Lo que implica el decreto de muerte cruzada de Lasso

Por: Gabriela Peralta @gaperalta07  y Ana Acosta @yakuana

Publicado 17 de mayo del 2023

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Guillermo Lasso, presidente de la República de Ecuador, firmó el decreto 741 que da paso a la “Muerte Cruzada”. El decreto se basa en el artículo 148 de la Constitución que permite disolver la Asamblea Nacional por obstaculizar el Plan de Desarrollo, por grave crisis política y conmoción interna, y llamar a nuevas elecciones. Con esto, Lasso puede gobernar por decreto por seis meses hasta que se elija nuevo presidente y asambleístas. La Corte Constitucional deberá hacer control constitucional de todos los decretos emitidos en este tiempo.

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¿Qué implica el decreto de Muerte Cruzada?

La Muerte Cruzada es como se conoce a dos artículos que tiene la Constitución de Ecuador que permite disolver a la Asamblea y destituir al presidente, al mismo tiempo. El primero, es el artículo 130 que permite a la Asamblea destituir al presidente por arrogarse funciones, por crisis política o grave conmoción interna. El segundo, es el artículo 148 que señala que la presidenta o presidente de la República puede disolver la Asamblea Nacional cuando esta “se hubiera arrogado funciones que no le competen constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna”. Esta última es la opción que tomó Lasso.

El decreto 741 disuelve la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, notifica al Consejo Nacional Electoral, CNE, para que convoque a elecciones en 7 días y ordena que toda la Asamblea, incluido el personal ocasional, terminar sus funciones.

Si bien la Muerte Cruzada es una herramienta presente en la Constitución, la decisión de disolver la Asamblea sucede en medio de un juicio político en contra del presidente Lasso por su responsabilidad política en el peculado en el transporte de petróleo público en la Flota Petrolera Ecuatoriana, Flopec, que perjudicó al Estado con más de 6 millones de dólares. Lasso sería responsable porque, a través de los decretos 107 y 163, designó a Hernán Luque para presidir el directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) dándole poder de decisión en todas las empresas públicas. Luque está involucrado en una trama de corrupción y hoy está prófugo de la justicia. Luque fue vicepresidente comercial del Banco de Guayaquil y amigo cercano de Lasso.

Lasso emitió el decreto en la madrugada del 17 de mayo, horas después, las Fuerzas Armadas, en una rueda de prensa, dieron su respaldo al decreto de Lasso y anunciaron que controlarán su cumplimiento por “ser constitucional”. La Asamblea fue rodeada de policías y militares, y las y los asambleístas impedidos de ingresar.

Con este decreto, Lasso permanecerá en el gobierno aproximadamente seis meses hasta que se elijan nuevas autoridades. Según el Código de la Democracia, las elecciones deben realizarse en menos de 90 días desde la convocatoria a elecciones. Es decir, Ecuador deberá ir a las urnas en agosto de este año para votar por presidente, vicepresidente y asambleístas. Estas autoridades electas estarán en sus cargos por dos años, hasta 2025 y podrán ser reelectas.

En este tiempo puede ejercer su gobierno por decretos. Pero, estos tienen un límite.  La Corte Constitucional deberá hacer control constitucional de los decretos y dar un dictamen previo favorable antes de su aplicación. Los decretos solo pueden ser de urgencia económica, no pueden abordar otros temas. Además, los decretos no pueden irse en contra de la Constitución, ni ser regresivos en derechos. Lasso, amitió ya el primer decreto que realiza una reforma tributaria. Por su parte, el ministro de trabajo, Patricio Donoso anunció que enviará un decreto que incluye reformas laborales y el ministro de obras públicas anunció un decreto sobre el proceso de contratación pública.

David Cordero, abogado constitucionalista y experto en derechos humanos, en Entrevistas Wambra,  manifestó que el decreto de Muerte Cruzada viola la Constitución ecuatoriana porque esta tiene causales específicas para que el presidente puede disolver la Asamblea y que el hecho de que el presidente haya estado sometido a un juicio político no es una crisis política, no es una grave conmoción interna, “él tenía que responder a las acusaciones de los asambleístas. Para eso es un juicio político. Los desplantes que el presidente le ha hecho a la Asamblea no son pocos. En varias ocasiones le han llamado para que responda a distintas acusaciones y no ha ido, ha mandado representantes”. 

Para Cordero, lo que está haciendo Guillermo Lasso es eludir un control constitucional, ciudadano y democrático y que, si alguna de las fuerzas políticas del país o movimiento social quiere tomar acciones, puede presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional para que sea esta la que verifique si se cumplieron o no los requisitos para dictar la disolución de la Asamblea Nacional.  Es así que el Partido Social Cristiano, PSC, anunció una demanda en la Corte Constitucional para que se suspenda el decreto de Muerte Cruzada.

David Cordero explica que, “Lasso utiliza mal la muerte cruzada porque disuelve a la Asamblea sin cumplir la Constitución y moviliza a los militares y tenemos un escenario de protesta social que aparentemente está empezando”. Disolver la Asamblea y militarizar las calles, para Cordero, es lo que hace un golpe de Estado.

Organizaciones sociales anunciaron movilizaciones exigiendo la salida del gobierno de Guillermo Lasso por la corrupción, el aumento de la violencia y la crisis económica.

El Frente Popular y la Unión Nacional de Educadores se pronunciaron. Isabel Vargas, presidenta de la UNE, en rueda de prensa, dijo que el presidente de la República, “huérfano de apoyo popular y político, a horas de ser destituido por la Asamblea Nacional, recurrió a la Muerte cruzada que es inconstitucional puesto que no hay conmoción social”. Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, también hizo un llamado a la sociedad civil para que se mantengan vigilantes y dijo que “las calles serán los escenarios donde defenderán los derechos y libertades del pueblo ecuatoriano”.

Marcela Holguín, asambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana, dijo que el decreto emitido por el presidente Guillermo Lasso es ilegal porque no hay, en este momento, en el país conmoción interna, ni grave crisis política: “Lo que hizo Lasso esta mañana es impedir la votación del juicio político que era en definitiva el juicio de la historia. Fue una estrategia que tomaron a última hora, de un presidente desahuciado que una vez más se aferra al poder, en lugar de renunciar”.

Por su parte, Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, dijo que el Consejo Político de la organización hace un llamado a  asambleas locales y “convocamos a todos los sectores sociales a la consolidación de la asamblea del poder social y popular para alcanzar consensos, para enfrentar el modelo dictatorial” Además, se declaran en vigilia permanente. Exigen a las Fuerzas Armadas el respeto a los derechos humanos y constitucionales “nos preocupa la actitud de la Fuerza Pública que elige respaldar a un presidente caído y da la espalda al 90% de la sociedad. Responsabilizamos a las Fuerzas Armadas y a la Policía de cualquier atentado contra la ciudadanía, contra las organizaciones, derechos e intereses de la nación”