Estado de emergencia y control militar en centros de rehabilitación social del país tras crisis carcelaria
Por: Génesis Anangonó Ch.
Publicado 22 julio de 2021
Personas privadas de libertad (PPL) se amotinaron, el miércoles 21 de julio, en el Centro de Rehabilitación Social (CRS) Sierra Centro Norte de Cotopaxi y en el Centro de Privación de Libertad (CPL) de Varones de Guayas. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) confirmó que 21 personas privadas de libertad habían fallecido en los amotinamientos y 78 internos, que habían huido durante los amotinamientos del miércoles en Cotopaxi, fueron recapturados.
Vianca Gavilanes, de Fundación Dignidad y parte de la Alianza contra las Prisiones, en entrevista con Wambra Ec, dijo que este nuevo amotinamiento y enfrentamientos dentro de los centros de rehabilitación social eran predecibles, pues desde lo ocurrido en febrero se ha advertido al Estado y a sus instituciones, sin embargo, no se ha “generado ningún tipo de cambio o transformación real, contundente, en el sistema penitenciario”. Gavilanes dice que tras los hechos violentos ocurridos el 24 y 25 de febrero, las familias de las personas privadas de libertad exigieron acciones concretas al gobierno y las instituciones encargadas del control del sistema carcelario –cuando estas estaban a cargo del expresidente Lenín Moreno–, pero “no hubo absolutamente nada, no hubo ningún tipo de intervención en ningún nivel. Tenemos tres sentencias exigiendo al Estado muchísimas cosas entre esas, una nueva política penitenciaria”, pero no ha ocurrido nada, porque como explica, pese a los intentos de las organizaciones y familiares de personas privadas de libertad, el gobierno no implementó ninguna estrategia para garantizar sus derechos.
En los amotinamientos ocurridos en las últimas horas también se reportaron denuncias de violencia sexual. Una de estas denuncias fue registrada en un parte policial en el que se detalla que una mujer fue agredida sexualmente en el Centro de privación de libertad de Cotopaxi. El Ministerio de Gobierno confirmó este hecho y explicó que la víctima fue una mujer, servidora policial, que trabajaba en el grupo de Contingencia Penitenciaria del centro de rehabilitación. La mujer identificó al agresor como el líder del pabellón de máxima seguridad, quien fue recapturado por la policía. La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, en rueda de prensa, se refirió a este suceso y dijo que la mujer recibió atención médica y se encuentra en un sitio reservado, hasta iniciar “el proceso penal para sancionar al violador”. Sin embargo, esta no es la única denuncia de violencia sexual.
Vianca Gavilanes dijo que “por fuentes extraoficiales, se ha reportado que han existido abusos sexuales y violaciones en el pabellón de mujeres en Cotopaxi, pero no existen pronunciamientos oficiales ni de las autoridades ni de la Secretaría de Derechos Humanos. Hay un silencio”. Las personas privadas de libertad “son tratadas como cifras súper frías y como si esto fuese algo normal en el sistema”. La abogada dijo que pudo conocer, en una reunión con familiares de personas privadas de libertad, que aún no se ha informado a las familias de los internos el estado en que se encuentran en los centros penitenciarios.
El gobierno emitió un comunicado y aseguró que la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, y el presidente, Guillermo Lasso, visitarán las prisiones en donde ocurrieron los amotinamientos. Posteriormente, en rueda de prensa, Lasso anunció el decreto de Estado de Emergencia en el sistema carcelario, control militar en perímetro de acceso a centros carcelarios y la remoción de Edmundo Moncayo de la dirección del SNAI, quien será reemplazado por el ex asambleísta y coronel del Ejército en servicio pasivo, Fausto Cobo. Horas antes de este anuncio, Vianca Gavilanes cuestionó que tanto el expresidente Lenín Moreno como Guillermo Lasso hayan mantenido a Moncayo en el cargo luego de lo ocurrido en febrero de este año: “nos preocupa muchísimo, porque es la persona que ha estado siempre y debe rendir cuentas frente a una crisis, en la que 81 personas que fueron asesinadas brutalmente”.
Entre el 24 y 25 de febrero de este año, 81 personas privadas de libertad fueron asesinadas de manera violenta. El Estado responsabilizó a cuatro organizaciones delictivas que identificó como: Los Pipos, Los Tiguerones, Los Chone Killers y Los Lobos, que estarían disputándose el control de los centros penitenciarios del país tras el asesinato de José Luis Zambrano alias “Rasquiña”, líder de la banda “Los Choneros” que fue asesinado en diciembre, en un centro comercial de Manta y habría tenido a su cargo el control de los centros penitenciarios. La Alianza contra las Prisiones rechazó que el discurso oficial solamente apunte al accionar de las bandas porque “ocultan la realidad de las personas en situación de vulnerabilidad que han sido presas del poder punitivo en un contexto de desesperación por la pobreza y la precarización de sus vidas”. La abogada Vianca Gavilanes coincide con ello y dice que la situación carcelaria “no solo responde a una lógica de ‘banda criminal’, sino a las pésimas condiciones que viven diariamente las personas privadas de libertad”, pero que se intenta posicionar desde una narrativa que responsabiliza de esta violencia a las bandas criminales: “es una cuestión mucho más profunda, que tiene que ver con toda la precariedad y toda la represión que viven las personas privadas de libertades en su día a día” y que se reflejan con hechos violentos como los ocurridos en las prisiones del país.
La Alianza contra las Prisiones emitió un pronunciamiento exigiendo “proteger la vida e integridad de todas las personas privadas de libertad, mejorar sus condiciones de vida, asignar presupuesto inmediato para asegurar la vida digna”. Exhortaron al Estado a establecer un modelo de gestión penitenciario y una política pública que evite el incremento desmesurado de la población penitenciaria. También señalaron que el Legislativo debe aportar evitando la “producción de normas hiper-punitivas, criminalizadoras y regresivas a los derechos humanos, como las últimas reformas al COIP”, puesto que el último episodio de violencia carcelaria no debe abordarse como “reincidencia criminal”, sino ser abordado y atendido desde la “reincidencia omisiva” por parte de las entidades estatales que han sido capaces de controlar y resolver la crisis carcelaria por el profundo abandono estatal al que está sometida la población carcelaria, que se traduce en condiciones de hacinamiento y corrupción dentro los centros de rehabilitación social en donde no existen garantías de protección de derechos para las personas detenidas ni sus familiares, que hasta el momento no habían recibido información sobre la situación y el estado las y los internos.
