El grito de las niñas: ¡Apaguen los mecheros!

Por: Génesis Anangonó Ch. @genestefa

Edición general: Ana María Acosta @yakuana

Ilustración portada: Andrea Venturini

Publicado 21 septiembre 2021

Denisse, Dannya, Yamileth, Leonela, Rosa, Skarlett, Mishell, Kerly y Jeyner, antes del 20 de febrero de 2020, no se conocían pero tenían algo en común: crecieron mirando gigantes mecheros que emanan fuego y gas con olor penetrante.

Las nueve niñas, todas menores de catorce años, ganaron una batalla al poder petrolero en Orellana, la Amazonía norte de Ecuador, después que, el 20 de febrero de 2020, presentaran una acción de protección en contra del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables y el Ministerio del Ambiente y Agua por las afectaciones que los mecheros de gas causan sobre su derecho al agua, a la salud, a la soberanía alimentaria y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Dennis Núñez, de 13 años, de ojos claros y mirada atenta, es una de ellas y cuenta cómo ha sido crecer cerca de los mecheros:

– Nos ha afectado hartísimo porque hay mucha contaminación. Es feo porque a veces el petróleo tira como un líquido y las aguas se ensucian.

Ante la falta de fuentes hídricas seguras, las niñas y las comunidades que habitan en la zona petrolera deben usar y consumir el agua contaminada.

– Eso les afecta a las personas del campo como a mi papá. Y no solo eso, sino que hay muchas personas que por culpa de los mecheros tienen cáncer. Más que nada son más las mujeres las afectadas, por eso yo no quiero que haya más mecheros. ¡Terminemos con los mecheros! – dice Denisse con voz firme y segura.

En la Amazonía de Ecuador, organizaciones ecologistas como la Clínica Ambiental han contabilizado 447 mecheros que emanan las 24 horas del día sulfuro de hidrógeno y disulfuro de carbono, afectando el normal desarrollo de la vida de las personas, los animales, las plantas y las fuentes hídricas; y propiciando la aparición de enfermedades como el cáncer. Esto fue confirmado por una  investigación de la Clínica Ambiental en la que se detalla que las personas que padecen cáncer habitan cerca de las zonas donde hay instalaciones petroleras y, por supuesto, mecheros.

Pablo Fajardo, abogado defensor de las nueve niñas y parte de la Unión de Afectados por Texaco (UDAPT), narra que desde el 2018 esta organización en conjunto con la Clínica Ambiental iniciaron un registro bi-provincial de tumores y casos de cáncer en Orellana y Sucumbíos, dos de las principales provincias exportadoras de petróleo en Ecuador. En el estudio, que aún no llega ni a la mitad de la población, ha permitido conocer  más de 300 casos de personas que padecen algún tipo de cáncer. Pablo dice que el dato más sorprendente de esa información es que el 71% de los casos de cáncer registrados son en mujeres.

– O sea, son las mujeres las principales víctimas de esa agresión ambiental y criminal del Estado y las empresas petroleras.

Esta información fue lo que les motivó a iniciar el proceso legal en contra del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables y el Ministerio del Ambiente y Agua, porque como dice Pablo:

– Si hoy no hacemos algo, las que hoy son las niñas demandantes, mañana van a ser las víctimas del cáncer.

Es así que surgió la idea de empoderar y organizar a las nueve niñas para que luchen por su futuro.

– Nos encontramos con niñas realmente impresionantes, valientes y decididas. Ellas y su familia, por supuesto, que también están luchando de una forma tan confrontativa y que no le temen al Estado – dice Pablo Fajardo.

Dannya Bravo, tiene 8 años, sonríe mucho, es amante de los perros y sueña con ser veterinaria; le gusta pasar tiempo con su padre y disfruta mucho cuando él la lleva a un río cercano, uno de los pocos no contaminados, que es su lugar favorito. Pero Dannya, a su corta edad, ya  conoce las secuelas de la contaminación petrolera: su padre fue diagnosticado con cáncer. Él es una de las cientos de  personas afectadas por la contaminación petrolera. Natali Casígña, madre de Dannya, asegura que existen muchas otras personas que viven en el sector y tienen síntomas que podrían estar asociados al cáncer, pero que ante la falta de acceso a atención médica no han sido diagnosticadas.

– Los diagnósticos y el acceso a tratamientos en esta zona se dificulta porque el centro de salud no cuenta con los laboratorios para hacerse los exámenes debidos y acceder a un turno en un hospital de especialidades en Quito, Guayaquil o Ambato es muy difícil. Cuando yo busqué un cupo para mi esposo demoraron seis meses en dármelo. Entonces hay personas que con el tiempo se cansan y dejan de intentar atenderse – explica Natali.

Esto es algo que también une a las nueve niñas en esta lucha. Al igual que Dannya, Denisse también sabe lo que son los efectos de la contaminación petrolera. Su madre, Carmen Samaniego, al igual que el padre de Dannya padece cáncer y ha batallado con la enfermedad desde hace cinco años. Su tratamiento le ha significado realizar viajes de más de 300 kilómetros, para poder recibir atención médica en el Hospital Carlos Andrade Marín de Quito, porque en la Joya de los Sachas, lugar donde reside, no existen casas de salud que puedan proveer servicios oncológicos.

– Por la pandemia prácticamente nos han dejado como aislados a pacientes con enfermedades catastróficas por el riesgo a que nos contagiemos; sin embargo, ellos tenían que haber buscado otras alternativas y no lo hicieron – denuncia Carmen.

Ante esto, para Carmen, su hija y las ocho niñas buscaron alternativas propias. 

Denisse, Dannya, Yamileth, Leonela, Rosa, Skarlett, Mishell, Kerly y Jeyner presentaron la acción de protección exigiendo que se apaguen los mecheros, porque estos han causado daños en la salud de las personas que habitan la zona y han contaminado incluso el agua de lluvia que creían era la única fuente hídrica segura que quedaba. Es por eso que Carmen dice sentirse muy orgullosa de su hija Denisse a quien llama “su guerrera”, porque pese a su ausencia, a causa de los tratamientos oncológicos, nunca desistió de continuar este proceso por la dignidad y la vida.

La acción de protección presentada por las nueve niñas fue negada el 7 de mayo de 2020, porque supuestamente no existían estudios que confirmen las afectaciones sobre la salud y la vida de las personas que habitan zonas aledañas a los mecheros. Natali Casígña, madre de Dannya Bravo, recuerda que en esa audiencia el Estado mostró su posición contraria a la protección de las niñas.

– Los abogados del Estado dieron a entender que preferían la liquidez y el dinero antes que la salud y negaron que habían personas con cáncer dentro de las zonas petroleras. Incluso estuvo una persona del Ministerio de Salud Pública que dijo que era mentira, que no habían personas con cáncer – recuerda Natali.

Sin embargo, las niñas saben que sí hay personas enfermas por la contaminación ambiental que han causado las empresas petroleras y la prueba fehaciente de ello son sus propios familiares que viven con cáncer. Por eso, las niñas no desistieron y apelaron esta primera sentencia.

Así llegaron a la segunda audiencia que debía desarrollarse el 25 de junio de 2020, pero fue aplazada cinco veces. Después de mucha espera, la audiencia se realizó finalmente el 2 de octubre de 2020. Dannya y Denisse dicen que pensaron que la justicia les fallaría una vez más, pero no, esta vez fue favorable para ellas y la comunidad.

La sentencia oral fue conocida el 26 de enero de 2021, allí se reconoció que el Estado ecuatoriano vulneró el derecho a un ambiente sano y económicamente equilibrado, a la salud de las niñas y también los derechos de la propia naturaleza. De acuerdo a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional los jueces tienen 24 horas para publicar las sentencias de forma escrita, pero en el caso la sentencia escrita fue notificada apenas 6 meses y tres días después. Así, el 29 de julio de 2021 el abogado Pablo Fajardo compartió esta noticia a través de Twitter y dijo: “9 niñas de la Amazonía le ganan un litigio al Estado Ecuatoriano con el que se pretende eliminar todos los Mecheros que causan muerte”.

La sentencia plantea la eliminación, gradual y progresiva, de los mecheros que funcionan en zonas pobladas en los próximos 18 meses y hasta diciembre de 2030 de los que están lejos de zonas habitadas. La sentencia reconoce además que los mecheros traen graves consecuencias ambientales que perjudican la vegetación, los cultivos, la fauna y la calidad de vida de animales y humanos, porque contaminan el agua y afectan toda la cadena alimenticia de los pueblos y comunidades aledañas a los sitios donde funcionan.

El Estado ecuatoriano deberá ofrecer disculpas públicas a través de las instituciones que permitieron esta vulneración de derechos y también realizar estudios técnicos para la implementación de un sistema de abastecimiento de agua apta para el consumo humano y un estudio médico que determine las afectaciones que la actividad hidrocarburífera ha ocasionado en la población. Si se demuestra la afectación a la salud, el Estado deberá implementar una unidad de tratamiento oncológico para que las personas con cáncer puedan acceder a tratamientos médicos en sus territorios.

Sin embargo, aunque la emisión de la sentencia permite que las niñas demandantes, sus familiares y las organizaciones que las acompañan exijan el cumplimiento de estas medidas de reparación, Pablo Fajardo, abogado del caso, explica que existen «varios errores y anomalías» en dicha sentencia, porque esta no permite que las niñas demandantes puedan acceder a medidas de reparación adecuadas y cuestiona la contradicción, pues por una parte la Corte Provincial admite que el Estado vulnera derechos humanos, pero también dice que los mecheros pueden eliminarse hasta el 2030 “generando más daños en el medio ambiente y sobre la vidas de las personas que habitan los territorios amazónicos”.

Pocos meses después de emitida la sentencia oral, en Ecuador ya estaba vigente el Acuerdo de Escazú, con este instrumento internacional el país se comprometió a cumplir cuatro objetivos. El primero, garantizar el acceso a información ambiental; el segundo, establecer mecanismos para la protección de defensores y defensoras de los derechos humanos y ambientales;  el tercero, garantizar el acceso a la justicia, con autoridades especializadas en materia ambiental, y el cuarto, garantizar la participación y decisión de las personas en la toma de decisiones ambientales que puedan tener un impacto sobre la naturaleza y su vida.

Las niñas lograron una sentencia histórica, por lo que Ecuador deberá garantizar su cumplimiento y que los cuatro puntos contemplados en el Acuerdo de Escazú se cumplan en este y en todos los casos de defensa de los territorios y del ambiente.