Indígenas de la Amazonía:
entre la pandemia y la contaminación
Por: Génesis Anangonó @genestefa
Edición: Ana Acosta @yakuana
foto portada collage: CONFENIAE
[rt_reading_time label=»Tiempo de lectura:» postfix=»minutos» postfix_singular=»minute»]
Las nacionalidades indígenas de Ecuador, especialmente de la Amazonía, han solicitado atención prioritaria por parte del gobierno para afrontar la pandemia por la COVID-19 y el cese de actividades extractivas en sus territorios, pero estas peticiones han sido ignoradas o han llegado tarde, poniendo en riesgo su sobrevivencia. Esto ha provocado que 2.321 personas, de 10 nacionalidades estén contagiadas de COVID-19, además de 37 personas fallecidas con diagnóstico confirmado y 45 con sintomatología asociada al virus, hasta el 20 de agosto de 2020, según los informes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía de Ecuador (Confeniae).
En el caso de las comunidades indígenas que viven en el borde de los ríos Quijos, Napo y Coca su situación se agravó después de uno de los más grandes derrames de petróleo en los últimos 15 años.
Los pueblos y nacionalidades indígenas han tenido que organizar acciones de cuidados propios, como la utilización de medicina ancestral para tratar la enfermedad, y acciones colectivas para frenar la propagación de la COVID-19 al interior de las comunidades, además de interponer acciones legales para exigir su derecho a la salud y evitar que las actividades extractivas de petróleo, madera y minería continúen.
¿Cómo están afrontando las comunidades indígenas Siekopai, Shuar y Waorani la COVID-19 y el avance extractivo que no se detiene ni en época de pandemia?
.
Nacionalidad Siekopai
Resguardarse en medio de la selva para evitar el contagio por COVID-19, fue la decisión que tomaron las comunidades Siekopai. El lugar elegido para hacerlo fue el territorio ancestral de Pë’këya −hoy conocido como Lagartococha−, en la provincia de Sucumbíos, territorio que, desde el siglo pasado, ha sido el centro de origen espiritual de esta nacionalidad indígena amazónica. No era la primera vez que Pë’këya los resguardaba, ancestralmente esta zona ha sido un sitio estratégico, histórico y cultural que les ha permitido resguardarse de otras pandemias. Pero esta vez el virus se presentó antes.
Justino Piaguaje, presidente de la nacionalidad Siekopai, no sabe cómo llegó el virus a la comunidad, pero tiene dos opciones. La primera, es que pudo haber sido en marzo durante la fiesta de aniversario de la comunidad Bellavista, en el cantón Shushufindi, en Sucumbíos, a la que llegaron muchos invitados y colonos –como les dicen a los mestizos–. La otra opción es que el virus llegó en marzo, con la llegada de un turista holandés que se hospedó en un hotel de la reserva ecológica de Cuyabeno – en territorio de las nacionalidades Siekopai y Siona− y que fue uno de las primeras personas diagnosticadas con COVID-19 en Ecuador y que fue llevado a Quito para ser atendido.
Pese a todos los esfuerzos que los Siekopai realizaron, durante los primeros días de la pandemia perdieron a dos sabios de la comunidad.
Enrique Piaguaje era médico ancestral de la comunidad Bellavista, era el responsable de curar las enfermedades de las personas de su comunidad con plantas medicinales y otros saberes ancestrales. Pero nadie pudo curarlo a él. Enrique tuvo tos, calambres, dolores abdominales y dificultad para respirar por varios días, hasta que falleció el catorce de abril de 2020, siendo el primero en fallecer con sospecha de COVID-19 en esta nacionalidad.
El segundo fallecido fue Belisario Payaguaje, de 85 años, abuelo de la comunidad, conocedor de la arquitectura ancestral.
–Él hizo la maloca, vivienda tradicional de la nacionalidad Siekopai, en Waiya y era el que más conocía de la infraestructura ancestral Siekopai –recuerda Justino Piaguaje, y explica muertes como la del abuelo afectan la vida de toda la comunidad
–La muerte de nuestros abuelos para nosotros es sumamente triste porque con ellos se va una parte de la cultura de la nación originaria Siekopai.
Tras el fallecimiento de Enrique Piaguaje, médicos llegaron al lugar, luego de que orgaizaciones indígenas y de derechos humanos emitieron una alerta; le realizaron pruebas de COVID-19 al hijo de Enrique, quien dio positivo. Similar situación ocurrió con Belisario Payaguaje, cuando él falleció se le practicó una prueba rápida a su nieto, que también dio positivo. Justino Piaguaje cree que, si los familiares de los abuelos Siekopai estaban contagiados lo más probable es que los fallecimientos fueron ocasionados por la COVID-19.
Antes de que los contagios en esta nacionalidad se confirmen, el 16 de abril de 2020, la nación originaria Siekopai emitió un comunicado, informando su decisión de refugiarse en Pë’këya, como en el pasado, para evitar el contagio. Seis familias Siekopai lograron llegar a Pë’këya, sin embargo, según explicó el presidente de esta nacionalidad, Justino Piaguaje, las familias que fueron a este territorio ya experimentaban síntomas relacionados a la COVID-19.
Justino Piaguaje cuenta que varias personas que tuvieron síntomas fueron a los servicios de salud, pero no se les realizó ningún análisis. La única persona que fue atendida recibió un diagnóstico de faringitis. Por lo que, las personas de la comunidad, incluido Justino, que tuvieron síntomas de COVID-19 y que no fueron atendidos en los centros de salud, decidieron curarse con medicina ancestral
– solo estamos usando nuestra propia medicina y al parecer nuestra medicina está dando buenos resultados.
En el territorio Siekopai, se registran oficialmente 23 contagios, hasta el 27 de julio de 2020, pero podrían ser más, según los líderes indígenas, por lo que la Alianza por los Derechos Humanos emitió una alerta el 21 de abril informando una posible propagación de la COVID-19 en la nacionalidad Siekopai y denunció que al menos veinte personas de esa nacionalidad presentaban síntomas de COVID-19.
.
Nacionalidad Shuar
La nacionalidad Shuar en Ecuador ocupa un extenso territorio en la Amazonía, está asentada en las provincias de: Morona Santiago, Pastaza, Zamora Chinchipe, Sucumbíos y Orellana. Al igual que otras nacionalidades indígenas, han hecho uso de medicinas ancestrales, basadas en plantas, parar mitigar los síntomas de COVID-19.
Magdalena *, joven Shuar, de la comunidad Tsurakú, en Pastaza no está segura de cómo se contagió, pero cree que pudo ser en el Puyo, cuando fue al banco a pagar los servicios básicos
–Había mucha gente aglomerada y no se mantenía la distancia como corresponde
Dice que también pudo ser en la comunidad, porque la persona del GAD parroquial encargada de repartir los kits alimenticios, entregados por el COE cantonal, estuvo en contacto con un enfermero que dio positivo a la prueba, y ella recibió el kit de manos de este hombre que más tarde también fue diagnosticado con COVID-19.
Magdalena cuenta que cuando empezó a sentir escalofríos, dolor de cabeza y garganta quiso ir al subcentro de salud, que queda cerca de la comunidad, pero solo se encontraron con la auxiliar de enfermería que desconocía cómo atenderlos. Por esta razón la comunidad optó por utilizar plantas para superar el virus.
Al igual que Magdalena, en la comunidad Tsurakú varias personas han experimentado síntomas relacionados con el virus. En otra comunidad cercana llamada Yuu, también hubo personas que tuvieron fuertes síntomas, pero, según Magdalena “ya están mejor”.
La nacionalidad shuar tiene muy arraigada en sus tradiciones el uso de plantas medicinales y la aplicación de los saberes ancestrales, heredados por las sabias y sabios de la nacionalidad, por ello durante la pandemia y para contrarrestar los síntomas que produce la COVID-19 han optado por realizar infusiones de plantas amargas y vaporizaciones. Si bien la Organización Mundial de la Salud ha dicho que no existe cura para la COVID-19, estas plantas se han convertido para los pueblos indígenas en alternativas naturales para mitigar los síntomas que esta enfermedad produce.
Además, ante la ausencia de atención médica pública, en la comunidad Tsurakú han decidido cumplir con el protocolo de prevención de la Confeniae que explica qué es y cómo se previene el contagio de la COVID-19 y qué hacer en caso de presentar sintomatología asociada al virus, sin embargo, dice Magdalena, que no se ha acatado en su totalidad, porque “no ha habido suficiente socialización por parte de las organizaciones ni de la Confeniae”.
.
La nacionalidad Waorani y las petroleras
La nacionalidad Waorani tiene cerca de cuatro mil habitantes asentados en las provincias de Pastaza, Napo y Orellana. Esta nacionalidad indígena ha defendido su territorio ancestral desde hace siglos, pero en la actualidad este está amenazado por la actividad petrolera. Al interior del territorio ancestral waorani están asentados los bloques petroleros 16, 14, 57, 21y 31, entre otros.
El bloque 16, operado por la empresa petrolera española Repsol, ubicado en la provincia de Orellana, opera en los linderos del Parque Nacional Yasuní, que es el corazón del territorio ancestral Waorani. Cerca de este bloque habitan más de una docena de comunidades de la nacionalidad Waorani, que además es una zona de tránsito para los pueblos indígenas, en aislamiento voluntario, Tagaeri y Taromenane.
Pese a la emergencia sanitaria por la COVID-19 la actividad petrolera en los diferentes bloques no se detuvo. Es así que en abril, un mes después de que iniciara la emergencia sanitaria en Ecuador, la empresa Petroamazonas emitió un comunicado informando que seis trabajadores del Bloque 57, Libertador, en el cantón Shushufindi provincia de Sucumbíos, habían dado positivos a las pruebas rápidas por COVID-19. Después de esto el 21 de abril la Confeniae emitió una alerta en la que informaban que dos trabajadores del Bloque 16 de la petrolera Repsol dieron positivo a las pruebas. Ni la empresa, ni autoridades tomaron medidas de prevención por lo que el 14 de mayo de 2020 se confirmó el primer caso de contagio en la nacionalidad waorani.
La primera persona contagiada fue una joven waorani de 21 años de la comunidad de Miwaguno, en la provincia de Orellana y más de quince familias de las comunidades Conipare y Gareno, en Napo; Miwaguno, en Orellana; y Toñampare, en Pastaza, presentaban síntomas. Hasta el 27 de julio la nacionalidad Waorani registraba dos fallecimientos por COVID-19.
La primera persona falleció el 18 de mayo de 2020, en la comunidad de Bataburo, y la segunda, el 17 de junio de 2020, en la comunidad Dikaro.
En la comunidad de Miwaguno el Ministerio de Salud Pública ingresó el 16 de mayo de 2020 para realizar acciones de verificación, sin embargo en las otras comunidades, donde los habitantes presentan síntomas, no se realizaron pruebas diagnósticas con rapidez para confirmar o descartar el virus, y, según informó la organización Amazon Frontlines, tampoco existe respuesta humanitaria, que aseguren que las personas y comunidades guarden aislamiento con garantías.
La complicada situación de la provincia, la confirma Estefanía* servidora pública, que trabaja en la Dirección de Monitoreo y Seguimiento de Protección a pueblos indígenas en aislamiento voluntario, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos. Estefanía explica que debido a la pandemia la Dirección redujo personal y durante los primeros días de la emergencia, y el personal no recibió insumos de bioseguridad sino apenas en mayo.
La estación en la que Estefanía trabaja en la provincia de Orellana existe gran concentración de comunidades indígenas waorani y otras nacionalidades y cuenta que mucha gente se acercó diciendo que tenían síntomas y la respuesta en los centros de salud fue “asumir que era una gripe y nada más”.
Durante la emergencia, la atención de emergencias médicas, no relacionadas al COVID-19, se ha visto afectada. Estefanía recuerda una alerta que recibieron de una mujer waorani que presentaba fuertes dolores de estómago, por lo que se informó al personal de la Dirección y al médico de la zona, y se solicitó la entrada de una avioneta para poder trasladarla a una casa de salud. Sin embargo, solo pudo ser trasladada tres días después, porque “no estaba confirmado el uso de la avioneta”.
Posterior a esta emergencia, desde este mismo territorio waorani, se recibió una nueva alerta en la que se solicitaba atención médica para una niña waorani de doce años embarazada, que, según alertaron, se había resbalado en su casa y estaba sangrando. Luego de informar al personal de la Dirección de monitoreo y al punto focal waorani –encargado de prestar atención médica a las comunidades en Orellana– se le pudo brindar atención médica.
“Salir de las comunidades cercanas al río Shiripuno es complicado”, dice Estefanía, porque las comunidades se encuentran doce horas río abajo y el traslado es en canoa. “Cuando hay emergencias médicas la gente tiene que salir en avioneta o helicóptero. Si es mucha gente tiene que salir por río, pero se necesitan de 40 a 60 galones de combustibles y a veces no tienen. Es un panorama complicado”.
Estefanía dice que algunos pobladores de la zona, durante la emergencia, se han acercado a solicitar movilización, pero “algunos conductores se negaban a hacerlo, por el miedo de la COVID-19”.
Durante la emergencia sanitaria la actividad maderera en territorio waorani no se ha detenido, por lo que es constante la presencia de colonos en la zona intangible, de donde por ley es prohibido extraer madera, como la balsa. Según Estefanía la mayor preocupación de la Nacionalidad Waorani del Ecuador, NAWE, era que las madereras además de sacar balsa estaban ingresando en camiones que venían desde la Costa, donde se registraron la mayor cantidad de casos. Esto sucedía mientras que en la Amazonía apenas empezaban a surgir casos.
Aun cuando no existen garantías para la población indígena waorani, el COE cantonal de Aguarico, encabezado por el alcalde Juan Carlos Orellana, decidió pasar a verde el semáforo, permitiendo la libre movilidad, el 19 de mayo de 2020, porque hasta ese momento no se registraban casos oficiales de contagio en ese cantón. Sin embargo, solo dos día después de que se pasó a verde se registró el primer contagio de COVID-19 en el cantón. Hasta el 5 de agosto de 2020 el cantón Aguarico registró 185 casos y aun así no ha establecido medidas de aislamiento y protección.
El informe presentado por la Confeniae, detalla que en la nacionalidad waorani, hasta el 5 de agosto de 2020, 330 personas dieron positivo para COVID-19, habían 80 casos sospechosos, 1 persona fallecida con diagnostico confirmado y 1 con síntomas asociados al virus.
.
Además de la pandemia, la contaminación
En la Agenda para la igualdad de derechos de las nacionalidades y pueblos 2019 – 2021, se reconoce la existencia de 14 nacionalidades, de las cuales 11 –Kichwa, Shuar, Achuar, Sapara, Shiwiar, Waorani, Andwa, Quijos, Siona, Siekopai y Ai´Cofán– están ubicadas en 6 provincias de la Amazonía. Por ello, y ante la falta de acciones por parte del Estado, Ministerio de Salud y gobiernos locales, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y la Confeniae han desarrollado campañas de prevención en lenguas originarias y un protocolo para la prevención y el manejo de la COVID-19 en los territorios indígenas, dicho documento cuenta con la revisión técnica de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). En este documento se explica cómo prevenir el contagio de la COVID-19, cuáles son las medidas que se deben tomar y las acciones a realizar en caso de que se confirme un contagio.
El Consejo Nacional Para la Igualdad de Pueblos y nacionalidades emitió dos protocolos. El primero es general y aplica para todas las comunidades, pueblos y nacionalidades del Ecuador y el segundo es direccionado a la prevención y contingencia de las comunidades indígenas en la zona Intangible Tagaeri – Taromenane. En ambos protocolos se establece que las instituciones gubernamentales deben actuar apenas se emita una alerta en las comunidades y disponer que brigadas médicas, con enfoque intercultural, visiten el lugar para implementar y evaluar medidas de contención sanitarias de acuerdo con las condiciones de cada territorio y en caso de alertas, establecer un cerco epidemiológico para evitar la propagación del virus.
Aunque las recomendaciones y facilidades constan en los documentos oficiales, la realidad, especialmente, de las comunidades indígenas son opuestas. En la medición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre acceso a agua, saneamiento e higiene se establece que solo el 43,8% de los indígenas tiene acceso a agua de forma segura, mientras que en la Amazonía menos de la mitad de la población (42,5%) tiene acceso seguro al líquido vital y en el caso de las comunidades rurales esta cifra es apenas de 51,4%. En esa misma encuesta se establece que los insumos para el lavado de manos son más escasos en la Amazonía (72,8%) y en la población indígena (68,6%), por lo que las recomendaciones del Consejo Nacional para la Igualdad no se basan en la realidad de los pueblos y nacionalidades.
Las comunidades indígenas en la Amazonía en su mayoría recurren al agua que les proveen los extensos ríos de la zona, por lo que una afectación a estos afecta su derecho al agua. Esto es lo que sucedió el 7 de abril de 2020, cuando ocurrió la ruptura de las tuberías del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) en el sector de San Rafael, entre las provincias de Napo y Sucumbíos. Aunque los derrames de petróleo en la Amazonía no son nuevos, según la Confeniae este derrame es el peor de los últimos 15 años, afectando a aproximadamente 120 mil personas que habitan en las orillas de los ríos Napo y Coca; de las cuales 35 mil tenían como principal fuente de subsistencia el agua de esos ríos.
Tras el derrame petrolero, en medio de la pandemia, muchas comunidades indígenas de la Amazonía se han quedado sin alimentos y al estar alejadas de los centros poblados tampoco han podido acceder a otras fuentes, por lo que han tenido que solicitar al gobierno central y a los gobiernos locales la entrega de ayuda humanitaria, pero esta no ha llegado a todas las comunidades según explicó Andrés Tapia.
La situación de la Amazonía ecuatoriana es grave por lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció al respecto y llamó al Estado ecuatoriano a adoptar medidas eficaces para proteger el derecho a la salud y la integridad de los pueblos que se encuentren en riesgo ante la pandemia. La relatora sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH también pidió al Estado “proteger a los pueblos indígenas, dados los gravísimos impactos que el contagio del virus podría representar para su subsistencia y sobrevivencia como pueblo”.
El 21 de abril de 2020 confederaciones nacionales indígenas, organizaciones regionales de pueblos amazónicos y organizaciones internacionales emitieron una carta, dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en la que informaban la situación de los pueblos indígenas amazónicos asentados en Colombia, Ecuador y Perú; y les solicitaron actuar de acuerdo a los mandatos para salvaguardar los derechos de esta población. Adicionalmente lo pueblos indígenas de la Amazonía han solicitado en más de una ocasión al Estado y al Ministerio de Salud que se realicen testeos masivos en las comunidades, especialmente en aquellas donde existen casos confirmados o personas con síntomas asociados a la COVID-19.
Algunas nacionalidades, como la waorani, han solicitado medidas cautelares frente a la falta de atención prioritaria durante la emergencia sanitaria por parte del gobierno nacional. Esta solicitud fue aprobada el 18 de junio, –casi un mes después de que la nacionalidad waorani las solicitara– por una jueza en Quito. Las medidas cautelares obligaban al personal del Ministerio de Salud a monitorear a las personas que presentan síntomas de COVID-19 y a diagnosticar la presencia del virus en las comunidades donde se encuentra asentada esta nacionalidad y aunque estas medidas fueron concedidas, no se dio respuesta a la petición de frenar las actividades madereras y petroleras. Para esta última, y tras el derrame de petróleo del 7 abril de 2020, el 29 de abril se planteó una acción de protección con medidas cautelares para que se garantice el acceso a agua, alimentación, salud, vida digna y a los derechos de la naturaleza. La audiencia se instaló el 26 de mayo, pero fue suspendida el 1 de junio por sospechas de COVID-19 en el despacho del juez. Según el comunicado, presentado por la Alianza de Derechos Humanos, dos meses después, la audiencia no se ha reinstalado y las víctimas tampoco han recibido reparación.
*Nombre ficticio utilizado para proteger la identidad de la entrevistada.
