Freddy Carrión: en el Paro de octubre
“hubo uso excesivo de la fuerza”
Entrevista al Defensor del Pueblo
Por: Ana Acosta @yakuana
Video y fotografía: Roberto Chávez @lamalaactitud y José Mosquera @bluesdebus
Siete informes sobre la situación de los derechos humanos en el contexto de las protestas realizó la Defensoría del Pueblo durante los once días del Paro Nacional de octubre. Testimonios de familiares de víctimas, recolección de información en hospitales, casas de salud, juzgados, flagrancia, cuarteles, morgues. Un trabajo que permitió contar con información oficial, en un contexto de remezón social y político, de una de las mayores movilizaciones sociales de las últimas décadas en Ecuador.
La Defensoría del Pueblo registró once personas fallecidas; doce personas que perdieron un ojo por impacto de bombas lacrimógenas, balas de goma, perdigones; una persona que aún se mantiene en Unidad de Cuidados Intensivos en el hospital, con pocas posibilidades de recuperación; más de mil personas detenidas, un 80% de estas detenciones catalogadas como “arbitrarias”. Todo esto evidencia que existieron “graves violaciones a derechos humanos” y un “uso excesivo de la fuerza” según Freddy Carrión, Defensor del Pueblo.
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Freddy Carrión nos recibe en su oficina, su equipo técnico lo acompaña y le informan que la Comisión de la Asamblea Nacional conformada para investigar lo sucedido en el Paro Nacional emitió ya su informe. “Respaldan la conformación de nuestra Comisión” le dicen mientras le entregan una ayuda memoria en papel. Es casi hora de almuerzo y la “Comisión Especial para la Verdad y Justicia”, al cual el Defensor llama de forma rápida “Comisión de la Verdad”, se encuentra reunida en el piso de arriba. Por resolución defensorial esta Comisión será la encargada de investigar de forma autónoma las violaciones a los derechos humanos sucedidos en las protestas de octubre, y brindar mayor información, datos y contexto que permitan determinar causas, responsabilidades para obtener justicia y reparación.
Confirmar la información sobre fallecidos y heridos en las protestas; clarificar hechos como los sucedidos en el puente de San Roque y el Ágora de la Casa de la Cultura; comprender los alcances de la Comisión Especial, son algunos de los puntos abordados en esta entrevista.
La Defensoría realizó un seguimiento de las protestas del Paro Nacional en Octubre, ¿en qué consistió su trabajo y cómo valora lo sucedido desde la mirada de Derechos Humanos?
Durante los once días que duró la protesta social, del 3 al 13 de octubre, la Defensoría del Pueblo presentó al país siete informes. Detallamos el número de personas que lamentablemente habían perdido la vida, habían sido lesionadas o que fueron heridas, y de las aprehensiones, las personas que fueron liberadas, tanto como de aquellas que se iniciaron los procesos penales, investigación previa o las instrucciones fiscales respectivas.
El trabajo que hizo la Defensoría del Pueblo fue un trabajo bastante importante, sobre todo por el contexto. En ese momento había tanta violencia, represión que reportar. Registrar esos datos generó un esfuerzo importante de la institución, pero lo fundamental era tener información sólida, consolidada, verificable. Sabemos y estamos seguros de aquello, por una convicción de que cuando hay temas de protesta social, que cuando hay temas de violencia, la información es clave para tranquilidad de la ciudadanía; para que inclusive el gobierno maneje información que nos pueda o que pueda tener un impacto dentro de la política pública y de esa manera también garantizar y salvaguardar los derechos de las personas que se encontraban en la protesta social. Ese es un aporte importante que permitió que la institución de derechos humanos también vaya registrando lo que estaba pasando, las violaciones a los derechos humanos que se venían presentando, y de esa manera también alertar al país y a nivel internacional, de lo que sucedía en el país.
Una vez que ya terminó la protesta, con el acuerdo entre indígenas y gobierno, hemos hecho un seguimiento. La Defensoría del Pueblo siguió registrando la información. Hasta el 13 de octubre nosotros teníamos registrados ocho personas que habían, lamentablemente, fallecido, pero luego se incorporaron o se registraron tres personas más que habían estado en las Unidades de Cuidados Intensivos, asiladas en los hospitales y se incrementó al número a 11 personas fallecidas. Es importante destacar que las 11 personas que registró la Defensoría del Pueblo son las que se presentaron en la protesta social, pero no podemos decir que las 11 fallecieron por una acción directa de la Fuerza Pública, sino que 11 personas que del 3 a 13 de octubre fallecieron.
La Defensoría del Pueblo al crear la Comisión de la Verdad, una Comisión Técnica Especial para conocer la verdad, para la justicia y por la reparación, tendrá que determinar las causas, si es responsabilidad directa o inmediata de la acción de la Fuerza Pública o no.
Por ejemplo en el caso de un señor que falleció en el sector de Molleturo, Raúl Chilpe, él fue víctima de un atropellamiento de una persona particular. Como estaban bloqueadas las carreteras, vino un vehículo y le embistió. No podemos decir, bajo ningún punto de vista, que eso fue acción directa de la Policía Nacional, pero, obviamente, eso lo registramos como parte de las personas que fallecieron en la protesta, no como consecuencia directa de la Fuerza Pública. Luego la Comisión Técnica Especial que creó la Defensoría del Pueblo tendrá como función determinar las causas y, obviamente, las responsabilidades que cayeran del caso.
– Sobre las personas fallecidas la Defensoría registra 11 personas, pero el informe de la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos registra sólo ocho personas. Lo que nos dijeron es que no pudieron comprobar los nombres y los datos de dos personas: José Rodrigo Chaluisa y Edwin Bolaños. Quisiera saber si estos nombres que las organizaciones no lograron identificar están confirmados o existe algún error en el registro, sobre todo de una de las personas. ¿Puede confirmar esa información?
Dentro de las 11 personas que nosotros registramos en un inicio se había presentado el caso de Edwin Bolaños que aparentemente era una de las personas que había fallecido o que había estado en la Unidad de Cuidados Intensivos víctima de un impacto de bala. Esa información fue corroborada y no era Bolaños, él no falleció. Es por eso que se corrigió e incluso se dio a conocer dentro de las 11 personas que fallecieron que no se encontraba Edwin Bolaños y hubo la aclaración sobre su nombre.
En el caso de José Rodrigo Chaluisa, yo personalmente estuve en la Casa de la Cultura y se acercó el hermano y me dijo que junto con Inocencio Tucumbi, José Rodrigo Chaluisa también había fallecido. Esta información debíamos corroborarla. Los familiares se acercaron y nos dijeron que falleció.
En estos momentos hemos trasladado a la Comisión de la Verdad nuestros informes a efecto de que se verifique y se constate a través de los protocolos y la autopsia respectiva, además del certificado de defunción que consta, que José Rodrigo Chaluisa ha fallecido, porque hay esta conclusión.
En un inicio la Ministra de Gobierno alertó de que habían dos personas de apellido Chaluisa, uno fallecido en San Roque y la otra cerca de Inocencio Tucumbi en el mismo sector. De esta forma la Comisión de la Verdad deberá determinar de acuerdo a los documentos de respaldo que certifiquen los fallecimientos. Adicionalmente la causa, porque siempre será importante determinar si son personas que fallecieron a consecuencia de la acción de la Fuerza Pública o no. Así determinará la verdad al país y las responsabilidades, el abuso y la violencia policial que se verificó en esos días bastante difíciles para el país.
Como usted dice hay 2 personas que efectivamente mueren por accidente que son Raúl Chilpe y Silvia Mera, pero las otras personas, que son nueve personas más, sus muertes se dan en un contexto en el que participa la Policía Nacional y los militares. Esta participación tiene que ver con persecución de motos policiales en un puente peatonal, disparo de bomba lacrimógena, disparo de bala de goma, perdigones, golpes, atropellamientos, ¿Cómo fue la actuación –con esa evidencia– de la Policía en estas protestas? ¿Hubo uso indebido de la Fuerza?
Yo partiría primero de lo último de su pregunta. Sobre el uso excesivo de la fuerza, la Defensoría del Pueblo siempre lo manifestó: el dispararle a un manifestante a menos de tres metros obviamente que tiene una finalidad distinta de la disuasión; tiene una finalidad de generar un daño o de herir y lastimar mas allá de disuadir. Las 12 personas que perdieron el globo ocular que se encuentran en incapacidad permanente, de por vida y que, obviamente producto de una acción directa de la Policía Nacional o de la Fuerza Pública, les ha cambiado su proyecto de vida, da muestra de que hubo uso excesivo de la fuerza. La alta comisionada de Naciones Unidas también lo deja ver y ratifica el criterio de la Defensoría: que hubo un uso excesivo de la fuerza, un uso desproporcionado de la fuerza y que la Policía Nacional, que las fuerzas militares tienen por obligación, por mandato constitucional respetar los derechos humanos y utilizar la fuerza de manera progresiva, que ponga como eje central y como acción de protección siempre los derechos de las personas.
La protesta se encuentra reconocida como un derecho. La resistencia es un derecho constitucional, es un derecho fundamental, sobre la base de eso quien acuda o ejerza su derecho a la protesta, el derecho a resistir debe ser protegido de ejercerlo, y la Fuerza Pública no puede atribuirse, ni usar fuerza desmedida y abusiva que genere violaciones a derechos humanos. Eso siempre ha mantenido la Defensoría como institución de derechos y ha alertado al gobierno para que ponga los correctivos, pero sobre todo establezca las responsabilidades del caso porque no puede haber impunidad.
Por el otro lado, de acuerdo los testimonios que recogió la Defensoría del Pueblo, sobre las 11 personas fallecidas, verificamos los datos de Edwin Bolaños y no correspondían a la información que nos habían dado, pero son las 11 personas las que hemos registrado. Usted citó dos personas que murieron por atropellamiento, Silvia Marlene Mera y Raúl Chilpe, pero también tenemos otra persona que fallece por atropellamiento, Abelardo Vega, consta como muerte por atropellamiento.
¿Pero ese es atropellamiento de una tanqueta militar?
Bueno, está por atropellamiento. De acuerdo a los testimonios de los familiares de las víctimas le atribuyen a la acción de la Policía Nacional. Este tema se debe clarificar. Lo que la Defensoría en un inicio los once días de protesta, registramos los testimonios de las víctimas. En muertes no declaradas por violentas, no existe la autopsia. Eso también es una preocupación, porque al menos todas las personas deberían tener por lo menos las autopsias que nos permitirían determinar la causa de la muerte, pero no hubo. Eso genera una preocupación para la Defensoría del Pueblo, para la organización de Derechos Humanos.
Sobre la base de eso es que hemos registrado que muchas de ellas es acción directa de la Policía. Por ejemplo en el caso de Abelardo Vega, que muere por atropellamiento frente al puente del hospital Enrique Garcés en el sur de Quito. Ahí teníamos una discrepancia con la Ministra de Gobierno que decía que había fallecido por situaciones distintas a las de la protesta social y que falleció cerca de Cumandá y que no tenía que ver con la protesta social. Nosotros la registramos porque de parte de los mismos familiares atribuyen la responsabilidad directa a la Policía, entonces la registramos como víctima, pero la Comisión de la Verdad será la que determine.
En el caso de Silvia Mera se dice que es un accidente de moto en contexto de protesta con poli trauma grave facial y no se establece la causa. Se ha querido desvirtuar que este ha sido un accidente, pero está dentro de las protestas y se deberá determinar si fue consecuencia de persecución de la Policía Nacional o de las Fuerzas Públicas. Pero eso ya será una tarea de a Comisión de la Verdad y que como está en curso la investigación, sería importante dejarle a la Comisión a que pueda presentar los informes. De esa manera, nosotros no podemos anticiparnos diciendo que sí responde o no a la Policía. Porque es importante determinar todas estas muertes que registró la Defensoría del Pueblo, de acuerdo a los testimonios hay la acusación de la fuerza pública. Quedará por determina ya con documentos con información sensible, más contrastada, si es atribuible a la Policía.
Es importante considerar y esto no le quita la responsabilidad del Estado del uso de la fuerza. Los videos que se registraron a través de los medios alternativos de comunicación, en redes sociales dan cuenta de que hubo uso excesivo de la fuerza; las 12 personas que se encuentran con lesiones permanentes dan cuenta de un uso excesivo dela fuerza y las 11 personas que fallecieron dan cuenta que hubo uso excesivo de la fuerza y la Comisión determinará la responsabilidad atribuible o no al la Fuerza Pública.
¿Cuántas personas la Defensoría registran que se encuentran en Unidades de Cuidados Intensivos y que probablemente pasen a engrosar la lista de fallecidos porque se encuentran graves?
Actualmente hay una persona registrada, está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el Hospital Eugenio Espejo. Ingresó al hospital por un trauma cráneo encefálico severo penetrante por arma de fuego, y tiene secuelas graves. Todavía estamos haciendo el seguimiento debido para ver cómo se encuentra, cual es la evolución de esta persona. Obviamente no se la puede registrar dentro de las personas con lesión permanente o que deriva en la muerte, porque está en evaluación y se tendrá que determinar.
Presentamos un número exacto y todo el informe a la Comisión de la Verdad. La Comisión ha recogido esto y está haciendo inclusive el requerimiento a todas las instituciones, las casas de salud para constatar las personas asiladas y el pronóstico que tienen. Porque aquí entrará un aspecto fundamental. Aquí se dice que la muerte fue por un arma de fuego, habrá que determinar de dónde provino el arma de fuego, porque las armas letales están prohibidas para ser utilizadas en protesta social. Las autoridades del gobierno lo han dicho: no hizo uso de ningún tipo de arma letal. Entonces hay que determinar de dónde provino esta arma letal. Porque las lesiones que se produjeron en los manifestantes son armas no letales, pero que utilizadas de forma muy cercana pueden causar consecuencias letales. Un caso es el de Gabriel Angulo, este muchacho de 15 años, fallecido en Guayaquil, como consecuencia de impacto de una bomba lacrimógena de acuerdo a lo que dicen los familiares y reportes médicos.
Así que todo esto se tendrá que determinarse a través de la Comisión, para acceder, garantizar, alcanzar la verdad. Lo que el país necesita en estos momentos es la verdad.
Hay un caso que hubo mucha desinformación. Es el caso de la persona del escudo y la bandera de Ecuador cuyo video se difundió en redes sociales, que recibe un impacto en la cabeza y cae. ¿La Defensoría identificó a esta persona, está este caso en el informe técnico o ya lo está investigando la Comisión?
Al inicio recibimos la noticia de que esta persona que recibe un impacto y se desploma, ingresa al Hospital Eugenio Espejo, y estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos. Inclusive nos había llegado el reporte de que había fallecido. Al verificarlo, determinamos que no falleció y que se trataba de otra persona. Esta otra persona había tenido una situación similar y estaba en el hospital Pablo Arturo Suárez. Ahí registramos el nombre de esta persona que estaba ya tres días en el hospital que había fallecido y no se lo había reportado.
En el caso del manifestante del video que estuvo en las protestas tenemos la confirmación, e inclusive tenemos un reportaje de El Comercio diciendo que estaba fuera de peligro. Inclusive había reportado dos veces las heridas, la primera por perdigones y la segunda por el impacto de esta bala de goma, pero que no reportaba como persona fallecida. Se mantuvo la reserva del nombre porque podía existir algún tema de procesamiento penal y por lo tanto no se entregó el nombre.
Otro caso es el del puente de San Roque. Hay varios videos en los que las personas que están mirado lo que está sucediendo afirman que tres jóvenes cayeron, tres personas, no solo dos. ¿Ustedes pudieron investigar si había otra persona más aparte de las dos personas que fallecieron que es Marco Oto y José Daniel Chaluisa, o efectivamente solo fueron dos personas las que cayeron del puente?
El video no es completamente claro y sí se ve la presencia de la Policía y de los manifestantes como caen al vacío. Tenemos en nuestros reportes las dos personas que fallecieron Marco Oto y José Chaluisa, este primero tenía una discapacidad cercana al 43%*. Tenemos ese reporte. No tenemos la información de una tercera persona fallecida o que haya tenido una lesión o herida permanente. Nos reunimos con los familiares de Marco Oto y han ratificado que son dos. En el caso de Chaluisa tenemos el reporte y la confirmación de que existían estas dos personas. Sí se ve en el video de que posiblemente podrían ser tres personas, eso no significa que hemos cerrado la investigación. Como se encuentra abierta en la Comisión de la Verdad tendrá la obligatoriedad de determinar si fueron dos o tres personas sobre la base de mayor detenimiento.
Sobre el uso de armas no letales que afirma el Ministerio de Gobierno y el de Defensa que utilizó. ¿Cuál fue el seguimiento que la Defensoría realizó sobre su uso y cuál debería ser el uso de estas armas, en el marco de la legalidad, para que nos se conviertan en armas letales, como en el caso de Gabriel Angulo en el que el disparo va directo a su pecho y le provoca la muerte?
Creo que de acuerdo a lo que establecen los instrumentos y documentos de tratados internacionales sobre protección de derechos humanos el uso debe ser progresivo de la fuerza, necesario y progresivo, o racional y progresivo. ¿A qué me refiero con esto?. De que por ejemplo los videos como el que una moto pasa por encima de un manifestante, esa es claramente un abuso policial, un uso excesivo de la fuerza, arbitrario. Porque cuando una persona está sometida no se necesita infringirle, someterle a mayores actos que vulnere su derecho a la integridad. Cuando una persona está sometida no puede actuar con un uso excesivo de la fuerza. Eso lo dicen las normas internacionales que regulan el uso excesivo de la fuerza.
Como Defensoría del Pueblo nuestra obligación es alertar al Estado y denunciar al Estado cuando se cometan todas estas vulneraciones, porque el uso de la fuerza está autorizado, de hecho el Estado es el que ejerce el monopolio la fuerza, pero esta fuerza debe ir en función del evento, del acto como tal, se debe usar de manera racional y adecuada, que precautele los derechos fundamentales a la vida e integridad de las personas y que tengan como fin disuadir a los manifestantes, más no atacarlos o violentar sus derechos.
Una vez que salga el informe, como ya salió el informe de la alta comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), está pronto a salir el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el informe creado por la Asamblea Nacional para analizar el contexto de la protesta social, y el propio informe de la Comisión de la Verdad establecerá cuáles fueron los problemas y cómo se puede actuar y qué realizar en estos contextos.
De hecho, la Defensoría nos atrevemos a decir que no existe un rango legal para organizar o regular el uso de la fuerza y que es fundamental tener al amparo de una Ley, no solamente de un protocolo o reglamento, sino con rango de Ley, el uso progresivo de la fuerza. Eso nos permitirá establecer los mecanismos necesarios para que cuando existan temas de protesta social se garantice el derecho a la protesta, se garantice el derecho a la integridad, a la salud y a la vida de las personas y obviamente el uso de la fuerza vaya en progresividad, en forma racional y adecuada. Eso será parte de las conclusiones que podemos obtener de los informes que han emitido estos organismos, tanto de Naciones Unidas, Asamblea Nacional y por ende la Comisión de la Verdad de la Defensoría del Pueblo, que permitirá establecer, dónde hubo excesos, cuáles fueron los excesos o cómo se utilizó la fuerza, si fue proporcional, no proporcional, progresiva, y de esa manera establecer las recomendaciones al Estado en lo que necesita actuar.
Tenemos que dejar claro un mensaje: los derechos humanos se deben anteponer a cualquier tipo de uso de la fuerza y el Estado como tal es responsable de garantizar y de proteger los derechos fundamentales y tiene como finalidad supremo y último garantizar los derechos de las personas. Entonces la fuerza debe ir en consonancia con aquello.
Si no hay una ley que norme el uso excesivo de la fuerza, ¿cuál es actualmente el marco en el que se debería haber regido el uso de las armas por parte del Ministerio del Interior, Defensa y Estado?
El Ministerio del Interior tiene un protocolo que de una u otra manera les permitía usar la fuerza y sujetarse a ese reglamento para hacer un uso progresivo de la fuerza. Ese es un reglamento interno del Ministerio Interno que ampara legalmente el uso de la fuerza. Consideremos que al estar en un Estado de Excepción, el gobierno como tal faculta ese uso de la fuerza y restringe ciertos derechos. Es ahí donde se producen esos excesos o violencia desmedida, y es ahí donde debemos reglamentar, regular con un rango de Ley las condiciones en el que la Fuerza Pública pueda hacer uso de la fuerza.
¿La Defensoría tiene conocimiento si se utilizaron armas de sonido o armas acústicas por parte de la Policía en el Paro Nacional ? Registramos varios testimonios en los que personas identificaban que carros blindados iniciaban conteos en inglés y luego emitían un sonido que les aturdía, también varias personas que pernoctaron en la Casa de la Cultura decían que había un sonido permanente en la noche que les afectaba físicamente. ¿La Defensoría tiene conocimiento de que el Ministerio de Gobierno autorizó el uso de armas acústicas no letales?
La Defensoría no tiene registrado ese tipo de denuncias y no sabíamos que se ha utilizado de esa manera para aturdir. Puede formar parte de la estrategia disuasiva de cualquier Fuerza Pública, pero como institución no lo tenemos registrado. Esto tendrá que conocerlo si existe la denuncia respectiva y dependiendo de la investigación, se llegará a determinar si existió o no existió y cuál fue su efecto, qué produjo dichas armas de sonido, y eso será un tema de la Comisión a investigar.
Un tema que quedó en ambigüedad, es lo sucedido en la Casa de la Cultura. Hay distintas versiones de lo que sucedió. En cadena nacional el Secretario de la Presidencia José Augusto Briones afirmó que había 27 periodistas secuestrados, Fundamedios dijo que eran 30 periodistas secuestrados. Incluso Fundamedios afirmó que la ONU medió la liberación, no solo de Policías retenidos, sino también de periodistas. Pero varios periodistas que estuvieron presentes en esa cobertura dijeron que no estuvieron secuestrados y que eso no era real. La Defensoría estaba presente en el Ágora de la Casa de la Cultura ¿Hubo secuestro de periodistas? ¿Cuál era la situación de los periodistas dentro de el ágora de la Casa de la Cultura?
Personalmente yo acudí al Ágora de la Casa de la Cultura cuando nos enteramos que habían retenido a algunos policías. Más allá de la retención física, el mensaje que la dirigencia indígena quería enviarle al gobierno era de detener la represión, pero ese era un mensaje equivocado, porque al retener a los Policías lo que estoy generando es mayor violencia y justificando la represión que pueda venir de parte del Estado. Fuimos claros al decirles a la dirigencia indígena que eso no formaba parte de la protesta social, que al hacerlo deslegitima su propia protesta, muy legítima por cierto en cualquier aspecto de reclamación y reivindicación de derechos, pero cuando empezamos a usar la fuerza deslegitimamos el contenido de nuestra propuesta. Eso fue alertado. Con la intervención de Naciones Unidas y la Defensoría, los Policías que fueron retenidos, fueron liberados en horas de la noche; sin recibir ningún tipo de lesiones, heridas, golpes o maltratos y, de esa manera, se garantizó sus derechos humanos de los Policías, de no ser objeto de ningún tipo de afectación, o maltrato de la dirigencia indígena, y eso quedó demostrado cuando fueron entregados.
Respecto al tema de los periodistas, estuve presente mientras sucedía esto. Desde horas de la mañana, había muchos periodistas, de hecho estaban cubriendo una rueda de prensa que en esos momentos estaba dando la dirigencia indígena, hablé con algunos de ellos. Efectivamente estaban de una u otra manera para cubrir la rueda de prensa, luego me retiré a tratar con las Naciones Unidas y con la dirigencia indígena para lograr la liberación de los policías retenidos, y hasta ahí terminó la participación de que se los iban a liberar a los Policías. Nunca se habló de que los periodistas también se encontraban retenidos porque indudablemente hubiéramos acudido a tratar de lograr su liberación. Lo que sí había una imposición de que cubran lo que estaba pasando, de que cubran los hechos a nivel nacional y en la Casa de la Cultura había una recriminación a ciertos medios nacionales de que no estaban cubriendo esas noticias, y esa era la exigencia indígena. Llegar a hablar de un secuestro de los periodistas yo no lo haría de esa manera. Tomemos en cuenta que estábamos en un contexto de protesta social, en el que ellos se encontraban en el Ágora de la Casa de la Cultura, en el que exigían que se cubra la noticia, realmente lo que estaba pasando en el país, había divergencia, había muchos reclamos de parte y parte, un momento muy tenso, que podría ser tomado como que yo estaba retenido contra mi voluntad. Eso ya será un tema que la misma Fiscalía llegará a determinar si hubo o no un acto de retención y secuestro. De lo que pude ver, existía la obligación de la dirigencia indígena de que los medios cubran esa noticia, que no lo estaban haciendo, y ese era el reclamo, y el problema se suscitó por ese tipo de coberturas que no la estaban dando adecuadamente.
Inclusive nosotros fuimos testigos porque acompañamos a Freddy Paredes a que salga del Ágora de la Casa de la Cultura y llevarlo a su vehículo y ahí fue objeto de una agresión que no era parte de los indígenas, pero que fue una persona que lo agredió por la espalda y que nosotros pudimos localizarlo, identificarlo y denunciarlo; porque la Defensoría denunció al agresor del periodista Freddy Paredes ante la Fiscalía para que empiecen los procesos correspondientes.
Yo creo que aquí cabe una puntualización. La violencia venga de donde venga no será tolerada y si la violencia se generó desde la protesta, quienes lo ejercieron deben ser investigados y bajo un debido proceso sancionados, pero del lado también, de parte de la Policía de igual manera, la represión violenta como hubo y se dio en el contexto de la protesta social no puede ser tolerada, porque afecta derechos, porque puso en riesgo una serie de derechos que deben ser denunciados.
¿Entonces, ustedes en conjunto con Naciones Unidas no mediaron la liberación de ningún periodista?
Nunca se habló de que los periodistas se encontraban retenidos, eran directamente los Policías, por los Policías acudí a lograr su liberación.
Sobre la Comisión Especial para la Verdad y Justicia que investigará las violaciones a los derechos humanos sucedidos en el Paro ¿Cuál es el alcance de está Comisión de la Verdad, hasta dónde puede llegar, qué implica su trabajo y cuánto tiempo tiene?
De acuerdo a las facultades legales que la Defensoría del Pueblo tiene, se creó mediante una resolución defensorial la Comisión Técnica que investigará los hechos sucedidos en en el Paro Nacional en el mes de octubre. Su mandato es investigar. La Defensoría trabajó sobre la base de los informes realizados en las casas de salud, testimonios, lugares de detención, flagrancia, a efectos de determinar las personas aprehendidas, heridas y fallecidas. Es fundamental también llegar a determinar las causas y participación de la Fuerza Pública; los contextos que se dieron; cuántas personas fallecieron y por qué causas atribuibles o no a la Fuerza Pública, las fuerzas de seguridad.
Es decir, este es un trabajo que la Comisión se encargará de buscar la verdad, porque de parte del Ministerio de Gobierno se dio una cifra y la Defensoría entregó otra. Pero es importante que se entregue un consolidado, que se entregue la verdad y parte de la verdad nacerá de la investigación de la Comisión de la Verdad. Tendrán 90 días para investigar y es un tiempo suficiente en el que los comisionados tendrán que determinar si se necesita unos días más, o unas semanas más para sacar un informe verificable, contrastable. De esa manera el país tendrá a su conocimiento lo que pasó en el mes de octubre la protesta social, las violaciones a derechos humanos, la violencia que se presentó, para derivar a los organismos respectivos, como es la Fiscalía, la propia función judicial, en el evento de que haya cometimiento de los delitos y también de parte de la Fuerza Pública, determinar responsabilidades que tuvieren respecto a la acción que desplegaron durante esos días.
¿Cual es el uso del informe cuando esté presentado dentro de noventa días? ¿Puede determinar niveles de responsabilidad y ustedes pueden determinar acciones por parte del Estado?
Los informes de las Comisiones de la Verdad, no solo en el caso del Ecuador sino a nivel internacional, siempre tienen un efecto muy importante a nivel moral. De hecho la Defensoría no tiene la facultad jurisdiccional, sino ejercemos una magistratura ética, y esto significa que, de una forma autónoma e independiente, cuando hay una violación a los derechos debemos mencionarla, denunciarla, exhortar a los gobiernos, a los Estados a cumplir con los derechos humanos. De la misma forma la Comisión de la Verdad creada por esta Defensoría sacará un informe que permitirá conocer la verdad, establecer la responsabilidad, conocer las causas de lo que sucedió, el contexto, la participación de la Fuerza Pública, la violencia registrada, y de esa manera presentar al país para que sean las autoridades correspondientes como el Gobierno Nacional y Fiscalía General, función Judicial las que actúen en el marco de sus competencias.
La Defensoría no sustituye a ningún órgano judicial o público, lo que entrega es un insumo adicional fruto de una investigación desde un enfoque de derechos humanos, para que las autoridades sean las que establezcan las responsabilidades y las sanciones respectivas.
La Comisión está conformada por cinco personas, tres de los cuales, más que una trayectoria en defensa de derechos humanos tienen una trayectoria política: Rosalía Arteaga, Juan Carlos Solines, Xavier Zabala. ¿Cómo garantizar que esta comisión investigue las violaciones a derechos humanos sin un sesgo político a favor del gobierno?
Los objetivos principales de conformar la Comisión es de tener personas con solvencia y prestancia en Derechos humanos o temas de derecho internacional humanitario. En el caso de Rosalía Arteaga, el haber sido presidenta de la República creo que es la más alta magistratura del país que da cierto prestigio y reconocimiento moral. Jamás podríamos desconocer su relevancia y prestancia ya sea como política, ex presidenta y educadora de juventudes, pese a tener o no un sesgo. Pero lo importante es que no puede tener un sesgo sobre la base de los hechos presentados, son los hechos los que deben hablar y los comisionados deben canalizar el trabajo de testimonios, realizar las audiencias pero indudablemente no podrán determinar un sesgo ni a favor, ni en contra del gobierno. Porque aquí no se trata solo de señalar a un culpable, sino que el país encuentre la verdad de lo que pasó, sancione y responsabilice el uso excesivo de la fuerza que se presentó, restablezca y restaure los derechos de las personas que se encuentran lesionadas y es importante que los comisionados vengan desde diversas vertientes.
En el caso de Juan Carlos Solines es un abogado de prestigio y sí participó políticamente, pero eso no le quita su solvencia, calidad moral para realizar un proceso de investigación en temas de derechos humanos, en donde la Defensoría se convierte en la parte logística para darle la información, para que sea procesada para entregarle al país, y es el país el que tendrá las conclusiones más allá de las versiones particulares de cada uno de ellos.
Respecto a Xavier Zavala el país conoce su trayectoria por estar en el Consejo Transitorio y en las comisiones anticorrupción, también le da solvencia a la hora de investigar y presentar al país los hechos que pasaron. Es importante de que sean cinco comisionados, porque entre los cinco evaluarán y discutirán la investigación para presentar al país el resultado. No son jueces para determinar si una persona es o no responsable, sino entregar al país, y las autoridades.
De una forma más explicativa y clara, ¿qué implica investigar violaciones de derechos humanos y la creación de esta Comisión?. Muchas personas, incluso autoridades, han dicho que la Defensoría no está velando por los derechos humanos también de los Policías agredidos, del un policía que perdió un ojo, de las mujeres policías que denunciaron abuso sexual. ¿Cuál es la diferencia entre abordar ese tipo de agresiones hacia la fuerza pública por parte de manifestantes, y cuál es la diferencia con el tema de la garantía de derechos humanos por parte del Estado que tiene que investigar esta Comisión?
Cuando hablamos de derechos humanos, debemos partir del concepto de que todos tenemos derechos humanos, ya sean Policías, militares o sociedad civil; absolutamente todos. La condición del ser humano, nos da o lleva intrínseco el derecho y los derechos que nos encontramos asistidos. Esa es una verdad absoluta que no admite duda. Otra situación es el agresor o de quién viene la agresión. Si la agresión viene de un particular, cualquiera que este sea, y me afecta a mi derecho, estamos hablando de un delito o contravención que tiene que ser juzgada por los organismos competentes como Fiscalía y Función judicial. Pero cuando la agresión viene de parte del Estado, que además tiene la obligatoriedad de garantizar los derechos humanos de todas y todos, indudablemente estamos hablando de un contexto de violaciones a derechos humanos. Actualmente la Fiscalía General del Estado y la Función judicial del Estado han entrado en conocimiento de los casos violentos o que derivaron en actos delictivos de parte de los manifestantes y tendrá que proceder con el inicio de los juzgamientos o investigaciones, a efecto de juzgar y sancionar. Pero ese es un tema netamente de investigar y sancionar actos delictivos y que fueron cometidos por algunos manifestantes, que tendrán que responder a la justicia por la violencia con la que actuaron, porque la protesta social tiene implícita la obligación de protestar pero sin violencia.
Respecto de la Fuerza Pública que actuó, que reprimió a la protesta social se tiene que establecer la investigación del caso, porque no amerita, no justifica; ningún tema de protesta social puede ser justificación para actuar de una forma violenta en la represión. Ahí es cuando hablamos del contexto de derechos humanos y violaciones a derechos humanos, porque ¿quién puede cometer violación a derechos humanos? solo el Estado. Es el Estado que tiene la obligatoriedad de garantizar mis derechos. El Estado tiene el monopolio de la fuerza, al utilizar la fuerza se pueden cometer violaciones a derechos. Ahí donde entran todas las violaciones a derechos respecto de interpelarle al Estado sobre el uso y los actos que cometió, si esos actos violaron o no los derechos de las personas. Cuando cometen los particulares estamos en otro ámbito de acción de los propios órganos de justicia.
En ese ámbito de las violaciones a los derechos humanos en los que el Estado debía ser el garante y no el violador de Derechos Humanos ¿Cuáles son los niveles de responsabilidad que el Estado debe asumir?
Dependerá de los resultados, conclusiones y recomendaciones que salga de la Comisión. Si vemos que la Fuerza Pública ha actuado con un uso excesivo de la fuerza pues la responsabilidad del Estado será de preparar y capacitar a su personal a efectos de que en cualquier tema de protesta social o de control social actúen de acuerdo a los parámetros legales y sobre todo internacionales de protección de los derechos. Porque la protesta es un derecho, que no puede ser vulnerado de tal forma con un uso excesivo de la fuerza.
La Policía Nacional deberá, dependiendo del informe de la Comisión de la Verdad, entrar en capacitación y formación que permitan garantizar los derechos humanos y así se determinará una serie de responsabilidades que se tendrán que establecer a nivel político del Estado y del gobierno que debe adecuarlas. Esto es más o menos lo que suele suceder cuando existe una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), qu
e establece una serie de recomendaciones que el Estado tiene que adecuar. De la misma forma o con el mismo sentido deben ir los informes para saber cuáles son los pasos a seguir para que esto no se vuelva a repetir, porque el objeto fundamental de una justicia reparativa, es que esto no se vuelva a repetir.
En cuanto a las responsabilidades políticas que tienen, por ejemplo la Ministra Romo dijo que ella no tenía responsabilidad política sobre la operatividad de la Policía Nacional , por ende el Ministro Jarrín tampoco tendría la responsabilidad política sobre las Fuerzas Armadas ¿Cómo se determina en el caso de violaciones de derechos humanos las responsabilidades también políticas ?
En el tema de la responsabilidad política ya no es un competencia de la institución de derechos humanos. Nos limitamos a exigirle al Estado, al gobierno como institución que lo principal es garantizar los derechos humanos. Quien disponía, quien manejaba, comandaba el operativo del mes de octubre, obviamente son responsabilidades políticas que les cabe a cada gobierno, en este caso el presidente de la República, determinar si continúan o no, cambian o no. Eso ya es atribuciones del presidente y por ende también de la Asamblea con el control político.
La Defensoría del Pueblo, las organizaciones de derechos, presentan un informe que establece cuáles las violaciones de derechos humanos y la responsabilidad que le cabe al Estado. Es el Estado o el Gobierno Nacional el que determinará cada una de las responsabilidades sean políticas individuales y legales que tiene cada una de las personas que actuaron, obviamente en uso de la potestad pública que se le atribuye al Gobierno.
