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Mujeres defensoras de la naturaleza en Molleturo, víctimas de la violencia extractiva

 

Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2 y Verónica Calvopiña @kinoraxx

Publicado el 25 de octubre de 2022

 

Alba Bermeo Puin, cursaba el quinto mes de embarazo. Ella, defensora de la naturaleza en la parroquia de Molleturo, cantón Cuenca, provincia del Azuay, fue asesinada la madrugada del 22 de octubre de 2022, por “personas involucradas en actividades mineras de oro”, según informó la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos. 

Organizaciones de mujeres, feministas y defensoras del territorio se refieren a la muerte de Alba como un femicidio minero. Además, el hecho se enmarca en un contexto de reiterados ataques con armas de fuego en contra de otras defensoras y defensores de la naturaleza, los mismos que ya fueron denunciados de manera pública ante las autoridades. 

  

Criminalización y acoso a defensores de derechos

El asesinato de Alba Bermeo se enmarca en un contexto de violencia y ataques del cual, las y los defensores de la naturaleza han sido víctimas. Según Elizabeth Durazno, presidenta de la organización de mujeres defensoras, Sinchi Warmi, y habitante de Río Blanco, en la parroquia de Molleturo, los ataques en San Pedro de Yumate vienen de semanas atrás. 

Recordó que el pasado 01 de octubre, el GAD parroquial, presidido por Carlos Morales, hacía trabajos de mantenimiento en la vía Río Blanco-Cochapamba y Yumate. Al concluir la jornada de trabajo, aseguró Durazno, los trabajadores del GAD necesitan un lugar para guardar la maquinaria, por lo que, pidieron a la señora Mónica Guarango, vecina del lugar, guardar en su patio la maquinaria, ya que ella contaba con el espacio suficiente para hacerlo. 

Entre las seis de tarde y siete de la noche, Mónica fue abordada por unos hombres vestidos de negro que no pertenecen a la zona. Ese día, ella se encontraba sola con su hijo de 9 años. Mónica abrazó a su hijo y ambos se refugiaron en un rincón de su casa, mientras escuchaban un “tiroteo”. Elizabeth cuenta que mientras eso sucedía, Mónica la llamó por el celular pidiendo auxilio y contando lo que estaba sucediendo. Los atacantes también quemaron la casa comunal de San Pedro de Yumate, misma que los comuneros usan para tareas de monitoreo ambiental. 

Una semana después del ataque a Mónica, el 08 de octubre, “compañeros y compañeras, entre las cinco de la mañana han estado bajando a ordeñar sus vacas a la vía Cuenca-Naranjal, cuando se dan cuenta que empezaron los disparos y del susto, avanzaron a lanzarse al monte y cruzarse. Avanzaron a gatear hasta la casa de la compañera Dina Chillpi”, contó Elizabeth Durazno. Al instante, Dina escuchó la balacera y se levantó para ir a ver a sus hijos y poder protegerlos. En ese momento, “abrieron la puerta, le meten la bala a la compañera. A Dios gracias, le cayó en la pierna, no le perforó el hueso ni nada”, dijo. Este hecho se dio en la pluma de resistencia de San Pedro de Yumate.

La defensora Elizabeth Durazno, dijo al respecto de estos ataques: “nos sentimos preocupados sobre lo que irá a pasar después, sigue la persecución a nosotras”. Recalcó que las familias de las personas defensoras de la naturaleza están en constante peligro, pues días anteriores una familia en Cochapamba recibió volantes con amenazas por oponerse a las actividades mineras. Asimismo, ella ha recibido amedrentamientos en su casa y por llamadas telefónicas. Asegura que personas desconocidas “han ingresado a mi casa y a la de mi hermano y no se llevan nada, solo dejan regadas las cosas. Me han llamado de números desconocidos y no me hablan”.    

Posterior a estos hechos, vino el asesinato de Alba Bermeo. La defensora de la naturaleza regresaba de un viaje con su hermano en una grúa, la madrugada del 22 de octubre de 2022, cuando a unos 100 metros del ingreso a la vía Cochapamba en Molleturo, fueron atacados por personas “irreconocibles que dispararon un arma de fuego, directamente a la grúa, impactando en el pecho de la defensora que estaba cursando su quinto mes de embarazo”, informó la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos a través de una denuncia pública.

Horas antes de su muerte, un grupo de personas dedicadas a la minería, provenientes de Cochapamba y del cantón Ponce Enriquez, fueron halladas por la policía con un cargamento de material aurífero, cuando intentaban salir de San Pedro de Yumate. Las y los comuneros, al enterarse de la presencia de los mineros, les exigieron que regresen el material hasta la mina. Fue en medio de estos hechos que Alba fue atacada por dos desconocidos. 

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos señala que pese a los ataques en contra de las y los defensores, ninguna institución del Estado “han  tomado medidas para brindar protección a las personas defensoras de la naturaleza en Molleturo como tampoco para impedir actividades de minería ilegal”. Lo que más preocupa a esta organización, es que todos los atentados son en contra de mujeres defensoras, por lo que, la Alianza alerta a las autoridades sobre el grado de vulnerabilidad y riesgo que enfrentan las defensoras a causa de la violencia extractiva. 

Según Elizabeth, los y las defensoras y habitantes de Molleturo se reunieron el 24 de octubre, con el gobernador del Azuay, Matías Abad,  para denunciar estos hechos, sin embargo, según los defensores: “solo palabras vienen, palabras van. Anotó en su agenda, pero no hay un papel redactado para decir que se compromete a hacer cualquier cosa”. Asimismo, acudieron hasta la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo para pedir protección. 

La extracción minera y sus consecuencias 

Molleturo es una de las parroquias donde se pretendía desarrollar uno de los proyectos mineros más grandes del país, Río Blanco. En los últimos años, este proyecto estuvo a cargo de la minera china Ecuagoldmining S.A. Sin embargo, una acción de protección a favor de las comunidades paró en 2018, la extracción minera debido a la falta de consulta previa. Según las y los pobladores, la minera no ha cerrado todavía sus operaciones por lo que la acusan de fomentar conflictos entre la zona. 

Alba Bermeo no es la primera defensora que pierde la vida en medio de la lucha antiminera. El 17 de marzo de 2021, Andrés Durazno, comunero de Molleturo también fue asesinado. Durazno presidía el sistema comunitario de agua y riego de la parroquia, quienes además, son parte de las organizaciones que se oponen a la extracción minera.  A esto se suman, las intimidaciones, amenazas y otras vulneraciones sufridas por defensores de la naturaleza en Molleturo y en otros proyectos mineros. Así como la criminalización de la protesta y a la defensa de derechos vivida por los comuneros de Molleturo.

Víctor Guaillas, defensor del agua, oriundo de San Pedro de Yumate, fue asesinado en la masacre penitenciaria del 13 de noviembre, en la Penitenciaría del Litoral, luego de ser detenido en el marco de protestas de octubre de 2019. 

Pronunciamientos y solidaridad 

La muerte de la defensora generó el pronunciamiento y la solidaridad, a través de denuncias públicas de organizaciones, líderes y líderes, para que el Estado ecuatoriano y el gobierno se responsabilice por lo sucedido. Así, la Red de Mujeres Rurales rechazó la violencia que viven las personas que defienden la vida y la naturaleza en la parroquia de Molleturo: “frente al feminicidio de Alba Bermeo y los dos ataques a mujeres defensoras de la vida en menos de un mes en un contexto extractivista-minero nos pronunciamos”. De igual forma, el colectivo Comunálisis se pronunció y exigió al Estado ecuatoriano que responda por la violencia minera.

La plataforma digital La Fuega.Org, a través de una publicación señaló: “Alba  estaba embarazada, ella junto a otras personas de la comunidad han denunciado a las autoridades los ataques de violencia ante lo cual el estado no ha hecho nada. Justicia por lxs defensorxs de la naturaleza”. 

De su parte,  la Conaie y su presidente Leonidas Iza, envió un mensaje a la familia de la defensora y exigió justicia: “¡defender los territorios no puede costar la vida!”, manifestó en un comunicado.