tomado de fidh.org
Paris-Ginebra, 15 de enero de 2016. El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la FIDH y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), ha enviado hoy una carta a las autoridades judiciales y gubernamentales de Ecuador para llamar la atención sobre el llamamiento a juicio por el delito de “terrorismo organizado” contra dos defensores de derechos humanos, el líder comunitario y defensor del derecho a la tierra Sr. Manuel Trujillo, Presidente de la Comunidad de San Pablo de Amalí, provincia de Bolívar y la Sra. Manuela Pacheco, otra habitante de la comunidad que se ha movilizado por la defensa del agua y la tierra.
El 12 de diciembre de 2015, el Sr. Manuel Trujillo junto con la Sra. Manuela Pacheco fueron citados a audiencia de juicio oral para el 19 de enero de 2016 por el crimen de “terrorismo organizado” (art.160.1 del Código Penal ecuatoriano). Dos días antes había sido publicado el Informe: “Criminalización de la Protesta Social frente a proyectos extractivos en Ecuador” por la FIDH, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), que incluye un análisis del caso del Sr. Trujillo. En la carta enviada (ver documento adjunto), el Observatorio denuncia el uso indebido del derecho penal como herramienta para la criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos.
Los pobladores de la Comunidad de San Pablo de Amali se han movilizado contra el proyecto de la Central Hidroeléctrica San José del Tambo, desarrollado por la empresa HIDROTAMBO S.A.. Desde el principio el proyecto de la Central Hidroeléctrica ha violentado el derecho que tienen las comunidades a la consulta, se han menoscabado las necesidades de la población y no se les ha garantizado su libertad de expresión. Además, el Sr. Manuel Trujillo y otros moradores de San Pablo de Amalí perdieron sus tierras y viviendas a causa del aumento del caudal del río Dulcebampa, que vino provocado por las fuertes lluvias de la temporada, así como por las obras de construcción de la Central Hidroélectrica que la comunidad intentó impedir a través de medidas cautelares que sin embargo les fueron negadas.
El Observatorio hace un llamado igualmente para que la audiencia del 19 de enero sea pública y se permita así la presencia de observadores internacionales, de la sociedad civil ecuatoriana y de la prensa para que se pueda hacer seguimiento del Juicio.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos es un programa creado en 1997 por la FIDH y la OMCT y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos.
La carta abierta puede leerse aqui.
