El contexto electoral que atraviesa el país, amerita un análisis profundo de los retos que enfrenta el movimiento de mujeres y feministas del Ecuador. Pero además es propicio para hacer una evaluación de lo que han significado estos últimos diez años de gobierno en la agenda de las mujeres.

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Entrevista con Rocío Rosero Garcés 

por @wambraradio

Rocío Rosero Garcés, es una mujer que durante más de 40 años ha luchado por los derechos de las mujeres desde distintos espacios, en Ecuador y América Latina. Es socióloga, antropóloga, y tiene dos Diplomados en Derechos Humanos y Democracia, además de un Diploma Superior en Ciencias Sociales con especialización en Género y Políticas Públicas. Su hoja de vida es amplia, pero como ella escribe en su blog personal: “La vida, más que la academia, me hizo feminista y defensora de los derechos humanos de las mujeres”.

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Conversar con Rocío, es una oportunidad de aprender y abrazar la historia como herencia de lucha de las mujeres que nos precedieron en la construcción de sociedades más justas y dignas para las mujeres.

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¿Cuál es el balance que nos deja estos diez años de Gobierno en Ecuador?

Para hablar de estos diez años, me gustaría decir algunas ideas de nuestras conquistas y de nuestras luchas porque a veces resulta que estas
mujeres, que están en cargos de decisión en este gobierno, hablan de un conjunto de maravillas, como si esto se hizo por arte de magia, por sus cualidades personales y no reconocen procesos históricos de lucha que venimos trabajando a nivel internacional, en la arena de Naciones Unidas, con muchas compañeras feministas latinoamericanas, norteamericanas y europeas.

Las últimas cuatro décadas han sido una arena de batalla muy importante para los derechos de las mujeres a nivel internacional. Y esto es lo que ha permitido que nosotras contemos con instrumentos como la Convención Internacional por los Derechos de las Mujeres, la CEDAW, conocida como la “Carta Magna de las Mujeres”, que se aprobó en el año 81. Diríamos que ese es un hito importantísimo, así como lo es “la Convención Belem do Pará” en el año 94, que es la Convención Interamericana para prevenir, erradicar y sancionar las violencias contra las mujeres.

Las conferencias de Derechos Humanos, las conferencias internacionales de los 90, jugaron un rol fundamental porque permitieron concertar a todos los países, a los gobernantes de todos países del mundo en varias ideas fuerza que son fundamentales, como que las mujeres somos sujetas de derechos, que nuestros derechos están afianzados en la CEDAW, en la Plataforma de Beijín se aprobó en el año 95 y en el Programa de Acción del Cairo que también reconocen no solo a las mujeres, sino a los y las adolescentes y jóvenes como sujetos de derechos.

Ojo, estas son conquistas históricas que en muchos países se quiere borrarlas, invisibilizarlas, no se divulgan. Y creo que este es un elemento esencial, entender que la conquista de derechos aquí en el país fue como movimientos sociales de mujeres, de indígenas, de jóvenes que impulsamos un conjunto de demandas para tener una presencia en el Estado, para tener los consejos de igualdad de derechos, esos consejos que tratan el tema de las desigualdades y de las inequidades como unos elementos fundamentales en la vida de la sociedad ecuatoriana y como política pública, que tuviera tenga un rol importante en los planes en los programas de gobierno.

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– ¿En qué momento empiezan a concretarse estos acuerdos internacionales en la política del Ecuador?

En el año 2008 se consiguió afianzar varias de estas conquistas a través de distintos artículos de la Constitución. Los Consejos de Igualdad quedaron con capacidad rectora, conseguimos muchas cosas que están en el papel. Pero como hemos visto, diez años de trampa en la legislación, en la política pública, en los presupuestos y en el uso de una retórica tramposa sobre nuestros derechos.

Debemos tener clara conciencia que sin capacidad de rectoría de política pública, los Consejos de Igualdad no pueden hacer nada. La Ley de Consejos de Igualdad fue promulgada a finales de 2014 – 2015, es una ley que reduce a los Consejos de Igualdad a unos entes que tienen un carácter indicativo para hacer agendas, son menos que la sociedad civil. Los Consejos de Igualdad tienen reconocimiento pero no tiene presupuesto, no tienen capacidad técnica, no tienen capacidad normativa y por lo tanto, la posibilidad de hacer política pública esta esfumada.

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¿Por qué es tan importante la relación de estos tres ejes que nombras: Planes de gobierno, políticas públicas y presupuesto?

Porque si tú no tienes una política pública con presupuestos asignados claramente, con responsabilidades en los niveles de gobierno, es muy difícil que se lleve a la realidad. Entonces parte de nuestras luchas, como Coalición Nacional de Mujeres ha sido exigir que haya una claridad en el rol, en la institucionalidad, en la política pública, en la asignación de presupuesto y en el marco legislativo porque tenemos vacíos legales, tenemos retrocesos.

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– ¿Cómo comprender el retroceso de más de 40 años de lucha de las mujeres en estos últimos 10 años?

Tenemos una avanzada de grupos conservadores y ultraconservadores en Alianza País durante todos estos años de gobierno. El reposicionamiento de varios temas a nivel de la política pública nos están mostrando eso.

Tenemos ejemplos como el Plan Nacional de Prevención y Erradicación de las Violencias, que era una de las ocho políticas que nosotras como movimiento, desde los consejos de las mujeres impulsamos para la transición al gobierno de Correa.

Este gobierno adoptó precisamente el Plan de Prevención pero en la práctica implicó que nadie se hiciera cargo de la rectoría, que nadie asumiera el tema presupuestario; incluso se desperdició un fondo fiduciario para la erradicación de la violencia que es un fondo de Naciones Unidas.

Entonces sí tenemos que decir que el conjunto de la institucionalidad y de las políticas públicas sufrieron un retroceso en estos diez años, y es más radical en el último lustro, a partir de una presencia cada vez más clara y activa de personajes en la política y en el staff de Correa, en su asesoría a nivel presidencial, desde la Dirección de Asesoría Jurídica pero también desde otros asesores y asesoras, que por ejemplo, sacaron la ENIPLA, la Estrategia de Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente. Estas posiciones ultraconseravadoras en lugar de afianzar la política pública en los derechos de las personas, afianza la política en sus creencias personales, en su religión y no son capaces de mirar que la única posibilidad del ejercicio de una sana sexualidad desde un punto de vista integral, está precisamente dada por la información, por una educación que permita entender que las relaciones entre hombres y mujeres, son relaciones de poder.

 

– El Plan Familia desconoció todo el proceso histórico que nombraste al inicio, y fue aprobado por Decreto Presidencial. Podemos decir lo propio de la Ley 103 y la Ley de Maternidad Gratuita. Entonces, ¿se ha respetado la institucionalidad del Estado?

Qué importante es para un Estado Social de Derechos tener absoluta claridad sobre los roles de las instituciones, en la garantía y protección de los derechos de las personas. En caso del ENIPLA, se le quita la responsabilidad a los Ministerios de Salud y de Educación, entes fundamentales en este proceso educativo y de información de la población infantil y adolescente. Estos derechos progresivos que están consagrados en el artículo 66 de la Constitución que tiene que ver con el catálogo completo de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos que tenemos los ecuatorianos y ecuatorianas; luchamos por ellos más de 20 años pero que lamentablemente han sido escamoteados en términos de planes de gobierno, de política pública y de presupuestos.

Otra área muy importante que mencionar porque el gobierno de Correa los ha eliminado como política de Estado, son los mecanismos de acción positiva. Dicen: “La salud ya es de todos” entonces todo está arreglado. No, los mecanismos de acción positiva son compromisos adquiridos por el Estado Ecuatoriano a través de la CEDAW, para hacer políticas de carácter temporal que permita hacer cosas como ejemplo, todos los servicios de atención, acceso a planificación familiar, a métodos anticonceptivos, a información laica, científica y oportuna.

Entonces, la Ley de Maternidad Gratuita tenía un gasto protegido, con el objetivo de tener la provisión de métodos anticonceptivos. El Ecuador no ha salido y sigue estando en rojo, con el tema de la muerte materna.

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– De esos números rojos que tenemos en relación a la muerte materna, ¿cuántos son de niñas madres y por qué tiene responsabilidad el Estado?

La muerte materna está alimentada gravemente por la muerte de niñas y adolescentes madres, que no están preparadas. Es una consecuencia directa de la violencia sexual, de las maternidades forzadas, de los embarazos forzados; el 14% son muertes de niñas de 10 a 14 años.

En el país, el tema de la educación, de la información son temas fundamentales para crear una ciudadanía, en la que padres, madres, adolescentes, niños, de todas las edades, tengamos la información, para vivir una vida en paz, para desarrollar nuestras capacidades y nuestros proyectos de vida y no ser objetos de violencia como están siendo ese conjunto de niñas embarazadas adolescente, que son madres muy temprano.

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– La mayoría de estas niñas madres son resultado de la violencia sexual, ¿Qué pasa entonces con el Derecho a Decidir sobre la maternidad en la legislación del Ecuador? ¿Qué nos debe el Estado?

La tipificación de los delitos sexuales en los últimos 15 años ha sido una de las tareas fundamentales del Movimiento de Mujeres. No se explica de otra manera que al menos en este momento tengamos la figura del femicidio, que se haya mejorado en el COIP algunas de las figuras legales de los tipos penales de violencia sexual. Sin embargo, hay una deuda grande porque quedaron vacías varias cosas, como los derechos conculcados a las mujeres. Se eliminó la Ley de Violencia contra la Mujer en la práctica, se le quitó todo un capitulo importantísimo que daba las medidas de protección y amparo. Esto en la práctica significa dejar a las mujeres en la indefensión. El COIP es meramente sancionador, y se requiere de una política pública de prevención, erradicación, protección de las víctimas y sobrevivientes, y reparación de sus derechos; nuestra exigencia es esa. Cuando hablamos de feminicidio, es precisamente de que el Estado asuma las acciones de omisión. 

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– ¿Podemos hablar de un problema estructural que impide el acceso adecuado de las mujeres al ejercicio de sus derechos? ¿Qué sucede con las rutas de aplicación de la ley?

Ahí tenemos unos problemas graves con el cambio de la institucionalidad, pero también con la falta de decisión política para estructurar los sistemas de protección de derechos. Si tuviéramos una decisión política, la Ley de Consejos de Igualdad y la Ley de Consejos de Protección de Derechos ya tuvieran cabida y se estuvieran trabajando políticas públicas locales que permitan que la prevención, erradicación, la protección de las víctimas funcione y eso, no está sucediendo.

No puede haber una sola ruta, porque no es la misma la situación institucional que la que están todos los cantones del país. Tenemos graves diferencias, por ejemplo: en un cantón hay juzgado de delitos penales, en otro caso hay solamente juzgados especializados de familia y de niñez, en otro caso no hay nada. En cada cantón va a depender de la situación del acceso a la justicia, pero también de la propia situación institucional: si tiene jurisdicción la Dirección de Educación, de protección especial del MIES, del Ministerio de Justicia, si se está implementando el Plan de Violencia en el nivel territorial, si hay una política pública en el Municipio, es decir todos esos factores que van a contribuir a que efectivamente exista o no, una política pública de prevención, de protección de derechos y erradicación de la violencia sino, no va a suceder nada.

Por eso es que nosotras también en la Coalición hemos propuesto una Ley Integral de la Prevención y Erradicación de las Violencias, que es una ley integral que tiene un sentido fundamental: darle un andamiaje institucional a esa política de protección que necesitamos en el nivel más bajo de la estructura de la administración del Estado, de la parroquia, cantonal y tiene que irradiarse a nivel local en todos los rincones del país.

Hasta que eso no se dé, no podemos quedarnos aquí cruzadas de brazos, esperando a que se dé la ley. Les presentamos a todos los candidatos y a todas las fuerzas políticas, una política de prevención y erradicación de las violencias con este preciso objetivo.

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– Además de la propuesta, ¿Qué necesitamos para hacer posible esta política pública, cuáles son los retos?

El reto es grande, porque necesitamos decisión política, necesitamos alianzas con los movimientos juveniles, de niñez y adolescencia, con los movimientos sociales, con el movimiento indígena. En los últimos años, hemos desarrollado una maravillosa relación entre las mujeres y los movimientos indígenas. Las organizaciones de mujeres indígenas han avanzado muchísimo en el posicionamiento dentro de sus organizaciones, de las temáticas de las violencias de género en sus distintas formas, que hace unos pocos años, los compañeros no la querían reconocer.

Esos son pasos que deben abrirnos también la esperanza, esta es una lucha larga en que la que todos tenemos un lugar y que implica un gran cambio cultural. Ese gran cambio cultural no se va a dar solamente en el Estado y en los niveles de gobierno, es una corresponsabilidad de la ciudadanía.

Cómo creamos pactos y alianzas que sean supra partidarias y supra organizaciones sociales, que pongan en el centro la vida, la integridad, la autonomía de las niñas y las mujeres en el Ecuador. Este es un elemento esencial en medio de tanta confusión y de tanto caos. El nuestro es un llamado de paz profundo porque es precisamente la construcción de nuevas vidas, de nuevas formas de relaciones que permitan darnos más paz como sociedad.

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– Para consolidar este cambio de patrones socioculturales. ¿Qué debe hacer el siguiente gobierno?

Requerimos una profunda reforma del sistema educativo desde el enfoque de género, y eso es una política fundamental que no puede ser una política de algún gobierno. Debe ser una política de Estado, que se proponga metas a 10, 20 años plazo, que contribuya a crear esos patrones socioculturales para entender la igualdad, aceptar, trabajar por esa propuesta positiva que es la construcción de la igualdad de oportunidades, de la igualdad de derechos.

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– Nos encontramos en medio de una disputa de poder, de dos posturas claramente conservadoras que quieren asumir la gobernabilidad el país. ¿La despenalización social y legal del aborto sería posible en este escenario?

Como movimiento de mujeres hemos luchado por la despenalización total del aborto; la despenalización del aborto en casos de violación ya es la demanda mínima y es además una recomendación de tres comités de Derechos Humanos, incluido el de la CEDAW y el Comité contra la Tortura. Ahí el tema está pasando por un problema gravísimo que es la violencia sexual, la violación de niñas que están siendo forzadas, el matrimonio infantil y maternidades forzadas, están detrás de estas problemáticas.

Necesitamos que quienes van a legislar y quienes van a gobernar se quiten la venda, dejen sus creencias confesionales por un momento, y miren que el tema de un cambio de patrones socioculturales para la despenalización social y cultural del aborto es la información, la educación para una sexualidad sana y responsable.

El problema de desconocimiento viene de una actitud misógina, patriarcal, que no reconoce la existencia de un problema en las relaciones de subordinación y en las relaciones de violencia, ese es un problema grave que a estas alturas se convierte en un problema de gobernabilidad democrática. Si no reconocen el estado de situación de la mitad de la población, estamos hablando de palabras mayores. Necesitamos que los nuevos legisladores y nuevas legisladoras asuman los compromisos y las recomendaciones que los Comités están dando al Estado Ecuatoriano; que conozcan de manera clara y categórica y que reconozcan sobre todo que el machismo y la misoginia requieren de un trabajo permanente, continuo en política pública, y eso requiere decisión política.

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– ¿Qué acciones tomaría el movimiento de mujeres al respecto?

Las alianzas con otros movimientos sociales son fundamentales para trabajar en un pacto social y político más amplio, de manera más holística, tanto en la legislación como en la política pública ¡porque necesitamos hacer reforma legal todavía!. La despenalización del aborto en casos de violación como mínimo, y ojalá fuera en las tres causales como en varios países de la región latinoamericana.

Hay la necesidad, como sociedad de hacernos cargo del tema de la igualdad, esto no se va a producir solamente por una acción gubernamental, por un decreto o un cambio legislativo. Si no hay modificaciones sustantivas en el sistema educativo en todos los niveles, si no hay una vigilancia del cumplimiento de las garantías establecidas en la Constitución y en las leyes, el cortar esa reproducción de patrones socioculturales que subordinan y discriminan a las niñas y las mujeres, es una tarea también de la sociedad civil en todos los ámbitos.

Nosotras decimos la ciudadanización de los Derechos Sexuales y Reproductivos es un elemento esencial. ¿Qué es eso? Es la información y formación todo el tiempo y a lo largo de toda la vida, en todas las circunstancias que se requieran, en cada etapa de la vida, en el diálogo con los padres pero también en la escuela, y en el colegio. Tenemos que quitarnos todas las telarañas para tener la capacidad de hablar, de informar de prevenir las violencias, el embarazo adolescente, no es con métodos errados como la abstinencia, en la vida real eso no va a ocurrir.

La sexualidad es quizá una de las dimensiones más importantes de los Derechos Humanos, nosotras feministas en América Latina decimos que éste es el más humano de los derechos. Entender de otra manera distinta, las relaciones entre hombres y mujeres nos haría más felices, tendríamos otra vida.