Crisis carcelaria: Familiares exigen información sobre personas detenidas tras masacre en la Penitenciaría

Por Emilia Palacios @EmiliaPalaciosM

Familiares y amigos de las personas detenidas en el Centro de Privación de Libertad Guayas N1, se encuentran a la espera de respuestas sobre la situación de sus seres queridos, tras los hechos violentos dados en este centro, el pasado 28 de septiembre de 2021. Hasta el momento, entidades del gobierno confirman la muerte de 118 personas e identifican a 79 heridos.  Sin embargo, no se ha descartado totalmente un aumento en el número de fallecidos. Mientras los operativos continúan al interior del centro.

Fernando Bastías, parte del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, recorrió junto con la Defensoría del Pueblo, el coliseo Abel Jiménez Parra del Parque Samanes de Guayaquil, donde se instalaron puntos de información dirigidos a las familias de las personas detenidas.

La instalación de estos puntos fue anunciada por el presidente Guillermo Lasso en rueda de prensa en el Ecu911 de Samborondón, la noche del miércoles. Lasso también decretó un nuevo estado de excepción en todo el sistema penitenciario y comunicó el avance de un plan estratégico de inversión en la infraestructura de la Penitenciaria.

En esta visita, la CDH- GYE pudo evidenciar que no existía información suficiente sobre la situación de las personas privadas de la libertad en este centro: “No estaban dándoles ningún tipo de información porque no la tenían. No tenían listas de los fallecidos, la única lista que tenían era de los heridos, por que el MSP manejaba esos datos”. 

Para Fernando, es necesario que el gobierno transparente el acceso a información que tiene sobre los fallecidos ya que, sin esta acción, el llamado que se hizo a los familiares se torna en un acto de revictimización, incrementando las condiciones de incertidumbre, angustia y reafirmando la falta del Estado en precautelar por el bienestar de los familiares y de generar información “correcta, actual y transparente”.

Así mismo, la CDH-GYE identificó que existieron aglomeraciones a las afueras del coliseo y que los familiares de los detenidos, habrían llegado a este punto de información antes de las 6:00 de la mañana. En otros casos, las familias permanecieron hasta la tarde en espera de información. La misma situación se puedo evidenciar en las dos visitas hechas por el organismo de derechos humanos, entre el jueves 30 de septiembre, y el viernes 01 de octubre.

Ante la falta de información oficial, funcionarios de la Dirección de Investigación de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestro y Extorsión (Dinased) empezaron a realizar entrevistas a los familiares para levantar perfiles de las personas privadas de libertad en la Penitenciaría. Sin embargo, los agentes no realizaron entrevistas a las personas que no tenían documentos de sus familiares. “Espere dos horas para ver si nos entregan una lista”. Era la respuesta que brindaron agentes, según indicó Bastías.

La necesidad de saber sobre la salud de sus seres queridos hizo que las personas se movilicen a distintos puntos como la misma Penitenciaria y el área de criminalística, donde tampoco obtuvieron respuestas.

No es el primer trato revictimizante para los familiares de las personas privadas de la libertad en estos días. El día 29 de septiembre, después de la masacre, los familiares se aglomeraron a las afueras de la morgue de Guayaquil, donde un agente de Medicina Forense, gritaba los nombres de los fallecidos y llamaba a los familiares a reconocer los cuerpos, sin el uso de ningún protocolo.

Luego del segundo día de visita, la CDH- GYE señaló que “el punto de apoyo en Samanes de Guayaquil no sirvió para entregar información”, pues recién allí, funcionarios del estado estaban levantando una base de datos, con base en los datos proporcionados por las familias, que sirva para identificar los restos de las personas asesinadas dentro del centro de detención.

La organización de derechos humanos, también aseguró que lejos de dar información, este centro “agravó la situación de angustia e incertidumbre de las familias”, pues el trato evidenció que las autoridades no tenían suficiente información. En algunos casos, ni siquiera conocían los nombres de las personas recluidas en los pabellones donde ocurrieron los enfrentamientos y las masacres. Al momento, solo se ha identificado a 42 personas de las 118 asesinadas.

Para la CDH- GYE, esto evidencia “el abandono total del Estado” al sistema carcelario, y muestra, además, que los centros de detención no están controlados por el estado, sino por grupos violentos. 

El Estado no tiene información sobre quienes habitaban los pabellones donde ocurrieron las matanzas, y la identificación se complejizó por la falta de información por parte de la SNAI. Esto evidencia que exista un orden alternativo basado en la violencia y extorsión, aseguró la organización.

Para la Alianza Contra las Prisiones en Ecuador, el modelo de las megacárceles implantado en el país fue el causante del aumento de violencia, por el aislamiento excesivo que han tenido que enfrentar las personas prisionadas respecto a sus familias y comunidades. Así mismo, esta articulación crítica el discurso que ha mantenido el gobierno sobre la lucha entre mafias que ha mantenido invisibilizado la precarización de la vida de las personas en estos centros. Para Jorge Nuñez, del centro de Etnografía Interdisciplinaria Kaleidos, “el incremento de la corrupción encarece la vida en la cárcel”, ya que, de acuerdo a una investigación por el centro, el costo de vida en prisión oscila entre 124 y 251 dólares, lo que equivale al 31% y 63% de un sueldo básico en el país.

Organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenaron los hechos violentos de los centros penitenciarios. “En 2021 serían más de 200 personas fallecidas, resultado de la violencia en penitenciarías. Se recuerda que los Estados tienen el deber jurídico de adoptar medidas que garanticen derechos a la vida, integridad personal y seguridad de personas bajo su custodia”, comunicaron a través de un tweet. 

Con este evento, son tres masacres en centros penitenciarios que se dan en este año, lo que indica, para la Alianza por los Derechos Humanos, “una falta de políticas públicas integrales con enfoque de derechos humanos”, y un discursos estigmatizantes y reduccionistas por parte del Estado. Así mencionaron que, durante la rueda de prensa, el presidente enfatizó en que no existió la muerte de “ningún personal civil ni de cocina” recalcando una diferencia entre las personas privadas de libertad y los funcionarios que trabajaban en las instalaciones. El Estado Ecuatoriano tiene un rol de garante de los derechos constitucionales, tanto de las personas en los centros penitenciarios, así como de sus familiares.