Más de 371 pedidos de amnistía
se discuten en la Asamblea de Ecuador
Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan1
Publicado 31 de enero 2022
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Son 371 los trámites de amnistía que se han presentado en la Asamblea, en su mayoría referentes a las protestas del Paro de octubre de 2019, defensores y defensores de derechos y de la naturaleza, líderes indígenas, políticos, entre otros. La Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad de la Asamblea Nacional, el 05 de enero de 2022, en la sesión 050 aprobó la hoja de ruta para el tratamiento de Amnistías e Indultos. La Comisión deberá presentar el informe final hasta el 11 de febrero.
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Los primeros pedidos de amnistía que llegaron a la Asamblea fueron para 260 personas líderes sociales, indígenas, en su mayoría judicializados por las protestas del Paro Nacional de octubre de 2019. La petición la hizo la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie, el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, y la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador, Ecuarunari, el 21 de septiembre del 2021. A este pedido se sumaron organizaciones ecologistas y de derechos humanos con la Petición de Amnistías a Defensores de la Naturaleza y Derechos que han sido criminalizados por la defensa de los territorios indígenas y comunitarios frente proyectos extractivos. Entre las organizaciones que piden la amnistía para defensores de la naturaleza están Acción Ecológica, la Alianza por los Derechos Humanos, Amazon Watch y otras que en un comunicado exigieron “al Estado ecuatoriano que se brinden espacios seguros para poder ejercer su derecho a defender su territorio”.
Además de estos pedidos, se encuentran otros más, relacionados al ejercicio de la justicia indígena y otros como el de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, el parlamentario andino, Virgilio Hernández, y Christian González; dirigentes del movimiento político Revolución Ciudadana, hoy, Unión por la Esperanza, UNES. En total son 371 los casos de amnistías que la Asamblea Nacional deberá discutir y tramitar.
Según el artículo 120, numeral 13 de Constitución de la República del Ecuador y el artículo 9 numeral 13 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Asamblea Nacional debe conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios y aprobarlo con las dos terceras partes de sus integrantes, que equivale a 92 votos.
La Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, es la responsable de tramitar los pedidos, por lo que el 05 de enero de 2022, en la sesión 050 aprobó la hoja de ruta para el tratamiento de Amnistías e Indultos.
En esa hoja de ruta se estableció que la Comisión realizará Comisiones Generales del 14 al 26 de enero, donde recibirá a las personas peticionarias, beneficiarias y expertas en el tema, y el debate y aprobación del informe lo realizará del 7 al 10 de febrero. Es así que la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional inició comisiones.
El viernes 14 de enero en la sesión 052, 053, 054 y 055 comparecieron en Comisión General las personas relacionadas con el caso “Derecho a la resistencia y protesta social de octubre 2019”; el lunes 17, en la sesión 056 de enero comparecieron representantes de los “Casos de defensores de la Naturaleza” y el miércoles 19 y viernes 21 de enero, la Comisión continuó con las comparecencias; esta vez sobre los casos relacionados al ejercicio de la administración de justicia indígena y otros.
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Los casos referentes a las protestas de octubre de 2019
En la sesión 052 del 14 de enero de 2022 la comisión recibió a Leónidas Iza, presidente de la Conaie y criminalizado por ejercer el derecho a la resistencia y la protesta social en el Paro Nacional de octubre del 2019. Él pidió a los asambleístas que hagan las valoraciones correspondientes sobre los antecedentes que dieron lugar al Levantamiento de octubre del 2019, mencionó que no solo fueron indígenas los que participaron en aquellas protestas, “hermanos ecuatorianos mestizos, blancos, montubios quienes participaron de un hecho absolutamente en la defensa de los derechos económicos como cualquier ciudadano ecuatoriano en el momento de ser agredido”, recalcó Iza.
Iza explicó que antes del Levantamiento, la Conaie llevaba dos años de diálogo con el ex presidente Lenin Moreno; en vista que los diálogos no funcionaron el presidente de la República impuso el decreto 883, “lo que se convirtió en un elemento clave para las luchas que ya se venían dando en Ecuador por diferentes temas”. Iza explicó que las protestas fueron una respuesta a la “reducción de los derechos de los trabajadores, achicamiento del sector público, como se siguen viendo en estos días, al despedir a miles de trabajadores y por otro lado el incremento al precio de los combustibles”. Todo eso generó el levantamiento de los grupos sociales. Con este antecedente, el presidente de la Conaie hizo una solicitud de amnistías para todos los luchadores y luchadoras sociales en el Ecuador.
Un informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Protesta y Derechos Humanos establece que la protesta social es un elemento esencial para la existencia y consolidación de sociedades democráticas, los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación, garantizan y protegen diversas formas individuales y colectivas de expresar públicamente opiniones, disenso, demandar el cumplimiento de derechos sociales, culturales y ambientales y afirmar la identidad de grupos históricamente discriminados. Con este marco, Iza argumentó que están siendo judicializados por un delito político “En este proceso demostrando al país, que no podemos asumir ninguno de los delitos que se nos imputan, que las autoridades de ese momento han convertido en una persecución política a la cual se convierte en un delito político”.
En la misma línea, Franklin Ramírez, Sociólogo y profesor-investigador del Departamento de Estudios Políticos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flacso, explicó que “una sociedad donde no hay protestas, donde no hay movilizaciones, donde no hay conflictos, es una sociedad que esta democráticamente dormida”. Y expuso que los levantamientos de octubre se deben a una acumulación progresiva de conflictos, pobreza y desempleo. Explicando esto, desde un análisis político “cuando la sociedad, los movimientos, las organizaciones, la ciudadanía perciben que no tienen como influir en las decisiones del poder político, cuando las instituciones se cierran a la influencia social y popular, es cuando se incrementan las opciones de que haya una protesta social”, explicó el académico.
Ramírez explicó que el cierre de los levantamientos se dio con un diálogo entre el movimiento indígena y el gobierno de Moreno para la derogatoria del decreto 883. Después de eso suceden dos cosas “hay un balance bastante trágico en cifras de represión, de violación a los derechos humanos, de uso excesivo de la fuerza sobre los movilizados”. Esto denota una política de hostigamiento, acoso, judicialización y criminalización de las luchas sociales, por lo que se justifica la amnistía.
Melissa Moreano, docente en la Universidad Andina Simón Bolívar, presentó resultados de un informe realizado con el Colectivo de Geografía crítica del Ecuador denominado Análisis espacial de la resistencia, protesta social y represión vividas en Ecuador entre el 7 y 14 de octubre de 2019, que recoge información de todo lo que sucedió durante los días de Paro Nacional, de igual manera, presentó un registro en todo el territorio ecuatoriano de graves violaciones de derechos humanos producto de la violenta represión y militarización en el marco del Estado de Excepción decretado por el presidente Lenin Moreno. “La manifestación fue protagonizada por amplios sectores populares y diversos actores sociales, no se puede atribuir este levantamiento popular social a un solo sector, hubo un protagonismo generalizado de grupos diversos, que muestran que el descontento era generalizado y masivo hacia las reformas económicas”..
Por su parte Pamela Chiriboga, coordinadora del área legal de INREDH, dio a conocer los estándares de derecho de protección a la protesta que los asambleístas deben tomar en cuenta para las amnistías y de esa manera lograr reconocer si existieron vulneración de derechos humanos por parte del Estado. “Con respecto a esos estándares, primero que nada, esta: el respeto a la vida, integridad física y psicológica”, por lo que explicó que no se respetó ninguno de esos estándares.
Pamela añadió que hubo “1340 personas heridas, 11 muertes violentas, y por lo menos 1192 personas detenidas que no solo recibieron maltrato físico si no privación ilegal de libertad, tratos crueles inhumanos y degradantes”. Ella explicó que se deben tomar puntos importantes para el análisis de los casos de protesta social ligada a octubre del 2019 “existe un uso indebido del derecho penal para criminalizar a defensoras y defensores de derechos humanos que están ejerciendo su derecho a la protesta”. Por lo que hizo un llamado a las y los asambleístas para que hagan las valoraciones correspondientes de los que pasó en octubre, no solo desde los ojos de la sociedad civil, si no desde los estándares internacionales de derechos humanos.
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Amnistía para Defensores y Defensoras de derechos humanos y la naturaleza
En la sesión 056 del 17 de enero de 2022 la Comisión recibió a a representantes, especialistas y académicos nacionales e internacionales, con relación al caso de pedidos de amnistía para defensores de la naturaleza.
Blanca Cecilia Velásquez, subcoordinadora del movimiento Pachakutik, en calidad de peticionaria, participó de la comisión y expresó que los pueblos y nacionalidades han solicitado las amnistías por “todos los que han sido criminalizados por defender la naturaleza y sus territorios”.
Josefina Tunki, mujer indígena defensora de los territorios amazónicos y la primera mujer en ser presidenta del pueblo Shuar Arutam, participó en la Comisión. Ella es una de las liderezas que pide la amnistía. Josefina fue criminalizada y amenazada por el vicepresidente de operaciones de la compañía minera canadiense Solaris Resources Inc., Federico Velásquez que opera en Warintza, Morona Santiago. Josefina narró que su lucha va da desde el año 2000 y que los pueblos indígenas defienden los territorios amazónicos y producto de esas luchas surge la persecución, por parte de empresas mineras que ponen en riesgo la supervivencia de los pueblos y de los ecosistemas. El Estado ecuatoriano, ha entregado aproximadamente 165 concesiones a empresas privadas para la extracción a cielo abierto de minerales como el cobre, lo que implica que el 60% del territorio ancestral esté en manos de empresas extractivistas, dejando a varias familias sin sustento, según un informe de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica.
“No somos terroristas, simplemente queremos reclamar nuestros derechos, que respeten nuestros territorios”, recalcó Josefina.
Desde la parte legal compareció Verónica Potes, abogada especializada en temas ambientales y de derechos humanos. Ella explicó que hay criminalización porque “las herramientas institucionales y formales que da el sistema jurídico, que deberían permitir de alguna manera a las personas, colectivos u organizaciones participar e incidir en que la sistemática degradación del entorno no se mantenga, muchas veces no se cumplen de manera satisfactoria”. Como resultado de eso, “la amnistía que se presenta es un sistema político que responde por la pobreza e inutilidad de las instituciones, incluido el derecho, es responder al uso abusivo del derecho”, concluyó Verónica.
De igual manera, la abogada Diana Murcia, docente de la Universidad El Bosque mencionó que los estados deben desarrollar ambientes apropiados para que las personas defensoras puedan realizar sus actividades de reivindicación de derechos y denunció el uso de herramientas jurídicas para limitar el derecho a la protesta que abarca la protesta social, reunión pacifica, la libre expresión y la participación democrática. A lo que Fred Larreátegui, abogado y miembro del Colectivo Quito sin Minería, añadió que: “los y las ecuatorianas están en el derecho de ser consultados, tal como lo establece el articulo 61 y 398 de la Constitución del Ecuador”
David Fajardo, integrante del colectivo Yasunidos Cuenca y Coordinador del Cabildo Por el Agua, también participó en la Comisión General y mencionó que comparece ante la comisión por la criminalización que han sufridos sus compañeros defensores del agua en Azuay, al sur de Ecuador. Recordó a Víctor Guaillas, defensor del agua y los páramos, que estaba en la cárcel acusado de rebelión por las protestas en defensa del agua en Molleturo y murió asesinado en una de las masacres en la cárcel de Guayaquil el 12 de noviembre de 2021. Y explicó que: “La figura de la amnistía suple las falencias que tiene el sistema penal y el sistema judicial en general dentro del Ecuador”. Además, recalcó la importancia de que la Asamblea otorgue amnistía a las personas criminalizadas, “porque además de los procesos judiciales que deben enfrentar, esta la deshumanización que los convierte en una especie de criminales peligrosos para el contexto social en el cual se desenvuelven y para las empresas mineras e intereses del Estado y el interés común de la sociedad”, concluyó David.
Justicia indígena
En la comparecencia del 19 de enero de 2022, Sesión Nro. 059 de la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad de la Asamblea Nacional, recibió a los representantes de los casos de Administración de Justicia Indígena.
Marlon Santi, Coordinador Nacional del Movimiento Pachakutik, en calidad de Peticionario mencionó que “para nosotros defender el espacio territorial, el agua, la vida, la selva, los páramos es un hecho inherente humano y un compromiso para el bienestar de nuestra nueva y actual generación”, él explicó que los pedidos de amnistía que realizan para los y las luchadores sociales deben ser escuchados de manera respetuosa y democrática para lograr alcanzar el Sumak Kawsay, establecido en el artículo 14 y 250 de la Constitución de Ecuador, donde se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Leónidas Iza, presidente de la Conaie y criminalizado por ejercer el derecho a la resistencia y protestas social durante el Paro Nacional de octubre de 2019. Recogió los antecedentes de la criminalización de compañeros y autoridades que han aplicado la justicia indígena, la cual está establecida en el libro Derechos Colectivos de los Pueblos y Nacionalidades y mencionó que “Las nacionalidades y pueblos indígenas pueden ejercer sus derechos consuetudinarios en sus respectivas comunidades, es decir que hacer justicia indígena de acuerdo a sus costumbres; pero éstas no deben ir en contra de los derechos garantizados en la Constitución ni en otros instrumentos”. De igual manera en la Constitución, articulo 171, se establece que: “las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres.”
Con base en lo expuesto, Leónidas Iza expresó “es inaudito que hasta la presente fecha sigan enjuiciando autoridades indígenas que ejercen sus competencias constitucionales, jurisdiccionales por ejercer su derecho”.
Tras la comparecencia de personas especialistas, académicas y defensoras, el presidente de la Comisión de los Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad de la Asamblea Nacional, Fernando Cabascango, mencionó que el plazo para presentar el informe a la presidenta de la Asamblea Nacional Guadalupe Llori es de 30 días, por lo que se espera que del 26 al 01 de febrero se realice la sistematización de la información para la elaboración del informe, del 07 al 10 de febrero el debate y aprobación del informe en la Comisión, y luego su aprobación en el Pleno de la Asamblea donde se necesitará 92 votos para conceder el pedido de amnistía.
