Habitantes de La Merced de Buenos Aires rechazan intento de empresa minera de ocupar su territorio
Por: Génesis Anangonó Ch.
Publicado 28 de julio de 2021
Organizaciones de protección y defensa de territorios y ambiente denunciaron que la noche del 27 de julio de 2021 la empresa Hanrine Ecuadorian Exploration Andmining S.A. intentó ingresar a la parroquia La Merced de Buenos Aires, en Imbabura, en compañía de la Policía Nacional. La minera intentó ingresar a esta comunidad basada en la acción de protección que le otorgó el juez de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Distrito Metropolitano de Quito, Byron Andrés Vallejo Naranjo, porque supuestamente el pueblo de Buenos Aires vulneró el derecho de la empresa “a la libertad de tránsito, a la libertad de ejercer actividades económicas, seguridad jurídica y el derecho al trabajo”.
El Observatorio Minero Ambiental y Social del Norte del Ecuador (OMASNE), el Frente de Resistencia por el Agua y la Vida del Norte de Ecuador y Bonaerenses Unidos Protegiendo el Ecosistema (BUPROE) denunciaron que durante el intento de ingreso de la empresa Hanrine, se produjeron enfrentamientos y ataques desde la Policía Nacional y los trabajadores de la empresa hacia los comuneros que están en resistencia. Producto de ello, un comunero fue agredido por el coronel de la Policía Nacional John Cárdenas y que otra persona más, fue herida con una navaja por un trabajador de la empresa minera que presumiblemente es “un menor de edad”.
Monserratte Vásquez, vocera de la OMASNE, en entrevista con Wambra Ec confirmó esta información y dijo que el comunero herido presentó la denuncia ante la Fiscalía en Urcuquí, puesto que en el momento que ocurrió la agresión “la policía vio todo lo que pasó y no hicieron nada”. En la parroquia La Merced de Buenos Aires, según comenta Monserratte Vásquez, se están realizando mesas de seguridad mineras convocadas por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables y la Gobernación, sin embargo, hasta ahora las y los comuneros que se oponen a la minería no han sido invitados a participar. La vocera comenta que en estas mesas únicamente hay participación de la Policía Nacional, los Gobiernos Autónomos Descentralizados y la organización CONAMON que aprueba el desarrollo de actividades mineras en la zona, pero que “la gente no sabe de dónde salió, pero supuestamente es de pobladores de aquí”, aseguró Vásquez.
Las comuneras y comuneros de la parroquia La Merced de Buenos Aires, en Imbabura, se encuentran en resistencia desde el mes de abril en que cerraron las vías para impedir el ingreso de maquinaria y de los trabajadores de la minera. La empresa entonces, instaló improvisadamente un campamento de trabajadores en la carretera para presionar la acción de los comuneros, hasta que, el 7 de junio de 2021, el juez de Urcuquí Manuel Sucuzhañay emitió medidas cautelares en las que se dispuso el levantamiento y retiro de los campamentos mineros de la carretera de la comunidad, porque habían camiones y camionetas que obstaculizaban la vía e impedían la libre circulación y por el inminente riesgo de enfrentamientos entre las y los comuneros con los trabajadores mineros.
Ahora con este último intento de Hanrine para ingresar a Buenos Aires con la fuerza pública, los comuneros aseguran que lo más probable es que trate de cumplir la acción de protección que tienen a su favor e intenten ingresar en los próximos 8 días, tal y como consta en el oficio dirigido al gobernador de Imbabura, Marcelo Simbaña, en el que además se solicita tomar “las medidas necesarias a fin de garantizar el libre tránsito de cualquier persona y, en especial, de la compañía Hanrine, sus trabajadores y maquinaria en la parroquia” y dispone que cuando se haya garantizado el ingreso de la empresa se brinde todo el contingente y seguridad necesaria “a fin de garantizar y mantener la paz y convivencia en la comunidad y el normal desarrollo de actividades de la empresa Hanrine y sus trabajadores en la zona de influencia del proyecto”.
Monserratte Vásquez dice que varios comuneros y comuneras han sido amedrentados por la fuerza pública y otros están siendo judicializadas por el incendio que ocurrió en el campamento, pese a “que ellos no fueron quienes lo provocaron”. Sin embargo, la población de Buenos Aires de Imbabura es clara y ha manifestado que “nosotros daremos la vida, pero no van a pasar” a la minera.
