El ‘Noboa bukelista’ y lo que dejaron las protestas en contra la cárcel en Archidona
Por: Maria Luiza Muniz
Publicado 24 de febrero de 2025
En los últimos días de 2024, el aumento en la temperatura de las movilizaciones sociales ya se sentía virtualmente y desde el cantón de Archidona, en la provincia amazónica de Napo. La población local se puso en vigilia permanente durante 15 días, en contra de la construcción de “mega cárceles” millonarias, denunciando la falta de transparencia, sobre todo por su ubicación junto a territorios indígenas. Con estos antecedentes, quedaban expuestos los riesgos de utilizar la “política de seguridad” como salvoconducto para acciones ilegales; sean las detenciones arbitrarias, como en el caso emblemático de los Cuatro niños de Guayaquil, o los procesos reservados para construir las estructuras de un sistema carcelario masificado.
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En Ecuador, el “conflicto armado interno”, enunciado al inicio de 2024 y de su propio mandato, trajo cierta materialidad a una sensación de inseguridad que creció en los últimos años, desbordando de los centros urbanos hacia los pueblos más pequeños. Con diversos frentes de batalla, el mandatario anunció la construcción de dos cárceles de máxima seguridad, algo que fue recibido con entusiasmo punitivista por una parte de la población ecuatoriana, ansiosa por soluciones rápidas y palpables.
Sin embargo, para las comunidades donde estas mega cárceles buscan ubicarse no fue así. La posibilidad de tener en el vecindario una de las estructuras carcelarias anunciadas por Noboa generó un profundo rechazo en la Comuna Ancestral Bajada de Chanduy, en la provincia costeña de Santa Elena, y para la ciudadanía de Archidona, provincia Amazónica de Napo, en gran parte formada por comunidades indígenas. Esta última comunidad impulsó una protesta durante 15 días, en contra de la cárcel, por su grave impacto socio-ambiental y cultural.
En la tarde del lunes, 16 de diciembre de 2024, la noticia sobre la reubicación de la mega cárcel de Archidona a Salinas, en Santa Elena, prometía un aliento a la población amazónica tras varios días de movilizaciones, mientras se colocaba más agua al caldo desbordante de la turística Salinas, donde el noticiario indica la intensificación de una guerra interna que involucra a pescadores pobres y a poderosos narcotraficantes de bandas como Los Choneros o Los Lobos.
¿Un Bukele ecuatoriano?
Noboa no es Bukele, y esta es la parte buena de la historia; es decir, Noboa aún no ha logrado llegar al nivel “mega” de la política de encarcelamiento masivo bukelista. Esta ha sido previamente criticada en otros países, como en el caso brasileño, con la tercera población encarcelada del mundo, más de 800 mil presos, de los cuales 70% son afrodescendientes (Fuente: Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 2023).
Lo que se está prometiendo implementar en Ecuador – y sería un proyecto reforzado con la aprobación de Noboa en las elecciones presidenciales – es un modelo carcelario que ha fracasado en otros países. A esto se suma que las dos construcciones buscan hacerse en territorios de pueblos y nacionalidades indígenas y estas no han tomado en cuenta la consulta previa. En el casos de Archidona (ya reubicado) y de la Comuna Ancestral Bajada de Chanduy esto pondría en peligro un amplio territorio comunal.
En medio al apuro pre electoral, tampoco hubo espacio para trámites licitatorios que suelen impedir arbitrariedades y abusos en la contratación pública, favoreciendo acuerdos de escasa transparencia como el realizado con la empresa Puentes y Calzadas Infraestructuras, subsidiaria de una controversial estatal china, la China Road and Bridge Corporation,CRBC.
Los potenciales impactos imponían una desfavorable relación de costo-beneficio, denunciada por las respectivas poblaciones. Además, diversos expertos muestran que una política eficiente y duradera de combate al narcotráfico y al hacinamiento en las prisiones debe avanzar en dirección opuesta al encarcelamiento masivo que gana espacio en la prensa amarillista y en gobiernos que adoptan el populismo penal. En pocas palabras: invertir en el encarcelamiento masivo es una inversión en la violencia. Este es el diagnóstico repetido por Camila Caldeira Nunes Dias, con larga trayectoria investigativa sobre temas como el sistema penitenciario, crimen organizado, seguridad pública y violencia criminal. Desde el complejo caso brasileño, la investigadora es asertiva al afirmar que, en ningún lugar del mundo, jamás, las prisiones han demostrado una eficiencia en la reducción del crimen o de la violencia.
La entrada del Ecuador en el ranking de los países más violentos del mundo es un fenómeno relativamente reciente. En 2023, Ecuador fue clasificado como el 11º país más violento del mundo según el Índice Global de Crimen Organizado, de la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC). Luego, vale mirar la realidad de países que han convivido durante más tiempo con los dilemas del combate a la violencia en general, y particularmente los problemas de un sistema carcelario que se retroalimenta de las voluptuosas inversiones, tanto públicas como de capital privado.
Según Luis Córdova, director del Programa de Investigación Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central del Ecuador, hay bastante incoherencia en la decisión de construir cárceles al mismo tiempo que se mantiene la política de “guerra interna y el apresamiento masivo que se dio al inicio del año según las cifras del gobierno”. Córdova analiza que la intención sería de “reestratificar a las personas privadas de libertad (PPL) y aislar a los más peligrosos”, pero “no se está resolviendo el problema del hacinamiento, en verdad se está agravando, ya que el gobierno detiene a más personas en el contexto del conflicto armado interno, alimentando aún más a la población carcelaria”. El investigador observa que la incoherencia diagnosticada “nos muestra que no hay una política, una estrategia, no hay un plan, lo que hay es un montón de decisiones alocadas que no guardan coherencia de unas con otras y más parecen poner paños fríos a los problemas que alcanzan altas temperaturas”.
Sin embargo, Córdova no clasifica a las cárceles anunciadas por Noboa como un ejemplo comparable al “modelo bukelista”, diferenciando lo que serían las “mini cárceles” proyectadas con capacidad para alrededor de 800 PPL y las mega cárceles para 40 mil reos que han sido ostentadas como la solución del mandatario salvadoreño para reducir los índices de violencia y criminalidad en su país. “No creo que es un modelo bukelista desde este punto de vista, no se trata de un modelo de encarcelamiento masivo, sino más bien de profundizar la privatización carcelaria a partir de una segmentación de la población, y lo que intentarían es crear dos recintos carcelarios para llevar a quienes ellos consideran objetivos de alto valor, cabecillas de las pandillas o de las organizaciones criminales”.
Si bien las cárceles anunciadas en la gestión de Noboa no alcanzan la magnitud del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), con sus 116 hectáreas, la falta de información y transparencia desde los procesos de contratación nos permiten establecer algunas similitudes. Un reportaje detallado de la BBC informa que, poco tiempo después de su funcionamiento, el CECOT ya se había convertido en un símbolo de aislamiento, con varias acusaciones sobre la falta de transparencia en el régimen de excepción impuesto, en marzo de 2022, tras el registro de 76 asesinatos en apenas 48 horas. Desde el inicio del régimen de excepción, casi 70 mil personas han sido detenidas, con la suspensión de garantías y denuncias de graves violaciones en contra de los derechos humanos, incluyendo prisiones arbitrarias, tortura y muertes. Miles de salvadoreños, según el reportaje, han estado por varios meses sin noticias de sus familiares, reforzando la similitud con el caso ecuatoriano en un punto clave: el silencio y la falta de transparencia permiten a los funcionarios del Estado gozar de un salvoconducto amplio y supuestamente irrestricto, un peligro para cualquier democracia.
“Lo que sí podemos decir es que hay un enorme manto de silencio, de sigilo, que intenta ocultar las contrataciones, pero no solo del sistema carcelario, hay el decreto 206 del presidente Noboa, de 21 de marzo de 2024, que declaró como reservada toda la información relativa a contrataciones en el sector público, entonces no es apenas el sector carcelario, pero todo el sector público de seguridad, lo cual involucran las cárceles, la policía, los militares”, dice Córdova, para quien esto impide periodistas, sociedad civil, academia, puedan observar cómo, de qué manera, y en qué se están invirtiendo los recursos, generando un “enorme negocio de la inseguridad”.
“Si tomamos en cuenta los últimos informes de Insight Crime sobre la situación en Ecuador, queda bastante claro que mientras no se logre abrir a los familiares, en primer lugar, hacer cárceles más abiertas y no más cerradas, no se va a desactivar la violencia interna en las cárceles, mientras no se logre reducir drásticamente el número de presos para mitigar y eliminar el hacinamiento, los mecanismos del negocio que son las cárceles no serán eliminados”.
En medio de un régimen de silencio, las comunidades de Archidona y Santa Elena fueron sorprendidas por la llegada de una “mega” construcción, al menos para los patrones locales, donde están ubicadas comunidades dedicadas al turismo, que mantienen su cultura con elementos ancestrales. El documento disponible en la página de Compras públicas del Estado asegura que las obras en el caso de Archidona (suspendido tras los 15 días de protestas) contaba con los “debidos estudios y diseños definitivos, pero que los mismos son reservados”, razón por la cual quedan dudas sobre el valor de la contratación: US$ 55 millones.
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“Desarrollo” y “seguridad”: ¿salvoconductos para la ilegalidad?
Tras 15 días de protestas, fue “suspendida” la construcción del Centro de Privación de Libertad en Archidona, sin embargo, quedan algunas inquietudes entre los moradores de la provincia amazónica de Napo, particularmente debido a la ofensiva de la minería industrial sin los debidos procesos de consulta previa, libre e informada.
Al retroceder en su decisión inconsulta de implantar una estructura con potenciales impactos sociales, culturales y ambientales en territorio indígena amazónico, el gobierno de Noboa ha seguido el mismo guion trazado con el Decreto presidencial 754 que ignora los derechos colectivos de los comuneros de los cantones Las Naves y Sigchos, cuyos territorios fueron ocupados a mediados del presente año por fuerzas militares y policiales, asignadas para garantizar la concesión minera a la empresa canadiense Atico Mining Corporation, que debe ocupar una superficie territorial de 2.222 hectáreas, con un frágil respaldo legal. El mismo Decreto presidencial ha sido declarado inconstitucional en sentencia de la Corte Constitucional, para quien “aquellos aspectos de la consulta ambiental no pueden ser regulados a través de un reglamento”.
¿Qué tienen en común los dos temas: seguridad y minería? Los ejemplos mencionados indican atropellos a la legalidad, debido el apuro de Noboa en presentar a su electorado los avances de su gobierno transitorio, tanto en el ámbito del desarrollo económico – supuestamente alcanzado con la ampliación de concesiones mineras y licitaciones petroleras –, y cuanto en la contención de la sensación de inseguridad.
Sin embargo, la historia nos ha enseñado los riesgos de instrumentalizar la ley, de modo excepcional y autoritario, para agilizar determinados procesos que exigen cambios estructurales y de largo plazo, constantemente postergados.
Breves lecciones desde Archidona
El historiador Omar Bonilla, docente de la Universidad Central del Ecuador e investigador de la amazonía, se apresuró en evocar en su cuenta de X, antes Twitter a la historia de los naporunas (pueblos indígenas de Napo), con el legado de Jumandi, conocido como más importante y aguerrido Cacique de los Quijos, en una región donde los pueblos se han caracterizado por sumar alianzas. “Esta no fue una lucha solo de Archidona”, escribió durante las protestas. “Las paralizaciones naporunas y mestizas contaron con apoyo wao (waorani) y se extendieron a territorio Shuar y Canelo, demostrando la solidaridad y unidad de las nacionalidades indígenas del Ecuador” – dijo Bonilla, recordando la importancia de una articulación local, regional e internacional como “eco” de la resistencia indígena en el pasado.
A su vez, Andres Tapia, PhD(c) en Educomunicación en la Universidad de Investigación de México UIIX y ex dirigente de comunicación de la Confeniae analiza las jornadas de resistencia contra la construcción de una cárcel de máxima seguridad en Archidona. Según él, las protestas fueron una victoria de los pueblos amazónicos, ya que al parecer “obligaron al gobierno a dar un paso atrás con un proyecto de mega cárcel al estilo Bukele, siendo parte de una estrategia geopolítica de la derecha neoliberal en el continente”. Además, sobre las estrategias de comunicación utilizadas, se las destaca como un componente importante para visibilizar la problemática existente no solo a nivel local y regional, sino nacional e internacional, “logrando establecer incidencia mediática y posicionar las narrativas del pueblo movilizado ante la opinión pública”. Tapia resalta que hashtags como #AmazoniaSinCarceles o #AmazoniaEnResistencia, así como #Archidona, #Napo y #Pastaza fueron tendencia nacional en la red de Elon Musk (ex Twitter), durante los 15 días de movilización.
Esto sugiere que estrategias de comunicación y encuadre mediático (teoría del framing, en inglés) pueden ser un antídoto fundamental a la falta de transparencia gubernamental y al pacto de silencio con algunos medios privados. En este caso, los pueblos indígenas ecuatorianos, particularmente amazónicos, ya tienen acumulada cierta experiencia desde hace años de contra-información, en territorios conflictivos y zonas de ampliación de la frontera petrolera y de la megaminería.
