OPINIÓN
El “diálogo democrático” a puertas cerradas
¿Por qué Lasso no quiere que la prensa cubra el diálogo?
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Por: Ana María Acosta @yakuana
Foto de portada: José Mosquera
Publicado 10 de noviembre 2021
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Lasso llegó al Salón de Banquetes, saludó a todos los presentes, sonrío mucho –si a aquella mueca de dolor de muela se le puede llamar sonrisa– dijo que se realizaría un “diálogo democrático” y de inmediato pidió que la prensa salga. No lo pidió, lo exigió: “iniciaremos inmediatamente este diálogo agradeciendo a la prensa nacional por haberse hecho aquí presente y pedirles que una vez que ustedes se retiren del Salón daremos inicio a este diálogo con las organizaciones sociales. Muchas gracias a los amigos de los medios de comunicación”.
Lo dijo ecuánime y sin levantar la voz. No era necesario. Funcionarias y funcionarios públicos se acercaron a periodistas, comunicadores, comunicadoras, camarógrafos –allí presentes para cubrir uno de los eventos que marcará la situación política y económica del país– y, como si fuera el operativo de desalojo de una fiesta clandestina, sacaron a la prensa del diálogo democrático, entre pedidos de por favor y sutiles empujones. Mientras esto ocurría, Leonidas Iza, presidente de la CONAIE, sentado ya en la mesa, tomó la palabra y solicitó que los medios se mantenga en el salón. El pedido de la dirigencia indígena era que el diálogo sea público. Sus palabras no fueron escuchadas. El diálogo democrático se realizó a puertas cerradas. Algo parecido a decir que la paloma de la paz vuela libre donde hay una guerra.
Ya al inicio de la jornada hubo un spoiler de lo que sucedería después. El periodista de Ecuavisa, Francisco Garcés publicó un video, en su cuenta de Twitter, del momento en que Leonidas Iza ingresa al Palacio de Carondelet. Personas de seguridad de la presidencia lo acompañan o mejor dicho lo cercan, mientras periodistas buscan tomar sus declaraciones. Según Garcés “los agentes de seguridad agredieron a varios periodistas”. Ana María Cañizares, de CNN, publicó un video similar y dice “Varios periodistas reclamamos la actitud de la seguridad de presidencia que impidió que cumplamos nuestro trabajo al querer abordar a Iza antes de la reunión”.
En el mismo lugar donde se realizó el diálogo, el día anterior, la Secretaría de Comunicación convocó a decenas de periodistas para “socializar un protocolo” para la realización de coberturas periodísticas. Nos reunieron en el Salón de Banquetes, estuvo presente el secretario de Comunicación, Eduardo Bonilla; Alexandra Vela, Ministra de Gobierno; Luis Hernández, Ministro de Defensa; William Calle, Coronel de la Policía y responsable de la Unidad de Mantenimiento del Orden; Jorge Cabrera, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y varias otras autoridades. En la reunión nos “socializaron” cómo la Policía y las Fuerzas Armadas realizan los operativos de control de la protesta social. Una y otra vez dijeron que su intención era garantizar la protección y labor de las y los periodistas. También hablaron de un riesgo inminente hacia la prensa por el crimen organizado, el narcotráfico y por “los manifestantes violentos”. De esta forma, el Estado, a cargo del monopolio de la fuerza, apuntó con su dedo hacia la misma sociedad civil, mientras dejaban sin respuesta varias preguntas que las y los periodistas realizamos sobre su rol como garante de derechos, ya sea el derecho a la libertad de expresión, exigido por periodistas, o ya sea el derecho la resistencia, exigido por las organizaciones sociales.
Antes de que concluya la reunión un documento de un “protocolo” se difundió en redes sociales. Una periodista preguntó sobre su contenido, ante lo que la ministra Vela respondió que no es un documento oficial y el secretario de la presidencia dijo que no “crean noticias falsas”. Nuevamente el dedo se dirigió para afuera cuando la exigencia de la periodista era que las autoridades brinden la información clara.
Las preguntas que realicé, no las contestaron. Quería una respuesta clara sobre la labor que realizan policías “infiltrados”, como les llaman los manifestantes a los policías vestidos de civil, en los operativos de control de las manifestaciones que realizan los agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden, UMO, que según Calle, cuenta con más de 2.000 policías bajo su mando. La inquietud surgió, después de que organizaciones de derechos humanos como INREDH y la Alianza de Derechos Humanos denunciaron que “existieron policías infiltrados vestidos como civiles que se encontraban entre los grupos de manifestantes en Quito”. Inredh registró en un video el momento en que un joven es detenido por personas vestidas de civil y sin identificación como miembros de la Policía. De la misma manera, nuestro compañero Roberto Chávez denunció que, durante las coberturas de protestas en octubre, una persona que simulaba ser un manifestante intentó arrancharle la cámara, para luego confirmar que era un policía vestido de civil. A esto se suma que comunicadores y comunicadoras comunitarios de varias ciudades narraron que Policías les solicitaron borrar sus archivos de video y fotografía, cuando realizaron el registro de agresiones de la Fuerza Pública. Fundamedios registró un total de 20 periodistas agredidos en octubre del 2021: 12 hombres y ocho mujeres; dos medios digitales y un periódico. “El Estado fue el principal agresor, durante 12 ocasiones. Vale destacar que la Policía Nacional se convirtió en el principal agresor estatal este mes, protagonizando seis agresiones. Seguido de elementos No Estatales que intervinieron en nueve ocasiones; los Desconocidos en tres”. Fundación Periodistas Sin Cadena emitió un informe sobre el riesgo de informar sobre crimen organizado y otro documento sobre las limitaciones de acceso a información durante el gobierno de Lasso, donde una frase condensa el sentir de muchos periodistas: “el cerrojo oficial sigue siendo el mismo que hubo con Lenín Moreno”. Esto se vuelve carne, cuando varias funcionarias públicas que trabajaron con María Paula Romo, permanecen sentadas de lado del gobierno del encuentro.
De esta forma, parece ser que el gobierno de Lasso estableció como política una de dos rostros. Uno, el del encuentro, donde expresa democracia en sus comunicados, en las reuniones de “socialización” a las que convoca a periodistas, les invita café y bocaditos. Y otro, el de la evasión, donde impiden el acceso a información, donde la seguridad de presidencia cerca el paso, donde policías vestidos de civil generan más miedo que seguridad y donde funcionarios públicos empujan a la prensa y a la sociedad hacia afuera del diálogo democrático.
