La protesta indígena y popular que levantó a Ecuador
Por: Ana María Acosta @yakuana – Wambra @wambraEc
Texto publicado originalmente en Agencia Pública
foto portada: Jor Cano para @wambraec
Ecuador se movilizó desde el tres de octubre, dos día después que el presidente Lenin Moreno anunció medidas económicas que vía decreto entraron en vigencia de forma inmediata y otras reformas laborales que deben ser discutidas y aprobadas por la Asamblea Nacional. Varias de estas medidas son parte de la ruta que exige el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que Ecuador acceda a créditos por más de cuatro mil millones de dólares.
De todas las decisiones económicas la que más resistencia social generó es la eliminación del subsidio al diésel y gasolina, ejecutada en el decreto presidencial 883, no solo porque influye de forma directa en el aumento del costo del transporte público y los productos de primera necesidad, sino por su contenido político. El movimiento social, y especialmente el movimiento indígena, en Ecuador tiene una larga historia de defender los subsidios a los combustibles y al gas de uso doméstico con movilización social. Los presidentes que intentaron implementar esta receta fueron derrocados o tuvieron que afrontar fuertes protestas que los hicieron retroceder. El gobierno de Lenin Moreno no es la excepción.
Las protestas iniciaron con la convocatoria del gremio de transportistas a un Paro Nacional para el tres de octubre. A esta se sumaron el movimiento indígena, liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), organizaciones sindicales como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), el Colectivo Unitario de Trabajadores, además de organizaciones sociales populares que anunciaron un paro contra “el paquetazo” –paquete de medidas económicas– y también en contra del extractivismo petrolero y minero en territorios indígenas. No fueron lo únicos en sumarse. Estudiantes de la Universidad Central del Ecuador – la universidad pública más grande del país– y estudiantes secundarios agrupados en la Federación de Estudiantes Secundarios (FESE), organizaciones de mujeres, y desde otro lugar de enunciación, personas partidarias del ex presidente Rafael Correa, también lo hicieron. Una multiplicidad de actores que llenaron las calles de las principales ciudades del país, con una diversidad de consignas. Ecuador amaneció el tres de octubre con vías cerradas, transporte paralizado y las clases suspendidas en escuelas y colegios.
La respuesta del presidente Lenín Moreno fue la emisión del decreto 884 de Estado de Excepción que permite a las Fuerzas Armadas participar en el control de la seguridad interna junto con la Policía. El cuatro de octubre el gremio de transportistas desistió del paro tras un acuerdo con el gobierno para elevar las tarifas del transporte público. Fueron los únicos. El movimiento indígena y todos los demás actores sociales no detuvieron la protesta. A la par se generaron hechos de violencia en varias ciudades del país: saqueos, toma de pozos petroleros, ataques a instituciones públicas, como gobernaciones provinciales, la Contraloría General del Estado que fue incendiada por personas encapuchadas. Actos que fueron rechazados por la organización indígena, quien se deslindó de estos hechos. El ocho de octubre el presidente emitió el decreto 888 que determina el Toque de Queda en todo el país, con la restricción de la libertad de movilidad desde las veinte horas hasta las cinco de la mañana. Además trasladó la sede de gobierno al puerto principal de Ecuador, Guayaquil.
Tanquetas militares, caballos policiales, bombas lacrimógenas lanzadas directo al cuerpo, perdigones, entre otras, pasaron a ser parte de la acción de la Fuerza Pública, para detener la protestas. Organizaciones de Derechos Humanos denunciaron “represión en zonas de paz, detenciones irregulares y falta de acceso a la justicia”.
El resultado fue cientos de personas detenidas, heridas y fallecidas. Las cifras son contradictorias: el Ministerio de Gobierno informó que hasta el 14 de octubre existían 1330 personas detenidas en todo el país, seis personas fallecidas, además de 435 Policías y militares heridos; mientras que la Defensoría del Pueblo –organismo público responsable de vigilar el cumplimiento de derechos por parte del Estado– en su informe del 13 de octubre registró 1192 personas detenidas, de las cuales el 70% son jóvenes menores de treinta años, además confirmó la muerte de ocho personas. Organizaciones de derechos humanos aseguran que el número es mayor, pero que han sido limitados de acceder a información en hospitales y morgues. Eso sucedió con el caso de Marco Oto, y José Daniel Chaluisa, jóvenes que cayeron de un puente en el barrio popular San Roque, en Quito, tras ser perseguidos por la Policía. Su muerte solo fue aceptada por el gobierno dos días después y la responsabilidad está por investigarse.
El ataque a periodistas y medios también fue parte de las protestas. La organización Fundamedios reportó 101 casos de ataques a periodistas por parte de la Policía y de manifestantes. Entre ellos está el reportero audiovisual de Wambra, Juan Carlos González, que fue impactado en su rostro por una bomba lacrimógena lanzada por la Policía cuando cubría las protestas. Juan fue hospitalizado y actualmente está en recuperación. Nuestra página también recibió varios ataques que lograron sacarla del aire por un día.
Ante esta situación, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, solicitó a las autoridades ecuatorianas “poner fin la fuerte represión de las manifestaciones, incluidas las detenciones masivas, e investigar de una forma rápida, independiente e imparcial todas las denuncias de detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, torturas y otros malos tratos cometidos contra personas detenidas en el contexto de las protestas”. Por su parte, la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, en su cuenta de Twitter, dijo que “hay que terminar con las mentiras sobre cifras de muertos y heridos. Ni una sola persona ha sido asesinada. No hay ningún desaparecido. Hay que Investigar y sancionar delitos”
La fuerza del movimiento indígena en Ecuador
En las jornadas de protesta participó una diversidad de actores sociales y populares, pero fue el movimiento indígena, quien sostuvo los once días de Paro Nacional. Uno de los pocos movimientos sociales con capacidad de convocar a miles de personas en todo el país y paralizarlo. Lo han hecho desde 1990 en el “Primer Levantamiento”, como se conoce a la movilización masiva de indígenas a Quito para exigir que se les adjudique las tierras de forma comunitaria y proponer el Estado Plurinacional. Desde ese año, el movimiento indígena pasó a ser un actor social y político, sin el cual no se entiende la vida política de Ecuador las últimas décadas. En 1997 otro levantamiento indígena dio como resultado el derrocamiento del Presidente Abdalá Bucaram. En 2000 fueron los mismos indígenas y los movimientos populares los que se movilizaron contra las políticas neoliberales de Jamil Mahuad, presidente que eliminó el sucre como moneda nacional, dolarizó al país, fue derrocado y recibió el asilo de Estados Unidos. Lo hicieron también en 2015 durante el gobierno de Rafael Correa en masivas protestas por la defensa del agua, contra la ampliación minera y petrolera en la Amazonía, páramos y zonas de alta biodiversidad. El Parque el Arbolito en Quito es el lugar “histórico” –como lo denominan– donde se reúnen desde el Primer Levantamiento y es el espacio donde se congregaron desde el inicio del Paro Nacional el tres de octubre. Organizaciones de mujeres, barriales, estudiantiles de universidades públicas y privadas organizaron brigadas de acogida, atención médica, recolección de vestimenta, alimentación para recibirlos. Artistas realizaron videos y canciones de solidaridad. Feministas instalaron guarderías de cuidado para cuidar a los “guaguas” –palabra kichwa que significa niños– y permitir a las mujeres indígenas participar de la protesta. No se irían de la capital sin obtener respuestas del gobierno.
Pero el presidente Lenin Moreno, anunció que “no daría marcha atrás en las medidas”, en cadena nacional, el ocho de octubre, acompañado del alto mando militar, el vicepresidente Otto Sonnenholzner, el Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín. Además responsabilizó –sin mostrar ninguna evidencia– al ex presidente Rafael Correa y el presidente de Venezuela Nicolás Maduro por intentar desestabilizar su gobierno y generar un golpe de Estado.
Las calles seguían encendidas. Indígenas de la Amazonía, que se habían mantenido movilizados en sus provincias, llegaron a Quito a sostener el paro. El país seguía sin retomar actividades. El once de octubre, en una nueva cadena nacional, de apenas un minuto de duración, el presidente Moreno, solo, sin la Fuerza Pública atrás de él, llamó a la dirigencia indígena al diálogo y a la paz.
La protesta sin tregua
El doce de octubre se cumplieron diez días de Paro. Este, declarado internacionalmente como el “Día de la Raza”, en conmemoración al descubrimiento de América, ha sido resignificado por los pueblos indígenas de Ecuador y América como el “Día de la Resistencia Indígena”. Este día, a diferencia de los anteriores, fueron las mujeres indígena quienes convocaron a una marcha de mujeres por la “resistencia, la paz y contra el paquetazo”. La ruta, esta vez, fue hacia el norte de la ciudad. Todas las anteriores marchas se habían dirigido hacia Asamblea Nacional o el Palacio de gobierno en el centro histórico, lugares claves del poder. Consignas feministas que meses antes se habían escuchado en las calles, en el contexto del debate en la Asamblea Nacional por el aumento de causales para un aborto legal, fueron transformadas en consignas del Paro: “se va a caer, se va a caer, el paquetazo de va a caer” “FMI fuera del país”.
A la par la ciudad se llenaba de nuevos manifestantes. Camiones llenos de personas llagaban desde otras ciudades. El Parque el Arbolito se convirtió en un campo de batalla entre manifestantes encapuchados y Policía. La Contraloría General del Estado fue incendiada y varios canales de televisión atacados. El presidente decretó el Toque de Queda desde las tres de la tarde. Camiones de militares llegaron desde los cuarteles a Quito y las calles fueron desalojas. En la noche, el silencio solo fue roto por la detonación de bombas lacrimógenas y voladores –juegos pirotécnicos– que usaban manifestantes contra la Fuerza Pública.
Las personas impedidas de salir de sus casas por el Toque de Queda, convocaron a un “cacerolazo”. A las ocho de la noche, familias hicieron sonar sus ollas desde sus ventanas y terrazas, y en algunos barrios, madres, abuelas niños salieron a la calle. El Estado le había apostado a la fuerza represiva como camino para detener la movilización, y esta no le había dado resultado. Ecuador parecía entrar en un conflicto sin salida.
El diálogo en cadena nacional
El trece de octubre se cumplieron once días de paro. El Toque de Queda había logrado controlar los puntos de mayor protesta. Pero esta no se detenía. Hasta que una salida se abrió. La Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Conferencia Episcopal anunciaron un primera reunión de diálogo entre el movimiento indígena y el gobierno.
La mesa de diálogo fue transmitida en televisión nacional. Algo que había sido una petición del movimiento indígena para “romper el cerco mediático”. Todo el país miró la reunión, como si fuera una final de futbol de la selección ecuatoriana. Por primera vez en la historia del país, todos los medios de comunicación, televisivos, radiales, digitales, transmitían una reunión en la que los protagonistas eran indígenas y un gobierno sentados en la misma mesa.
El presidente Lenín Moreno estuvo acompañado de varios ministros y representantes de otras funciones del Estado, mientras que del movimiento indígena estaban presentes dirigentes de la organización nacional CONAIE y las organizaciones regionales de la Costa, Sierra y Amazonía, además de académicos y líderes sociales. Del lado del gobierno los argumentos para sostener la medida económica se basaron en el déficit fiscal, el sobre endeudamiento de una economía dolarizada, el contrabando de combustible subsidiado por parte de grupos narcotraficantes y el ataque al “correísmo”, como se denomina a quienes son partidarios del ex presidente Rafael Correa. El movimiento indígena, por su lado, argumentó que el decreto 883 afecta la economía de los más pobres, pidió transparentar el acuerdo con el FMI, y que el Estado se responsabilice por los heridos y muertos durante las protestas. Pero no solo eso, evidenció algo que el gobierno había sido incapaz de mirar: el descontento a la ruta económica neoliberal no era exclusiva del movimiento indígena, sino era un sentir de una gran parte de la población. Leonidas Iza, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, una de las organización clave para sostener el paro, lo dijo: “no estamos viendo bien, nosotros mismos nos sorprendemos la cantidad de gente, no creo que Correa tenga la capacidad de mover todo aquello”
Indígenas con ponchos rojos, plumas de aves amazónicas en sus cabezas, sobreros, mujeres con collares de semillas, camisas tejidas, rostros de piel cobriza, le hablaban al presidente, pero también le hablaban al país. “Este no es un pedido del movimiento indígena, este es un pedido del país” lo confirmaba Jaime Vargas, indígena de la nacionalidad achuar y presidente de CONAIE. Mientras tanto, miles de indígenas, estudiantes, voluntarios, personas diversas, congregadas en el Ágora de la Casa de la Cultura, miraban expectantes la reunión en pantallas gigantes.
Después de más cuatro horas de diálogo, Arnaud Peral, representante de ONU Ecuador anunció el acuerdo: se deja sin efecto el decreto 883 y se conforma una comisión confirmada por el movimiento indígena y el gobierno para elaborar un nuevo decreto. El primer ingrediente de la receta neoliberal del FMI estaba parado. El movimiento indígena lo había hecho otra vez.
