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Los estados de excepción en Guayas y Esmeraldas ¿funcionan?
Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2
Publicado 02 de noviembre del 2022
El presidente Guillermo Lasso declaró un estado de excepción en las provincias de Esmeraldas y Guayas para, según dijo, “precautelar la seguridad de los y las ecuatorianas”. El estado de excepción durará 45 días, desde el 01 de noviembre hasta el 16 de diciembre. Medida que incluye un toque de queda desde las 21:00 pm hasta las 05:00 am, lo que significa que en ese horario no se podrá circular libremente. Los operativos de seguridad se han intensificado y participan integrantes de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Asimismo, en la ciudad de Guayaquil se instaló un Puesto de Mando Unificado.
Pero ¿son suficientes las acciones que ha tomado el gobierno? El docente de la Universidad Central del Ecuador, Luis Córdova, analizó la medida tomada. Destacó que las acciones del presidente Guillermo Lasso pueden generar pánico social, miedo y eso le facilita el control social, disuadir protestas sociales y distraer a las ciudadanía.
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Las provincias de Guayas y Esmeraldas, en Ecuador, en las últimas horas han experimentado más de ocho explosiones de coche bomba y otros artefactos explosivos; así como la retención de guías penitenciarios, la muerte de cinco policías en servicio activo y el incendio de varias Unidades de Policías Comunitarias.
A esto se suma que, en la Penitenciaría del Litoral se produjo un nuevo enfrentamiento entre privados de la libertad que dejó a una persona muerta, hasta el cierre de esta edición. Este enfrentamiento se dio tras los traslados de alrededor de mil personas de esta cárcel, entre quienes estarían los líderes de una banda. Familiares de los PPL ya habían alertado la madrugada del 31 de octubre de los traslados y de posibles enfrentamientos.
El presidente Guillermo Lasso en un intento de calmar la conmoción social por la que atraviesa el país, anunció en un mensaje a la nación la tarde del 01 de noviembre, el decreto de estado de excepción en Guayas y Esmeraldas. También aseguró que tras lo sucedido en estas dos provincias, su gobierno actuará con dureza frente a estos actos.
Otra de las acciones que se ejecutan desde el gobierno central es la instalación del Puesto de Mando Unificado en la ciudad de Guayaquil que, sería liderado por el primer mandatario. De su parte, la Fiscalía General del Estado reportó que 28 personas fueron detenidas en los operativos realizados por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en el marco de la declaratoria del estado de excepción. Según la Fiscalía, las personas detenidas serán procesadas penalmente en las unidades de Flagrancia de cada jurisdicción una vez realizado los partes de detención. También incautaron dos fusiles, tres pistolas, municiones y vehículos en el cantón Durán. Para el jueves 3 de noviembre, está convocada una reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado.
Sin embargo, después de la declaratoria del estado de excepción, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas se dieron tres atentados con coches bomba en varias gasolineras. Horas más tarde, la policía capturó a varios sujetos en el sector de la Orangine que se transportaban en un vehículo con 108 fusiles. Por lo que, el alcalde la ciudad, Wilson Erazo, pidió al presidente Guillermo Lasso que declare un estado de excepción también en la provincia. Erazo mencionó que está dispuesto a colaborar para que el contingente de seguridad de la ciudad apoye en los trabajos de control y seguridad. Además, rechazó el posible traslado de las personas privadas de libertad desde la Penitenciaría del Litoral hasta el centro de privación de libertad en Santo Domingo.
Por su parte, la prefecta de Santo Domingo, Johana Nuñez, comunicó que el pregón nocturno y la noche de quinceañeras, eventos programados para el 02 de noviembre se suspendió por temas de seguridad.
Pero, las amenazas de bomba continúan en otras ciudades del país como Latacunga, donde personal del Complejo Judicial fue evacuado, al igual que estudiantes de las instituciones educativas cercanas a esta institución ante la amenaza de una explosión, la mañana del 2 de noviembre. En videos difundidos por redes sociales, se puede ver el momento de terror que vivieron las personas evacuadas.
Estados de excepción ¿fallidos?
La última vez que el presidente Guillermo Lasso decretó estado de excepción ante el aumento de la violencia fue el 29 de abril de 2022. La medida se declaró en Guayas, Manabí y Esmeraldas por 60 días, con toque de queda desde las 23:00 hasta las 05:00. En aquella ocasión, se desplazaron cuatro mil integrantes de la Policía Nacimiento y cinco mil de las Fuerzas Armadas quienes, según información de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, realizaron más de 25 mil operativos y se destacó como resultado:
-Más de 200 mil vehículos registrados
-Más de 600 personas detenidas
-Más de 2 mil kilos de droga fue incautada
-Más de 100 vehículos y motos detenidas
-Más de 60 armas de fuego decomisadas.
Sin embargo, desde esa fecha la violencia ha aumentado y hoy el gobierno volvió a declarar un nuevo estado de excepción. Este tipo de medidas han incluido la militarización de zonas sin socializar una política clara para el control y la seguridad en el país.
Luis Córdova, docente universitario y parte del Programa Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central del Ecuador, en una entrevista para Wambra,dijo que el gobierno del presidente Guillermo Lasso “está alimentado con sus acciones la espiral de violencia, porque genera pánico social, genera miedo y esto le facilita dos propósitos, en términos de gobernanza: control social y disuadir protestas sociales”
Según Córdova, en este contexto que atraviesa el país, ninguna persona va a salir a protestar y menos en ciudades como Guayaquil y Esmeraldas, a pesar de “las enormes carencias”. Señaló también que este tipo de medidas pueden ser distractoras pues “mientras la población y los medios de comunicación, periodistas estamos preocupados por la situación de la violencia en el país, está avanzando la apertura de un nuevo catastro minero para entregar nuevas concesiones, nuevos contratos petroleros y se está trabajando para que en el primer trimestre del próximo año entregar nuevas concesiones de telecomunicaciones de telefonía celular a la empresa American Mobile que es de uno de los hombres más ricos del mundo, Carlos Slim y una empresa española”.
Para Córdova pensar en que el estado de excepción dará resultados es ser “iluso”, según explicó, lo que está en marcha es un reacomodo de las fuerzas del “mercado criminal de la cocaína y otras economías con el auspicio del gobierno” y agregó que no se puede disminuir el riesgo social de la criminalidad si es que no se disminuyen las vulnerabilidades, el gobierno solo pide enfocarse en las amenazas, en las estructuras del narcotráfico que desde afuera están entrando al país y cómo las está enfrentando, pero, no habla de las vulnerabilidades, del crimen en las estructuras armadas o qué va a hacer para sacar de la pobreza a los sectores más empobrecidos de Esmeraldas y Guayas que son “los que alimentan estas pandillas que ahora ya se han tomado las ciudades”.
Según el académico, el objetivo del Estado no es sólo imponer el orden y el miedo con el fin de encontrar paz, sino también preservar reglas democráticas, recuperar el orden público que, indicó se logran con tres puntos elementales: “un sistema de inteligencia estratégica y prospectiva que anticipen lo que puede ocurrir no solo con el crimen organizado, sino en general con actores la sociedad; programa de inclusión económica, social que permitan disminuir las brechas de desigualdad que es desde donde se alimentan los grupos criminales para reclutar sicarios, narcotraficantes, microtraficantes; una política de fortalecimiento a las instituciones del sistema de seguridad de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y administración de justicia, es decir, la seguridad para jueces debe estar garantizada. para evitar las extorsiones, pues a medida que crece la ola de violencia, crece la impunidad.
Según el catedrático, la tasa de eficiencia en la determinación de posibles sospechosos sobre los asesinatos ha bajado del 70 al 13%; es decir, la justicia y las instituciones no lograrían determinar quienes son culpables por causa de muerte. De allí que, expresó: “los criminales se vuelven más avezados en las calles, se animan a poner coches bombas en gasolineras y disparar a UPC porque saben que hay una enorme impunidad”.
Córdova destacó que es necesario que el estado aprenda a diferenciar las estructuras y operaciones de los grupos delictivos, pandillas, bandas organizadas y no ponerlos a todas bajo una misma etiqueta.
¿Una guerra contra el Estado?
El presidente Guillermo Lasso, en su mensaje a la nación del 01 de noviembre, dijo que lo sucedido en Esmeraldas y Guayaquil “muestra claramente los límites que la delincuencia organizada transnacional a la que estamos combatiendo está dispuesta a traspasar. Estos actos de sabotaje y terrorismo son una declaratoria de guerra abierta contra el Estado de derechos, el gobierno y contra todos ustedes los ciudadanos”.
Según Luis Córdova, los índices internacionales establecen que al darse más de 1000 muertes por año en un país, se puede hablar de un conflicto interno, pero no de una guerra contra el Estado porque “las organizaciones de crimen organizado no actúan si no es gracias a la protección informal de agentes del Estado, es decir, el Estado es copartícipe de estas redes de criminalidad; no actúan aisladas».
Por lo tanto, el discurso de una declaración de guerra contra el Estado según Córdova, genera que los y las ciudadanas aprueben la militarización y el militarismo: la primera es la utilización de doctrinas, prácticas, lógicas militares para enfrentar problemas públicos. Mientras que el militarismo, se da cuando la institución militar o instituciones militarizadas como la policía, ganan influencia política sobre el poder civil. “Lo que vemos en Ecuador es eso, no solo que policías y militares tienen cada vez más influencia en la toma de decisiones en el gobierno de Guillermo Lasso sino que todo esto está siendo planificado, impulsado, cobijado por la embajada americana”.
Para Córdova es necesario explorar el tema de la seguridad desde la economía política e investigar las políticas que promueven la compra de armamento. Así, indicó que al momento, hay una enorme presión en la Asamblea Nacional para que se permita el libre porte de armas, principalmente en sectores ganaderos y camaroneros. Este tipo de iniciativas podrían legitimar la presencia de grupos armados financiados por sectores agroindustriales e intereses económicos fuertes, indicó.
Según el catedrático, en el Litoral ya se han construido grupos de seguridad privada, al margen de la ley, y si se permite el libre porte de armas, estos andarán con pistolas a vista y paciencia de los demás, catapultado escenarios más violentos como el paramilitarismo.
