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Policía y militares emiten disculpas públicas a jóvenes

detenidos en protestas de Octubre de 2021

 

 

 

Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan1

Publicado 18 de enero 2022

 

 

Tiempo de lectura: 5 minutos

 

 

La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas emitieron comunicados de disculpas públicas a cuatro jóvenes que fueron detenidos de forma arbitraria durante las protestas de octubre del 2021. Estas disculpas se dan en cumplimiento de las medidas de reparación que la jueza del Tribunal de Garantías Penales emitió como parte de la sentencia de Habeas Corpus.

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En octubre del 2021, la estructura de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, llamó a una movilización nacional desde los territorios en las tres regiones del país, frente al alza de los precios de los combustibles, para rechazar el modelo neoliberal de privatización de Guillermo Lasso y para exigir la derogatoria de los decretos 95 y 151 que permite la expansión de la frontera petrolera y minera dentro de los territorios de los pueblos y nacionalidades, entre otras problemáticas, según las resoluciones presentadas en su página web. A esta movilización se sumaron campesinos, el Frente Unitario de Trabajadores, el Frente Popular, estudiantes y ciudadanía.

Durante estas jornadas de protesta la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) hizo un comunicado para alertar sobre la detención de cuatro jóvenes:  Mario Geovany Gusmán Yasaca, de Riobamba; Bladimir Inlago Inalgo, de Imbabura; Jonny Edison Villareal Tonguino y Edison Marco Cuascota Inlago, de Cajas. En el mismo comunicado, se informa que al menos uno de los detenidos presentaba evidencia de violencia física y que fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia sin informar las razones y el lugar donde se encontraban, por lo que esa detención era “arbitraria e ilegal”.

El 23 de noviembre de 2021 se llevó a cabo la audiencia donde las organizaciones de derechos humanos y los familiares de los cuatro jóvenes detenidos durante la protesta social, presentaron un Hábeas Corpus al Tribunal de Garantías Penales, el cual fue aceptado. En la sentencia emitida el 25 de noviembre, la jueza del Tribunal, Olga Ruíz incluyó una medida de reparación integral: “(…) 4. Se dispone que a través de un comunicado publicado en un lugar visible del portal web de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas ofrezcan disculpas públicas (…) por haber vulnerado su derecho a la integridad personal y a la libertad; al no haber garantizado un trato digno y humano a las personas privadas de su libertad. (…)”, según INREDH

Así mismo se reconoce la violación de los derechos constitucionales de los jóvenes, en conformidad con los Arts. 17 y 44 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que dice que las sentencias deben contener antecedentes, fundamentos de hecho, fundamentos de derecho y resoluciones. Además, la garantía jurisdiccional de Hábeas Corpus protege tres derechos: libertad, vida e integridad física

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador, a través de un comunicado publicado el 6 de enero, emitió disculpas públicas por la arbitrariedad cometida a los cuatro jóvenes privados de libertad.

 

De igual manera, en enero del 2022, La Policía Nacional difundió sus disculpas  en el que dice: “en cumplimiento a la sentencia, dada por el Tribunal de Garantías Penales con sede en la Parroquia Iñaquito Del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha de fecha 25 de noviembre del 2021, dentro de la Acción de Habeas Corpus de N. 17250202100194; extiende disculpas públicas; a los señores Mario Geovany Guaman Yasaca, Bladimir Inlago Inlago, Jhonny Edison Villareal Tonguino, y Edison Marco Cuascota Inlago, por haber vulnerado su derecho a la integridad personal y a la libertad; al no haber garantizado un trato digno y humano a las personas privadas de su libertad.”

 

Luisa María Villacís, una de las abogadas de INREDH que llevó el caso, menciona que una vez dada la sentencia y las medidas de reparación integral, se han registrado dos tipos de cumplimiento, como son las disculpas públicas por parte de la Policía Nacional y el Comando de las Fuerzas Armadas; sin embargo, no se les ha notificado sobre ninguna de las actividades realizadas por parte de estas instituciones y queda pendiente las valoraciones médicas y psicológicas e investigaciones pertinentes de identificación e individualización de los responsables.

La abogada también mencionó que no hubo medidas de reparación económica, aun cuando las partes afectadas narraron cómo la Fuerza Pública rompió sus celulares para evitar que puedan grabar la agresión. Algunos de estos dispositivos eran herramientas de trabajo de los jóvenes privados de libertad; sin embargo, el Tribunal de Garantías Penales, no se pronunció acerca de la devolución de los celulares o de pagos como indemnización a daños materiales.

“Las disculpas públicas no se dieron con el formalismo que tuvieron que haberse dado; es decir, notificándole a las partes”, recalca Luisa Villacís y explica que las disculpas públicas se debieron colocar en un lugar totalmente accesible a la gente en las páginas de la Policía Nacional y del Comando de Fuerzas Armadas, por lo que para la abogada estas disculpas son insuficientes.

Como lo que les ocurrió a Mario Geovany Gusmán Yasaca, Bladimir Inlago Inalgo, Jonny Edison Villareal Tonguino y Edison Marco Cuascota Inlago, hay otros casos donde personas fueron detenidas de forma arbitraria en el contexto de la protesta o sufrieron agresiones a sus derechos por parte de la Fuerza Pública.

Después de las protestas de octubre del 2019 INREDH junto a 18 organizaciones sociales realizó el Informe “Verdad, Justicia y Reparación: a un año de las protestas sociales de octubre”. Este informe es resultado del trabajo colectivo para verificar el respeto de los derechos humanos y para “realizar un ejercicio de memoria y propiciar las herramientas para iniciar un proceso de verdad, justicia y reparación.”

El informe detalla que existen 819 procesos abiertos como resultado del Paro Nacional de octubre del 2019, de los cuales 669 se encuentran en etapa de investigación previa, 18 en instrucción fiscal, 69 en preparatorio de juicio y 63 en juicio.

La mayor cantidad de procesos son contra civiles por delitos de daño al bien ajeno (207), paralización de un servicio público (208), ataque o resistencia (113), sabotaje (44), secuestro (35), terrorismo (16), rebelión (2), entre otros.

Existen 19 procesos por extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, 1 por omisión de medidas de protección, 3 por muerte culposa, 8 por lesiones, 4 por homicidio, 6 por tentativa de asesinato, 1 por abuso de arma de fuego y 1 por uso de armas, municiones o explosivos no autorizados. Es decir, 44 procesos estarían dirigidos, posiblemente, a investigar la responsabilidad de los agentes de la Policía o de las Fuerzas Armadas involucrados en los abusos y graves violaciones a derechos humanos cometidos durante el Paro Nacional, considerando que se reportan alrededor de 1507 personas que fueron heridas y nueve personas fallecidas en este contexto.

 “Estos datos nos convocan a continuar el proceso de denuncia pública frente a las violaciones de derechos humanos y la actuación del gobierno y las instituciones que administran justicia”, recalca el informe. Sin embargo, varios de los casos registrados en el documento, donde están involucrados miembros de la Fuerzas Pública, aún no tienen sentencia ni responsables.