Crisis humanitaria en Guayaquil
Entrevista a Billy Navarrete, Comité Permanente de Derechos Humanos
Por: Luisana Aguilar @luibeagal , Jorge Cano @subcano y Génesis Anangonó Chalaco @genestefa
Foto de portada: Iván Castaneira
Publicado 24 de abril 2020
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En medio de la pandemia mundial, que se anunció el 11 de marzo de 2020, España e Italia llamaron la atención del mundo por el incesante incremento de personas contagiadas y fallecidas por la COVID-19. Mientras eso sucedía en Europa, al otro lado del mundo en una ciudad de un pequeño país, donde parecía imposible que algo así sucediera, sucedió.
Sucedió en Guayaquil, una ciudad del litoral ecuatoriano, que es un eje importante de la economía nacional, allí se atendió el primer caso de COVID-19 que registró el Ministerio de Salud Pública.
En Guayaquil las cifras de personas contagiadas crecieron significativamente; así como los contagios eran incontables, también los fallecimientos. La falta de respuesta de las autoridades locales y nacionales ante la emergencia social y sanitaria, dejó ver las grandes desigualdades que coexisten en la ciudad que promociona el “modelo exitoso”. Inmediatamente las marcadas brechas convirtieron a Guayaquil en un cementerio urbano en donde la gente aguardaba la llegada de los servicios de emergencia con los cuerpos inertes de sus familiares en la sala o en la entrada de sus casas. Otros que no aguantaron el olor a descomposición y decidieron sacar los cuerpos a las calles, a las bancas y a otros espacios públicos hasta que las autoridades sean capaces de realizar el levantamiento de los cuerpos.
Ante esta situación, el Comité Permanente de Derechos Humanos del Guayas (CDH) difundió un formulario, el 28 de marzo de 2020, en el que los familiares de personas fallecidas que aún no habían sido recogidas por los servicios de emergencia podían registrar esos fallecimientos y así el Comité, en una especie de puente con las autoridades, podía incidir en el levantamiento de los cuerpos. Pocos días después de esta acción emprendida por el CDH, se volvió a emitir una alerta, en la varias personas reclamaban el cuerpo de sus seres queridos que habían fallecido en hospitales públicos y después de muchos días no habían sido entregados.
Estos trágicos hechos llevaron a organismos de derechos humanos, como el CDH, a solicitar que se declare el inicio de una crisis humanitaria en la ciudad de Guayaquil. En Wambra conversamos con el director ejecutivo del Comité Permanente de Derechos Humanos del Guayas, Billy Navarrete para conocer la situación de Guayaquil.
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¿Por qué hablamos de una crisis humanitaria? Y no solamente de una crisis sanitaria, o una crisis social, ¿Por qué humanitaria? ¿Por qué catalogarla de esa manera?
Nosotros hemos venido registrando esta dolorosa pesadilla que estamos viviendo en el Ecuador y en muchos países del mundo. Pero hablo desde Guayaquil, donde tenemos un número considerable, de hecho el más alto, de contagiados y de fallecidos, superior incluso a algunos países de la región, y consideramos que esta figura nos permite calificar de «epicentro» al cantón Guayaquil. Dentro del ámbito geo estacional, y dentro de ese fenómeno de violación sistemática de derechos humanos, hay evidencias muy claras de que el aparato institucional que posee el Estado ecuatoriano, no da abasto para satisfacer las más mínimas necesidades de la población, especialmente la más pobre.
En términos de salud, concretamente, hay una ausencia de atención médica que ha llevado a muchas personas a fallecer, y estos fallecimientos han ocurrido, generalmente, luego de un largo pedido de atención que nunca se dio, especialmente en los barrios más pobres de la ciudad, y no solamente por el virus. Es tanto el colapso de la atención médica, sobre todo del sistema de salud pública, que han cobrado dimensión algunas enfermedades que antes era totalmente manejables. Es muy preocupante, por ejemplo, el ascenso de personas enfermas con dengue que, de alguna forma, son enfermedades que en esta estación invernal la hemos tenido casi naturalmente y la hemos podido manejar de alguna forma. Pero en este contexto y debido al colapso; y a esa falta de atención ha hecho que estas enfermedades del ambiente, pero también crónicas de la persona, adquieran peligros mortales.
Por otro lado, están las personas que lograron ingresar al sistema de salud, sin embargo ya dentro del sistema de salud fallecieron. Lo que ocurre ahora, esto fue detectado hacia finales marzo e inicios de abril, es que los parientes no pueden recuperar los cuerpos de su familiar, que si bien es cierto ingresó enfermo, pero ingresó, en muchos casos caminando, y no han podido, por más documentación que han tenido en las manos, no han podido reclamar sus cuerpos y han tenido que denunciar en redes sociales, que se los devuelvan luego de cinco, seis días de reclamo.
Hay otros elementos muy preocupantes también, pero esto como para caracterizar la ausencia de respuesta por parte de las instituciones del Estado ante esta situación, que si bien es cierto es una situación insólita y no lo habíamos vivido antes. Pero, pensando en los niveles de vulnerabilidad que tiene la población, nos hace necesario visibilizarlo como crisis humanitaria, es decir que ese aparato institucional jurídicamente establecido para la protección de derechos ha quedado disminuido frente a la amenaza y se necesita ayuda. Lo que estamos pidiendo es que la comunidad internacional se preocupe de lo que está pasando en Guayaquil.
Por suerte, los medios de comunicación ya lo han visibilizado y esto es lo que ha preocupado al gobierno, y lo ha confesado en las últimas intervenciones, a propósito de cómo se ve Guayaquil, ¡es que así está Guayaquil! Esto no es una cosa que estamos exagerando, estas son cosas que están ocurriendo y que nos preocupa mucho, porque la muerte nos está cercando cada vez más.
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En todo el país se declaró el inicio de una emergencia sanitaria, pero ¿Cómo podemos entender que la primera política diferenciada del gobierno ecuatoriano hacia la provincia del Guayas haya sido la militarización? ¿Cómo entenderlo desde los Derechos Humanos?
Creo que se asumió esto como una emergencia más de las que el Estado, reiteradamente al menos en los últimos dos años, ha estado haciendo uso de manera bastante seguida de los estados de emergencia.
Eso da cuenta de la fragilidad de las instituciones que frente a amenazas, digamos: la violencia en la frontera norte, a propósito del ataque en San Lorenzo al destacamento policial, o la crisis carcelaria del año pasado (2019), siempre ha tenido rápidamente el recurso –y me refiero a rápidamente de una manera preocupante– del estado de excepción, que lo que encierra es una confesión de incapacidad para valerse de los mecanismos ordinarios para atender a esas preocupaciones o amenazas.
Ahora ha vuelto al uso de ese instrumento excepcional para este gran problema, a través de las mismas vías: la militarización de la cotidianidad, especialmente para barrios pobres en este caso. Incluso habría que hacer una lectura, incluso un poquito más de detalle de cómo se observa a la comunidad pobre en Guayaquil, a propósito de la lección que nos dejó en octubre: como los que están afuera de la ley, aquellos saqueadores, aquellos vándalos, aquellos “malcriados”, fue el titular de un medio de comunicación local.
Hay una estigmatización de la conducta de los barrios pobres, como aquella población que nos perjudica al resto. Esto, dejando de lado –absolutamente invisibilizada– toda aquella vulneración al toque de queda que se hizo en Samborondón, que si bien es cierto es otro cantón, tiene su propio municipio, pero está a la otra orilla del río Guayas, donde la vida durante la semana del 16 de marzo, transcurría tal cual: con reuniones sociales y deportes al aire libre como que si esto no estaba pasando en su mundo.
Si bien esto ya se había venido cosechando desde antes, pero ese aislamiento amurallado de la vida, de los adinerados se hizo notorio sin que esto sea, de mayor preocupación, pero a la larga, la afectación sí de dio también en esas comunidades de gente adinerada, el número de enfermos y de fallecidos en esas ciudadelas es altísimo, si lo valoramos en la afectación en cantones con relación al número de habitantes, hay una enorme afectación también en ese sector.
Entonces, el tema de las contravenciones al toque de queda tiene un sesgo de condición económica. Acá la gente muchas veces vulneró el toque de queda, sobre todo durante la primera semana, porque no tenía recursos, por eso siguieron, y siguen, buscándose la vida a diario. La ayuda alimentaria no se dio, al menos en los primeros 15 días de estas cuatro semanas que ya estamos en curso. Estas personas que viven con el diario, viven del comercio, tenían que salir, obviamente porque no podían mantenerse en casa por su subsistencia. Había una necesidad vital y frente a esa necesidad era la opción, “o me apalean –como ya se vio circulado en redes sociales– o traigo comida a casa”. Es muy fácil la disyuntiva ahí, es una cuestión de sobrevivencia.
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¿Cuántos registros obtuvo el CDH a través del formulario para reportar personas fallecidas en casa? ¿Esta saturación del sistema de salud y de servicios mortuorios en Guayaquil, ocurrió también en otros cantones de Guayas, recibieron ustedes denuncias de otros cantones de Guayas?
Sí. Bueno, lo primero es con relación al formulario sobre fallecidos en casa, que fue una iniciativa que nació en el CDH: elaboramos un registro en una plataforma gratuita para tener acceso a ese volumen de información, comenzamos a ver que crecía, y de alguna forma poderlo canalizar en bloque. Pero rápidamente nos superó. Además, las necesidades de la gente eran de una respuesta inmediata, porque tenía a su pariente en el ataúd en la sala o en el comedor de la casa por días.
En ese mismo momento, la Defensoría del Pueblo elaboró un instrumento muy parecido al que habíamos hecho, pero la ventaja es que, obviamente como la primera institución de Derechos Humanos, tenía un vínculo directamente con el 911. Es decir, había la expectativa y con esa garantía se difundió y nosotros creímos conveniente difundirla lo más que se pueda para que la información vaya a donde debía ir, de manera un poco más ordenada y sistemática a las autoridades especialmente, a las que estaban detrás del 911.
Lastimosamente, ese mecanismo comenzó a quedar corto. Las llamadas al 911eran muy recurrentes, y acá lo experimentamos también haciendo justamente esa experiencia de llamar, y llamar, todo el día llamando sin que haya alguien del otro lado que responda, finalmente puede que alguien haya respondido y lo haya registrado, o que haya llenado el formulario. Pero pasaron días después de eso, pasaron cuatro días y cinco días y el cadáver ahí, en este clima.
Básicamente, eso es lo que notamos que ocurre en la segunda semana luego de la declaratoria de emergencia, –en la semana del 23 de marzo–, sobre todo el fin de semana, donde ya el tema empieza a evidenciarse. Ojalá sintamos que esto está siendo manejado, pero creo que esa semana con relación a las personas fallecidas en casa, fue el período donde más volumen de personas exigían la presencia de Medicina Legal para levantar el cuerpo de su pariente y para trasladarlo al cementerio. Durante la segunda semana que se empezó a ver cuerpos en las calles hasta el estado de ánimo varió, esto no solamente es un drama que ocurría en los barrios pobres, ocurría en el centro de la ciudad, hubo varios cadáveres hallados en el centro comercial de la ciudad, eso fue lo que nos conmovió, nos desmoralizó totalmente, ver que todo esto estaba pasando. Ya era la segunda semana y aún no se habían tomado las medidas necesarias para abastecer las necesidades de la gente.
Para la declaración de estado de excepción, el Estado puede destinar recursos y utilizarlos para responder a la crisis. Esos recursos habrían permitido contratar a personas que puedan, por ejemplo: contestar al 911, poner a disposición los médicos municipales para que puedan fortalecer esa unidad de Medicina Legal, hacer que el equipo de técnicos del Ejército pueda tener un mejor control de la situación en relación al control, pero eso no se dio. Esas respuestas han surgido a partir de que hemos visto que esa situación realmente se colapsó.
Ni los recursos fueron suficientes en su momento, fueron muy tardíos, los propios funcionarios del sistema de salud han dicho que el presupuesto destinado a la atención médica es el mismo de antes, no ha habido ni un centavo más, al menos esto fue lo que se decía, seguramente ahora esas cosas han cambiado, pero ya ¿en qué circunstancias han cambiado? ¿En qué escenario nos encontramos para que esta ayuda finalmente se dé en la magnitud que debía? Por eso también, nuestro empeño de que se vea esto como una crisis humanitaria, a propósito de aquello que debió haberse hecho en su momento, pero no se hizo y ahora necesitamos ayuda de otros.
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¿Cuál es la ayuda internacional que buscamos concretamente, que no sea lo que ya esté cubriendo el Estado, o que definitivamente es evidente que no lo está cubriendo?
Recuerdo claramente lo que nos pasó en el terremoto de abril de 2016, pongámonos en ese recuerdo y veamos todo lo que pasó. Si bien es cierto el escenario era distinto, no era Guayaquil el principal afectado, fue lastimosamente Manabí y el sur de Esmeraldas, pero vimos rápidamente una evidencia del apoyo internacional: vimos carpas, vimos todo un contingente de alimentos, incluso canalizado por la misma sociedad civil, vimos todo un escenario de contingencia que fue un poquito rápidamente a paliar eso. Esto acá no se ha dado, al menos no lo hemos visto, los operadores de salud se siguen quejando, de no tener guantes, de no tener mascarillas.
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Hay profesionales de la salud, que han manifestado, no tener insumos. Hace poco se supo que había 1.600 profesionales con diagnóstico positivo y sospecha de COVID-19, sin embargo después se aclaró que eran 417 (al 7 de abril de 2020) los profesionales contagiados ¿consideran ustedes que la cifra coincide con la queja?
Sin duda, es una prueba clara que esa ayuda que se requiere al menos ahí en esa primera línea no se da, no se ha sentido y estas personas están en grave riesgo, conozco de sectores comunitarios donde los dispensarios médicos –instalaciones que permiten atender enfermedades causadas por la estación invernal– han cerrado, porque el personal que atendía ahí enfermó; y finalmente no pudieron atender y cerraron los dispensarios médicos, la gente se quedó sin la posibilidad de al menos acceder a Paracetamol en esta emergencia.
Simplemente pensando en el escenario del extravío de cuerpos, por los testimonios que hemos escuchado, que nos han llamado, la documentación que hemos recibido, se da porque esos cuerpos fueron amontonados cual objetos en un lugar, para ver luego qué hacer con ellos. Esta actitud obviamente rompe todo el protocolo de custodia de los cuerpos dentro de una institución hospitalaria, esto, por sentido común, no debió haber ocurrido, sin embargo, ocurrió, hay cuerpos sin identificación y gente que los reclama fuera del hospital y esa gente va a estar ahí hasta que le den alguna respuesta, ahí hay un problema de Derechos Humanos.
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¿La crisis humanitaria afecta solo a Guayaquil o también a los otros cantones de la provincia de Guayas? ¿Qué han conocido ustedes como organizaciones de Derechos Humanos de la situación de estos otros cantones que también están dentro de esta zona de seguridad?
Zona de seguridad declarada desde el 20 de marzo. Hemos logrado identificar que el peso de la afectación tiene foco en el cantón Guayaquil, la mayor cantidad de contagiados están en Guayaquil, al menos de lo que se registra en las cifras oficiales –que eso también es algo que hay que irlo cotejando, hay mucha tarea en realidad–. Hay momentos en que esas cifras han sido información bastante distante. El número, en términos estadísticos, de personas contagiadas o fallecidas y la cantidad de personas que veíamos que caían enfermas o fallecidas, no coincidían, fácilmente no coincidían, y ha tenido como escenario Guayaquil, ahí habido un foco que sí podemos asegurar que lastimosamente ha sido esta ciudad básicamente el eje de esta situación.
Sin embargo, a propósito de la relación con otros cantones, Samborondón, por ejemplo, lo que mencionaba anteriormente, o Durán, un cantón muy pobre muy cerca de Guayaquil, sin condiciones sanitarias, alcantarillado, agua potable, es un cantón muy populoso, una población obrera, mucha de esa población venía a trabajar a Guayaquil y regresaba desde hace mucho, ha nacido y se ha desarrollado así.
Durán, después de Guayaquil, es el cantón más poblado de la provincia, con problemas también, como de agua potable, y aquí hay un elemento importantísimo: el lavarse las manos, una cosa tan indispensable en estas circunstancias, pero si no tienes agua potable, eso es cuesta arriba, es esencial el aseo, pero si no tienes agua potable ¿cómo lidias con eso? No cabe el hecho de que el virus no tiene predilección en cuanto a estatus económico, pero no todos tenemos los mismos medios para protegernos y eso también pasa en otros cantones, pero Durán es otro escenario de gran afectación.
El foco, en relación a los medios de comunicación, los tradicionales han estado bastante focalizados por las dificultades que también hay en relación al registro periodístico. El acercarse a una familia que tiene al interior de su casa una persona fallecida es todo un riesgo, entonces el hecho de la cobertura periodística ha hecho que también el acceso a información, la manera cómo podemos tener la representación de la realidad a propósito de lo que ha pasado, sea bastante estrecha. Hay una realidad, una abundante realidad que está por fuera del cuadro, está básicamente invisibilizada y ocurre en las comunidades rurales.
Ahí hay una consideración que creo debemos tener, las comunidades rurales sienten que el mal está en la ciudad, y entonces creo que también hay un beneficio a propósito de considerar que allá en su recinto, allá en su comunidad rural, en su parroquia rural no va a pasar nada. Tienen el cultivo cerca, de alguna manera los medios de subsistencia están relativamente cubiertos, lo han venido desarrollando. Si han tenido sus medios de sobrevivencia sí, es fácil relacionarlo a propósito de lo abandonado que ha estado el campo históricamente y la manera como esa población ha estado sobreviviendo. Entonces ven a la ciudad como aquel mal que quisieran que no les alcance, creo que eso da cuenta del beneficio del aislamiento social que sí es una medida necesaria, obviamente.
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¿Qué posibilidad de desabastecimiento existiría?
Voy a contar algo que podría graficar bien la respuesta. Yo vivo en un barrio cerca del centro de Guayaquil, es un barrio que nació como un barrio de obreros del ferrocarril a principios del siglo XX. Luego se mantuvo ese ambiente de casas de clase media cerca al centro de Guayaquil, cerca de la Universidad Estatal, para quienes más o menos ubican la ciudadela ferroviaria. En mi barrio cercano hay tres tiendas, en las que uno va a comprar días ordinarios, cosas básicas, las comunes tiendas de barrio. A la fecha solo hay una.
Y esto es, a propósito de que la llegada de productos de aquellos pequeños comerciantes se ha vuelto cada vez más difícil, y el abastecimiento de esas pequeñas tiendas que también tenían relación con los pequeños productores se ha roto. Hay un perjuicio severo, hay una evidencia concreta en esto, lo que no ha ocurrido con las cadenas grandes de alimentos, estas que tienen todo el circuito de producción, tienen los circuitos, los transportes, tienen las tiendas para la venta en los centros comerciales, y estas grandes cadenas de alimentos son la que a diario reúnen a toda la población, que tiene como pagar obviamente, porque incluso algunos precios se han elevado, hay elementos de especulación en esto. Entonces uno ahí encuentra colas de 200 personas, horas y horas para entrar, coger rápidamente lo que necesita y salir. Es increíble el ambiente también que hay ahí de aglomeración que no debería haber.
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Y la política alcanza a estos niveles y a estos espacios, visibiliza también el auto sustento, la soberanía alimentaria de los pueblos y de las poblaciones. Y se vuelve paradójico en tanto que existe esa realidad y uno de los convenios de emergencia del ministerio de inclusión económica y social que es este programa “dar una mano, sin dar la mano”, firma un convenio con las principales cadenas de distribución de alimentos del país, no firmó para sostener a los pequeños agricultores o generadores de producción campesina, está ratificando esa política, es un tema importante el asistir con alimentos, pero ratifica ese modelo que nos estás comentando.
Sí, es un estrechamiento, pero es una realidad. Quienes tienen recursos para sostenerse son unos pocos, los que sobreviven en situaciones así, y el resto, es decir para la mayoría hay una situación de vulnerabilidad, y eso es realmente preocupante. Porque estamos siempre cayendo en la misma lógica que para nada nos permite pensar en un desarrollo un poco más equitativo, con todo el cuestionamiento que tiene el término desarrollo ¿desarrollo para quiénes?
Ojalá esto, como nos está calando tan hondo, nos está doliendo tanto, nos está afectando tanto, nos permita cambiar toda la relación. Digo, cambiar toda esta relación en términos políticos y económicos, especialmente, para poder generar el modelo que siempre hemos pensado, al menos quienes trabajamos en derechos humanos, siempre hemos pensado que es posible, y no vamos a dudarlo ni un solo momento, y aquí hay una prueba más.
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¿Qué opinas sobre la falta de información por parte de las autoridades?
A la larga también es una expresión más de problemas de coordinación y organización, creo que uno de los problemas, además de la rápida necesidad de transferir recursos y atender estas necesidades, es la descoordinación, creo que hay un problema severo de descoordinación.
Pensando que el escenario actual, y la pugna que hay entre el gobierno municipal y el gobierno central, esas contradicciones hacen que también estas cosas no se trasladen bien, que no se articulen bien y hacen que finalmente la política se auto inmole. Eso es muy grave para quienes están al final de la cola, son los que más están sufriendo.
Veía a este ciudadano adolorido expresándose muy fuerte en contra de las autoridades del gobierno central y las autoridades municipales, expresándose de manera muy fuerte porque es lo que sentía, y fue detenido posteriormente, en medio de esa catarsis, de ese momento, en el cuál él sacó todo lo que tenía de esa forma también, hubo una parte que sí me pareció significativa, y es que él se refería a que en su familia habían caído varios, pero habían caído uno a uno, y él se veía imposibilitado de poder detener eso y se veía perjudicado porque esas vidas eran irrecuperables, desde esa angustia él hablaba, y cómo respondió el Estado, privándole de libertad. Esos desenfoques, a propósito de entender realmente lo que está pasando, es lo que más nos preocupa en realidad.
En relación a lo que decía antes de las contradicciones, hay algo que hace poco una autoridad municipal me dijo, a propósito de las competencias, decía: “Ah! es que eso no es competencia nuestra”, y me parecía realmente fuera de lugar eso, porque puede haber algún otro momento que cabe el hecho de las competencias a propósito de temas específicos, como: un arquitecto qué va a saber de la medicina, por ejemplo, pero aquí estamos hablando de autoridades de la política pública. Estamos hablando de que hay un ente que se llama COE, que tiene atribuciones supra especiales y que debería coordinar, es un ente coordinador. Es realmente complejo lo que estamos atravesando, pero la evidencia, son dramas humanos que son los que nos tienen que llevar a reflexionar ¿qué es los que estamos viviendo y qué podemos aprender?
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Desde una mirada de Derechos Humanos ¿Qué dirías tú que va a pasar? El gobierno nacional ha manifestado la posibilidad implementar la semaforización localmente ¿qué crees que debería suceder o se puede fortalecer antes de esta semaforización?
Yo creo que es una barrera demasiado corta que ha puesto el mismo gobierno y que va haciendo que su palabra cada vez se debilite más, a propósito de la poca percepción de lo que está ocurriendo en realidad, el número de fallecidos, el número de contagiados, todo el trauma generalizado en el ambiente, no da para pensar que a partir del 12 de abril podamos pensar en una vida como la que dejamos, que es algo que no vamos a poder recuperarlo, eso pensando en Guayaquil especialmente.
Pero pensando en el resto de la sociedad, creo que debemos pensar en que este virus va a quedarse a vivir entre nosotros, que hay que pensar en cómo manejar y ojalá que la medicina ahí nos dé medios de protección. Pero de que vamos a tener esa amenaza constante y vamos a tener que lidiar con eso, es casi innegable, y ver la manera de cómo superar.
No creo que podamos recuperar el punto anterior que dejamos hace un mes o más, y me parece muy corto el 12 de abril. Sí me parece que hay lugares en el mismo país en el que podrían ir retomando algunas libertades a propósito de la poca afectación, pero con mucha cautela. No estamos en condiciones ahora de aflojar las riendas, incluso en territorios donde el virus no ha tenido efecto, porque es muy violenta su conducta y aún no sabemos cómo manejarlo.
Una cosa final que quería comentarles es que hay que ponerle fe al trabajo pequeño, no a la gran política, eso está bueno no perderla de vista y hacer las relaciones que llevamos especialmente cuando tenemos que votar, pero también valorar esa política pequeña que la tenemos en casa, pero también la que podemos llevar en el barrio, eso tenemos que fortalecer, eso ahora porque son esos territorios mínimos, pequeños, reducidos, en donde finalmente vamos a cosechar futuro.
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