por Por Aline Hernández y Rafael Camacho
tomado de Subversiones
Haití pareciera ser el futuro que depara el sistema capitalista: hambre, miseria, hacinamiento, enfermedades, contaminación, ocupación, muerte. Pero también parece ser un castigo histórico que el Poder esta haciendo pagar a un pueblo rebelde, un castigo que están haciendo pagar a la primer colonia que esclavizada, decidió cambiar el estado de las cosas e iniciar un conflicto contra sus opresores hasta expulsarlos de las tierras que ellos trabajaban. Un castigo donde la crisis y el conflicto se han instalado permanentemente en la sociedad permeando todos los aspectos de la vida cotidiana. Una guerra eterna contra los esclavos que un buen día tuvieron la osadía de rebelarse, luchar por su libertad y recuperar su dignidad.
En medio de la crisis política que se vive en Haití ante un nuevo aplazamiento de la segunda ronda de las elecciones presidenciales, el secretario de Estado americano John Kerry, ha puesto más leña al fuego con sus recientes declaraciones: «Déjame ser cristalino. Los actores haitianos, los autollamados líderes, necesitan entender que hay un límite claro a la paciencia y voluntad de la comunidad internacional para aceptar este proceso de demora… y el pueblo de Haití se merece un gobierno elegido y se lo merece ya». (1)
A su vez Sandra Honoré, representante especial del secretario general y jefa de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) ha instado al presidente interino Jocelerme Privert para que continúe con el proceso electoral: «Las autoridades interinas tienen una tarea claramente definida en el acuerdo del 5 de febrero, que se refiere principalmente a la organización de las elecciones, la continuación del proceso electoral». (2)
Ambas declaraciones son un claro reflejo de la política intervencionista que los Estados Unidos y la comunidad internacional llevan a cabo en la república caribeña; los primeros, desde la ocupación militar de 1915 cuando el presidente Woodrow Wilson envió 330 marines a Puerto Príncipe con el objetivo de «proteger los intereses estadounidenses y extranjeros»; los segundos desde 2004, cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por medio de la resolución 1542 aprobada por el Consejo de Seguridad (3), estableciera la MINUSTAH con el objetivo de «pacificar» Haití, luego de que una revuelta popular armada provocara la salida del presidente Jean-Bertrand Aristide.
La convulsión política en Haití no es un fenómeno nuevo, el fin de la dictadura de los Duvalier (1957-1986) trajo consigo la implementación del sistema neoliberal, al tiempo que se estableció la inestabilidad como modelo político. Desde entonces, han desfilado cuatro presidentes constitucionales, dos de facto y ocho provisionales. Los golpes de Estado y la intervención extranjera, forman parte cotidiana de la vida «democrática» en la parte occidental de la isla, lo mismo que la profunda crisis económica y la crisis alimentaria.
Hoy han pasado cerca de 30 años tras la salida del poder de François Duvalier, conocido como Papa Doc y de su hijo, Jean-Claude Duvalier, conocido como Baby Doc, quienes impusieron un régimen autoritario que se prolongó durante 29 años consecutivos en Haití. Se trató de un régimen de terror, persecuciones, muertes y represión que marcó la historia reciente de la república caribeña, pero también posee mucha relación con la historia pasada. Los Duvalier tomaron el poder durante un período al que se le conoce como la «Recuperación de la independencia» que abarcó de 1934 a 1986 y que tuvo lugar tras 19 años de intervencionismo estadounidense, cuyas políticas se extienden hasta la actualidad mediante otros métodos y estrategias, aunque el fin parece ser siempre el mismo: imponer formas de dependencia y la creación de conflictos e inestabilidad para justificar «su necesaria presencia».
Duvalier puso en marcha un proyecto de corte populista, también llamado noiriste, el cual buscaba la inclusión de fuerzas mayoritarias negras a través de la exaltación de la negritud y de la herencia de la cultura africana –incluyendo el vudú–, además de la dislocación de los hasta entonces centros de poder, a través de la «eliminación» o salida de la élite mulata. Pero Duvalier también se enfrentaba a una tradición de intervencionismo y militarismoanclada en el país desde hacía muchos años. Para restar poder a la élite militar Papa Docdividió internamente las Fuerzas Armadas (4) y optó por la creación de una serie de dispositivos de control y represión como fue el caso de las milicias rurales organizadas por los Tonton Macoutes (5), quienes se encargaban de la seguridad del régimen y orquestaron el asesinato y violaciones de miles de personas y quienes siguieron operando hasta fechas recientes.
De la misma manera estableció una relación de dependencia económica con EE. UU. que tenía lugar mediante formas de cooperación económica que llegaban a través de la Misión de Organización de los Estados Unidos (USOM, por sus siglas en inglés), que de acuerdo con la investigadora en estudios latinoamericanos Sonia Alda Mejías, «canalizaba fondos a través de un organismo llamado HADO, Haitian American Development Organization, para el financiamiento de dos grandes proyectos elaborados por técnicos norteamericanos» (6). Además de esto, Duvalier suprimió la autonomía que solían tener los poderes legislativo y judicial, los cuales absorbió a través del poder ejecutivo, logrando así controlar las instituciones y en 1964 se declaró constitucionalmente «Presidente Vitalicio».
Cuando la salud de Duvalier empezó a deteriorarse, la sucesión a manos de su hijo Jean-Claude quedó legalizada con una promulgación de modificaciones a la constitución, a través de las cuales su mandato también fue declarado como vitalicio. Papa Doc murió en 1971 pero ya había dejado el camino allanado; su hijo asumió el poder el mismo año. Durante su régimen, las relaciones internacionales con países como EE. UU., Francia o Canadá, que al final del régimen de su padre se habían deteriorado, fueron restablecidas y sin embargo, pese a las recomendaciones de «matizar sus fuerzas represivas y leyes restrictivas», la tortura, la persecución y los asesinatos continuaron, esta vez en conjunto con el cuerpo de los Leopardos, fuerza paramilitar creada para restar poder a los Tonton Macoutes.
Tras el exilio forzado de Jean-Claude Duvalier, el poder quedó en manos de una élite militar representada por el Consejo Nacional de Gobierno (CNG) (7), creado por el dictador para dar continuidad a la tradición duvalierista. El general Henry Namphy, quien instauró el primergobierno de facto postduvalierista, que abarcó del 6 de febrero de 1986 al 7 de febrero de 1988, formaba parte de dicho consejo.
Algunos historiadores han denominado a este período como «el proceso de transición a la democracia» cuando realmente se trata de una etapa caracterizada por la pugna de poderes entre las élites militares en la que la represión continuó por otros medios. Fue precisamente durante este tiempo que ocurrió la masacre de Jean-Rabel (8), el 23 de julio de 1987, donde más de cien personas fueron brutalmente asesinadas por grupos paramilitares -en complicidad con las fuerzas armadas- organizados por los Tonton Macoutes, que a su vez, seguían órdenes de Rémy Lucas y otros terratenientes como Jean Richardson y Nicol Poitevien.
Namphy organizó la primera ronda de elecciones para el 29 de noviembre de 1987 y la segunda para el 29 de diciembre. Pero tras la primera ronda el proceso electoral fue cancelado. De acuerdo con algunas versiones, fue Sylvio C. Calude -opositor del régimen- quien resultó vencedor, a pesar de una gran presencia de fuerzas de la milicia en diversas regiones del país que habrían impedido la llegada de la documentación electoral (9). Namphy se opusó a los resultados.
No fue sino hasta el 17 de enero de 1988 que las jornadas electorales volvieron a tener lugar bajo un férreo control de las fuerzas armadas haitianas, resultando electo Leslie Manigat, quien asumió la presidencia el 7 de febrero de 1988. Manigat, una vez en el poder, ordenó el arresto del general Namphy por acusaciones de insubordinación, depuso al jefe de policía e intentó restructurar la dirigencia del ejército, lo que causó fuertes oposiciones.
El 19 de junio de 1988 tuvo lugar un golpe de Estado organizado por miembros de las fuerzas armadas de Haití, Manigat se exilió del país y Namphy volvió a tomar el poder. En septiembre del mismo año, Namphy fue depuesto por un nuevo golpe de Estado orquestado por el general y antiguo presidente del Consejo Militar de Gobierno de Haití, Prosper Avril, quien instauraría un nuevo gobierno de facto.
El régimen de Avril buscó desmantelar las «fuerzas especializadas», herencia del período de Duvalier, como Les Bataillons des Casernes Dessalines y los Leopardos, estos últimos creados durante el período de Baby Doc. Además de esto, Prosper intentó aplicar una serie de modificaciones constitucionales. Proclamó un decreto para la creación de un Consejo Electoral Independiente para organizar las votaciones comunales a través de los Consejos de Administración de Secciones Comunales (CASEC por sus siglas en francés), y para las elecciones municipales, legislativas y presidenciales creó «[…] el consejo independiente llamado “Colegio electoral de Haití” (CEDHA, por sus siglas en francés), encargado de operar bajo la protección del ministerio de justicia». (10)
Pero el rechazo pronto se hizo notar y la oposición calificó los decretos y reformas como «anticonstitucionales» e invitaron al gobierno militar a adherirse a lo estipulado por la constitución. El 12 de noviembre de 1988, la organización sindical Central Autónoma de Trabajadores Haitianos (CATH, por sus siglas en francés), llamó a una huelga generalparalizando la capital y diversas regiones de los departamentos del país. Todo esto generó un clima de inestabilidad que devino en una nueva ola de asesinatos y represiones (11).
La crisis se extendió hasta que el 14 de octubre de 1988, Avril recibió un primer intento de golpe de Estado por miembros del ejército, el cual fue sofocado y castigado con la detención de 12 soldados. El 2 de abril de 1989 el gobierno experimentó el segundo golpe de Estado, que desencadenó una serie de movilizaciones de la población y derivó en la expulsión de 14 oficiales acusados de participar en el tráfico de estupefacientes. También se detuvo a Himmler Rebu, comandante de los Leopardos, y a Philiphe Biamby, comandante de la guardia presidencial, ambos involucrados.
Dichos eventos desembocaron en una serie de violentas movilizaciones y ocupaciones, como fueron los casos de la toma del Aeropuerto Internacional, el asalto al canal de televisión del Estado y del canal nacional TNH, a través de los cuales se reclamó la liberación inmediata de Rebu y la creación de un gobierno civil para reemplazar al gobierno militar, así como la aplicación de la Constitución de 1987. Para abril de 1989, la crisis se había agravado y la situación se había transformado en una pugna por el control del gobierno entre facciones militares opositoras, culminando la noche del 5 de abril en unenfrentamiento armado afuera del Palacio Nacional (12) y en la declaración de estado de excepción en el país.
Avril finalmente logró contener la situación y más de 600 soldados fueron llamados a dimitir y entregar sus armas. Pero el descontento social se mantuvo y ante la gran hostilidad que se manifestaba contra Avril, éste dimitió el 10 de marzo de 1990. Hérard Abraham asumió el gobierno provisional y se mantuvo en el poder tres días hasta que se designó a Ertha Pascal Trouillot, juez de la corte, quien se desempeñaría durante 90 días en el cargo, con el fin de organizar y llamar a elecciones constitucionales.
Pascal organizó las elecciones para el 16 de diciembre e invitó a una serie de observadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y representantes de organismos internacionales para supervisarlas. Jean-Bertrand Aristide, antiguo cura partidario de la teología de la liberación, candidato del partido de izquierda Fanmi Lavalas (13) resultó electo con un 67.48% de los votos contra Marx Bazin, fundador del Movimiento por la Instauración de la Democracia en Haití (MIDH) y antiguo funcionario del Banco Mundial apoyado por el gobierno de EUA; se trató del primer gobierno, después de la dictadura de los Duvalier, electo constitucionalmente.
El populismo que desde el inicio caracterizó a Aristide y al movimiento Lavalas causó, por un lado, un fuerte proceso de identificación con el pueblo, con quienes estableció una relación directa al inicio; pero por otro lado, causó revuelo entre las clases adineradas del país así como entre las fuerzas armadas militares y paramilitares, que hasta entonces, se habían mantenido en control del gobierno. Aristide tomó posesión el 7 de febrero de 1991 y la tensión política que había caracterizado todo su proceso de candidatura incrementó tras la aplicación de una serie de medidas. Renovó el Estado Mayor sin previo aviso ni consulta, impuso un primer ministro frente a la negativa de la Cámara Legislativa, además de que se deshizo de prácticamente todos los representantes de oposición. También buscó aplicar un modelo económico paralelo al neoliberal (impuesto por EE. UU.) y, en un intento por revertir los abusos de las autoridades locales, suprimió a los jefes rurales de sección (14).
De acuerdo con Alda Mejías, «Esta manera unilateral y excluyente de actuar por parte del gobierno favoreció una tensión política que desembocó en divisiones entre la coalición electoral, el Frente Nacional para el Cambio y la Democracia (FNCD) -el cual terminó retirándole su apoyo- y el Movimiento Lavalas» (15). Pero la tensión creció no sólo a partir de esta política unilateral, sino también debido a los mecanismos y reformas que Aristide aplicó «fuera de la vía constitucional», aunado a la constante amenaza a la burguesía sobre la necesidad de ejercer una repartición más justa de la riqueza, amenaza que nunca se cumplió (16). Finalmente el 30 de septiembre de 1991, tuvo lugar el primer golpe de Estado contra Aristide, el cual, se dice, fue apoyado por Estados Unidos. A esto prosiguió, de nueva cuenta, la constitución de una Junta Militar precedida por el general Raoul Cédras, comandante en jefe de las fuerzas armadas, quien tomó control del gobierno argumentando que Aristide había interferido en las fuerzas militares.
Aristide se exilió, trasladándose primero a Venezuela y después a Washington DC, mientras se establecían negociaciones y se aplicaban una serie de bloqueos económicos establecidos por Estados Unidos como sanción al golpe de Estado (17). Mientras tanto en Haití, el Congreso y el Senado decidieron ignorar el artículo 148 constitucional, y por tanto, la opción de encontrar soluciones y esperar el regreso de Aristide. De acuerdo con el artículo 149, nombraron a Joseph Nérette como presidente provisional, quien se mantuvo en el cargo del 8 de octubre de 1991 al 19 de junio de 1992; y a Marx Bazin, quien gobernó del 19 de junio de 1992 al 15 de junio de 1993. Entretanto, las presiones incrementaron, y el 3 de julio de 1993, las negociaciones establecidas entre EE.UU. y Haití culminarían en la firma del Acuerdo de Governors Island en Nueva York, donde se acordó que Aristide volvería a Haití (18).
El 30 de octubre de 1993, Aristide, tras las intervenciones de las fuerzas de «pacificación» (19), vuelve a ser reconocido como presidente legítimo, logrando que la ONU levantara el embargo; no obstante Cedrás se negó a dejar el cargo, lo que conllevó que el embargo volviera a ser impuesto. Ante el clima de violencia, las movilizaciones en el país, los numerosos asesinatos y el bloqueo de las vías de acceso para la intervención armada extranjera, la situación se agravó (20). En este lapso, el 12 de mayo de 1994, Émile Jonassaint fue nombrado como presidente provisional.
Finalmente, el 10 de octubre de 1994, Cedrás anuncia que dejará el país y Jonassaint envía una invitación a representantes del gobierno de EE.UU. para iniciar las negociaciones sobre el regreso del presidente legítimo, que culminarían en la firma del acuerdo de Puerto-Príncipe. La vuelta de Aristide se concretó el 15 de octubre; como parte del acuerdo, estaba estipulado que debía desaparecer las fuerzas armadas paramilitares y debía organizar un nuevo cuerpo policiaco en cooperación con las Naciones Unidas que se habían instalado en el país, entre otros puntos.
Este mandato de Aristide se extendió hasta el 7 de febrero de 1996 cuando se organizaron las jornadas electorales en que resultaría electo René Préval, candidato de Fanmi Lavalas, oficialmente apoyado por el cura; aunque éste había optado por la creación de la Organización Política Lavas (OPL), así como la Organización Fanmi Lavalas (OFL), cuyo propósito era afianzar su poder en el parlamento (21).
Préval planteó en primera instancia la necesidad de restructurar la situación económica del país, privatizando muchos de los servicios y empresas públicas, además de aplicar toda una serie de reformas en materia agraria. Pero los choques con la OPL y la OFL, además de las diferencias que desde el inicio tuvo con el primer ministro Rosny Smarth, lo llevaron a renunciar en junio de 1997, tras lo cual Aristide retomó, de manera informal, el mando.
Negociaciones volvieron a entablarse tras la renuncia, derivando en una nueva convocatoria para celebrar jornadas electorales. Mientras Aristide estuvo en el poder, por un lado reorganizó los cuadros de policía, intentó volver a acercar a los movimientos populares que representaban una importante fuerza de movilización y buscó recuperar el apoyo popular; pero por otro lado, su gobierno se tornó aún más represivo.
Aunque fueron muchas las acusaciones de fraude (22), Aristide ganó las siguientes elecciones con aproximadamente un 91.69% de los votos. Frente a esto, Convergencia Democrática desconoció el proceso electoral, y al tiempo que Aristide era oficialmente nombrado presidente electo, la opositora nombró un presidente provisional. Este hecho fue utilizado como estrategia de visiblización ante la comunidad internacional, la cual optó por ampliar el bloqueo de los apoyos al país por parte del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. EE.UU. también canceló cualquier apoyo al gobierno haitiano (23). Aún así el período de Aristide entró en vigor el 7 de febrero de 2001, año en que tuvo lugar un nuevo intento golpe de Estado (24).
En septiembre de 2002, La Organización de Estados Americanos (OEA), a través de la resolución 822 (CP Res. 822) inició negociaciones con Aristide para tratar de encontrar una solución a la fuerte crisis económica por la que atravesaba el país a raíz de los bloqueos. La OEA buscó, a cambio, que Aristide cediera y convocara a las nuevas jornadas electorales que debían tener lugar en noviembre del 2003. Aristide finalmente anunció que tenía intención de llevar a cabo las elecciones previstas así como la renovación de las posiciones en el parlamento, que expirarían en 2004. Convergencia Democrática se opusó y las elecciones fueron pospuestas, lo que llevó a Aristide más adelante, a seguir gobernando por medio de decretos, argumentando que nuevas jornadas electorales tendrían lugar (25).
Para 2004, el país era un barril de pólvora. Por un lado, estaba un gobierno que llegó alegando ser populista y se había tornado en un régimen autoritario con fachada de democracia. Por otro, los bloqueos económicos aplicados como medidas de sanción, habían agravado profundamente la crisis económica y por tanto alimentaria, incrementando el descontento social y la disposición popular a participar de cualquier chispa que se prendiera. Muchos de los simpatizantes de Aristide se habían vuelto contra él y al hacerlo, fueron sometidos a represiones y persecuciones, lo que orilló a muchos a huir del país. Aunado a ello, los grupos paramilitares que o bien habían sido creados por el presidente, o bien fueron creados previos al régimen, estaban contra él y EE.UU. se empeñaba en aplicar medidas para desestabilizar el país aún más, apoyando e instigando a conflictos.
En enero del 2004 se desataron una serie de manifestaciones en la capital. En febrero,estalló una revuelta en Gonaïves (26), comuna localizada al norte del país. Hay versiones que plantean que fue resultado de una pugna entre campesinos y terratenientes; otras sustentan que fue una revuelta instigada por el gobierno de los Estados Unidos a través del grupo paramiliar Frente por la Liberación y la Reconstrucción Nacional. Lo cierto es que dicha revuelta empezó a extenderse al resto del país y amenazaba con llegar a la capital. Esto generó severas presiones internas y externas provocando finalmente la renuncia de Aristide el 29 de febrero.
Tras la renuncia, fue dispuesto como presidente provisional Boniface Alexandre (27), período bajo el cual se instala la MINUSTAH en el país, hasta el 14 de mayo de 2006 cuando René Préval, a través del partido Fwon Lespwa (Front de l’Espoir) vuelve a ganar las elecciones con un 51.21% de los votos. El gobierno de Préval buscó restablecer relaciones internacionales y ‘revitalizar’ el modelo neoliberal pero aún así, la inestabilidad y el descontento social se mantuvieron. En 2009, una serie de revueltas inició por el alza en los costos del arroz. Tras el terremoto de 7.0 grados que azotó la isla el 12 de enero del 2010 donde cerca de 300,000 personas perdieron la vida, el país sufrió un colapso económico. La catástrofe facilitó la entrada de diferentes organismos internacionales y se generó una fuerte dependencia al exterior (28) además permitió que se prolongara la ocupación que mantiene la MINUSTAH, amparándose en lo sucedido.
Las elecciones para designar al sucesor de René Préval no fueron para nada pacíficas. Tras la primera ronda realizada el 28 de noviembre de 2010, el Consejo Electoral Provisorio (CEP) otorgó la victoria a la profesora y ex-primera dama Mirlande Manigat, esposa del ex-primer ministro Leslie Manigat, con un 31.37% de la votación a favor; la segunda posición fue para Jude Celestin, candidato oficialista del partido de Préval, con 22.48%; y el cantante Michel Martelly quedó en tercer lugar con 21.84%.
Ese mismo día la embajada de EE.UU. en Haití emitió un comunicado (29) cuestionando la legitimidad de dichos resultados; horas más tarde seguidores de Martelly, agrupados en el Movimiento Tét Kale (MTK) salieron a la calle a manifestarse en contra de los resultados e incendiaron varios edificios públicos, entre ellos las oficinas del partido de INITE (Unidad) que postulaba a Jude Celestin.
Ante la ola de protestas, la Organización de Estados Americanos presentó un informe en que recomendaban a la CEP: «que el candidato que quedó en tercer lugar (Martelly) pase al segundo lugar, y el que quedó en segundo puesto (Celestin) pase a ocupar la tercera plaza». Para la OEA existieron elementos suficientes para asegurar que los ganadores eran Manigat y Martelly, y debían ser ellos quienes se enfrentaran en una segunda vuelta. Meses más tarde, durante la segunda ronda electoral, Martelly obtendría una aplastante victoria, convirtiéndose en presidente constitucional de Haití.
Cabe destacar que en octubre de 2015, fueron revelados una serie de correos electrónicos(30) desde un servidor privado de Hillary Clinton que detallan cómo funcionarios de Estados Unidos trabajaron en estrecha colaboración con el sector privado de Haití, para presionar a las autoridades haitianas a cambiar los resultados de la primera ronda de las elecciones presidenciales y favorecer a Martelly. De igual forma, durante el 2015, salieron a la luz documentos que indican que el gobierno de EE.UU. apoyó con casi cien mil dólares al MTK (31) a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional(USAID). Durante el 2012 el MTK se transformó en un partido político, el Haitian Tèt Kale Party o HTKP (Partido Haitiano de las Cabezas Rapadas).
La más reciente crisis política comenzó con las elecciones de octubre del 2015, en las que Jovenel Moise, candidato del presidente Michel Martelly y del HTKP, obtuvo el primer lugar en la votación con un 32.76% de los votos, seguido del candidato opositor Jude Celestin del LAPEH (Liga Alternativa por el Progreso y la Emancipación Haitiana) con un 25.29%, y en tercer lugar Jean-Charles Moise de la Platfom Pitit Desalin (Plataforma hijos de Dessalines) con un 14.27%. Es importante mencionar que Jean-Charles Moise fue el único de los tres principales candidatos que se opuso abiertamente a la presencia de la MINUSTAH en Haití.
Las acusaciones de fraude no se hicieron esperar y numerosos candidatos y partidos políticos anunciaron, apenas unas horas después de concluida la jornada electoral, que no iban a aceptar los resultados, acusando al CEP de favorecer a Jovenel Moise para que disputara la presidencia en la segunda ronda. Ésta fue programada para el 27 de diciembre, luego pospuesta y reprogramada para el 24 de enero de 2016. Las protestas en la calle y el amago del candidato de oposición, Jude Celestin, de retirarse de la contienda, provocaron nuevamente un aplazamiento de la segunda ronda de las elecciones y sentaron las condiciones para que se tomara un acuerdo en el que Joceleme Prevert asumía la presidencia provisional a partir del 7 de febrero, fecha en que finalizó el mandato de Martelly. El acuerdo estipulaba que Prevert tendría la misión de llevar a cabo los comicios reprogramados para el 24 de abril.
Los partidos de oposición fueron claros en sus posturas: no se llevará a cabo la segunda ronda electoral hasta que no sea creada una comisión independiente que verifique los resultados de la primera ronda. Ante esto, el autodenomidado «CORE group», que incluye a los embajadores de Brasil, Canadá, Francia, España, Estados Unidos, la Unión Europea y el representante especial de la OEA y la MINUSTAH, han declarado que el proceso electoral iniciado en octubre del 2015 debe concluir ya, desestimando la exigencia de la oposición a la conformación de una comisión verificadora.
Así, el gobierno provisional se debate entre obedecer nuevamente el mandato de la comunidad internacional, lo que derivará en fuertes protestas callejeras y un mayor clima de inestabilidad política y social; o ceder ante las presiones de la oposición, verificar los resultados de las elecciones y establecer una nueva hoja de ruta para la realización de nuevos comicios, lo que provocaría el enojo de las fuerzas intervencionistas, quienes sin lugar a dudas ejercerían un castigo contra «los rebeldes».
En cualquiera de los dos casos, los resultados serán devastadores para la población haitiana, la cual, desde el terremoto de 2010 y bajo el pretexto de la «ayuda humanitaria»se encuentra bajo un gobierno de facto de la «cooperación internacional», sumidos en una profunda crisis económica, social, alimentaria y por si fuera poco, sometidos por la ocupación militar de la Organización de las Naciones Unidas.
El conflicto así se ha vuelto parte de la cotidianidad y pareciera no haber posible alternativa. Mientras tanto, el colonialismo se prolonga hoy bajo otras caras que se resuelven en los rostros de las milicias que ocupan el país en nombre de la paz, que imponen una paz que no tendría por qué necesitarse, de no ser por las guerras que crean en nombre de ellas y de los millonarios negocios que éstas producen.
