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¿Por qué la información sobre el proceso

de vacunación debe ser pública?

Entrevista a Angélica Porras

Por: Luisana Aguilar y Jorge Cano

Programa Voces y Propuestas, 2 de maro de 2021

 

 

 

Publicado 26 marzo 2021

 

Ecuador recibió el primer lote de vacunas contra la COVID-19, adquiridas a la farmacéutica transnacional Pfizer, el miércoles 20 de enero de 2021. Días atrás, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) informó la forma en la que se aplicaría las vacunas: “personal de primera línea y a adultos mayores de centros geriátricos y sus trabajadores”. El 21 de enero se aplicaron las primeras vacunas al personal médico, y también se recibieron las primeras quejas y denuncias de irregularidades.

El entonces ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, se aplicó la vacuna, según dijo como un “homenaje a todas las personas, todo el personal de salud, que sufrió de la enfermedad”. Días después se supo, y él mismo lo confirmó y justificó, que vacunó a su madre en el centro residencial privado donde ella vive. Además, de otras irregularidades: el envío de dosis insuficientes a los hospitales; la aplicación a personal administrativo, en lugar del personal médico; y finalmente, la aplicación de la vacuna a una “Lista Vip” de personajes políticos, de sectores económicos, concesionarios de medios de comunicación como son el radiodifusor Diego Oquendo, de Radio Visión y Gonzalo Rosero, de Radio Democracia, además de  empresarios como Rodrigo Paz, accionista del equipo de fútbol Liga Deportiva. Varios de ellos, personas de la tercera edad, con otras enfermedades, pero que no permanecen en centros geriátricos, ni son trabajadores de primera línea o población vulnerable.

Ante estas irregularidades la Defensoría del Pueblo realizó un pedido de acceso a la información sobre el plan de vacunación al Ministerio de Salud, y ante la falta de respuesta, el Defensor del Pueblo, Freddy Carrión solicitó la destitución de Juan Carlos Zevallos como ministro de Salud; solicitó a la Asamblea Nacional tramite el juicio político; y, además, realizó una denuncia penal en Fiscalía por tráfico de influencias.

Organizaciones como Acción Jurídica Popular también iniciaron acciones legales para conocer la información sobre el proceso de vacunación y la lista de vacunados. Esta organización  activó una garantía constitucional, que es la Acción de Acceso a la Información Pública. La acción fue aceptada por la jueza Celma Espinoza, por lo que el Ministerio de Salud deberá entregar la información sobre los contratos con la farmacéutica, el plan detallado de vacunación y la lista de personas vacunadas.

 

 

Angélica Porras, docente y abogada, parte de la acción de solicitud de acceso a la información pública que la organización Acción Jurídica Popular interpuso al Ministerio de Salud del Ecuador, explicó en el programa Voces y Propuestas, sobre cómo avanza el acceso a información pública del proceso de vacunación y por qué esta información no puede ser considerara confidencial

 

Acción Jurídica Popular interpuso una acción de acceso a la información pública para que el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) entregue los documentos del Plan de Vacunación, los contratos con las farmacéuticas y el listado de personas que estarían vacunadas. Desde la perspectiva legal y de derechos humanos, ¿por qué es indispensable que la población conozca esta información?

Es importante decir con todas sus letras, que el manejo de la pandemia no ha sido transparente y, en este sentido, hemos tenido muchísimas fallas, una de las más importantes ha sido el acceso a la información. Sabemos que no se destinó el presupuesto suficiente, recuerden ustedes que cuando justo empezó la pandemia se destinó dinero a pagar la deuda externa y después se supo que era una recompra de bonos al 100%. Entonces la política del gobierno respecto de la salud de los ecuatorianos en pandemia, no ha sido ni siquiera prioridad y ocurrió lo mismo con el tema de la falta de manejo de la crisis económica producto de la pandemia, no hubo políticas económicas al respecto. Lo que existió es un gran secretismo, primero respecto de las cifras de los números de personas fallecidas, de infectadas, etcétera y ahora, con las vacunas.

Se ha especulado mucho sobre el tema de los contratos que ha hecho Ecuador con las transnacionales, todos los países están tratando de llegar a acuerdos y obviamente estas farmacéuticas abusan, pero queremos saber en qué términos estamos comprando las vacunas. Eso en primer lugar.

Sobre el plan de vacunación. Sabemos que hay fases: la fase cero, la fase primera, pero no sabemos, por ejemplo, para cuándo está pensado inmunizar a toda la población. De hecho, el plan que está colgado en el Ministerio de Salud de la página web dice: hay tales criterios y en “fase cero” se atenderá a tales personas, “fase uno” se atenderá a tales personas, pero no dice cuántos, ni cómo. Por último, lo que ya fue un elemento que derramó la paciencia de todos, fue el tema de las personas que se saltaron la fila para vacunarse. En la “fase cero” están como prioridad, en primer lugar, médicos, enfermeras, conductores de ambulancias, personas que hacen la limpieza en los hospitales, que trabajan directamente con personas infectadas. Y eso no es sólo porque ellos han sido los héroes de esta época, sino porque además eso baja el contagio porque ellos están en constante cercanía con personas infectadas.

En la fase cero también se considera para las personas adultas mayores, pero, ¿cuál es el criterio con que se escogió a las adultas mayores?, porque en el Ecuador hay más de 1.500.000 personas adultos mayores, entonces ¿cuál fue el criterio con el que se vacunó a la madre del señor ministro, a importantes periodistas o comentaristas inclusive a un empresario del fútbol?, ¿ellos necesitan más protección que aquella persona adulta mayor de 65 años que tiene que salir a la calle todos los días a ganarse la vida, que no puede hacer el trabajo a través de un medio a través de una pantalla comunicando o sin necesidad de exponerse?. La impresión que da, y de las propias confirmaciones del del ex ministro, es que efectivamente se valieron de palancas, de cercanías para vacunarse, dejando de vacunar a personas que tienen la prioridad. Por esa razón, por todas esas razones nosotros exigimos esos documentos.

Afortunadamente, la jueza nos concedió esta acción de acceso a la información, contratos, plan y lista de vacunados que, además, es importante conocerla no solo por curiosidad sino, porque es importante que la ciudadanía haga vigilancia de todo el proceso de vacunación que esto va para largo, no va a ser en dos o tres meses. Solo el 60% de la población, según el plan del MSP, va a ser vacunado este año, el resto el 40% el otro año. Seguramente nosotros, los que estamos aquí, nos tocará el próximo año y tenemos que por lo menos a nuestros padres y a nuestros abuelos les toque cuando deba y no que esas vacunas se desvíen a otras personas que no corresponden. Entonces, esas son las razones en resumidas cuentas que yo les podría decir que nos animaron a empujar esta acción.

 

Una vez que Acción Jurídica Popular obtenga esta información ¿Cuál va a ser el uso? ¿Cómo se lo va a difundir?

El MSP tiene que entregar la información en quince días. No somos ingenuos en pensar que no va a haber presiones para no entregar. Muchas veces uno gana una acción, tiene la sentencia a favor, pero no se logra el cumplimiento.

Estamos claros que tal vez haya que activar una acción de incumplimiento que implique incluso, la destitución de quien está a cargo en el ministerio, si no se entregara esa información. Pero, si es que se entrega esa información, sea ahora dentro de quince días o cuando se pelee a través de la acción de cumplimiento de sentencia constitucional, lo que nosotros pensamos hacer es publicarla.

Nos parece que esta información tiene que conocerla todo el país. Además, si es que de esa lista se derivan responsabilidades, creemos que efectivamente el ex ministro Zevallos cometió tráfico de influencias. Eso está en investigación en la fiscalía, pero el señor se fue, eso significa que, inclusive formulando cargos, no se podría continuar con el proceso de juicio porque el señor no está presente. Sin embargo, también hay denuncias por peculado, un delito del cual sí se puede continuar con investigación incluso cuando él está fuera del país.

Entonces, me parece a mí que sí hay que buscar que se responsabilicen. Sabemos perfectamente que la investigación fiscal no es para todos igual, nosotros solicitamos dos días antes de que se vaya el señor ministro que se dicte en medida cautelar para evitar la salida del país, porque renunció y nosotros decíamos: “el siguiente paso es que se vaya”, y no, no fue atendida esa petición por la Fiscalía. También creemos que hay que iniciar las investigaciones de carácter penal y las responsabilidades civiles o administrativas que sean del caso, porque no es posible que una persona se burle de esa manera de los derechos de los ecuatorianos.

 

Ya está en funciones el nuevo Ministro de Salud, Rodolfo Enrique Farfán, quien antes fue parte del equipo del ahora ex ministro Zevallos ¿Cuáles serían las acciones que debería de tomar inmediatamente?

Bueno, en primer lugar, transparentar la forma cómo se está realizando la vacunación, el programa de vacunación. Esto va más allá de conocer lo que está publicado en el Ministerio de Salud, está la lista de hospitales a los cuales se les ha entregado en la primera fase un número tal de dosis de vacuna, hay unos protocolos que dicen que los puntos de vacunación tienen que recibir las vacunas de esta manera, que tienen que manejarlas de esta forma  por el tema del frío que requieren.

Además de eso, no se conoce quiénes son los integrantes de esta Comisión de ciudadanos que cuida supuestamente la transparencia, el deber ser, del uso de las vacunas. No sabemos quién es el equipo que establecen los criterios para seleccionar a las personas que van a recibir la vacuna. No sabemos cada cuánto se reúnen, cuáles son las actas de esta Comisión que, por ejemplo, recibe el listado de las personas de vacunarse de cada uno de los hospitales, porque sabemos que de los hospitales o geriátricos, mandan una lista y de esa lista, no sabemos si es que se hace un análisis de si está o no en primera línea. Por ejemplo, hubo una persona de un hospital que se dedicaba al tema de la comunicación que se vacunó antes que los médicos que estaban directamente relacionados con el manejo del COVID. Entonces, justamente todos esos elementos del día a día, no están claros, no están transparentes.

Lo correcto sería que el ministro actual salga una rueda de prensa y diga “esta es la manera cómo estamos manejando la vacunación por la COVID-19” y que además haya un pronunciamiento real de parte también de él, del Ministerio de Salud respecto de cómo se manejaron los contratos. Sabemos que los contratos hay, por lo menos de la información que logramos conseguir ayer, decían es que los contratos están en proceso, es decir, todavía no están firmados es excepto el contrato con Pfizer. Además, se dijo que no se hicieron mediante un procedimiento de contratación pública. Entonces, ¿cuál es el procedimiento por el que se hizo? queremos saber cómo se hizo esa contratación, porque sabemos que en el Ecuador todo tiene que ir por contratación pública. Hay, además, un rumor de que existen cláusulas de confidencialidad en los contratos, pero eso es inconstitucional porque nuestra legislación y nuestra constitución establecen que se debe conocer cuánto se ha destinado de dinero. ¿Es posible o no es posible que los municipios compren directamente? entonces todos estos elementos es lo que debería transparentar, y esa sería una muestra de que se va a cambiar en la política de salud de parte del ministerio.

 

¿Qué información es la que una un ministerio una cartera de Estado, que el que un gobierno puede establecer como confidencial y cuál es el proceso para establecer a esa información como confidencial y cuáles son los criterios para que algo sea confidencial?

En primer lugar, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública dice que la confidencialidad debe ser declarada por alguna autoridad antes de que sea pedida la información y especifica la manera en cómo se va a declarar algo como confidencial. La ley establece ciertos aspectos que son por principio, confidenciales como los que tienen que ver con materia de seguridad nacional, etcétera. Obviamente, en ningún momento habla de contratos como estos o de la cuestión de salud.

Sin embargo, la ley del paciente establece que hay confidencialidad para el estado de salud, para la historia clínica. Entonces si por ejemplo alguien pretende averiguar cuál es el estado de salud de una persona o pretende tener acceso a su historia clínica, eso es confidencial. Si el Ministerio de Salud se le ocurre declarar a la lista de personas que han sido vacunadas como confidencial, necesita declararlo con anterioridad y necesita hacerlo mediante algún mecanismo legal, una resolución, un decreto, algo.

En la audiencia no se presentó ningún documento que digan que efectivamente, se declaró confidencial en tal fecha o no, o se hizo reservado, nada de eso se dijo. La pregunta es ¿se trata de datos confidenciales? No, porque los datos confidenciales son los que tienen que ver con el estado de la salud de la persona. Las recomendaciones de los organismos internacionales en el COVID-19, y lo que han dicho es que sí es confidencial el estado de salud de las personas contagiadas, en ningún momento se ha referido a las personas que reciben o que van a recibir las vacunas.

Por otro lado, los datos que pedimos no son donde viven no son datos relativos a sus bienes las propiedades nada nada de eso. Lo que nos interesa es saber si accedieron a un bien público o no, solamente ese dato, que equivale al dato del padrón electoral, usted ahí tiene sus nombres apellidos tiene su cédula y tiene dónde va a votar esos son datos públicos. Entonces no estamos hablando de datos del estado de salud, sino de si se accedió o no a un bien público. Precisamente ese debate se hizo en la audiencia y la jueza llegó a la conclusión de que no se trataba de datos confidenciales.

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El ocultamiento de información pública ha sido una constante de este gobierno que también se vio en el acuerdo con el FMI ¿Cómo prever esto ante el siguiente gobierno y la administración? A partir de mayo ¿Qué podríamos hacer para dar seguimiento y exigir que el gobierno transparente su política? En diferentes niveles: educativos, la política económica, la política de salud.

Sí me parece muy importante el planteamiento. Solo por poner un ejemplo, nosotros venimos de una batalla jurídica durante un año y medio para conseguir todos los papeles relativos al primer préstamo con el FMI y conseguimos el pagaré hace unos días. Realmente es impresionante, tienen una hoja anexa donde está a mano escrito cuánto nos desembolsaban y en qué fecha, sin firma de responsabilidad, ahí hay una rúbrica que no se sabe de quién es. Dice: tal fecha, nos dieron 400 millones; tales otras, nos dieron 300, tales otras nos dieron 600. O sea, ¿así se manejan las finanzas?, por eso entendemos que haya se hayan demorado un año y medio en entregarnos ese pagaré porque realmente eso parece un chiste.

Hay que mirar la cuestión del ocultamiento de la información, porque es ocultamiento de la información con una mirada de la estructura en general. Hay que considerar que estamos en una fase neoliberal muy pronunciada y eso supone que, se cree que la implementación de esta política neoliberal se hace absolutamente de espaldas a la ciudadanía. Es decir, no es parte de una política que permite los ajustes en todo sentido: en los salarios, los ajustes, en el nivel de vida, los ajustes en los derechos de educación, de acceso a la salud, que tiene que hacerse de espaldas a la población sino no podría implementarse. Ahí uno entiende por qué esto es no es aislado sino, que está bien acompañado de toda la política de todas las acciones del gobierno. Esa es la forma cómo funciona el neoliberalismo, la forma cómo logra imponerse el neoliberalismo. Yo creo que una de las cosas más importantes que podemos hacer es de exigir, con diversos mecanismos jurídicos, las movilizaciones, también en el debate político, exigir que se transparente esto, porque no es aislado, esta es la forma cómo el neoliberalismo logra imponerse en la sociedad.

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¿Cuáles han sido las consecuencias evidentes de todo este manejo, tanto político y económico, en la salud y de que continúe un tipo de política así?

Las evidencias están a la mano el tema del mal manejo de la pandemia: los muertos, la falta de información, el saturamiento del sistema de salud, que se evidenció en el desmantelamiento del sistema de salud. Nunca hemos tenido un buen sistema de salud, pero, el momento de la pandemia fue uno de los peores en cuanto a la falta de atención de presupuesto para la salud, que ha significado muertes y enfermedad.

Luego, una falta total de política de compensación para la pérdida de recursos de las personas que perdieron su trabajo por efectos de la pandemia y la flexibilización laboral, que vino de la mano de la Ley de Apoyo Humanitario que, justamente a pretexto de la pandemia, se pudo introducir la propuesta neoliberal de hace mucho tiempo, para flexibilizar la relación laboral.

Todos esos elementos han significado un primero un retiro del Estado de la política de salud, de la política de educación y de la política laboral. Básicamente, todo lo que es social ha quedado librado al ámbito privado. Y esto quizá, en el tema en las cárceles es donde más se ve, porque resulta que el Estado retrocede y entran las mafias y con consecuencias tan horrorosas como la que las que las que hemos visto estos estos días. Estas son las consecuencias de retirar el Estado de la sociedad.

Nosotros no somos una sociedad que podamos decir “prescindimos del Estado”, porque tenemos fuerzas productivas o fuerzas económicas suficientes como para que vivan solas. Nuestra sociedad, es una sociedad sin políticas sociales, sin derechos. Entonces, no podemos bajo ninguna circunstancia decir este podemos vivir al margen del Estado, porque es el Estado el que debe adoptar salud, educación y una política laboral que proteja a los trabajadores.

Las consecuencias son nefastas. En términos económicos, hemos perdido siete puntos del PIB, eso significa que estamos en una situación peor que en la de la dolarización. Las consecuencias de mantener una política de esta naturaleza son primero: fomentar la violencia, aquellos sistemas políticos que no permiten el debate, que no abren su estructura al debate de las necesidades sociales generan violencia. Una segunda cuestión es que el empobrecimiento va a ser mayor y va a profundizarse más, salir de la brecha la pobreza es más difícil mientras más tiempo se está en la pobreza. Entonces esas son las consecuencias de una política neoliberal y continuar con ella es aceptar que ese va a ser nuestro futuro próximo.