DERECHOS HUMANOS
El discurso presidencial ¿en contra de defensores de derechos y familiares de privados de libertad?
Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2
Foto de portada: Defensoría del Pueblo
Publicado el 08 de noviembre de 2022
Ecuador atraviesa por una grave crisis de seguridad y desde el 31 de octubre el país ha presenciado explosiones de coche bomba que han afectado a Unidades de Policías Comunitarias y gasolineras. Los enfrentamientos y balaceras en los Centros de Privación de Libertad no han cesado pese a los operativos realizados, las requisas con decomiso de armamento y el traslado de privados de la libertad a otras cárceles. Los últimos enfrentamientos en la Penitenciaría del Litoral y en la cárcel de El Inca en Quito han dejado varios policías y personas privadas de libertad fallecidas y heridas.
Tras decretar estado de excepción en Guayaquil, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas, el presidente Guillermo Lasso en su mensaje a la nación, aseguró que estos hechos se tratan de una declaratoria de guerra abierta contra los y las ciudadanas y la democracia. Por ello, dispuso que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas actúan con “dureza” dentro del marco de la ley en contra del “crimen organizado, el narcotráfico y sus nexos con la política”. Además, el mandatario envió un mensaje contra el trabajo de los y las defensoras de los derechos.
Defensores y defensoras de los derechos humanos analizan las declaraciones del primer mandatario y sus implicaciones.
***
“Cuidado con apelar a los derechos humanos para solapar la delincuencia, porque primero están los derechos humanos de los 18 millones de ecuatorianos que quieren dormir en paz, salir, volver a casa tranquilos”, dijo que el presidente Guillermo Lasso, a través de un mensaje a la nación, el pasado 01 de noviembre de 2022 y lo reiteró en su discurso del 03 de noviembre: “Que sepan los delincuentes que nos temblará la mano y sepan quienes están a favor de los delincuentes, tendrán el repudio de todos los ecuatorianos”.
Debido a las declaraciones del primer mandatario, Fernando Bastías, coordinador del área de litigio estratégico del Comité permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH-Guayaquil, dijo que el discurso del presidente Guillermo Lasso es una herramienta política discursiva que los gobernantes han usado para posicionar una cortina de humo en la opinión pública sobre los problemas reales en el país, en este caso la seguridad y la crisis carcelaria. “La mala administración y la falta de control e ineficiente política de seguridad ciudadana y el nivel de corrupción institucional que el presidenta aún no ha logrado darle solución”, precisó Bastías.
Por su parte, Sybel Martínez, directora del Grupo de Rescate Escolar y abogada, dije que estratégicamente lo que está haciendo el presidente Guillermo Lasso es trasladar un problema grave a los y las defensoras de derechos humanos para diluir la gravedad de una problemática que debe tener una mirada integral, la cual no se da, porque hay un gobierno débil. Es decir, un gobierno y un Estado con falta de institucionalidad y excepcionalidad de la ley, que facilita la implantación del crimen organizado a través de la corrupción.
La abogada, junto con Fernando Bastías y otros activistas de derechos humanos, fueron hostigados en la red social Twitter por cuentas anónimas, que los acusaban de proteger y defender a criminales. Para Martínez, estos discursos buscan traspasar las responsabilidades del Estado y del gobierno en particular, hacia los y las defensoras de derechos humanos. En otras palabras, de imputarles una realidad que nos corresponde.
“Nosotros al final del día no hemos amarrado las manos ni al presidente ni a ninguna de sus autoridades del gobierno, para que dejen de hacer lo que les corresponde que, al tener el monopolio de la fuerza y la posibilidad de dictar políticas de Estado, sea velar para que la situación de inseguridad cambie no desde una mirada securitista, sino integral que implica comprender la pobreza, desigualdad y falta de oportunidades”, anotó Sybel Martínez.
Mientras tanto, Juan Pablo Albán, docente, miembro y relator del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas y quien también fue atacado en redes sociales, explicó a través de un tuit, que no es la primera vez que en Ecuador los derechos humanos y las personas defensoras están bajo ataque. “Las descalificaciones lanzadas desde las altas esferas del poder contra los derechos humanos y sus defensores no resuelven problemas sociales, son un elemento distractor -muy efectivo en países polarizados como el nuestro-, un pretexto para no hacer las cosas o hacerlas mal”.
Agregó que el mensaje que el gobierno busca enviar es claro: “si no están con nosotros, están contra nosotros” y bajo esa lógica en gobiernos anteriores se cooptó a organizaciones de derechos humanos y se silenció a aquellas personas que no quisieron sumarse al “juego del poder de turno”.
Marta González, abogada para el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL, en su texto “El derecho a defender los Derechos Humanos como un derecho autónomo” destaca que situaciones como las que suceden en el país pueden “tener un efecto amedrentador sobre otras defensoras y defensores, ya que el temor causado […] podría disminuir directamente las posibilidades de que tales personas ejerzan su derecho a defender los derechos humanos”.
La pandemia de la crisis carcelaria
Ecuador ha presenciado nueve masacres carcelarias desde febrero de 2021 hasta octubre de 2022 y el gobierno nacional no ha logrado intervenir de manera oportuna. Según Fernando Bastías, el control de los centros de privación de libertad se pueden lograr sin necesidad de decir que los derechos humanos son un obstáculo. Además, “entrar con militares a disparar a quemarropa dentro de la Penitencia tampoco es una forma de control”, pues, cuando un país no garantiza los derechos es cuando hay crisis.
De hecho, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, a través de un comunicado, señaló al presidente Guillermo Lasso, que “la situación de delincuencia, el incremento del crimen organizado y violencia que vive el país se produce fundamentalmente porque en su gobierno, y en otro, de forma irresponsable no se han garantizado los derechos humanos de la población y se han exacerbado condiciones de pobreza y exclusión social”.
Para el defensor de derechos humanos, es peligroso que de manera forzada, el presidente Guillermo Lasso quiera instaurar en su discurso la imagen del presidente del Salvador, Nayib Bukele, al mostrar fotografías de las personas privadas de libertad boca abajo, como lo hizo el pasado 03 de noviembre a través de Twitter. En esta publicación, Lasso informó “la estrategia de traslado de las cabecillas la mantuvimos a cabalidad. Este Gobierno no se doblega ante narcoterroristas: en este país no van a imponer su voluntad. Aquí estamos para hacerles frente y proteger a los 18 millones de ecuatorianos que merecen vivir en paz”.
Frente a esto, Bastías explica que los estándares de derechos humanos, determinan que el gobierno tiene la potestad para ingresar a los centros penitenciarios y así contener la violencia, pero, también es necesario responder a las razones por la cual la violencia ocurrió, al igual que, el ingreso de armas y para eso se necesitan soluciones integrales. “Entrar con militares y fuerza pública y hacer mega shows mediáticos no es la forma en la vamos a solucionar la crisis carcelaria” y tampoco la seguridad en el país.
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, en un comunicado, dijo que la ausencia del Estado ha causado que los territorios abandonados y los centros de privación de libertad sean disputados por bandas criminales, poniendo en riesgo y zozobra a la población más empobrecida y vulnerable. Pues los recortes al gasto fiscal ha puesto en mayor desventaja a las familias más empobrecidas, aumentado así brechas de desigualdad. Según la Alianza entre el 2017 y 2022 se ha dado un recorte de 1.253 millones de dólares y que solo se ha ejecutado el 54% del presupuesto asignado al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad.
Citando al Papa Francisco, el defensor de los derechos humanos, Fernando Bastías, dice: “el cuidado de las personas privadas de libertad va a medir el nivel de esperanza de la sociedad. El considerar que una persona pueda rehabilitarse, insertarse en la sociedad después de haber cometido un delito es una de las pocas esperanzas que tenemos en una sociedad donde cada vez hay más pobreza, violencia”. Pues creer que hay personas que jamás estarán en prisión es una idea errónea, por lo tanto, mantener la idea de la venganza, la ley del más fuerte es lo que desestabiliza un gobierno democrático.
“Tenemos un respaldo legal, pero no político”
Víctor Zárate, General de la Policía Nacional de la Zona 8, en un medio digital, también reforzó el discurso en contra de los DDHH: “derechos humanos, gente de la Defensoría Pública ¿Quién se ha apersonado de los policías que han fallecido o han sido vilmente victimados, más de seis, nadie dice nada. Hay que tomar en cuenta que la gente que está encerrada es gente mala, está purgando una condena, ha violentado los derechos humanos de los ciudadanos de bien y nos focalizamos solo en prevenir los derechos de ellos”.
Ante estas declaraciones, Fernando Bastías dice que hay que analizar dos aristas. Primero; la fuerza policial es un sector que está desprotegida en términos de presupuesto y de falta de estrategia de intervención en temas de seguridad, “mandarlos como fuerza de cañón es una irresponsabilidad por parte de sus mismas autoridades”. Y agrega que el general Zárate se ha involucrado en un discurso político similar al del presidente Guillermo Lasso y, en lugar de exigir más presupuesto y protección a los policías lo que hace es «atacar a personas defensoras de derechos humanos que incluso han respaldado su trabajo”, pues desde el Comité Permanente por los Derechos Humanos, CDH-Guayaquil, han exigido un investigación interna de policías fallecidos.
Entonces, el discurso del general “se involucra en otro ámbito que es el político y no el real, no se está concentrando en proteger la seguridad ciudadana, sino meterse en una línea política que el presidente ha posicionado. Quien tiene la obligación de garantizar presupuesto, derechos humanos y condiciones es el mismo Estado y sus autoridades, que no lo hayan hecho y ahora están en terribles condiciones ya no es responsabilidad de nosotros. El discurso de rechazo debe ir dirigido a quienes no hicieron su trabajo”, dice Bastías.
Para Sybel Martínez, los y las defensoras de los derechos humanos desde su labor contribuyen a la promoción, respeto y protección de los derechos, además, acompañan a las víctimas, documentan las vulneraciones, cuestionan la impunidad y recuerdan que todos y todas gozan de derechos porque no hay “ciudadanos de primero y segunda clase”, de esa manera fortalece el Estado de derecho aunque para el gobierno sea difícil de comprender y se piensa desde el desconocimiento que impiden que el gobierno nacional haga su labor.
Según la abogada, desde el gobierno nacional, se busca implantar el miedo, estigmatizar a los y las defensoras de derechos humanos y disminuir la labor de quienes contribuyen a la promoción, respeto y protección de derechos. Así, se busca que no exista cuestionamiento y que haya una carta abierta para hacer lo que sea, lo cual es peligroso, porque puede ocurrir que “terminemos militando en contra de nuestro derechos y la garantía de los mismos”.
Estigmatización a las familias de personas privadas de libertad
A raíz del discurso del presidente Guillermo Lasso, en redes sociales se ha estigmatizado y atacado a personas defensoras de derechos humanos. Para Fernando Bastías de la CDH- Guayas, estos ataques no son nuevos y agrega: “los y las defensoras estamos acostumbrados a que nuestro rostro e integridad estén en riesgo”. Sin embargo, le preocupa la situación de las familias de personas privadas de libertad que frente a los discursos del gobierno nacional han tratado de posicionar que, el cumplimiento de la pena debe darse de forma digna independientemente del delito que hayan cometido las personas privadas de libertad. Pero, tras intentar posicionar ese discurso las familias están siendo atacadas, amenazadas, violentadas y estigmatizadas.
Por tales motivos, el Comité de Familiares por Justicia en Cárceles con apoyo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador y la Red Internacional de Mujeres Familiares de Personas Privadas de la Libertad, el 03 de noviembre de 2022, presentó una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
La medida cautelar es un mecanismo de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se solicita al Estado la protección para una o más personas que se encuentran en situaciones graves y urgentes de sufrir daños irreparables. Por eso, las familias están solicitando protección de los derechos de las personas privadas de libertad; que el Estado garantice espacios de contención emocional y médica a las familias de las personas privadas de libertad que se encuentran en vigilia desde el 31 de octubre en los exteriores de los centros penitenciario esperando información; mecanismos oficiales, integrales y directos de transferencia de información sobre las personas detenidas; garantizar la integridad personal y la vida de las personas privadas de libertad y que, en un plazo de 15 días el gobierno informe sobre la adopción de medidas. Este mecanismo de protección presentado está firmado por 10 familiares de personas privadas de libertad, en representación a las otras familias.
