Fátima, Lucía, Susana y Norma, cuatro niñas provenientes de tres países de América Latina, Nicaragua, Guatemala y Ecuador, sobrevivientes de violencia sexual y obligadas a la maternidad, junto a organizaciones de Derechos Humanos, acudieron al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para demandar a sus Estados por la falta de protección, justicia y reparación a las niñas en América Latina, la segunda región con mayor índice de embarazo adolescente y de niñas, de acuerdo al Fondo de Población de Naciones Unidas.
La acción legal articulada se denomina “el Golpe Regional”, un trabajo conjunto entre Plan Parenthood Global, el Centro de Derechos Sexuales y Reproductivos de Estados Unidos y organizaciones de defensa de derechos de los tres países. En Ecuador el caso es liderado por Surkuna y Fundación Desafío, dos organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres. El objetivo de esta acción es develar la situación que viven las niñas forzadas a la maternidad en América Latina y demandar la atención de los Estados para la generación de políticas públicas efectivas en cuanto a la protección de derechos de las niñas.
Pupitres vacíos
Bancas ubicadas en exteriores Asamblea Nacional Ecuador durante presentación Son #NiñasNoMadres – foto Wambra
Cuatro filas de pupitres vacíos permanencen en el bulevar de la Asamblea Nacional, en Quito, cada uno tiene un afiche con el nombre de una niña violada y forzada a la maternidad. La instalación muestra uno de los efectos de la maternidad en niñas y adolescentes: la deserción escolar y es parte de la acción pública y rueda de prensa que las organizaciones Surkuna, Fundación Desafío y Planned Parenthood convocaron el 29 de mayo. A la par, en Guayaquil, Cuenca y Ambato, organizaciones de cada ciudad realizaron acciones simultáneas.
Uno de los nombres del pupitre es el de Norma, la niña ecuatoriana que llevó su caso a Ginebra.
Norma fue violada por su padre desde que tenía doce años, hasta que queda embarazada a los trece años
– La violencia en la casa de Norma era cotidiana– cuenta Mayra Tirira, abogada de Surkuna.
La madre de Norma era frecuentemente agredida por su padre, y para cuando Norma tenía seis años, su padre viola a su prima, razón por la que es separada del hogar. Sin embargo, seis años después Norma vuelve a vivir con su padre donde queda embarazada producto de la violencia sexual.
La abogada de Surkuna explicó que el Estado ecuatoriano vulneró todos los derechos de Norma, le negó protección cuando las instituciones ya conocían de su situación de riesgo, en total, cuatro niñas de su familia fueron abusadas, dos por el padre de Norma, y las otras dos por su padrastro. Tres de ellas parieron fruto de la violación siendo todavía niñas. Ninguno de los agresores fue sancionado, con lo que se vulneró el acceso a justicia a estas niñas.
El derecho a la educación también fue violentado, la maternidad de Norma impidió que continúe con sus estudios, algo que repercute en la profundización de su situación de pobreza.
–Trabaja como empleada doméstica, limpiando casas, ganando lo mínimo para la subsistencia suya y la de su hijo– cuenta Tirira.
Las abogadas esperan que al llevar el caso de Norma hasta Naciones Unidas se declare la vulneración de sus derechos, que ella y su hijo sean reparados de forma integral, y que se generen recomendaciones al Estado ecuatoriano para la adopción de política pública efectiva en la protección y reparación de las niñas, incluida la despenalización del aborto por violación. Este último tema ya fue recomendado a Ecuador en ocasiones anteriores, por cinco diferentes organismos y comités internacionales de derechos humanos.
Norma no es el único caso
–Este día en el país van a parir ocho niñas– dijo Virginia Gómez de la Torre de la Fundación Desafío y reprochó además el trato que recibirán.
– En la maternidad van a empezar a decirles señoras, ¡señora de bien el seno a su niño!. Niñas de once, doce años que de un día a otro se convierten en adultas
Solo en el año 2017, 2.247 niñas parieron de acuerdo al Anuario de Nacimientos y Defunciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, (INEC), de acuerdo al Código Integral Penal, COIP, todos estos casos –al ser de niñas menores de catorce años– se tratan de violencia sexual.
– ¿Cuántas más han sido agredidas sexualmente? Porque ahí solo se cuenta las que llegan a dar a luz– se pregunta Margarita Velasco del Observatorio Social del Ecuador, quien además declaró que no debería haber ni una sola niña agredida sexualmente, y que luego deba dar a luz considerando los compromisos adquiridos por el Estado ecuatoriano en materia de protección de niños y niñas, desde 1990.
Velasco, concentró su intervención en el incesto, es decir, la violencia sexual perpetrada por parientes cercanos.
– El incesto no se ha querido abordar en este país, pero se conoce que ocurre de forma sistemática contra las niñas, aunque no se tengan cifras oficiales.
El incesto no está tipificado en el COIP, solo está considerado como un agravante de la violación. Según Mayra Tirira, la mayor cantidad de los casos de embarazo adolescentes corresponden a incestos, tal y como ocurrió con Norma. Para la abogada
– Es fundamental que el incesto sea visible en la legislación, no solo para sancionar, sino para entender la problemática y se puedan tomar acciones reales y concretas frente a ello.
El acceso a la justicia es otro de los graves problemas que enfrentan la mujeres y niñas que han sido víctimas de violencia sexual. En su intervención en Ginebra, Ana Vera, abogada de Surkuna, explicó:
– Tan solo un diez por ciento de los casos de violencia sexual se denuncian. Seis de cada 10 casos de violencia sexual que se atienden en mi país se han perpetrado en contra de niñas menores de 14 año, solo el 1% de los casos de violencia sexual denunciados tienen sentencia, y esto no implica que todas sean condenatorias
Las niñas viven largos procesos revictimizantes sin protección del Estado, denuncia Ana Vera, quien espera que se tomen cartas en el asunto con políticas efectivas: protección, justicia oportuna y reparación.
– Los violadores en este país no sancionados, es la impunidad– dice Virginia Gómez de la Torre.
El caso de Norma también reflejó esa realidad ya que a pesar de su agresor y el de su prima, y que las instituciones del Estado tuvieron conocimiento de los hechos, falleció sin ser juzgado.
Para Mayra Tirira, lo que las niñas necesitan son medidas de protección efectivas ya que muchas veces las niñas que denuncian estos casos se ven obligadas a permanecer en casas de acogida porque el sistema judicial no actúa de forma adecuada, no sanciona al agresor, lo deja en libertad, por lo que temen por sus vidas y la de sus hijos.
Otro de los episodios que vivió Norma es que se le negara la opción de interrumpir el embarazo cuando lo pidió, por lo tanto, la forzaron a ser madre. De acuerdo a las demandantes en este caso, esta una acción frecuente por parte de los operadores de salud.
–Que las niñas tengan la opción de interrumpir un embarazo fruto de la violencia sexual, es algo que desde las organizaciones de mujeres vienen persiguiendo desde hace once años–, comentó Virginia Gómez de la Torre, y recordó que la Asamblea Nacional tendrá que sesionar en junio y decidir sobre la ampliación de causales de aborto no punible a los casos de violación, incesto, malformaciones inviables con la vida extrauterina y en caso de inseminación artificial no consentida, en el marco de las reformas al COIP.
Actualmente el COIP solo considera como aborto no punible en las causales de violación a mujeres con discapacidad mental y cuando está en riesgo la salud y vida de la mujer. Mayra Tirira afirma que incluso en estos casos legales el Estado ha negado sistemáticamente este derecho a las niñas, quienes tienen serias afectaciones a su salud en todas sus dimensiones: física, mental y social, y aún así se les impidió decidir.
¿Qué se espera?
Las organizaciones demandantes buscan que las recomendaciones de Naciones Unidas promuevan políticas públicas efectivas de protección a las niñas de tres países, esperando que se promuevan en otros países del continente, donde la situación es similar.
El Comité de Naciones Unidas deberá revisar la demanda y dar una respuesta de admisibilidad, verificar si en Ecuador, y en los otros países, se han agotado todos los recursos legales nacionales. Si la demanda es admitida se deberá analizar todas las violaciones de derechos humanos y las medidas a tomar. El dictamen del Comité podrá llevar de tres a cuatro años.
Con esto, las cuatro niñas darán un golpe a la maternidad forzada en América Latina, esperando que la violencia no le ocurra a ninguna otra, y si esto ocurre que se sancione, que se les permita decidir sobre su vida y sus cuerpos y que la sociedad comprenda que las niñas, son niñas y no son madres.
