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Familias campesinas exigen adjudicación de la hacienda Las Mercedes
Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2
Publicado 16 de agosto del 2022
200 familias campesinas que se dedican al cultivo de arroz, cacao, hortalizas y otros productos para su consumo y la venta al mercado se encuentran preocupadas ante las amenazas de desalojo de la Hacienda Las Mercedes. Esta hacienda fue incautada en 2008 por la Agencia de Garantías de Depósito, AGD, a los hermanos William Isaías y Roberto Isaías, dueños de Filanbanco.
En 2022, el juez Jhonny Lituma dio paso a una acción de protección en favor de los Isaías y se ordenó la restitución de los activos que fueron objeto del proceso de incautación ejecutado por el Estado. Las familias exigen al Ministerio de Agricultura la adjudicación de estas tierras.
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“Nosotros estamos aquí, más de 15 años. Cultivamos, vivimos y cuidamos la tierra y ese es nuestro medio de subsistencia para nuestras familias. Estamos en constante zozobra, pero en pie de lucha. Nosotros no vamos a dejar los años de trabajo, ahí viven nuestros hijos, somos más de 200 familias que vamos a quedar en la indefensión. Estamos reclamando nuestros derechos, esa tierra nos corresponde”, contó para Wambra, Magdalena Rosas, presidenta de la asociación agrícola Avanzando al Progreso De Cone, Asovancon.
Según Magdalena, son más de 200 familias agrupadas en algunas organizaciones, las que ocupan y cultivan en los predios de la Hacienda Las Mercedes, en la parroquia Cone, ubicada entre el cantón Yaguachi y Durán de la provincia del Guayas. Las familias están preocupadas por un eventual desalojo tras la aprobación de una acción de protección en favor de los hermanos Isaías, ex propietarios de la hacienda.
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La crisis del 99 y la incautación de bienes a los hermanos Isaías
En marzo de 1999, el presidente de aquel entonces Jamil Mahuad, declaró un feriado bancario y bajo el Decreto Ejecutivo 685, congeló los ahorros bancarios por un año. Tras el decreto, Ecuador atravesó una de las peores crisis financieras que marcó el inicio de la dolarización y como consecuencia hubo una gran ola migratoria de ecuatorianos y ecuatorianas al exterior.
Además, la situación marcó uno de los procesos de litigios más largos que ha enfrentado el país a nivel nacional e internacional. Es el caso de William y Roberto Isaías Dassum, accionistas y administradores de la sociedad que integraban el grupo económico Isaías, cuya cabeza más visible era el Banco Filanbanco. En 1998, el banco fue entregado a la Agencia de Garantías de Depósito, AGD, con el fin de someterlo a un programa de reestructuración para su fortalecimiento. “Debido a los manejos irregulares del banco se dió inicio a un juicio penal en contra de los hermanos Isaías”, según se resumen el caso en la web de la Procuraduría General del Estado.
La resolución N° AGD-UIO-GG-2008-12 permitió la incautación de más de 200 empresas y otros bienes de propiedad del Grupo Isaías a cargo de la Agencia de Garantías de Depósitos, AGD, en julio de 2008. Entre las propiedades incautadas estuvo la Hacienda Las Mercedes.
Para el 10 de abril de 2012, el juez penal de la Corte Nacional de Justicia, el Dr. Wilson Merino, emitió una sentencia condenatoria en contra de los hermanos Isaías, imponiéndoles la pena de 8 años de reclusión por el delito de peculado bancario. Los hermanos presentaron recursos de apelación, nulidad y casación los cuales fueron negados.
Pero los hermanos Isaías no se detuvieron y en marzo de 2012 comunicaron al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que las “presuntas irregularidades producidas en el proceso penal e incautación de sus bienes dieron lugar a violaciones de sus derechos de libertad personal, garantías judiciales y principio de legalidad”, según información presentada por la Procuraduría. Por ende, solicitaron la nulidad del proceso penal que “arbitrariamente se siguió en su contra”. Sin embargo, el Comité de la ONU, en 2016, observó que no hubo vulneración de derechos ni ilegalidad en la incautación de los bienes; por tanto, la sentencia en contra de los hermanos Isaías debía cumplirse, pero el Estado ecuatoriano debía garantizarles las vías para presentar sus reclamos.
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Plan de Tierra: Caso Las Mercedes
Milton Yulán Morán, abogado e integrante de la Unión de Campesinos Tierra y Vida, explicó que la Hacienda Las Mercedes le pertenecía a William Isaías y Roberto Isaías, conocidos como los “Hermanos Isaías”. La hacienda contaba con 2.147 hectáreas y estuvo fraccionada en varios lotes de terrenos: 372 hectáreas de la empresa Jugom, 161 hectáreas de Las Mercedes AGM, 1.088 hectáreas de Lamiper y 526 hectáreas de Mariva. Según Milton, esto era “típico de los banqueros que tenían propiedades y las fraccionaban a nombre de diferentes compañías para poderlas hipotecar a la banca”.
En octubre de 2009, el gobierno de Rafael Correa lanzó oficialmente el Plan de Tierras. El objetivo de este plan era “la intervención de aproximadamente 2,5 millones de hectáreas de tierra en 4 años para alcanzar una estructura de tenencia de la tierra más equitativa”, según el estudio Más allá de las Tierra: El Caso Las Mercedes. El abogado Yulán agregó que para el 2012, se transfirieron dos lotes de propiedad de las compañías Agrícola Las Mercedes y Jugom a organizaciones campesinas con títulos de propiedad a través de una venta directa que hizo la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público, UGD, a favor de las asociaciones campesinas dentro del proyecto Plan de Tierras. Siete asociaciones campesinas más tomaron posesión de las hectáreas de propiedad de las compañías Mariva y Lamiper. Las hectáreas fueron transferidas al Ministerio de Agricultura y en febrero de 2016 se inscribieron en el Registro de la Propiedad dentro del proyecto de redistribución de tierras.
Desde esa fecha, el Ministerio de Agricultura ha “mantenido una posición tibia de no adjudicar las tierras sino enredar la situación con trámites innecesarios. Ese predio debió pasar a las organizaciones campesinas en febrero de 2017 y no ocurrió”, aseguró Miltón Yulán. Con las medidas que dispuso el Comité de Derechos Humanos de la ONU en favor de los hermanos Isaías, estos llegaron ante la justicia ecuatoriana y presentaron en 2018, una demanda de medidas cautelares ante el juez Jhonny Lituma de la Unidad Judicial Norte 2 de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, en Guayaquil.
Dentro de las medidas cautelares, según la versión del abogado Yulán, el juez “prohibió la transferencia, el remate de los bienes incautados hasta que se resuelva el fondo del reclamo. Esas medidas se han mantenido vigentes por más de cuatro años. En mayo de 2022, el mismo juez convirtió de manera ilegal las medidas cautelares en una acción de protección donde dispuso la devolución de los bienes a los hermanos Isaías”. Entre los bienes incautados está la Hacienda Las Mercedes, la cual está ocupada por las familias campesinas.
El fallo del juez fue apelado por la Procuraduría General del Estado, el Ministerio de Agricultura, el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, la empresa Inmobiliar y otras entidades públicas. El caso aún debe ser resuelta por los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, que convocó a una audiencia el 15 de agosto de 2022, según un boletín de prensa que presentó la Unión de Organizaciones de Pequeños Agricultores Autónomos de la Costa.
De la audiencia también participaron Fian Ecuador y el Comité de Derechos Humanos de Guayaquil, por medio de un amicus curiae que presentaron para “defender el derecho de las familias campesinas a no ser despojados violentamente de las tierras que ocupan por más de 15 años”. Miltón Yulán dijo que están a la espera del pronunciamiento de la sala en los próximos días para saber si revoca la sentencia del juez Lituma o se la ratifica.
En caso de ratificarse la sentencia, el abogado Yulán aseguró que el Estado a través del Ministerio de Agricultura puede declarar de utilidad pública el predio “hay mecanismos con los cuales el Estado puede precautelar los intereses de los y las campesinas, porque más allá de las normas constitucionales también existen otros instrumentos internacionales”.
Las familias que corren riesgo de desalojo exigen la nulidad de la sentencia de devolución de bienes incautados a los hermanos Isaías y demandan al Ministerio de Agricultura la adjudicación de las tierras a su favor.
