Girón: la voluntad popular que tambaleó al poder minero

 

Por: Luisana Aguilar @luibeagal

foto portada @foazuay93

Ocho años le tomó a los Sistemas Comunitarios de Agua de Girón, un pequeño cantón campesino de Azuay, hacer realidad la Consulta Popular, un ejercicio democrático gestado en la resistencia de la organización comunitaria, que hizo frente a un aparato estatal que decidió que sus territorios serían entregados para la explotación de minera a gran escala. El resultado de la Consulta de Girón abrió un camino de esperanza a otros territorios que resisten a la minería y al mismo tiempo mostró la consolidación de la alianza entre el gobierno y sector empresarial minero para impedir que futuras consultas pongan en riesgo su avance .

 

La semilla

Girón es un pequeño cantón rural, conformado en su mayoría por indígenas y campesinos dedicados a la agricultura, ganadería, comercio y turismo. Su principal sitio turístico son las cascadas del Chorro de Girón, un lugar que la población ha revestido de misticismo, relacionado a su patrono religioso, el Señor de las Aguas, o Señor de Girón. Este chorro, sagrado para la población, es alimentado por el páramo, y antiguo cráter volcánico, de Kimsacocha, término kichwa que significa tres lagunas.

Bolívar Quezada, presidente de los Sistemas Comunitarios de Agua del cantón Girón, recuerda que en la década del 1990, sus bisabuelos, bisabuelas y otros parientes contaban que durante su jornada, pastando el ganado o pescando, encontraban rastros de caminos hechos en el páramo, huellas paja levantada, tal vez por personas extrañas, “chasos” (gringos, personas extranjeras), que caminaron por el lugar.

Esta observación coincide con los primeros trabajos de exploración minera que realizó la empresa COGEMA hasta 1999. Luego vendió la propiedad del proyecto a la transnacional canadiense IamGold, para continuar con los trabajos de exploración y posteriormente, en 2012 , esta vende el proyecto a su coterránea INV Metals, actual concesionaria del proyecto de oro “Loma Larga”.  

A inicios del año dos mil, las comunidades asentadas en las faldas del páramo de los cantones Girón, Cuenca y San Fernando ya empezaron a sentir los estragos de las primeras actividades mineras en el páramo. Arariwa Sigcha, ex presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA), recuerda que personas de la zona identificaron la existencia de las concesiones para exploración minera y sus posibles riesgos y empezaron a solicitar la información a través del Sistema de Agua de Tarqui-Victoria del Portete.

Arariwa señala que en ese proceso de información también convergieron otras personas capaces de identificar, informar de los riesgos y generar estrategias de defensa, como Yaku Pérez y la FOA. Para Bolívar Quezada el acceso a Internet por parte de los y las jóvenes de la comunidad, les permitió conocer los efectos de la minería en otras partes del mundo, como en Yanacocha, Perú. Así, poco a poco se forma la resistencia al extractivismo y la, hoy icónica, defensa del agua de Kimsacocha.

Girón, junto con otras comunidades indígenas y campesinas resistieron por años a la intervención de proyectos mineros en sus territorios con movilización social, que fue reprimida y criminalizada, con fuerza durante el gobierno de Rafael Correa. A la par, y con otros territorios y comunidades amenazados por la megaminería y lo que llamaron “el festín minero” generaron sus propias estrategias sociales, jurídicas y organizativas, entre las que se identificó el cuestionamiento a los procesos de entrega de concesiones sin cumplir con la Consulta Previa Libre e Informada a la población afectada, derecho consagrado en la Constitución del Ecuador.

 

La decisión por la Consulta Popular

La Constitución ecuatoriana contempla tres tipos de consultas posibles: la consulta previa, libre e informada, un derecho de los pueblos y nacionalidades indígenas, establecido en el Art. 57.7; la consulta popular sobre cualquier tema y que puede ser convocada por el presidente de la República, por los Gobiernos Autónomos y Descentralizados, o por iniciativa ciudadana, presente en el artículo 104; y la consulta ambiental, que aplica a toda comunidad –no solo indígena– afectada o posible afectada por una decisión estatal en todos los niveles, desde los gobiernos autónomos y descentralizados, hasta el poder ejecutivo y legislativo. Todas estas consultas son derechos que tiene la población y que el Estado debe garantizar.

Ante el incumplimiento sistemático de la Consulta Previa Libre e Informada, y la Consulta Ambiental sobre proyectos extractivos, la comunidad de Girón optó por realizar una Consulta Popular con una sola pregunta: “¿Está usted de acuerdo con que se realicen actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del Sistema Hidrológico de Kimsakocha (Quimsacocha)? Si o No”. El 86,79% de la votación fue por el No, con lo que la comunidad expresó su rechazo a cualquier actividad minera en su territorio.

Esta “victoria popular contra la minería”, como la denominan varios de los líderes comunitarios, inició ocho años antes, cuando en octubre del 2011 las comunidades del Sistema Comunitario de Agua de las parroquias de Tarqui y Victoria del Portete, en el cantón Cuenca, auto convocaron su propia Consulta Comunitaria, un proceso autónomo, por fuera de las instituciones estatales. El resultado de esta Consulta fue del 92,38% por el No a la minería.

La Consulta fue deslegitimada por el entonces presidente Rafael Correa, por ser realizada fuera de las instancias legales y estatales. Sin embargo, la Consulta Comunitaria de Tarqui y Victoria fue la inspiración para que la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua, UNAGUA, del cantón Girón, decidieran iniciar su propio proceso, ahora sí, ante los organismos estatales correspondientes y pedir una Consulta Popular. Arariwa Sigcha, recuerda:

– ¿Por qué nos atrevimos hacer esta consulta? Porque en ese tiempo nos decían desde el gobierno: ¡ganen un proceso electoral, ganen las elecciones, para que puedan imponer su visión, su lucha!, eso decía Correa. Nosotros ahí dijimos: bueno, vamos a la Consulta Popular para ver si es que la gente quiere o no quiere la minería. Era la rebeldía de hombres y mujeres que no permitiríamos que nos impongan algo injusto.

 

La siembra

El proceso de solicitud para la Consulta Popular de Girón inició el 11 de mayo de 2012, cuando integrantes de UNAGUA del cantón Girón, solicitaron a la Corte Constitucional (CC), la emisión de un dictamen de constitucionalidad de la pregunta propuesta, requisito indispensable para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) entregue los formularios de recolección de firmas del 10% del patrón electoral del territorio local al que se va a consultar.

En octubre de 2014, casi dos años y medio después, la Corte decide no emitir resolución de constitucionalidad hasta que el CNE legitime el respaldo popular, es decir que entregue y valide las firmas de apoyo. Ese mismo año, el colectivo Yasunidos se llevó un trago amargo al ser invalidadas más de 700 mil firmas entregadas para una Consulta Popular a nivel nacional, en la que pedían se pregunte a la población ecuatoriana si deseaba o no que el petróleo del Yasuní sea explotado o quede bajo tierra.

Bolívar Quezada, joven líder y actual presidente de los Sistemas Comunitarios de Agua de Girón, recuerda la lentitud de las instituciones ante los pedidos de los indígenas y campesinos durante el gobierno de Rafael Correa:

– La Corte Constitucional jamás agilitó los procesos. Nosotros hicimos varios viajes a Quito hasta la Corte y el CNE, a presionar con diferentes comunidades porque debían ser consultadas. Veíamos que la fase de estudios de la empresa INV Metals seguía avanzando, así que nosotros seguíamos pidiendo que se nos consulte.

Un año pasó para que el CNE entregue los formularios para recolección de firmas para la Consulta Popular en Girón, el 29 de enero de 2015. Las comunidades debían recolectar en 180 días, 1.500 firmas, de acuerdo al Registro Electoral 2013, correspondientes al 10% de padrón electoral del cantón Girón, requisito legal para dar paso a la consulta. El 26 de julio del mismo año concluyó el proceso de recolección a pesar de los intentos de boicot, que denunciaron integrantes de la FOA y de Yasunidos Guapondelig, que impulsaron el proceso. El 27 de agosto las firmas fueron validadas por el CNE y la pregunta enviada a la Corte Constitucional para que califique su constitucionalidad. Pero la Corte recibió el pedido y no emitió respuesta.

Lenin Moreno asume la presidencia en 2017, y entre sus primeras acciones, está la realización de un Referéndum y Consulta Popular a nivel nacional con siete preguntas sobre diversos temas, entre ellos la actividad minera: “¿Está usted de acuerdo en enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos, de conformidad con lo establecido en el Anexo 5? Si/No”. El resultado para esta pregunta fue el Sí, con un 68.62% de los votos. Pero mientras esto sucedía la Consulta Popular para Girón permanecía sin respuesta.

En 2018 las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) fueron removidas y reemplazadas por un consejo transitorio. Diana Atamaint, mujer indígena shuar, asumió la presidencia del Consejo. Es cuando la organización UNAGUA-Girón vuelve a insistir al CNE, para que convoque a la Consulta Popular, ante el silencio de la Corte Constitucional. El Consejo emitió la resolución, en noviembre de 2018, para que la Consulta Popular de Girón tenga lugar en conjunto con las elecciones seccionales convocadas para el 24 de marzo de 2019. Por primera vez el organismo electoral del país, daba paso a una consulta popular de iniciativa ciudadana sobre minería en Ecuador.

La oposición no se hizo esperar. El Ministerio de Energía y Recursos Naturales apeló la resolución, mientras que el gerente general y representante legal de INV Metals Ecuador impugnó la resolución. El Tribunal Contencioso Electoral conoció el recurso y resolvió negarlo, con lo que afirmó lo resuelto por el CNE: continuar con la Consulta.

La Consulta Popular estuvo a punto de ser suspendida cuando, el 13 de marzo de 2018, el Juez Vicente Ribadeneira, de la Unidad de Medidas de Protección y Desestimaciones, aceptó una medida cautelar interpuesta por el colectivo “Unidos por el Desarrollo de los Cantones Girón y San Fernando”, y pidió al CNE suspender el proceso hasta que exista un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Esta acción fue saludada por la Cámara de Minería, quienes pidieron “que se respeten las garantías jurídicas para el desarrollo de la actividad minera”. Frente a esto la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, solicitó que se destituya al Juez que ordenó suspender la Consulta.

Ante los pedidos de que sea la Corte Constitucional la que determine la constitucionalidad de la pregunta, la Corte se pronunció y archivó el caso el 18 de marzo. Sus argumentos eran claros: la Corte anterior no se pronunció en el tiempo legal –veinte días posteriores a la solicitud y conocimiento del trámite– como lo establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, por lo tanto otorgó una aceptación tácita y perdió la competencia para pronunciarse sobre el proceso de consulta ya convocado: la Consulta Popular debía seguir.

 

La cosecha

Fueron ocho años de espera para los y las defensoras del agua de Kimsakocha, entre ellos Yaku Pérez Guartambel, actual prefecto del Azuay

– Una buena siembra da una buena cosecha. 20 años de lucha, dos décadas de defensa del agua del Kimsacocha. Al final del túnel aparece la luz, una luz que se proyecta llena de esperanza y entusiasmo al pueblo no solamente de Girón, sino de la provincia del Azuay y del país, porque este va a ser un precedente histórico, va a ser una referencia innegable y esto va a proyectar al país, para hacer otras consultas, en otras latitudes.

El prefecto informó que convocará a un proceso electoral similar para toda la provincia, desde su competencia como autoridad local, y confía en que la población se manifestará a favor del agua.

Arariwa Sigcha también confía en la posibilidad de una consulta para declarar a la provincia de Azuay “libre de minería”. Para él la lucha en defensa de Kimsacocha también consiguió visibilizar una apuesta a un modelo alternativo de economía. Recuerda que cuando iniciaron el proceso de resistencia eran solo campesinos e indígenas

– Decían que solo nosotros hacemos las marchas y obstaculizamos el desarrollo de los pueblos, pero de tanta lucha se crea una consciencia en las ciudades, a tal punto que la ciudad de Cuenca es una de las que más apoya a un defensor del agua

Se refiere al apoyo que recibió Yaku Pérez, para llegar a la Prefectura del Azuay con el voto popular.

– Conseguimos globalizar la defensa del agua en las elecciones seccionales, ya que seis de los siete candidatos a la alcaldía de Cuenca, se declararon defensores del agua de Kimsacocha, durante la campaña.

 

Otras consultas

En mayo de 2019 la Corte Constitucional recibió un nuevo pedido de dictamen de constitucionalidad de una pregunta sobre minería para consulta popular para varias parroquias ubicada en las provincias de Carchi e Imbabura, donde se encuentran las concesiones de las empresas australianas SolGold, Newcrest y BHP Billinton; las canadienses INV Minerals y Cornestone; y la chilena CODELCO. La pregunta dice: “¿Está usted de acuerdo con la explotación minera en los territorios de las comunidades asentadas en las parroquias de Lita, Carolina, Jijón y Caamaño y Goaltal? Si/No”

Apenas se conoció de la presentación de la nueva pregunta para una Consulta Popular sobre minería, el sector empresarial minero representado por el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), la Cámara de Minería del Ecuador (CME) y la Cámara de Industrias y Producción (CIP) ofreció una rueda de prensa exhortando a la Corte Constitucional a “no dar paso a consultas populares sobre proyectos mineros para precautelar la seguridad jurídica”.

El Estado reaccionó de similar manera, solicitando que no se califique la constitucionalidad de la pregunta. Sus argumentos fueron presentados el 5 de junio, durante la audiencia pública que se celebró en la Corte Constitucional, a la que acudieron representantes del Ministerio de Finanzas, del Ministerio del Interior, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca y de la Agencia de Regulación y Control Minero. Del sector privado estuvieron representantes del Comité Empresarial Ecuatoriano, de las empresas mineras, comités de trabajadores, asociaciones de trabajadores y representantes de varias comunidades que afirmaron estar a favor de la actividad minera en sus parroquias; también se presentó el decano de la Facultad de Ingeniería y Minas de la Universidad Central del Ecuador. Todos defendieron la “minería responsable” como garantía del derecho al trabajo, a la seguridad jurídica, protección ambiental, también defendieron el derecho del Estado a administrar y decidir sobre los recursos del suelo y subsuelo.

Durante la audiencia fue evidente la sinergia entre el sector empresarial minero y el estatal para el desarrollo de la minería, quienes hicieron frente para presentar sus argumentos en contra de la Consulta Popular, la misma sinergia a la que hace referencia el mismo Ministro Carlos Pérez, en su rendición de cuentas de 2018.

El Estado presentó una serie de argumentos, económicos señalando el hueco fiscal que representaría dejar de percibir los ocho mil millones de dólares estimados para el quinquenio 2018-2022 fruto de la inversión, exportación e impuestos desde el sector minero; de seguridad, indicando que la suspensión de los proyectos lícitos establecidos significaría el incremento de minería ilegal, difícil de controlar y relacionada con otras actividades ilícitas como el contrabando y el narcotráfico.

Las empresas argumentaron de forma similar, refiriéndose a la inversión comprometida con el Estado, cuestionando la redacción de la pregunta y la necesidad de que “intereses particulares no afecten a los derechos de todo el país”. Sus argumentos se basan en defender los derechos constitucionales establecidos en el Art. 313, que reserva al Estado la administración de los bienes estratégicos, así como la decisión y control sobre los mismos, y el Art. 408 que afirma que los yacimientos minerales y de hidrocarburos son propiedad inalienable e inembargable del Estado.

Uno de los principales argumentos es la lucha contra la minería ilegal. Algo que se vio reforzado al evidenciar que la persona que presentó la solicitud de la pregunta a la Consulta Popular en la Corte es Wilmer Manuel Meneses Ibarra, quien se presentó como procurador común de las parroquias de Jijón y Caamaño, Carolina y Lita y Goaltal, una persona con varias denuncias por actividad ilícita de recursos minero, como es posible observar en el portal de la Fiscalía General del Estado

Esto, para Natalia Green, presidenta de Coordinadora Ecuatoriana de organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente, CEDENMA es un motivo de sospecha

– Nos empezamos a preguntar ¿por qué lo hace? ¿Podría ser porque quiera que las megamineras no entren donde él está trabajando y seguir con su actividad de minería ilegal? O tal vez, las megamineras están atrás de esta estrategia maquiavélica para que la Corte se pronuncie en contra de las consultas populares. Entonces les da todos los argumentos a las mineras de decir: si estamos apoyando las consultas populares, estamos apoyando la minería ilegal.

Organizaciones como CEDENMA, Acción Ecológica, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU, la Federación de Mujeres de Sucumbíos, del Observatorio Minero Ambiental y Social del Norte del Ecuador, OMASNE, así como catedráticos universitarios, también presentaron sus argumentos a favor del derecho a la Consulta, aunque estas organización no fueron parte de la presentación de la pregunta.

Elisa Levy, coordinadora de OMASNE y habitante de la parroquia Chical de la provincia del Carchi, territorio afectado por el proyecto minero Espejo, se presentó en la audiencia en la Corte y denunció la inoperancia del Estado para frenar la minería ilegal, la falta de respuesta a solicitudes de información ciudadana, y la violación al derecho a Consulta Previa:

– Las comunidades vemos en la consulta popular un legítimo derecho a ser consultados sobre estas actividades que pueden incidir en nuestro bienestar, nuestro derecho a un ambiente sano, nuestras fuentes de agua, porque en caso de que haya una afectación es prácticamente imposible reparar.

Si bien la Corte Constitucional negó y archivó este pedido de la nueva Consulta Popular por no cumplir con los requisitos de ley, según lo informó en su boletín , es posible que continúe recibiendo pedidos de análisis de consulta, y otro tipo de trámites que las comunidades afectas por la minería puedan accionar para la exigencia de sus derechos.

 

La alianza minera

Tres meses después del resultado en la Consulta Popular de Girón, que significaba la paralización definitiva e inmediata de las actividades de minería en el cantón, es decir las actividades que el proyecto “Loma Larga”, a cargo de la empresa canadiense INV Metals, eso no ha ocurrido todavía.

Si bien el Ministro de Recursos Naturales No Renovables, Carlos Pérez, afirmó que esta consulta es “un duro golpe para la inversión minera”, la respuesta de la empresa, incluso antes de conocer el resultado, fue que el proyecto no tenía contemplada la explotación minera en Girón, sino solamente las instalaciones de procesamiento y relaves, y que discutirán las opciones de reubicación. La empresa anunció además que se “reservará acciones judiciales hacia el Estado por los perjuicios que le provoquen”.

Pero no solo en la oposición a las Consultas Popilar el gobierno y el sector minero han mostrado cercanías.

–Son socios en este gran negocio de la megaminería– afirma Natalia Green, de CEDENMA.

Según la activista esto se refleja en la nueva política minera que coloca a la “minería responsable” como el eje fundamental de la economía del país. Al mismo tiempo, se fundó la Alianza para la Minería Responsable en Ecuador, por diez organizaciones privadas dedicadas a la actividad minera en el país con la misión de promover las buenas prácticas mineras.

Gobierno y sector minero hicieron frente común en la Corte Constitucional para evitar que se repita lo ocurrido en Girón, y se han preparado para ello. La Cámara de Minería del Ecuador organizó el conversatorio “Consultas populares como mecanismo jurídico para impedir la minería – Experiencia colombiana” al cual asistieron 100 personas entre autoridades gubernamentales, cuerpo diplomático, empresarios mineros, profesionales del sector, académicos, dirigentes gremiales, entre otros, capacitándose en la eliminación de las consultas populares. El evento se realizó en Quito, solo dos días después de la consulta en Girón. La consiga: “Dar paso a consultas populares con base en intereses particulares atenta contra los derechos de todos los ecuatorianos”. Consigna luego repetida por Pablo Zambrano, presidente de la Federación de las Cámaras de Industrias del país y de la Cámara de Industrias y Producción, durante la rueda de prensa en la que, además, exhortó a la Corte a pronunciarse en contra la nueva consulta popular.

Otro de los temores por parte del gobierno es que la suspensión de contratos mineros les genere demandas en su contra y por lo tanto la entrega de fuertes indemnizaciones a las empresas. El presidente Lenín Moreno, en su informe a la nación, el 24 de mayo de 2019, dirigiéndose a la Corte Constitucional, dijo: “Si autoriza cualquier mecanismo, que implique un incumplimiento que tarde o temprano nos obligue a pagar una indemnización, le pido que también invite al pueblo a decidir, de dónde saldrán esos recursos, y ¿cuáles serán las fuentes de financiamiento que remplazarían los ingresos a los que debamos renunciar?”

De acuerdo a Mario Melo, abogado de Derechos Humanos, este es un temor real, pues no sería la primera vez que a Ecuador le ocurra esto, ya que los contratos entre el Estado y las empresas transnacionales cuentan con cláusulas de arreglo de controversias, muchas veces mediados por organismos internacionales, el más famoso el CIADI.

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), es un organismo adscrito a Naciones Unidas, pero que trabaja independientemente de los Comités de Derechos Humanos. Ante estas instancias Ecuador ha tenido varias derrotas frente a empresas extractivas. Aunque el Art. 422 de la Constitución prohíbe que el Estado se someta a un arbitraje que no sea regional, Ecuador ha pagado cerca de 90 millones de dólares hasta el 2012 por defenderse contra las empresas extractivas, de acuerdo a una investigación del portal Plan V.

Pero ¿es esta la razón por la que no quieren las Consultas? Para Alicia Granda el Estado y las empresas no quieren la consulta porque esta genera información

–Lo que ellos quieren es mantener un discurso de una minería responsable que no existe y esconder los verdaderos efectos que ello conlleva. Va haber información, va haber conflictos y entonces se retrasa su proyecto.

Para Alicia Granda, el Estado ecuatoriano actúa de forma irresponsable, porque a pesar de conocer la oposición de la población, el gobierno firma los contratos y luego se ven amenazados por probables demandas ante el CIADI. Natalia Green agrega que es necesario detener estas concesiones e identificar el modelo de desarrollo que queremos.

La Contraloría General del Estado ha realizado exámenes especiales al algunos de los proyectos mineros considerados estratégicos, en 2012 presentó la auditoría ambiental a los proyectos Mirador y Panatza San Carlos; en 2016, un examen de control ambiental del proyecto Fruta del Norte y en 2019 presentó los informes de Llurimagua y Cacabel. Todos los informes presentan similitudes en las irregularidades detectadas: acciones sin autorización estatal como ampliación de plataformas de perforación y uso de agua superior al autorizado; ubicación de las concesiones en áreas protegidas como el Bosque Protector Cordillera del Cóndor, El Colibrí y Refugio de vida silvestre “El Zarza” y en microcuencas y fuentes de agua; licencias ambientales entregadas sin información completa; contaminación del agua; y daños ambientales.

El Colectivo Caminantes, una articulación nacional de organizaciones y activistas ecologistas y de derechos humanos, indígenas y de territorios amenazados por la minería, denunció la concesión inconsulta de más de tres millones de hectáreas de terreno, es decir un 15% del territorio nacional concesionado a la minería. Por ese motivo, estas organizaciones insisten en la necesidad de que procesos electorales locales de Consulta Popular, como la de Girón, se continúen realizando, como un ejercicio efectivo de los derechos sistemáticamente vulnerados por el Estado en su política de continuar con el camino de la megaminería en el país.