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Con 105 votos afirmativos el ex ministro Patricio Carrillo es censurado por la Asamblea Nacional
Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2
Publicado el 23 de febrero de 2023
El pleno de la Asamblea Nacional convocó el 23 de febrero de 2023, a juicio político al ex ministro del interior, Patricio Carrillo, quien dejó sus funciones en septiembre de 2022. La censura en contra de Carrillo fue aprobada por incumplimiento de funciones durante el Paro Nacional de junio de 2022, el femicidio de María Belén Bernal, falta de seguridad en el país y la crisis carcelaria.
El pedido de juicio político fue ingresado por el asambleísta Peter Fernando Calo de la bancada de Pachakutik y por Jhajaira Urresta de la bancada Unión por la Esperanza, UNES, en julio de 2022. La moción de ambos asambleístas alcanzó 105 votos afirmativos; con ello, Carrillo no podrá ejercer un cargo público en dos años.
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Jhajaira Urresta, asambleísta de la bancada de Unión por la Esperanza, UNES y Peter Calo, de la bancada de Pachakutik, lograron recolectar 57 firmas de respaldo de las 35 que establece la Ley Orgánica de la Función Judicial, para ingresar el pedido de juicio político en contra del Patricio Carrillo, ex ministro del interior, en la Asamblea Nacional.
Pero ¿por qué se busca enjuiciar políticamente al ex ministro del interior?
Patricio Carrillo fue Comandante General de la Policía Nacional durante el gobierno del ex presidente Lenin Moreno. En ese periodo, en octubre de 2019, estuvo a cargo de los operativos de seguridad durante el Paro Nacional que duró 11 días. Las protestas fueron consecuencia de las políticas económicas adoptadas por ese gobierno.
Durante las movilizaciones se dieron casos de ejecuciones extrajudiciales, fallecidos, personas con heridas físicas y psicológicas, personas que perdieron un ojo y quedaron con lesiones permanentes por el impacto de bombas, perdigones u objetos contundentes, violaciones al derecho a la integridad personal y la salud y otras lesiones contra la población civil, según el informe de la Comisión Especial para la verdad y la Justicia, presentado el 17 de marzo de 2021.
Como resultado del informe y la vulneración a los derechos de las personas manifestantes, el ex defensor del pueblo, Freddy Carrión Intriago, presentó una demanda en contra de varios funcionarios públicos del gobierno de Lenin Moreno; entre esos funcionarios, estaba Patricio Carrillo.
Para octubre de 2020, Carrillo compareció ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional y afirmó que durante las protestas de octubre de 2019, la Policía Nacional usó bombas lacrimógenas caducadas para reprimir a la población, como último recurso frente a las manifestaciones.
A pesar del antecedente con el que ya contaba el general Carrillo, en marzo de 2022, el presidente Guillermo Lasso, por medio de una ceremonia en el Palacio de Gobierno posesionó al general Patricio Carrillo como ministro del interior, a través del decreto 383. Durante la ceremonia de posicionamiento, el ex ministro dijo: “es necesario construir un modelo de seguridad integral para enfrentar la delincuencia y el narco Estado”.
La posesión de Carrillo generó malestar dentro de las organizaciones de derechos humanos y del movimiento indígena. Frente a la situación, el presidente de la Conaie, Leónidas Iza, a través de una rueda de prensa dijo que el nuevo ministro del interior fue uno de los ciudadanos que denigraron la lucha social del levantamiento de Octubre de 2019“ y por ello, fue señalado por delitos de “lesa humanidad”.
Durante el período del ex ministro del interior, Patricio Carrillo, enfrentó masacres carcelarias, la crisis de inseguridad, un Paro Nacional de 18 días y el femicidio de la abogada María Belén Bernal en la Escuela Superior de Policía, casos por lo que deberá responder al país y por los cuales fue llamado a juicio político.
Paro Nacional de junio de 2022
El 13 de junio de 2022, organizaciones sociales, sectores populares, el movimiento indígena, colectivos y más, realizaron un paro nacional para demandar la reducción del precio de los combustibles, acceso a tierras, agua, préstamos para pequeños y medianos productores con reducción de intereses, precio justo para los productos del sector agrícola; así como empleo, garantía para el trabajo, y la sindicalización, después de hablar durante un año con el presidente Guillermo Lasso, sin tener ninguna respuesta favorable.
Las manifestaciones duraron 18 días y hubo una serie de vulneraciones de derechos así como el uso excesivo de la fuerza, sin respetar los mandatos de los organismos internacionales en relación al derecho a la protesta y la resistencia.
Según la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, durante los 18 días de Paro Nacional, en su monitoreo de vulneraciones, se registran nueve personas fallecidas, 127 vulneraciones a derechos humanos, 199 detenciones y 318 personas detenidas.
Frente a esto, durante el juicio político al ex ministro Patricio Carrillo, la asambleísta Jhajaira Urresta en su intervención habló sobre la falta de política pública estratégica para el buen vivir, de políticas claras y adecuadas para que la Policía Nacional proteja y cumpla con su misión, por parte del general en servicio pasivo, Carrillo.
Según Urresta, el ex ministro del interior no cumplió con su deber de garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, la seguridad integral y buen vivir dentro de la sociedad democrática y libre de corrupción; ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión; presentar a la Asamblea Nacional los informes que se le hayan requerido relacionado al área que está a su cargo, entre otras cosas.
A todo esto, la asambleísta sumó la falta de preparación de la Policía Nacional para la investigación y con enfoque en derechos humanos, lo que provocó que en el femicidio de la abogada María Belén Bernal, su esposo, Germán Cáceres, un teniente en servicio activo escapara y que la investigación no pudiera avanzar por la negligencia de la policía.
Además, los asambleístas hablaron de cómo el ex ministro Carrillo abandonó su cargo para asistir a la boda de su hija en Estados Unidos, mientras la madre de Bernal, Elizabeth Otavalo pedía respuesta sobre lo sucedido con su hija.
Durante la investigación, el ex ministro del interior, se refirió al femicidio de María Belén Bernal como “un delito pasional, que no se planificó y al no planificar debió dejar muchos indicios y estos permiten hacer trazabilidad para encontrar rápidamente culpable”.
En consecuencia, la denuncia de la asambleísta por UNES, se basa en dos causales: incumplimento de la función establecida en el artículo 3, literal a del decreto ejecutivo 381 que dice “cumplir y hacer cumplir la constitución, leyes, reglamentos establecidos en el ámbito de la seguridad ciudadana”.
La segunda causal es por incumplimiento de las funciones atribuidas para garantizar la seguridad ciudadana, la convivencia social pacífica en el marco del cumplimiento de los derechos humanos, la democracia y participación ciudadana y evaluar la gestión de la Policía Nacional.
Por su parte, el asambleísta Peter Calo, de la bancada de Pachakutik dijo que son cuatro los juicios políticos que se han presentado para el ex ministro del interior, de los cuales, tres de ellos, se encuentran acumulados en un informe que reflejan de manera clara la posibilidad de iniciar un juicio político por incumplimiento de funciones.
El asambleísta Calo manifestó que son diversos los elementos para presentar el enjuiciamiento político en contra de Carrillo: acciones para afrontar el Paro Nacional de junio de 2022, vulneración de derechos constitucionales, pérdida de vidas humanas, personas heridas y falta de cumplimiento de deberes.
A todo esto, el asambleísta Calo recordó el ataque a los centros de paz y ayuda humanitaria durante las manifestaciones de junio de 2022, la toma de la Casa de la Cultura y el arresto arbitrario del presidente de la Conaie.
De hecho, representantes estudiantiles asistieron a la Comisión de Educación Cultura, Ciencia, Tecnología y Saberes Ancestrales de la Asamblea Nacional para pedir juicio político en contra de Carrillo. Mauricio Chiluisa, ex presidente nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, FEUE, dijo que el llamado a juicio es por el uso indebido de la fuerza y la vulneración de la autonomía universitaria durante los días de Paro.
Patricio Carrillo responde
El ex ministro del interior, calificó el proceso de juicio político como una falta democrática y persecución malintencionada. Aseguró que ejerció su cargo comprometido con el país y para dar respuesta a los ciudadanos que quieren vivir en paz y con dignidad. “Creí que era la oportunidad de diseñar, construir, ejecutar, una política pública con un conjunto de acciones perfectamente sistematizadas y planificadas para cambiar una realidad. Me equivoqué, no pensé que el corto plazismo de la Asamblea iba a frustrar esa cometida”.
Según Carrillo, en relación a la crisis de seguridad que atraviesa el país, la violencia y homicidios aumentó de manera exponencial, por ello, desde que llegó a su cargo propuso contener la tendencia de la violencia y trabajó con muchos asambleístas en territorio. Aseguró que trabajó de manera oportuna para desarticular las economías criminales.
Sobre las protestas de junio de 2022, el ex ministro dijo “para la mayoría del Ecuador, en una sociedad tan polarizada, es recordaba como un tiempo donde un grupo de anarquistas con acciones incendiarias pretendieron nuevamente someter y forzar la estabilidad democrática del país por medio de la fuerza. una sociedad sensata no puede aceptar los medios que ya de forma recurrente hacen uso de la protesta para alcanzar supuestos fines sublimes”.
El general Carrillo, insistió en que durante las protestas las policía no usó armamento letal y hay informes que lo respaldan, lo único que se usó, según el ex ministro, fue material antidisturbios.
La votación
Con 124 asambleístas de los 137 que conforman la Asamblea Nacional, se dio la votación a la censura del ex ministro del interior, Patricio Carrillo. De esa forma, con 105 votos afirmativos y 19 abstenciones, el general en servicio pasivo no podrá ejercer cargos públicos durante dos años.
