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Ley de erradicación de la Violencia contra las Mujeres ¿con suficiente presupuesto para 2023?

Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2

Foto: Gobierno Feminista en el Ecuador

Publicado 17 de noviembre del 2022

“La proforma es el instrumento de política pública más importante porque es donde se decide si se invierte o no en distintas áreas”, señalaron las organizaciones de mujeres y feministas que integran el proceso “Agenda para un Gobierno Feminista en el Ecuador”, durante su comparecencia en la Comisión del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control de la Asamblea Nacional para el análisis de la proforma del presupuesto general del Estado para el periodo 2023. 

Minutos antes de su comparecencia en la comisión, realizaron una rueda de prensa para expresar su preocupación por la reducción del presupuesto en varias instituciones del Estado, lo cual afecta de manera considerable a las mujeres y a la mayoría de población.  

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Entre el año 2021 y 2022, organizaciones de mujeres, feministas y diversidades de diversas partes del país, impulsaron el proceso “Agenda para un Gobierno Feminista en el Ecuador”, donde se plasmaron sus visiones sobre cómo las mujeres desde el feminismo conciben el país y plantearon entre otras cosas, que los trabajos de cuidado deben estar en el centro de la politica pública y el quehacer político.

La Agenda para un Gobierno Feminista responde a la precarización de la vida, a las desigualdades sociales, al aumento de la violencia de género y la sobrecarga en el trabajo de ciudado durante la pandemia por la Covid-19, que recayó sobre los cuerpos de las mujeres.  La Corte Constitucional en agosto de 2020, en el fallo CASO No. 3-19-JP/20 y acumulados, reconoció el cuidado como un derecho humano. 

Estas organizaciones acudieron hasta  la Comisión de del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control de la Asamblea Nacional donde se debate la proforma del 2023 porque “la proforma es el instrumento de política pública más importante porque es donde se decide si se invierte o no en distintas áreas”, según señaló Bethy Tola, parte de la Comisión de la Coordinadora Nacional de la Plataforma de Mujeres Caminando hacia la Igualdad. 

Según Tola, durante el 2021 y 2022 han constatado un deterioro acelerado de las políticas de cuidado en relación a la educación, salud, programas de servicios de atención a niños y niñas, personas adultas mayores y con discapacidad.  Por eso expresó: “estamos acá, porque nos asiste el derecho para colocar nuestras demandas y hacer nuestros planteamientos. Nosotras queremos decirle a la Asamblea Nacional que para garantizar los cuidados es fundamental que se fortalezca el Estado y eso significa fortalecer el servicio público”. 

Dentro del análisis y levantamiento de información que han realizado, las organizaciones muestran que hay un deterioro de la inversión en el gasto de personal en los Ministerio de Salud, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Educación, Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría Técnica para combatir la Desnutrición. Esto dijo Tola: “nos preocupa enormemente que esta tendencia continúe. Por eso le estamos planteando a la Asamblea Nacional que el presupuesto del MIES tiene que garantizar un incremento casi del 50 % de la cobertura actual, de tal manera que pueda cubrirse al menos a los niños y niñas menores de tres años que están en situación de pobreza y extrema pobreza. Exigimos que la Asamblea le demande al Ejecutivo el incremento del presupuesto”. 

La representante de la Plataforma de Mujeres Caminando hacia la Igualdad, dijo que el presupuesto para atender a las personas adultas mayores ha disminuido y está “bastante lejos de cubrir a personas adultas mayores que están en pobreza y extrema pobreza”.

En consecuencia, Bethy Tola y representantes de otras organizaciones le exigen al Gobierno Nacional y a la Asamblea Nacional que observen y analicen la información entregada por las organizaciones porque tiene que ver directamente con la vida de las mujeres. “La corresponsabilidad del Estado en tareas de cuidado es fundamental porque eso quita la carga enorme que esta sociedad le ha asignado a las mujeres que casi está exclusivamente en nuestros hombros. Esa corresponsabilidad implica que nosotras tengamos la posibilidad luego de tomar decisiones sobre nuestra vida laboral, académica, deportiva, espacios de ocio y reproductiva. Por eso, para nosotras los ciudadanos son importantes”, recalcó.

No hay presupuesto para prevenir y erradicar la violencia de género

El Boletín de Prensa de mayo de 2021, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Cpccs, muestra que este Consejo aprobó el informe de gestión anual 2020 del Observatorio Nacional Ciudadano para la aplicación e implentación efectiva de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Según dicho boletín, en el informe entregado existió una reducción del presupuesto del 84 % desde el Gobierno Nacional para 2020 y en consecuencia, se eliminó personal profesional que asistía a mujeres violentadas.

Para el 2022, Fundación Aldea registró 206 femicidios y feminicidios desde el 01 de enero hasta el 03 de septiembre, incluidos seis transfeminicidios y 115 femicidios por delincuencia organizada. Del total de las mujeres víctimas de femicidios, aproximadamente, 82 eran madres, por lo que un total de 144 niños, niñas y adolescentes quedaron en la orfandad. La Fundación cuestiona al gobierno nacional y pregunta “¿dónde están los bonos para los hijos e hijas de las víctimas”. Las cifras muestran una escalada de violencia contra las mujeres que va en aumento, lo que es preocupante para las organizaciones de mujeres, feministas y derechos humanos quienes hacen un llamado al presidente Guillermo Lasso, sus funcionarios para instarurar mesas de diálogo con mujeres de todos los sectores a fin de tratar la problemática.

“Estamos sorprendidas por los engaños que hace de manera cotidiana el gobierno nacional. Habla de diálogos, de compromisos de decretos; sin embargo, en la proforma presupuestaria se puede constatar una disminución importante de un poco más del 30%, tanto en el presupuesto de gasto corriente como en el de inversiones y esto impacta directamente en las posibilidades de avanzar en la aplicación de la ley”, agregó Bethy Tola. También dijo que, según sus cálculos, la disminución en el presupuesto de inversión significa el financiamiento a 20 casas de acogida. Por tanto, exigen que se devuelva el porcentaje disminuido y agregró que la aplicación de la ley de erradicación de la violencia no solo le compete a la Secretaria de Derechos Humanos, sino a todas las entidades del sector público.  

En un conjunto de apreciaciones generales sobre la proforma presupuestaria del 2023, Tola dijo que hay dos aspectos que les preocupan. El primero es que en la proforma se evidencia la prioridad de los ingresos tributarios regresivos y se prevé un incremento del 20%, en la recaudación del IVA respecto del 2022 y solo del 4 % en el impuesto a la renta. Esta cifra no evidencia los 1900 millones de dólares que deberían ser cobrados a los deudores del SRI y eso no consta en la proforma y “creemos que debería constar”, explicó Tola.

Durante la sesión 140 de la Comisión del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control, la asambleísta Mónica Palacios dijo: “es increible como al gobierno del encuentro no le importan las mujeres y esa es la realidad. Ni una sola vez se ha pronunciado a favor de nosotras las mujeres, ni habla sobre la violencia que vivimos todos los días. Vemos que se ha reducido 10 millones en el MIES, la Secretaría de Derechos Humanos con sus representantes no han hecho nada por nosotras, hemos estados que vengan a las diferentes comisiones porque no han querido dar la cara”, a todo esto, la legislativa agregó que no hay presupuesto para el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos acordado por el presidente Guillermo Lasso “esa es otra mentira del gobierno del encuentro”. 

La presidenta de la Comisión, Mireya Pazmiño, mostró que en el presupuesto de 18 millones de dólares para la Secretaría de Derechos Humanos hubo una reducción de 6 millones, mismo que no se está ejecutando. Por ello, el ministro de finanzas, Pablo Arosemena y la Secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores, deberán responder a la Comisión por la reducción del presupuesto y la no ejecución del mismo. 

Por su parte, la economista y ex Ministra de Finanzas, Wilma Salgado, en una entrevista para Wambra dijo que hasta la mitad del año habían ministerios en los que solo se habían ejecutado el 5% del presupuesto y que el ministerio de Finanzas no entregó los recursos. Por ende no se pudo ejecutar lo que estaba previsto y genera impactos recesivos en la economía. La economista explicó que la Asamblea Nacional debe asegurarse no sólo de vigilar que el ministro de finanzas se pase de lo presupuestado más de un 5 %, sino establecer una norma para que los ministros cumplan y entreguen lo que está presupuestado.