Organizaciones feministas exigen aprobación inmediata de ley de Interrupción Voluntaria del embarazo en caso de violación
Por Gabriela Peralta
Publicado 01 de diciembre de 2021
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La Fundación Desafío, la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, la Asociación Mujeres con Voz y la articulación Trenzando Feminismos convocaron a una rueda de prensa, en los exteriores de la Asamblea Nacional, para debatir y analizar el borrador del primer informe de la Ley de Interrupción Voluntaria del embarazo en caso de violación.
Consuelo Arequipa, integrante de la Organización de Mujeres Interculturales de Quito (OMIQ), señaló “Esta lucha es por las mujeres empobrecidas, por las que no tienen recursos para poder asistir, en casos de violación, a interrumpir su embarazo. Exigimos a la Asamblea que trabaje en favor de todas las personas que pueden gestar”, dijo.
Asimismo, Virginia Gómez de la Torre, integrante de la Fundación Desafío, señaló, “El aborto por violación ya es legal en el Ecuador; lo que tiene que hacer la Comisión de Justicia es aprobar una ley que ya tiene un documento que fue elaborado por la Defensoría del Pueblo”.
A decir de Virginia Gómez, el documento tiene que ser mejorado y, “en ese documento se tienen que basar”, dijo. Gómez, además, aseveró, que la presencia de las organizaciones feministas en los exteriores de la Asamblea Nacional era también para “denunciar las posiciones de bancadas como la de Pachakutik que está planteando, desde el Asambleísta Vanegas, una posición y una ley retrógrada, una ley anticonstitucional que, desde las organizaciones de mujeres, exigimos debe ser archivada, debe ser eliminada de este proceso”.
Virginia Gómez de la Torre también se refirió a la objeción de conciencia, “Es una responsabilidad del Estado garantizar que en el sistema de salud no existan objetores de conciencia. Debe garantizar el acceso al sistema de salud con toda la tranquilidad y la posibilidad de interrumpir el embarazo en caso de violación, sin que exista este fantasma de que va a haber médicos u obstetras que les digan que no. La objeción de conciencia no puede estar por encima del derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo porque eso ya es ley”, asintió.
Finalmente, instó a la Asamblea Nacional a aprobar la ley en el tiempo estipulado, es decir, la Asamblea tendrá hasta el 28 de diciembre para responder.
Por su parte, Gabriela Gómez, integrante de Trenzando Feminismos, ratificó, que las organizaciones feministas se mantienen vigilantes y trabajando permanentemente en pro de los derechos de las mujeres, “La dilación de la Asamblea de entregar la ley que es tan necesaria para la vida de las mujeres, las niñas, las adolescentes y las personas con posibilidad de gestar constituye una nueva omisión en su deber de garantizar sus derechos”.
Asimismo, dijo rechazar “de manera frontal y tajante” la propuesta del Asambleísta Vanegas, porque “su propuesta equivale a la derogación del aborto terapéutico. La ley que necesitan las mujeres es una ley que tiene que ser expedita y para esto, la ley tiene que ser accesible para poder ser reparadora, que no tenga plazos, que los requisitos sean mínimos y relacionados al consentimiento y a la petición de la mujer y personas con posibilidad de gestar”, indicó.
De igual forma, Kuymi Tambaco, integrante de Runas Feministas, alzó su voz: “Queremos denunciar, como mujeres indígenas feministas, el silencio de dos asambleístas de la bancada Pachakutik ante este proyecto antiderecho del Asambleísta Vanegas. Lo denunciamos públicamente y exigimos que no se apruebe”.
Por su parte, Rocío Rosero, integrante de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, se sumó a la exigencia de aborto por violación. “La Asamblea Nacional tiene que aplicar los más altos estándares de derechos humanos de las mujeres en la formulación, los ajustes del proyecto de ley”.
Las cinco representantes de organizaciones feministas reiteraron que se archive el proyecto de ley de Ricardo Vanegas y que se ejecute el Proyecto de Ley de Aborto por Violación de la Defensoría del Pueblo.
“Los asambleístas tienen que regirse a lo que hemos entregado: argumentos de justicia social, de salud pública; argumentos técnicos, científicos y de derechos humanos que no pueden estar enmarcados en una ley como la de Vanegas que es una ley antiderechos y dogmática basada en el moralismo personal de ciertos grupos que se oponen al avance y progresión de los derechos”, cerró diciendo, Gabriela Gómez.
La Asamblea Nacional tenía seis meses para aprobar una ley que regule la interrupción voluntaria del aborto en casos de violación, según el dictamen enviado por la Corte Constitucional en abril pasado.
