Los dueños de las frecuencias en Ecuador
Concentración y monopolio de medios de comunicación
Texto por: Redacción Wambra @wambraec
Ilustración de portada: Angie Vanesita @angie.vanessita
Infografías: Roberto Chávez
Video: Camila Albuja, Génesis Anangonó, José Mosquera
Publicado 26 de noviembre 2020
El gobierno ecuatoriano de Lenin Moreno llamó a un Concurso Público de Frecuencias para concesionar 3096 frecuencias de radio FM en medio de la pandemia por la Covid-19 y el confinamiento obligatorio. Este concurso era el tercero en realizarse desde la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación en 2013 y de la creación de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) en 2015, entidad pública encargada de la administración de las frecuencias.
El Concurso de Frecuencias es el mecanismo abierto y transparente, para concesionar el espectro radioeléctrico tal como lo establece la Constitución del 2008. Arcotel, durante el gobierno de Rafael Correa en 2016, llamó a un primer concurso, que fue suspendido por el gobierno de Lenin Moreno en 2018. El concurso de 2016 puso por primera vez a los concesionarios de frecuencias tradicionales a competir y a presentar proyectos que detallarán el tipo de programación y contenidos que su medio iba a ofrecer, previo a la entrega de la concesión por 15 años. Estos requisitos nunca fueron contemplados por la antigua Ley de Radiodifusión que estuvo vigente desde 1975 hasta 2013.
Según esta normativa bastaba con que el concesionario rindiera un informe técnico que mencionara que su medio estaba en funcionamiento (Artículo 9. Ley de Radiodifusión). Pero según, el Informe de Auditoria de Frecuencias publicado en 2009 y ordenado por la Constitución de 2008, ni siquiera este requisito se cumplía.
La Auditoria de Frecuencias constató una serie de irregularidades en la concesión de frecuencias entre 1995 y 2008. Entre estas irregularidades estaba la entrega de frecuencias a cambio de favores políticos principalmente a ex congresistas; tal es el caso de Freddy Bravo o Luis Almeida. Otro mecanismo irregular detectado por este informe, fue el de “Devolución- Concesión”, que consistía en la venta de equipos de una estación, incluida la frecuencia. Por último, estaba la Autoasignación de Frecuencias, entre los funcionarios del ex Consejo de Radio y Televisión, CONARTEL. Estos mecanismos de entrega de frecuencias favorecieron a grupos empresariales y a familias, pero, además consolidaron la concentración y el monopolio de frecuencias; negando la posibilidad de que sectores sociales, pueblos u organizaciones puedan tener un medio, tal como lo establece dicho informe.
La Constitución de 2008, y posteriormente la Ley de Comunicación de 2013 reglamentaron la entrega de frecuencias a través de un concurso. Además, se reconoció a los medios comunitarios como uno de los sectores que integran la comunicación en el país; y, por tanto, la Ley les garantizó el acceso al 34% de frecuencias del espectro radioeléctrico.
En este 2020, cuando el gobierno de Moreno intenta de nuevo concesionar las frecuencias de radio ¿Cómo se ha desarrollado el concurso? ¿Qué tan transparente y plural fue? ¿Se ha logrado democratizar la propiedad de medios en Ecuador?
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Aires de Libertad
Lenín Moreno se reunió el 12 de julio de 2017 con representantes de siete periódicos, canales de televisión y estaciones radiales del país en uno de los salones del Palacio de Carondelet. En este primer encuentro, Moreno invitó a los medios a “respirar aires de libertad” durante su mandato y les prometió que esta reunión sería la primera de muchas otras. Con estas palabras, Lenín Moreno pretendía marcar una diferencia con su antecesor, en su relación con los medios privados. Pero, además, quería distanciarse de la tendencia de gobiernos progresistas que, en Ecuador y en varios países de la región, habían creado nuevas normativas en comunicación, en la última década, en las cuales, entre otras cosas, ponían el ojo a la redistribución de las frecuencias.
Las nuevas normativas de comunicación en la región, modificaron leyes anteriores que en el caso de Ecuador y Argentina fueron creadas durante la época de dictadura de los años setenta o modificadas a la luz de las políticas neoliberales de los noventa. Gustavo Gómez, director del Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia, OBSERVACOM, explica que los gobiernos dictatoriales no tenían legitimidad para resolver respecto de la comunicación por ser un aspecto importante para la democracia, por lo que asegura “fue fundamental e imprescindible la revisión de leyes en dictadura en muchos países”. Pero, además, recalca que “esos marcos legales discrecionales, discriminatorios abusivos, terminaron creando esquemas de la comunicación totalmente desbalanceados, en general oligopólicos, monopólicos, donde sectores importantes no tenían acceso”.
En el caso de Ecuador, la Ley de Comunicación fue aprobada en 2013, y con este nuevo marco legal, el extinto Consejo Nacional de Telecomunicaciones Conatel, intentó llevar un primer concurso de frecuencias el 18 de febrero de 2014 y posteriormente, en agosto de ese año. Pero ambos intentos, no prosperaron. Ya con la conformación de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, ARCOTEL, en 2015, se convocó al Concurso Público de Frecuencias, el 12 de abril de 2016. En este último Concurso se pretendieron concesionar 1472 frecuencias de radio y televisión. La ARCOTEL debía revisar los requisitos técnicos y de gestión en una primera etapa; y en un segundo momento, sería el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, CORDICOM, la encargada de revisar los proyectos comunicacionales de los medios. Este concurso permitió de forma inédita, que organizaciones sociales puedan competir en igualdad de condiciones frente a grupos empresariales que mantenían en su poder, las frecuencias de radio y televisión, en muchos casos, incluso desde antes de los años 90.
Los resultados de la primera etapa del concurso se dieron en diciembre de 2016, y a inicios del 2017, ya se entregaron las primeras concesiones. Sin embargo, el concurso coincidió con las elecciones presidenciales de 2017. Incluso, una de las promesas de campaña de varios de los binomios presidenciales fue la reforma de la Ley de Comunicación, y la suspensión del Concurso de Frecuencias.
La llegada de Moreno a la presidencia significó un nuevo acercamiento del gobierno con los concesionarios de los medios de comunicación, como sucedía en gobiernos pasados. Es así que a pocos meses de su presidencia, Lenín inició la reforma a la Ley de Comunicación, y la Contraloría General del Estado, arrancó un examen especial para el Concurso de Frecuencias de 2016, para finalmente suspenderlo en junio de 2018.
Entre otras cosas, la reforma a la Ley de Comunicación de 2018 cambió el procedimiento para la concesión de frecuencias. Para concursar, ya no es necesario que los medios presenten un proyecto comunicacional y de contenidos, solo deben presentar tres formularios: de gestión, de sostenibilidad, y técnico. Este cambio fue promovido principalmente por los medios privados; incluso, desde la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) se abogó tanto en la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea que elaboró la reforma a la Ley como en el pleno de la Asamblea, para que las frecuencias sean entregadas automáticamente, sin concurso, a sus actuales concesionarios. Así, en la sesión 563 de la Asamblea Nacional, durante el segundo debate de reforma a la Ley de Comunicación, Kléber Chica, concesionario de Radio Huancavilca y Presidente de AER, decía: “Nosotros los concesionarios, con la Ley anterior, la ley de dictadura militar teníamos 10 años la frecuencia y renovable automáticamente, previo a cumplir con la normativa de las dependencias de control. Ese derecho lo hemos perdido con la ley actual. Eso pedimos, no estamos menoscabando derechos, principalmente a los medios comunitarios. Necesitamos la reivindicación de nuestras frecuencias. Que se haga justicia a concesionarios que tenemos hasta ochenta años frecuencias y que nuestras familias dependen de ello».
Las palabras de Chica recuerdan el tiempo en que los directivos de los medios manejaban el organismo encargado de la concesión y administración de frecuencias, el CONARTEL, que funcionó entre 1995 y 2008. Pero además, estas palabras parecen omitir el hecho de que las frecuencias según la Constitución y la Ley de Comunicación, son un bien público del Estado, y como señala Gustavo Gómez de OBSERVACOM, no son un derecho, ni una propiedad individual. De allí que Gómez recalca que el concurso de frecuencias es un mecanismo necesario para la concesión del espectro radioeléctrico: “En ninguna parte del mundo, el espectro es propiedad de particulares y, por otro lado, hay obligaciones del estado para conceder ese recurso, a través de concursos abiertos públicos, no discriminatorios”.
César Ricaute de Fundamedios, una organización que trabaja por la protección de periodistas y la Libertad de Expresión, coincide en que el Concurso de Frecuencias era necesario y que las concesiones no pueden otorgarse a dedo, sin concurso o con los mecanismos que existían anteriormente: “Rechazamos que se pretenda simplemente alargar las frecuencias, por los supuestos servicios a la patria que han hecho algunos radiodifusores. Algunos se han luchado por la libertad de expresión, pero muchos otros, que quieren pescar a río revuelto”.
Pese a las insistencias de los concesionarios privados para una renovación automática, el concurso público de frecuencias no fue eliminado de la Ley y es por eso que en 2020 se convocó un nuevo concurso de frecuencias. Sin embargo, cambiaron algunos aspectos del concurso; en esta ocasión hubo frecuencias donde solo se podía competir para medios privados, y otras destinadas para medios comunitarios. Por lo que, para ciudades como Quito y Guayaquil, donde el espectro está saturado, esta forma de concurso significó que solo existan cuatro o tres frecuencias destinadas para medios comunitarios, y alrededor de 40, previstas para concesionarios privados.
Concurso de frecuencias en pandemia
El actual Concurso de frecuencias fue convocado el 15 de mayo pasado, mientras regía en el país, una declaratoria de Emergencia Sanitaria por la pandemia de la COVID- 19 y un Estado de Excepción que limitaba la movilidad dentro del territorio, como medida para frenar el contagio. Pese a esta situación, la ARCOTEL apenas dio plazo de un mes para que las personas, empresas y organizaciones interesadas entregaran la documentación prevista para su participación en el concurso.
En un comunicado, la Coalición de Comunicación y Medios Comunitarios, plataforma que reúne a organizaciones de comunicación, medios comunitarios de Ecuador, exigía la extensión del plazo fijado por ARCOTEL para el concurso a fin de garantizar la presencia de más solicitudes para medios comunitarios. “La pandemia, el aislamiento obligatorio, el toque de queda y las razones expuestas en el primer punto, resultan circunstancias reales que complican y dificultan la gestión y contratación de asesoría técnica para completar los requisitos solicitados”, menciona este documento. Pese a las observaciones, ARCOTEL continuó con el concurso y finalmente se vio obligado a extender los plazos del concurso, ante la dificultad de muchos medios, incluso privados, para completar los requisitos.
Fundamedios también criticó que el concurso se haya desarrollado en medio de la pandemia y a puertas de un nuevo proceso electoral, tal como sucedió con el concurso de 2016. Para Andrés Tapia, dirigente de Comunicación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENIAE, era necesario que el estado socialice con más tiempo la información y fomente la participación en este proceso para que se incluyan más organizaciones sociales: “Hay el deseo, pero no se conocen los requisitos. Lo que falta es el acceso a la información o información en los medios pertinentes según la particularidad sociocultural, sobre todo en la Amazonía, donde tenemos muchas nacionalidades”.
Es así que el contexto de la pandemia y el poco tiempo de convocatoria, podrían en parte, explicar que en este concurso existieron menos participantes que en el proceso de 2016, pese a que ahora se ponían en concesión el doble de frecuencias. Es así que, en 2016, participaron 834 solicitantes, y en 2020, 621 para un total de 3096 frecuencias de radio FM en todo el país. De igual manera, los concursantes para medios comunitarios, también fueron menos: 154 en 2016, frente a 82 en 2020. Por ello, Entre el concurso del 2016 y del 2020 se puede notar una diferencia importante en el número de participantes, principalmente comunitarios que solicitaron la concesión de una frecuencia.
Las organizaciones también se pone en duda la transparencia con la que se ha presentado este concurso. Fundamedios por ejemplo, asegura que no se ha entregado información o bases de datos abiertos que permitan el monitoreo y control externo del concurso; así como tampoco ha existido: “Un esfuerzo serio para constatar si en el país, realmente se ha dado un proceso de concentración de medios”. Además, señala que ARCOTEL no ha hecho mayores esfuerzos para investigar y verificar la concentración en los medios de comunicación ecuatorianos, pese a que otras entidades del Estado e informes de organizaciones han denunciado por años esta situación: “Nos entregan un cruce de datos con otras instituciones del Estado, pero ese cruce es absolutamente insuficiente. Lo que hacen es cruzar información con el Registro Civil, no hay un cruce con la Superintendencia de Compañías, o la Superintendencia de Control de Mercado”.
Así, cuando se revisan las tablas de Resultados de Evaluación de las Solicitudes publicadas por ARCOTEL se puede mirar que la documentación no da referencias sobre los representantes legales de cada uno de los solicitantes, lo que dificulta el monitoreo de casos de concentración de frecuencias. Además, en el Informe de Prohiciones e Inhabilidades no hace referencia a las prohibiciones de concentración del Art. 113 de LOC, por lo que queda duda en saber cómo investigó ARCOTEL este ítem.
De tal manera que las organizaciones de medios comunitarios denuncian que el Concurso no significa un avance en la distribución equitativa de frecuencias, prevista en la Constitución; y, más bien aseguran que se facilitó que los actuales concesionarios tengan grandes posibilidades de mantener sus medios.
En esto coincide César Ricaute de Fundamedios, quien menciona que el actual concurso “Vuelve a propiciar la concentración de frecuencias y la intervención y el reforzamiento de grandes poderes mediáticos”. Esto se evidencia, según dice porque, por un lado, se concedieron altas calificaciones a los grandes grupos mediáticos, y por otro, no se revisaron las inhabilidades de una buena parte de los concursantes.
Los mismos concesionarios, la misma concentración
Kléber Chica, presidente de AER, no se equivoca cuando menciona que hay concesionarios que mantienen sus frecuencias por cerca de ochenta años en Ecuador, y que hay familias que dependen de estos medios. Y es que justamente, en el país persisten grupos familiares y económicos que controlan una serie de frecuencias a nivel nacional desde hace décadas. Esta concentración se hace evidente también en el tipo de contenidos que presentan los medios.
Al respecto, Daisy Masapanta, integrante de Radio Kimsacocha de Azuay, asegura que el dial FM en esta provincia está saturado por radios privadas que “se caracterizan por ser musicales, tener mucha publicidad y poco contenido”. También están las radios religiosas que “están más dedicados a rezar, a citar el evangelio, pero no hay programación o contenidos que necesitamos escuchar”. Pese a esta saturación, en la radio no se escucha la voz de la comunidad, de las mujeres o de los defensores de derechos, asegura. La misma situación se repite en ciudades como Guayaquil y Quito.
Respecto de la concentración de medios, el Informe de Auditoría de frecuencias (2009) señaló a ocho grupos financieros y económicos y doce grupos familiares que concentraban el espectro radioelétrico en radio y televisión. Esta situación cambió en parte, cuando la Constitución de 2008, prohibió que capitales financieros o bancarios tuvieran participación en los medios de comunicación. De tal manera que canales como Teleamazonas o Telerama que eran propiedad de banqueros, cambiaron de concesionario. En el caso de la radio, hay grupos concentradores que se mantienen desde hace décadas y otros que se formaron a partir de 2008.
Con el objetivo de limitar la concentración de frecuencias, la Ley de Comunicación creada en 2013 contempló el artículo 113, que prohíbe la concentración o la tenencia de medios entre la misma familia, o la posesión de dos frecuencias matrices para un mismo grupo o persona. A pesar de la prohibición, aún se puede evidenciar la tenencia de más de una matriz por un solo grupo.
Para Gustavo Gómez, este panorama también se repite en otros países de la región, incluso en países donde hay una legislación con importantes avances en materia de desconcentración “América Latina, no ha resuelto bien ese problema, incluso con marcos legales nuevos. Las legislaciones no han sido suficientes, no ha habido suficiente voluntad política real, incluso de los gobiernos que se llaman progresistas para avanzar en una desconcentración”.
A más de la concentración por parte de grupos nacionales, Gustavo Gómez de OBSERVACOM apunta al problema de la extranjerización, es decir, empresarios extranjeros que “terminan dominando una parte muy importante del sistema de medios en nuestros países”, como es el caso del Fantasma Ángel González.
Pero los esfuerzos por limitar la concentración nacional o extranjera no han sido suficientes. Así, tras suspender el concurso de 2016, la Contraloría General de Estado realizó un examen especial en 2018, donde solo habla de tres grupos concentradores. Uno de estos es el caso del empresario Ángel Gonzales, más conocido como “El Fantasma”, quien en Ecuador concentra varias radios y televisoras. Aunque el nombre de Gonzáles no aparece directamente como concesionario, de allí su sobrenombre de Fantasma, sí aparecen empresas nacionales cuyos accionistas, son empresas extranjeras que, a su vez figuran como accionistas en otros medios. Los otros casos señalados por Contraloría fueron: el grupo de medios asociado con el alcalde de Quito, Jorge Yunda, y los medios del empresario Lenin Andrade; ambos ex presidentes del CONARTEL, entidad encargada antes de la concesión de frecuencias.
César Ricaute de Fundemedios asegura que luego de este examen de Contraloría, se inició un proceso de reversión en contra de estos grupos por concentración de frecuencias. Sin embargo, mantuvieron sus frecuencias y ahora volvieron a presentarse al actual Concurso: “Lo que vemos es que no ha pasado absolutamente nada en estos dos años y medio, y que todo lo que señalaba Contraloría en ese informe, vuelve a pasar ahora, lo cual es doblemente grave, incluso el caso del Fantasma es más descarado en su participación, menos cuidadosa”.
En el caso de los medios vinculados con el empresario Lenin Andrade, en los últimos meses, una de estas radios cambió de representante legal; por lo que en vez del nombre de Andrade figura ahora Bernardo Nussbaum, también ex presidente de CONARTEL, y antiguo concesionario de medios.
A más de la concentración por parte de grupos privados, también está la concentración de medios por grupos religiosos. La Ley de Comunicación de 2013, permitió que los medios a nombre de las iglesias puedan transformarse de medios privados a medios comunitarios. De tal manera, que el sector comunitario está siendo acaparado por grandes grupos mediáticos de carácter religioso, que en varios casos también tienen concesiones en otros países; tal es el caso de Radio María que nació en Italia y tiene presencia en 30 países, o Contacto Nuevo Tiempo con presencia en gran parte de América Latina.
Para Fundamedios, ARCOTEL también tiene una deuda pendiente en cuanto a políticas de desconcentración, o que fomenten la pluralidad en la comunicación. Esta falta de políticas públicas incide, además, en que los grupos concentradores hayan podido ocultarse, cambiar el nombre de sus concesionarios o usar testaferros, incluso en medio de los concursos de frecuencias de 2016 y 2020.
Los Medios Comunitarios y el concurso
Radio Kimsacocha es un proceso de comunicación comunitaria impulsado por campesinos, indígenas, jóvenes y mujeres, defensores y defensoras del agua de las parroquias de Victoria del Portete, Tarqui y Cumbe. Paticiparon en los dos concursos de frecuencias, de 2016 y 2020, sin tener todavía un resultado positivo para una frecuencia de radio comunitaria FM en la provincia de Azuay.
En el 2016, este medio superó la primera etapa con alta puntuación, pero el concurso fue suspendido antes de que resolviera su solicitud. En el concurso de 2020 compite con otro medio comunitario por una frecuencia en la provincia de Azuay. Sin embargo, este medio es de carácter religioso y tiene puntaje extra por sus años de experiencia, y a pesar de ser un medio religioso con varias frecuencias en Ecuador y en América Latina obtuvo otro puntaje extra por Acción Afirmativa: “Esta emisora dice que ha tenido por 22 años una frecuencia, desde 1998. Tiene 14 repetidoras y una matriz, nosotros pedimos una sola emisora y no nos pueden dar”, asegura Daisy Masapanta, productora del medio comunitario.
El caso de Radio Kimsacocha se replica para otros medios comunitarios, que disputan una frecuencia frente a un medio religioso, principalmente en Quito, Cuenca y Azuay donde había pocas frecuencias de carácter comunitario en concurso. Daisy Masapanta también se pregunta por los parámetros de verificación usados por ARCOTEL, para verificar la situación de concentración y de exclusión de los medios religiosos: “Para todos los medios comunitarios, organizaciones que se manifiesten históricamente excluidas, no hay ni un parámetro de verificación. Lo que ARCOTEL hace es creer ciegamente en esta declaración juramentada”.
Gustavo Gómez de OBSERVACOM, coincide en que el monopolio de los medios religiosos evangélicos o católicos en la región ha sido preocupante, más si están en el sector comunitario: “Hay una tendencia creciente de medios religiosos que se presentan como comunitarios, que algunas legislaciones los reconocen como comunitarios, pero que en realidad no debería ser así”. Aclara que no se trata de discriminar a estas iglesias, sino más bien, de reconocer que los medios comunitarios son por definición pluralistas y diversos: “Los medios religiosos aun cuando tienen el derecho a existir, son medios proselitistas, tienen una ideología que tratan de promocionar y de captar adeptos. Por tanto, no deberían ser reconocidos como comunitarios”.
Frente a este panorama de concentración, tanto religiosa como privada, la concesión de medios comunitarios para organizaciones sociales ha crecido de manera lenta: “Las comunidades, las organizaciones no podemos acceder a una frecuencia, no se puede hacer una distribución equitativa, ni democratizar la palabra. Es una tarea pendiente”, dice Daisy Masapanta,
Para Andrés Tapia, de la CONFENIAE, el actual concurso de frecuencias no va a alterar la situación de la comunicación en el país, y agrega que hizo falta más participación de organizaciones en este concurso, así como de esfuerzo de la autoridad de telecomunicaciones: “Algunos lograron, pero eso no quiere decir que la gran cantidad de medios que hubieran podido concursar lo hagan. Serán algunas organizaciones puntuales, todavía hay mucho camino para democratizar”.
La CONFENAIE es una de las pocas organizaciones beneficiadas en este concurso. La frecuencia de radio para la CONFENIAE reconoce el trabajo en comunicación que esta organización ha hecho desde hace varios años, capacitando a comunicadores indígenas y produciendo contenidos propios de las nacionalidades: “En el contexto de la pandemia, la información que generó la CONFENIAE se posicionó como la voz oficial frente a la falta de información del Estado. Es importante que la regional cuente con un medio de comunicación y más cuando Pastaza es un punto céntrico de la Amazonía. Este medio es fundamental para dar a conocer la realidad, donde tenemos 7 nacionalidades”.
Aunque esta organización tenía un medio radial por internet, reconoce que la lucha todavía es por las frecuencias de radio y televisión de señal abierta. Y es que el internet todavía tiene poco nivel de penetración en América Latina señala Gustavo Gómez, por lo que las frecuencias son una herramienta potente de comunicación. Además, afirma que el hecho de que persista la concentración indica que las frecuencias son todavía un punto de disputa.
ARCOTEL está a puertas de renovar gran parte de las frecuencias de radio por otros 15 años más. Aunque algunos medios comunitarios de organizaciones sociales, lograran tener por primera vez una frecuencia, esto no es suficiente para revertir la realidad de la comunicación en Ecuador, que por décadas siguen en manos de los mismos concesionarios. Pese al actual concurso, la redistribución es aún una tarea pendiente, sobre todo en las grandes ciudades.
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