan anunciar sus productos para poder venderlos. Los productos que consumimos en buena medida definen nuestra calidad de vida; si consumes productos transgénicos o con altos grados de azúcar o de grasa o de sal, tu calidad de vida no es buena. Alguien que está vendiendo productos de mala calidad se está enriqueciendo con eso y el mecanismo para vendértelos es la publicidad. Por otro lado, el tema de la publicidad puede definir la sostenibilidad de los medios de comunicación más pequeños. La ley de comunicación tomó dos medidas bien importantes. La primera fue que el 10% de la publicidad hecha para comerciantes privados debe ir a medios que no sean nacionales, sino locales. Esto no quiere decir necesariamente medios comunitarios pero sí medios que no tienen enorme tamaño ni enorme cobertura. Si tú estimas que la pauta publicitaria es de más o menos 500 millones de dólares al año, el 10% de eso son más o menos 50 millones de dólares. Cada una de las 24 provincias debería recibir en teoría un poco más de dos millones 200 mil dólares cada año que no está recibiendo ahora. Esa cantidad podrá parecer pequeña para los grandes medios de comunicación, pero para los pequeños medios eso es una fortuna, puede significar entre existir y no existir. Dos millones 200 mil dólares es mucho dinero si piensas que hay de 45 a 48 frecuencias de radio en cada localidad. Si divides esa plata entre 48, el monto que les queda para cada una de ellas es interesante. No digo que se va a repartir de manera absolutamente equitativa, pero tienes más opción de acceder a esos recursos que antes. Para esta pauta no se definieron porcentajes pero sí se dice que hay que hacer una distribución equitativa entre medios nacionales y medios no nacionales, incluyendo los comunitarios, y que las autoridades públicas deben informar de la medida en que han hecho esa distribución equitativa de la pauta una vez cada año y si no lo hacen, pueden ser destituidas. Entonces, se creó condiciones para que, a través de la pauta publicitaria, pueda garantizárseles a los medios comunitarios no regalos, sino sostenibilidad financiera. Muchos medios comunitarios afirman que si se anunciara por la red de medios comunitarios o alternativos se tuviera el mismo impacto tanto en términos de información como en términos de publicidad que si se lo hiciera por canales masivos, e incluso se llegaría a estratos de consumo que no contemplan los medios masivos. Si logran demostrarlo recibirán más recursos.
Finalmente, el cuarto gran bloque que la ley de comunicación desarrolla es el tema de la institucionalidad y es supremamente importante porque creó el Consejo de Regulación y Desarrollo que va a definir políticas públicas de comunicación social. Latinoamérica viene peleando desde los años 70 por tener políticas públicas de comunicación social y nunca lo ha logrado, y ahora tienes una institución creada para hacerlo, entonces hay la esperanza de que tengamos políticas públicas. Por otro lado, para que se aplique plenamente la ley y el reglamento a veces es necesario hacer ciertos ajustes normativos con reglamentos específicos o con instructivos legales. El Consejo va a hacer eso, tiene una competencia regulatoria. Además, está la Superintendencia de la Comunicación y la Información que permite hacer la exigencia concreta de la ley de comunicación cuando dos o más personas estén en conflicto. Hay un camino de reclamo que antes no existía.
Hay una última cosa ligada a todo esto que tiene que ver con producción de medios audiovisuales y es que la ley de comunicación establece reglas sobre la identificación de contenidos, horarios y pertinencia de contenidos para quien se encarga de diseñar la programación de los medios. Ahí hay un grupo de normas que no solamente están orientadas a los productores de contenidos sino a los gestores de la programación principalmente.
La ley también habla sobre la profesionalización de la comunicación, ¿qué mecanismos se van a llevar a cabo para garantizar el acceso a la creación de contenidos a personas que no tienen un título en comunicación?
Para tener una comunicación de calidad se necesita profesionalización. Todos los empleos permanentes relacionados con la comunicación deben ser ejercidos por el mandato de la ley por comunicadores profesionales, salvo los programas de conocimientos especializados como medicina, economía, y programas de opinión. También están exceptuados de esta obligación quienes realicen, sean o no indígenas, programas en lenguas ancestrales. Se concede un plazo de seis años. También el Estado tiene el compromiso de generar una oferta académica accesible para la gente de los medios comunitarios que están trabajando y que viven en un lugar donde no hay universidades. Se está estableciendo un programa de becas para comunicadores comunitarios.
¿Cómo se va a llevar a cabo el concurso para el acceso a las frecuencias y cómo se va a garantizar la transparencia en este proceso?
En Quito se van a quedar vacantes alrededor de 7 frecuencias este año. Se debe distribuir las frecuencias en tres tercios por zona de operación independiente, que es el dial. La distribución de frecuencias tiene que hacerse valorando sobre todo el proyecto comunicacional. Los medios comunitarios tienen la capacidad de tener una buena sostenibilidad técnica y financiera y si tienen buenos proyectos comunicacionales, tienen derecho a recibir esas frecuencias, pero lo mismo pasa para el sector privado. La idea es que solo los mejores en términos de contenidos reciban primero las frecuencias, aunque otros tengan más capacidad tecnológica o financiera. La idea es reordenar el espectro desde el contenido que se les da a los ciudadanos.
Se entregó frecuencias a 14 radios comunitarias, ¿cuál fue el criterio para la asignación de estas frecuencias?
El criterio para asignar estas frecuencias fue que en el Ecuador existen 14 nacionalidades indígenas. Estas nacionalidades no tenían un medio de comunicación propio, entonces era justo que esas nacionalidades tengan un medio y que ese medio sea de la nacionalidad. El error es que el Estado asumió el montaje de esas radios, la programación, la compra de los equipos, el financiamiento, entonces cada vez son menos comunitarias. Además, para que la radio funcione la comunidad tiene que estar organizada, la comunidad es la que tiene que querer y gestionar el medio, al revés no funciona, lo que creas es clientelas. El problema es que no se lograron asignar las frecuencias de manera definitiva y por lo tanto ellos son ahora, al igual que muchos otros, solicitantes de frecuencias de radios comunitarias y para acceder a la frecuencia tienen que tener un proyecto comunicacional. Esa es una batalla que incluso implica un cambio cultural en las personas concretas y en las comunidades que recibieron las frecuencias y que tienen que participar en el concurso porque si pierden no se quedan con la frecuencia, es poco probable que lo pierdan pero podría pasar.
¿Cómo se va podría garantizar la independencia de los medios comunitarios considerando la necesidad de financiamiento?
Hay un artículo que establece la obligación del Estado de conceder líneas de crédito, no de dar el financiamiento. La línea de crédito es un préstamo en condiciones razonables que te permiten la creación del medio para que luego tu propia actividad permita la recreación del medio mediante publicidad, aporte de la comunidad, financiamiento internacional o cofinanciamiento estatal. El medio tiene que demostrar que tiene manera en el futuro de ser sostenible.
¿Cuál crees tú que es el principal aporte de la comunicación comunitaria al ejercicio del derecho a la comunicación y a otros derechos humanos?
Luhmann decía que la sociedad es un sistema global de comunicación. La comunicación orienta nuestras vidas más allá de la conciencia que tengamos o no de ella. La idea de democratizar la comunicación no es solo de ponerla en muchas manos, sino llenarla de valores distintos. Desde esa perspectiva, la comunicación comunitaria tiene muchísimo que aportar en términos de solidaridad, de coexistencia pacífica con el otro y con la naturaleza, de nuevas visiones de horizontalidad y de admisión de la diversidad como una riqueza. Lo comunitario es otra perspectiva de ver el mundo. Es una perspectiva anti hegemónica, una alternativa diversa de vivir la comunicación, lo que produce una forma diversa de vivir la vida. Tal vez la mejor manera de vivir no está en los valores que proponía la comunicación hegemónica, tal vez hay maneras de vida y de comunicación que resultan más favorables, más bonitas.
Debido a las limitaciones que se les impuso a las radios comunitarias muchas optaron por tener una frecuencia de carácter privado a pesar de que su trabajo es comunitario. Ahora que existe la ley, ¿qué beneficios tendría para estas radios aplicar a una frecuencia comunitaria?
Hay una transitoria que permite pasar de privadas a comunitarias. El principal beneficio es maximizar las posibilidades de conservar la frecuencia porque una vez que se vence el plazo, por regla general estas pasarán al espectro de lo comunitario por razones de la concentración actual. Esto implicaría que quién tiene radios privadas no puede licitarlas como comunitarias. Si tienes una radio comercial o que tuvo licencia comercial pero que en realidad es comunitaria, lo mejor sería pasar al sector de lo comunitario porque desde ahí es más fácil concursar por la frecuencia comunitaria y seguir trabajando desde la perspectiva de lo comunitario porque en lo comunitario todavía hay espacio disponible pero en lo privado está súper saturado.
¿Cuál es la relación entre la comunicación comunitaria con procesos y movimientos sociales?
En los años 70 las radios comunitarias no podían ser ilegalizadas pero estaban supremamente estigmatizadas por las dictaduras militares porque se les consideraba pro-subversivas o izquierdistas y, por lo tanto, estaban muy vigiladas. Tenían poca potencia y prohibición de publicidad, por ejemplo. Cuando uno interpela al poder, a las formas de producir y de consumir, a las relaciones de poder entre hombres y mujeres, cuando uno interpela se convierte un poco en un subversivo, desde esta perspectiva la comunicación comunitaria es la comunicación de la interpelación, es la comunicación que pide justicia, es lo que alimenta de sentido las luchas sociales porque se vuelve el canal de esas luchas y reproductor de las ideas que alimentan esas luchas. Ahí hay una relación muy potente estratégica para la lucha social. Pero no debería agotarse ahí la comunicación comunitaria porque corres el riesgo de volverte panfletario, tienes que proponer ciertos nexos de enlace, de decir: no son luchas particularizadas, son luchas que pueden ser aglutinadas en reclamos generales de bienestar para todos. Además, no todo es pelear, también hay que entretenerse, convivir, esforzarse por entender al otro. La comunicación debe servir también para que los diversos se miren y traten de encontrarse en el otro.
¿Hacia dónde crees tú que va la comunicación en el Ecuador?
Hemos avanzado mucho, este paso es histórico, pero si lo comparas con todo lo que hay por hacer, éste es solo un primer paso. Hay desafíos diferenciados. Los medios públicos tienen el desafío de consolidación en el tiempo y de lograr independencia, lograr que los medios sean realmente plurales, estén habitados por toda la diversidad que constituye el país y que los ciudadanos aprendan a utilizar estos medios en términos de respeto al medio y al resto de ciudadanos. La activación de la institucionalidad también implica un ejercicio de democracia, presentar un reclamo jurídico y conformarse con el resultado de ese reclamo siempre y cuando su procesamiento haya sido legítimo. La distribución de frecuencias y de recursos tecnológicos sigue siendo un desafío porque siempre va a haber gente tratando de apropiarse del recurso. En conclusión, la ley no es un punto de llegada sino de partida.
