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El presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, DDHH, Derechos Colectivos y la interculturalidad, Fernando Cabascango, junto a una delegación de asambleístas de Pachakutik, presentó oficialmente, el 8 de noviembre de 2021, ante la Asamblea Nacional, el informe de la Investigación Parlamentaria correspondiente al caso Pandora Papers y la presunta vinculación del presidente de la República del Ecuador, Guillermo Lasso.

Este informe fue debatido y aprobado en el Pleno de la Comisión, en Sesión Ordinaria No. 043, el 05 de noviembre pasado. Las y los asambleístas Fernando Cabascango, Paola Cabezas, Victoria Desintonio, Fernanda Astudillo, Edgar Quezada y Mario Ruiz votaron a favor del informe de investigación del caso.

El informe tiene por objeto investigar el caso «Pandora Papers», pero también, puede “solicitar las comparecencias y formular los pedidos de información que consideren necesarios, bajo criterios de especialidad y prevalencia legislativa”, con el fin de “esclarecer la vinculación del presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, dentro de la investigación periodística divulgada, relacionada con el uso de empresas fantasma en paraísos fiscales y los fines de las mismas”.

La Comisión de Garantías Constitucionales señaló en el informe, que el presidente Guillermo Lasso, además de las responsabilidades jurídicas, debe explicar al país dónde están los fondos, cómo sirven al desarrollo del país, cómo promueve el bien común y antepone el interés general al interés particular, conforme al buen vivir.

“Las actuaciones probadas afectan a la credibilidad del mandatario, pues, al mismo tiempo envía proyectos de reforma tributaria en las que se impone contribuciones a los diversos sectores sociales y se plantea legalizar la tenencia de fondos offshore. La ética no es un aditamento, sino una condición para la consolidación de la democracia; y es uno de los fundamentos del liderazgo político responsable”, señala el informe.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) se pronunció sobre este tema. “Guillermo Lasso Mendoza inobservó el pacto ético aprobado en consulta popular, entonces está prohibido de ejercer su cargo público por su vinculación con empresas fantasmas establecidas en paraísos fiscales”, señaló en un comunicado emitido el 6 de noviembre de 2021.

A decir de la organización indígena, “Los paraísos fiscales implican fraude tributario, hurto, despojo, pobreza, concentración obscena de la riqueza y desigualdad social”.

Alegan que “el vínculo de Guillermo Lasso con los Pandora Papers solamente se suma a una ya existente situación de crisis y conmoción social” que atraviesa el país. Según la organización, el Ecuador vive múltiples crisis: falta de empleo, crisis carcelaria, inseguridad histórica, nueva ola migratoria, entre otras problemáticas.

Por su parte, el Partido Social Cristiano (PSC), a través de un comunicado, expresó: “El bullado caso de los Pandora Papers, puede traer serias consecuencias, no solamente para el presidente de la República, sino para todos los ecuatorianos”.

Además, declaró oponerse a la creación o aumento de impuestos, porque “atentan contra el crecimiento y prosperidad de los ecuatorianos, ya que rebajan sus ingresos y aumentan los precios de los bienes y servicios que necesitan, aparte de que solo se los utiliza para pagar a los tenedores de bonos y aumentar el ya excesivo gasto público”.

Considera que la causal de grave conmoción interna señalada en el informe no es aplicable este caso, puesto que no se ajustaría a lo señala la Constitución.

De manera similar se pronunció la Izquierda Democrática. Este partido señaló que no hay suficientes argumentos para proceder a una destitución y afirmó que no apoyaría una supuesta desestabilización. Mientras en la noche del miércoles, sus asambleístas se reunían en Carondelet con el gobierno.

Juan Flores, asambleísta de CREO, acusó en declaraciones a la prensa, a varios asambleístas de Pachakutik de estar aliados con la bancada de UNES, para desestabilizar al gobierno de Lasso.

Fernando Cabascango, asambleísta proponente del informe, señaló que su intención es esclarecer la relación del presidente y sus empresas offshores.