El CPCCS: ¿la clave para concentrar el poder?
Por: Viviana Erazo @vivianaerz
Publicado 24 de febrero del 2022
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¿Qué hace?, ¿cómo surgió? y ¿cuál es la disputa por su control?
La reciente intervención del gobierno de Guillermo Lasso en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se suma a un ya manchado historial en la política nacional, donde los poderes de turno se toman los organismos de control y justicia. Esto, obliga a refrescar la memoria con el origen de este organismo y su razón de creación, como un espacio donde la participación ciudadana se concrete y como una garantía para la independencia de poderes; algo que está lejos de cumplirse.
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La idea de tener un Consejo de Participación no nació necesariamente en 2008, con la Asamblea Constituyente de Montecristi. Ya, la Constitución de 1998 institucionalizó a la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCC) —creada un año antes—, un órgano autónomo que tenía como función investigar denuncias de corrupción y cuyo funcionamiento se daba a la par de las competencias de la Contraloría y de la Fiscalía. Este organismo es la antesala del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Según Alberto Acosta Espinosa, primer presidente de la Asamblea Constituyente que elaboró la Constitución de Montecristi, tanto la extinta CCC cómo el actual CPCCS nacieron como una respuesta a lo que sucedió durante décadas en el país y que estalló en los años 90, “la Asamblea de Montecristi en 2007-2008 aterrizó un proceso histórico muy largo de movilizaciones sociales, reclamos de participación de la ciudadanía para enfrentar una grave crisis no sólo económica o social sino de carácter ético en la elección de autoridades .”
En el contexto de la creación de una nueva Constitución, la exigencia de participación ciudadana por parte de los y las ecuatorianas toma forma, para Acosta es algo que surge con mayor fuerza desde 1982 luego de la grave crisis por deuda externa y el deterioro de la institucionalidad política.
De 1982 a 1999 es un período que se lo recuerda por registrar la mayor caída del Producto Interno Bruto, PIB, en la historia de Ecuador. Además, es un período de fuerte movilización social. En 1990, ocurre el Levantamiento Indígena que inicia con la toma de la Iglesia de Santo Domingo, en el centro de Quito, como una acción simbólica de rechazo a las políticas del gobierno, en ese entonces de Rodrigo Borja.
Después, llegó la caída de Abdalá Bucaram que empezó con protestas estudiantiles, sindicales e indígenas y tomas de las carreteras. Esta movilización logró concentrar a todos los sectores sociales.
En el 2000, los y las ciudadanas se volvieron a levantar, esta vez contra Jamil Mahuad. Trabajadores, jubilados, jóvenes, debido al anuncio de la dolarización para frenar la inflación y el llamado “Feriado bancario” que desapareció los ahorros de miles de ecuatorianos.
En 2005, la personas se movilizan de nuevo para derrocar a Lucio Gutiérrez, cuyo gobierno intervino la justicia, con la sustitución de 27 de los 31 jueces del Tribunal Supremo por magistrados afines. Además la oposición le acusó de querer facilitar el retorno de su amigo el ex presidente Abdalá Bucaram, acusado de corrupción y exiliado durante ocho años en Panamá. Las protestas de los denominados “Forajidos” presionaron a las afueras de Carondelet, lo que terminó con la salida de Gutierrez del país. Gutiérrez fue el tercer presidente derrocado, en menos de 10 años.
Todas estas movilizaciones nacieron bajo distintas circunstancias, pero con un factor común: fueron reacciones de descontento que se mantuvieron solo hasta la caída de los jefes de Estado. Entonces no se trataba, en su mayoría, de movimientos organizados y mucho menos que se mantengan hasta la actualidad, pero nacieron frente a una crisis política en forma de “participación ciudadana”.
Son estos antecedentes de participación los que, en 2008, impulsaron a la Asamblea Constituyente a buscar institucionalizar la participación ciudadana. Según Acosta, “Los colectivos, las comunidades y los movimientos configuraron un torrente de expectativas y propuestas que llegaron a la Constitución de Montecristi, en donde se escribió literalmente y con mayúsculas: “Participación ciudadana ”.
Acosta explica que lo que materializaba la expresión de esas luchas históricas de los sectores sociales se cristalizó con la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, constituyéndose como “La Quinta Función del Estado o el Quinto Poder del Estado”.
Desde su creación el papel principal del CPCCS fue el de designar a las autoridades en las principales instituciones de control del Estado, entre ellas están: la designación del Procurador General, la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública, la Fiscalía y la Contraloría. Todas estas designaciones las realiza previo un concurso de méritos y oposición abierto a los ciudadanos y ciudadanas, donde cualquiera que cumpla los requisitos puede participar y ser elegido o elegida para ocupar estos cargos. El CPCCS también se encarga de elegir a los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura; además es el organismo encargado de promover la participación ciudadana e investigar y elaborar informes sobre denuncias de corrupción.
Esto es lo que debería hacer y para lo que fue creado este organismo con tan rimbombante nombre, que serviría para despolitizar la nominación de autoridades y de esta forma descentralizar el poder. Antes de que exista el CPCCS, a estas autoridades las elegía el Congreso Nacional –ahora Asamblea Nacional– con base en las ternas enviadas por el Ejecutivo, donde era común la “negociación” entre los partidos políticos para la toma de estas decisiones. Por eso, un mecanismo de resistencia es tener una buena memoria.
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La memoria
En 2008, después de décadas de movilización social, Ecuador le había dado la espalda al sistema de partidos. Estaba cansado de su ineficacia, de sus acuerdos y del quiebre generalizado que llevó al país a caer en una crisis política y económica.
En esta época se agudizó lo que se ha denominado como “politización” de la Función Judicial, especialmente de la Corte Suprema de Justicia, elegida por “cuotas” de fuerzas políticas en el Congreso. Lo que desembocó en el suceso de la llamada “Pichi Corte”.
La “Pichi Corte” fue colocada, en 2004, por el entonces presidente Lucio Gutierrez, después de que el Congreso destituyó a la Corte Suprema y nombró una nueva. Esta fue una de las agresiones más graves que ha sufrido el sistema jurídico y la democracia, que llevó a Ecuador a vivir sin Corte Suprema por al menos un año, yque terminó en la paralización de la administración de justicia y el perjuicio a muchas personas en su derecho de acceder a la justicia.
Acosta detalla que esta “tradicional” forma de elegir autoridades en el Ecuador fue cada vez más cuestionada, mientras surgían los distintos controles del Estado. Para Acosta se vió la necesidad de que los nombramientos de autoridades dejaran de tener un doble soporte, es decir, del Ejecutivo y el Legislativo. “El hecho de que muchas veces los grupos más poderosos se ponían de acuerdo en atribuir autoridades a las diferentes instituciones de control mostraba como, por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral –hoy Consejo Nacional Electoral– . Esto era controlado por los tres partidos más poderosos; lo que era prácticamente encargarle al gato que cuide la despensa. Eso se quería superar.”
Este como otros casos, que no deben pasar desapercibidos en la historia de nuestro país, dieron fuerza a un discurso en el que encajó el CPCCS, y aunque la idea nació como una medida para contrarrestar estas acciones de manos del poder de turno, en la práctica no fue así.
Acosta sostiene que en la creación de la Constitución de 2008 la idea de la institucionalidad de la Participación Ciudadana aparecía como atractiva, porque era una suerte de respuesta a esos reclamos ciudadanos y fortalecía la voluntad ciudadana; pero al tratar de institucionalizar esa participación se abrió la puerta para que sea el Ejecutivo el que controle esos ámbitos de participación”. Para Acosta, este fue el principal recelo que se tuvo dentro de la misma Asamblea Constituyente, sumado a la campaña a la que denomina “brutal” por parte de los medios de comunicación que se posicionaron en contra del CPCCS, incluso antes de su creación, “lo que provocó que varias personas que debían ser parte de esta institución se hicieran a un lado”. Todo esto, afirma, es lo que opacó el posible éxito que pudo tener el CPCCS.
El sociólogo y catedrático David Chávez cuestiona el papel del CPCCS, pues a su criterio el organismo ha funcionado como una cortina de humo que dice transparentar la elección de autoridades, pero que hace todo lo contrario; porque inevitablemente terminan siendo nominaciones políticas y este pensamiento dice “es peligroso y equivocado”.
“Si hablamos de Correa, vemos que las principales autoridades del Estado eran cercanas, participantes, pertenecientes al gobierno del ex mandatario; es decir que la participación ciudadana nunca se cumplió.”
Pero Chávez afirma que, si no existiera el CPCCS y se eligiera aún a las autoridades mediante la Asamblea Nacional, la situación tampoco sería distinta, “la mayoría del parlamento eran personas afines al gobierno de Correa y claramente se hubiera elegido a las autoridades con esta tendencia, lo que no me parece un problema porque sería transparente: es una designación política del Ejecutivo y el Parlamento, entonces tenemos claridad de los responsables.”
En el caso del CPCCS, la situación cambia porque la responsabilidad cae sobre los ciudadanos mediante lo que “parece” una decisión ciudadana y no política, ratificando una idea de que los ecuatorianos nos enfrentamos a la política cuando definitivamente no es así.
El CPCCS no ha estado del todo lejos de casos polémicos y poco transparentes en la designación de sus funcionarios. Se puede recordar el caso del ex Contralor Carlos Polit, sentenciado por su participación en la trama de corrupción de Odebrecht; el exsuperintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, acusado de falsificación ideológica de la Ley de Comunicación para sancionar a medios de comunicación; ambas autoridades prófugas de la justicia. También podemos nombrar al exfiscal Galo Chiriboga, cuyo nombre apareció en los Papeles de Panamá y al exfiscal Carlos Baca Mancheno, que fue destituido y censurado por la Asamblea Nacional en 2018 por incumplimiento de funciones.
Pues bien, si los concursos sirven para poner profesionales de alto nivel en estos puestos, no se determina si los participantes están inmersos en casos de corrupción y aunque para determinar esto existen herramientas, simplemente no se aplican. Y entonces, tanto si la nominación de las autoridades se hace en la decisión de las autoridades en la Asamblea Nacional o en el CPCCS ganará quien tenga mayor terreno ganado.
Para el académico David Chavez eso es un problema de forma; pero, aterrizando en la actualidad, existe un problema de fondo que debe ser analizado debido a la gravedad que representa para el país.
En la debacle institucional que es cada vez más evidente en Ecuador, el principio debería ser salvaguardar la institucional a partir de la legitimidad democrática: que quienes están en el poder tengan la legitimidad de los votos y ejerzan poder a favor de la mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas.
Para Acosta es peligroso que no se respete la independencia de las funciones del Estado, sea el gobierno que sea. Llevándolo a la actualidad, “cuando Lasso ve que va perdiendo más espacio en la Asamblea Nacional busca otros modos de lograr sus objetivos, conformando una nueva mayoría, aprovechando la frágil institucionalidad política que tiene el país.”
Por su parte, David Chávez sostiene que eso en el contexto del gobierno de Guillermo Lasso es muy lejano, “Un gobierno, como el actual, que está empeñado en gobernar para una élite minoritaria destrozando toda institucionalidad democrática, pone en discusión el poder que ejerce sobre las instituciones para las que designa autoridades como el CPCCS, empezando por tomarse el propio CPCCS. Porque prácticamente quiere aplicar su modelo de gobierno hecho para muy pocos, sin que nadie se lo impida, y esto es grave”.
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¿La salida es la eliminación?
Mucho se ha dicho sobre eliminar el CPCCS, la única vía para hacerlo es mediante una Asamblea Constituyente porque así fue creado, pero esto no basta. Parte de mejorar la cultura ecuatoriana es entender que no podemos sabotear cada vez más la institucionalidad democrática en un país en el que basta juntar una mayoría de políticos para legitimar algo ilegal. Entonces, lo que queda es fortalecer el CPCCS para que sea una institución independiente del poder de turno para cumplir sus funciones.
A opinión de Alberto Acosta deben existir espacios donde la participación ciudadana sea ejercida correctamente, “ El reto es cómo combinamos mecanismos que puedan funcionar del CPCCS, sin caer en las garras de la Asamblea Nacional y el Ejecutivo permitiéndoles elegir autoridades. Eso es un riesgo enorme y sería un retroceso histórico.”
Acosta propone mantener el proceso de clasificación y selección de quienes vayan a dirigir las instituciones de control, que se garantice que las ternas de cada caso concreto no tengan intereses políticos ni en beneficio de sectores privados. Plantea que una alternativa sería que el CPCCS podría ejercer este papel y entregar esas ternas para ser aprobadas en la Asamblea Nacional. “De esta manera habría una suerte de menor capacidad de decisión en el CPCCS, sin caer en que el legislativo tenga una mayor influencia en la elección.” En este escenario la Asamblea Nacional no podría presentar ternas de ninguna especie.
En el Ecuador se intensifica cada vez más un deterioro institucional; es decir, la opinión pública cuestiona el correcto funcionamiento de algunas de las instituciones del alto mando del Estado, y esto no va a cambiar si quienes están dentro y sobre el CPCCS son élites que están concentrando el poder, porque esto las convierte en un poder poco democrático. Sobre esto, Chávez hace referencia al sociólogo Agustín Cueva al referirse a las “democracias restringidas en Latinoamérica” como producto de la concentración de poder.
Luego de la Consulta Popular y Referéndum de febrero de 2018, el CPCCS-Transitorio, presidido por Julio César Trujillo, estableció que a los consejeros del CPCCS los elige la ciudadanía en las urnas. Antes, los consejeros eran elegidos entre los representantes de las organizaciones sociales o ciudadanos de manera individual, a través de un concurso público de méritos y oposición que realizaba el Consejo Nacional Electoral.
“Cuando se tomaron por primera vez el Consejo de Participación Ciudadana con Trujillo en 2019, a pesar de que Trujillo era abiertamente de derecha, le otorgaron ropajes de legitimidad mínima y llamaron a una Consulta Popular para elegir a los siete consejeros que integrarán el organismo. Entonces se dijo que sería un Consejo de Participación diverso, ninguno parecía de entrada estar alienado con Moreno, algo que resultó no ser cierto”, precisó el catedrático Chávez
En este punto, después de que el 10 de febrero cuatro consejeros Francisco Bravo, Ibeth Estupiñán, Hernán Ulloa y Fernanda Rivadeneira, alineados al gobierno de Guillermo Lasso se tomaron el CPCCS junto a 25 miembros de la Policía Nacional; decir que existen ropajes de legitimidad mínima es burdo y recuerda a los mecanismos de Febres Cordero poniendo tanques en la Corte de Justicia sin ningún respeto por la institucionalidad y aplicando mecanismos agresivos para ejercer su poder de formal total.
Y esto, según Chávez, es una muestra de fortaleza contrario a pensar que es debilidad de parte del Ejecutivo, y es un modus operandi que funciona desde el gobierno de Moreno y se perpetúa ahora al de Lasso.
Los cuatro consejeros retiraron de sus puestos a Sofía Almeida, presidenta quien contaba con una medida cautelar y David Rosero, quien ocupaba el cargo de vicepresidente; en un proceso a todas luces atropellado, agresivo e ilegal. Donde intervino el Ministerio de Gobierno al enviar a la Policía Nacional. Esto para Chávez es injustificado, pues nunca hubo una convocatoria, ni una muestra de que los consejeros estuvieran en peligro. Tampoco está justificada, según Chavez, la intervención del Ministerio de Trabajo que emitió enseguida documentos legitimando los puestos de los consejeros que se auto atribuyeron los puestos.
Frente a este escenario el discurso de Lasso es decir: “yo respeto las instituciones” cuando el Ejecutivo está interviniendo de una forma agresiva en estos sucesos.
Mireya Pazmiño; asambleísta por la provincia de Bolívar y presidenta de la Comisión de régimen Económico quien presentó la solicitud de juicio político para la destitución y censura de los consejeros: Francisco Bravo, Ibeth Estupiñán, Hernán Ulloa y Fernanda Rivadeneira, junto a las firmas de otros 80 asambleístas; detalla que la causa para esta solicitud fue que los cuatro consejeros se atribuyeron funciones y pedían que se modifique un reglamento que ya fue aprobado y publicado en agosto de 2020, para designar al Contralor General del Estado.
Como antecedente, por esta misma razón, habían sido censurados otros consejeros antes. Esto sucedió con: Jose Carlos Tuares, Rosa Chalá, Victoria Desintonio, Cristhian Cruz, en 2019. Esto dejó como precedente que la Asamblea Nacional tiene la capacidad de enjuiciar y destituir a las y los consejeros.
“Ulloa quería modificar los reglamentos para que se le dé una puntuación extra a la entrevista, y eso ya lo hemos visto en los concursos de méritos y oposición, que los aspirantes no alcanzan el puntaje y van a la entrevista y mágicamente llegan al puntaje por el injustificado valor de puntos que esta tiene” explicó Pazmiño.
El 16 de febrero, se reunieron la ministra de gobierno, el comandante de la Policía y los cuatro consejeros en la Asamblea Nacional, para anular la medida cautelar que impedía que Sofia Almeida dejara la presidencia del organismo; es decir recién en ese momento, casi una semana después del asalto al CPCCS, podrían convocarse y designar presidente y vicepresidente de la institución.
Para Pazmiño, esto es la muestra de que el consejero Hernán Ulloa viola toda la ley porque no se puede levantar la medida cautelar si no lo hace la misma jueza que dispuso, por lo que señala que todo lo actuado es nulo.
“Kerly Vargas es la jueza que otorga las medidas cautelares, y la jueza Larisa Ibarra es la que levanta esa medida cautelar y otorga una acción de protección a Ulloa. El 16 de febrero la jueza Kerly Vargas es sancionada por 90 días y el reemplazo de ella levanta esas medidas cautelares permitiéndoles convocar y decidir quién es el presidente o lo que ellos decidan” dice Pazmiño, para quien no porque ahora lo hayan legalizado el hecho es menos grave.
Pazmiño dice que sin especular sobre lo que sucede en el CPCCS, las pruebas son claras y todo apunta a que existe un interés detrás “violan la ley con al ayuda de las dos funciones: la Ejecutiva y la función Judicial”.
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El “nuevo” Consejo
Finalmente, Hernán Ulloa y María Fernanda Rivadeneira fueron ratificados como presidente y vicepresidenta, respectivamente, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; Francisco Bravo, Ibeth Estupiñán, Sofía Almeida, Juan Javier Dávalos y David Rosero continúan como consejeros del organismo.
EL 17 de febrero en su cuenta de twitter, Hernán Ulloa quien ya funge como presidente del CPCCS, confirmó que se reformó el reglamento para designar al próximo Contralor del Estado, implementando un examen práctico oral de 20 puntos.
La modificación del reglamento incluyó el literal f del artículo 11. El secretario de la Comisión Ciudadana de Selección para el concurso será elegido de entre sus 10 miembros. No de una terna presentada por la Presidencia del Cpccs, como antes se determinaba. El literal m del artículo 21 fue eliminado. Establecía la presentación del certificado de test psicológico de habilidades y/o aptitudes.
En el mismo artículo, se agregó otro literal. Se aumentó el certificado de no estar registrado en la base de Datos de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Otro ajuste es dar mayor puntaje a los títulos de cuarto nivel, a la especialidad y excelencia en el ámbito profesional.
Para las postulaciones, se agregó que puedan hacerlo quienes también tengan título en Ingeniería Civil, Ingeniería en Minas y Petróleos e Ingeniería Ambiental. Además, de quienes tengan título en Derecho, Economía, Auditoría, Finanzas, Administración Pública y Gestión Pública.
Se reformó la incorporación de un examen práctico, que será valorado hasta en 20 puntos. El escrito tendrá una calificación sobre 30. Los méritos equivalen a 50 puntos.
Meter la mano en las Funciones del Estado es una tentación permanente del poder de turno y esta intervención existe y ha existido incluso antes de la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; de hecho este organismo nace como respuesta a la necesidad de que la participación ciudadana se refleje en los poderes del Estado, algo que está lejos de cumplirse. Lo que la historia muestra es que los gobiernos con estas acciones buscan ocupar los puestos clave de las instituciones del Estado con personas afines a sus proyectos, lo que les permite tener un control centralizado del poder político, algo que no es nuevo.
A nueve meses de la posesión de Guillermo Lasso como presidente de Ecuador, su proyecto de gobierno avanza posicionándose como antipopular donde diferentes sectores cuestionan sus reformas laborales, económicas y sociales que desconocen que los derechos ganados son irrenunciables; políticas que se alejan del principio básico de la democracia que reconoce la dignidad del ser humano, los derechos de las personas y que restringe tomar decisiones respetando las diferencias, la pluralidad y la diversidad, impulsando el respeto a la ley y a las libertades de cada persona.
Entonces, la verdadera participación ciudadana que llevó a la creación del CPCCS y que claramente no está representada por este organismo, ¿en dónde se verá reflejada si este desaparece?
