tomado de La tinta 

La actual legislación brasileña autoriza el aborto en caso de cumplirse algunas causales. Varones antiderechos presentaron un proyecto de ley que prohibiría el aborto en cualquier caso y que ha sido aprobado por una comisión de la Cámara de Diputados. Las organizaciones feministas repudiaron de inmediato.

El miércoles 8 de noviembre, una Comisión Especial de la Cámara de Diputados de Brasil aprobó, por 18 votos a 1 (18 hombres antiderechos, pertenecientes a grupos conservadores y religiosos contra una mujer), la Propuesta de Enmienda Constitucional 181/2015 que reconoce la vida desde la concepción, poniendo en riesgo el derecho instituido al aborto legal y seguro mediante tres causales ya vigentes en el país: violación, riesgo para la vida de las mujeres y anencefalia (malformación fetal incompatible con la vida).

Más allá de lo que se establece como legal, en lo concreto siguen siendo las mujeres que pueden pagar en clínicas particulares, o que viajan a otras ciudades e inclusive al exterior, las que pueden acceder a este derecho en el país. Las negras, las pobres, pagan con su salud y sus vidas el derecho a decidir.

El próximo paso será volver a la Cámara y luego al Senado. Originalmente, esta era una enmienda para conceder un plazo más largo a la Licencia laboral por maternidad en caso de parto prematuro, pero fue alterada con oportunismo para volverse una plataforma para el retroceso, criminalizando el aborto de manera absoluta en Brasil.


“La PEC atendía inicialmente una reivindicación de las mujeres, que era la ampliación de la licencia de maternidad, pero lo han cambiado. Esto es una pesadilla para las mujeres”, denunció Samia Bomfin, del Frente Feminista de Izquierda.


Esa propuesta legislativa está en desacuerdo con el Consenso de Montevideo adoptado en la Conferencia Regional de Población y Desarrollo de 2013, en el que se reafirman los derechos reproductivos y sexuales y la revisión de las leyes punitivas que restringen la interrupción voluntaria del embarazo, impactando negativamente en los derechos y la salud de las mujeres.

La Pesquisa Nacional del Aborto (PNA) de la organización Anis – Instituto de Bioética lanzada al fin de 2016 demuestra que, sólo en 2015, más de medio millón de mujeres realizaron un aborto e inclusive mujeres religiosas, cuyas creencias rechazan el procedimiento. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) evidencia, en su último informe “Mundos Distantes”, la precariedad de la vida reproductiva de las mujeres brasileñas, en especial aquellas más pobres. Ellas son la mayoría de las 4,2 millones de brasileñas, entre las cuales la demanda por anticonceptivos en edad reproductiva no es atendida. Las jóvenes son duramente afectadas: 20% de las mujeres que han sido madres tienen menos de 20 años. Además, cada 11 minutos una mujer vive una violencia sexual, según un estudio lanzado por el Banco Mundial en 2016. Eso equivale a 130 mujeres por día y casi 50 mil mujeres por año.

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Foto: Midia Ninja

La respuesta inmediata

Activistas y miembros de la sociedad, agrupadas en la Reunión Extraordinaria de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y Caribe en la ciudad de Santiago (Chile), presentaron un pronunciamiento firmado por más de 50 redes, organizaciones y activistas de la región, expresando compromiso y solidaridad con las mujeres brasileras. ¡Ni una menos! ¡Viva nos queremos! ¡No a los fundamentalismos religiosos!


En más de 20 ciudades de Brasil, miles de mujeres se manifestaron el lunes 13 de noviembre para exigir que se anule la enmienda constitucional que fue aprobada en una cama especial de diputados y que criminaliza el acceso al aborto en cualquier circunstancia. Las manifestaciones fueron organizadas por la Marcha Mundial de la Mujeres, Pueblo Sin Miedo, Frente Feminista de Izquierda, entre otros colectivos feministas.


Las mujeres debemos tener el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, nuestra salud y nuestra vida con todo el apoyo de los estados. Las leyes deben brindar soluciones seguras y no castigos. “No podemos y no vamos a aceptarlo. No podemos retroceder en los derechos que hemos conquistado. Son las vidas de las mujeres en peligro” explica el pronunciamiento.

Y continúa, “en nombre de la activista feminista Fátima Oliveira, recientemente fallecida, luchadora por los derechos reproductivos de las mujeres y de la salud de la población negra, en nombre de cada mujer y en nombre de todas, decimos al Gobierno brasileño, a la Cámara de Diputados, al Senado, a la Suprema Corte de Brasil: ¡no renunciaremos a esta batalla!”.

 

 

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