ESPECIAL PERIODÍSTICO
El costo de la violencia contra las mujeres en las universidades recae en las mismas víctimas
La historia de Isabel
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Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2
Ilustración portada: Andrea Venturini
Infografías y diseño: Roberto Chávez
Edición general: Ana María Acosta
Publicado 01 de septiembre del 2022
Isabel* estuvo a cargo del departamento de Bienestar Estudiantil de una institución de educación superior en Chimborazo, donde acompañó y orientó a estudiantes mujeres que vivieron algún tipo de violencia en la universidad; pero a la vez ella vivió el acoso, el hostigamiento y la judicialización por su trabajo. Los costos y efectos de la violencia que ella y las estudiantes víctimas vivieron no son solo económicos, estos van desde el abandono y la deserción, hasta afectaciones a su salud física, social y mental.
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Isabel* trabajó en el departamento de Bienestar Estudiantil de una Institución de Educación Superior de la provincia de Chimborazo, la cual prefiere reservar su nombre, desde el 1 de marzo de 2017 hasta el 25 de febrero de 2019, cuando fue removida y luego demandada por las autoridades de la universidad.
Cuando estuvo en el cargo impulsó varias acciones para la prevención de la violencia de género, una de ellas fue la elaboración del “Protocolo de Actuación para la Prevención, Denuncia, Seguimiento y Sanción de Acoso Sexual y otras formas de Violencia basada en Género” que, en aquel tiempo, era una exigencia de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Senescyt; logrando que su universidad sea una de las primeras en presentar el documento, que fue aprobado por el Consejo, máximo organismo institucional. Esta herramienta permite saber qué ruta seguir en casos de denuncias por acoso o violencia de género y propone un trabajo coordinado con el área de psicología clínica y educativa de la institución e incluso plantea una ruta para que los casos que requieren sean derivados al área de psiquiatría en contacto con hospitales que brindan ese servicio. El protocolo dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de Educación Superior, que es atender a quienes demandan violaciones de sus derechos e implementar políticas, programas y proyectos para la prevención y atención emergente a las víctimas de delitos sexuales.
“Trabajamos de manera intensa y con mucho empoderamiento y sacamos una hermosa campaña: Si te acosan, acusa”, recuerda Isabel. El lema de la campaña fue un trabajo estructurado entre Bienestar Estudiantil, el Vicerrectorado administrativo, docentes, estudiantes y organizaciones. Pero, una vez aprobado fue difícil aplicarlo, porque, cuenta Isabel que, mientras ella defendía los derechos de los y las estudiantes, se tomaban decisiones en contra de ese trabajo. El resultado fue un alto costo para su estabilidad laboral y su salud física y psicológica.
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Gabriela*
Isabel recuerda a Gabriela* una joven estudiante que llegó a Chimborazo, desde la provincia de Santo Domingo, para estudiar ingeniería ambiental. Un día durante las clases ella acudió al profesor O. B a preguntar por las notas porque necesitaba hacer un cálculo. El docente empezó a acariciarla sin su consentimiento y la besó en la boca. Gabriela, un fin de semana que viajó a su casa, le contó a su madre lo sucedido y entre las dos decidieron ir hasta Bienestar Estudiantil para poner la denuncia, en mayo de 2017. Lo que hizo Isabel fue tramitar la denuncia en las instancias correspondientes que contemplaba el reglamento disciplinario de la institución, dado que el Protocolo de Actuación para la Prevención, Denuncia, Seguimiento y Sanción de Acoso Sexual y otras formas de Violencia basada en Género se aprobó en junio del mismo año. Así, de manera inmediata, la denuncia pasó a conocimiento de la vicerrectora administrativa, quien remitió al Consejo para que nombren la Comisión Disciplinaria, realicen la investigación y recomienden la sanción para el profesor. Sin embargo, esto no ocurrió y el profesor no dejó de trabajar en la institución. Todo esto a pesar de contar con las pruebas pertinentes donde el docente aceptó sus actitudes hacía la estudiante y pidió disculpas, pensando que de esa manera todo se solucionaría.
Gabriela* continuó con el caso, entonces el docente buscó intervenir en Bienestar Estudiantil. Isabel recuerda que a través de “sus amigos docentes con nombramiento”, habló con el director de carrera para presionarla. “Yo les dije que la decisión no estaba en mis manos. Todo lo que hice fue seguir lo que dice la normativa y que sirva para que los docentes tengan un cambio de actitud. Obviamente desde ahí yo fui mal vista por todos, cuando lo único que estaba haciendo era mi trabajo y protegiendo a las estudiantes”.
Isabel recuerda que Gabriela* era una excelente estudiante y nunca necesitó que le “regalen puntos, como dijeron algunos: ‘qué clase de estudiante sería, de pronto buscó al profesor para que le ayude con puntos’ ”, pero no era así porque la estudiante fue becaria académica por cuatro periodos consecutivos. Sin embargo, después de que Gabriela puso la denuncia ella empezó a tener problemas académicos con los docentes, que según Isabel eran “amigos del profesor”.
Como le ocurrió a Gabriela, la violencia de género provoca que las estudiantes pierdan tiempo de estudio, algo que tiene un costo para sus vidas. Según el estudio De la evidencia a la prevención. ¿Cómo prevenir la violencia contra las mujeres en las universidades ecuatorianas?, elaborado por la USMP por encargo del Programa PreViMujer implementado por la GIZ, en 16 universidades del Ecuador, 52.222 estudiantes han sido violentadas por algún integrante de la comunidad universitaria, sean docentes, estudiantes o personal administrativo, perdiendo 603,6 mil días por ausentismo y presentismo, es decir, desempeño académico disminuido. Esto equivale a 2.959 estudiantes a lo largo de un año, con una pérdida equivalente a 10,2 millones de dólares.
Además de este efecto en su rendimiento, Gabriela tuvo que asumir el proceso de denuncia penal. Es así que su caso fue remitido a Fiscalía desde la institución universitaria, pero para entonces ella ya había presentado su denuncia ante la justicia de manera particular. Pasaron cinco años para que el docente fuera llamado a juicio y en primera instancia la justicia falló a favor del profesor. Hubo una apelación al caso y en segunda instancia el fallo fue a favor de la estudiante. Este caso fue patrocinado por una fundación de mujeres de la ciudad de Riobamba porque Gabriela, como estudiante, no contaba con recursos para llevar a cabo el proceso judicial.
A pesar de todas las trabas que tuvo Gabriela “la lucha constante, fortaleza y confianza en sí misma fue lo que le permitió salir adelante a pesar de las adversidades. Es desgastante estar en un proceso sin tener recursos”, agrega Isabel. Y cuenta que la estudiante logró graduarse y ahora realiza un “trabajo extraordinario en su área”.
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Esther*
Otro de los casos que Isabel recuerda que llegó al departamento de Bienestar Estudiantil mientras ella laboraba es el de Esther*, de Bucay, un cantón de la provincia del Guayas. Ella llegó a nivelación para estudiar la carrera de Agroindustria, en 2017. En un evento de integración entre docentes y estudiantes, el docente P. P la forcejeó y la besó a la fuerza. Esther denunció el caso y la respuesta de las autoridades de la institución fue “disponer como medida para precautelar su bienestar emocional y psicológico se proceda con el cambio de paralelo de la estudiante”; ante lo cual la Fundación que patrocinó el caso insistió en que se cumpla con lo que dispone la normativa nacional e internacional, que es proteger a la víctima, en este caso Esther.
Mientras Isabel habla de este caso a través de la pantalla de zoom se puede notar la nostalgia y la tristeza con que recuerda lo que le sucedió a Esther “con su mamá hemos llorado muchas veces su caso porque era una niña y le hicieron mucho daño, la revictimizaron y tuvo intentos autolíticos. Incluso fuimos a parar a psiquiatría; ella se cortó las muñecas”. Cuando Isabel se enteró de lo sucedido, junto a dos representantes estudiantiles, acudió hasta el departamento donde vivía la joven con su hermana para llevarla a una clínica donde le suturaron las heridas que tenía en las muñecas. Según Isabel, la institución “no hizo nada para proteger a la estudiante, sino todo lo contrario: las autoridades fueron hasta el aula de clases a contarles a sus compañeros y compañeras que Esther denunció al docente, además sugirieron a los y las estudiantes que firmen una carta solicitando que el docente continúe impartiendo sus clases”. Asimismo, contaron a sus compañeros y compañeras que ella tuvo intentos de suicidio, fue tanta la revictimización que recibió Esther por parte de las autoridades que decidieron separarla del aula y dejar que el profesor continue dando clases a los compañeros de Esther.
“La presencia impune de la violencia contra las mujeres en las universidades afecta su desarrollo organizacional”, dice el estudio De la evidencia la prevención y asegura que a pesar de no existir evidencia empírica disponible, los análisis de casos dan cuenta de que la violencia contra las mujeres es un fuerte predictor de deserción estudiantil, despido de profesores, disminución de la satisfacción estudiantil y consecuencias económicas y sociales para las universidades.
Esther después de todo lo sucedido no volvió a sus clases ni a la universidad, “no podía volver a ese entorno en donde fue revictimizada” dice Isabel. Para tratar de ayudarla Isabel gestionó para que se aplique la normativa para atender a víctimas de violencia través de la Senescyt obteniendo un cupo para otra universidad y la carrera de la preferencia de Esther. Tras lo sucedido la joven decidió denunciar el caso en Fiscalía, pero hasta el momento no hay avances, pues en 2020 llegó la pandemia de la Covid-19 y ella regresó a Bucay por lo que ha sido difícil presentarse a algunas diligencias que demanda el caso.
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“Necesitaban quitarse la piedra del camino”
Isabel fue muy cuestionada por cumplir con su trabajo y proteger a las estudiantes que eran víctimas de acoso sexual. Ella afirma que todas las acciones que realizaba para proteger a las estudiantes fueron mal vistas por los amigos de los profesores denunciados; “era nadar contra corriente”. En 2019, fue desvinculada del departamento de Bienestar Estudiantil y de manera inmediata fue reemplazada, por lo que debió salir de su oficina. A pesar de que su cargo era de libre remoción y nombramiento fue un shock para ella “¿en qué cosas me había equivocado? ¿estoy haciendo lo correcto?” Tras su remoción del cargo pasó alrededor de 23 días sin contar con una oficina, llegaba a la Universidad y se quedaba trabajando en su auto “esa era una forma de castigarme. Pasé de trabajar 10 horas, muchas veces a estar en mi vehículo toda la jornada, esperando que pasen los minutos, las horas para poder salir. No era el trato que merecía”, dice.
Para ella esos días fueron muy difíciles y adaptarse a la realidad que estaba viviendo fue aún peor. Isabel comunicó a Talento Humano que se encontraba sin funciones y sin oficina y optaron por enviarla a la Unidad del Centro de Educación Física como analista de despacho, “estuve ahí aislada, quisieron invisibilizarme”. Cuando los y las estudiantes de la Universidad se enteraron de que fue cambiada de oficina y de cargo, fueron a buscarla para seguir contando con su ayuda, pedir sugerencias o llenar documentación si así lo necesitaban. Ella continuó ayudando a los y las estudiantes en todo lo que podía.
Isabel no pudo más. Inició un juicio por daño moral a tres autoridades de la institución. Para tratar de detener este proceso la vicerrectora administrativa generó una reunión privada en la que el rector le pidió disculpas a Isabel. Ella pidió que las disculpas que le estaban ofreciendo no debían hacerse en privado, sino en el mismo organismo en el que fue ofendida. El objetivo de esas disculpas era que ella desistiera del juicio por daño moral que estaba impulsado, pero al ver que Isabel continuó con el proceso, las autoridades iniciaron un juicio penal en su contra por “fraude procesal”.
Para enfrentar este juicio penal Isabel contrató abogados de Quito para su defensa, porque cuando consultó con abogados de la provincia de Chimborazo nos aceptaron defenderla al saber contra quien debían hacerlo. “Estaba contra todo un poder político y económico, y corría el riesgo de irme a la cárcel, de 1 a 3 años y pagar una indemnización de 100 mil dólares, sin haber hecho nada malo”. A pesar de que la denuncia contra Isabel fue puesta como personas naturales, la presentaron en papel membretado de la institución educativa, usando el aparataje institucional para las diligencias, vehículos, personal y abogados pagados por la institución. Isabel, en cambio, tuvo que pagar cerca de 22 mil dólares por su defensa por un “delito que jamás cometí”. A pesar de todas las trabas que le pusieron, ella ganó el juicio penal y se dispuso el archivo del expediente y se declaró temeraria la denuncia.
Toda esta situación alteró el estado de ánimo de Isabel, estuvo en tratamientos psicológicos y psiquiátricos porque no podía conciliar el sueño, estaba demasiado sensible y debía tomar medicamentos para dormir. “Pero dije: esto no puede continuar así, tengo que sacar fuerzas de donde sea porque mi familia me necesita bien y comencé esa lucha interna para poder salir y ser resiliente en este proceso. Yo he reclamado mis derechos y puedo tener la razón, pero ellos tienen el poder”.
El estudio De la evidencia a la prevención muestra que el 19.3 % de mujeres docentes o personal administrativo ha sufrido algún tipo de violencia por algún integrante de la comunidad universitaria, siendo el acoso el ataque más frecuente con el 11.6%, seguido de la violencia psicológica con un 8.2 %, desde qu ingresó a trabajar en la universidad; el 5.4 % han tratado de controlarlas, evitando que realice su trabajo o no permitiéndole ver o hablar con colegas o autoridades, el 5 % ha recibido insultos, la han llamado estúpida, idiota; o la han humillado frente a los demás, haciéndola sentir inferior, la han difamado en público o redes sociales, mientras que el 1.9 % ha sido amenazada con recibir daño físico o hacerle daño a alguien más.
Al haber sido declarada la temeridad en el juicio penal, Isabel en 2021 presentó una demanda por daños y perjuicios, la cual en primera instancia tuvo un fallo a favor de las autoridades de la institución. Finalmente el juez resolvió que la demanda de Isabel no procedía por falta de pruebas, a pesar de que contaba con la sentencia ejecutoriada, copias notariadas de las transferencias y pagos realizados a sus abogados para la defensa, un informe pericial contable realizado por un perito calificado por el Consejo de la Judicatura; sin embargo para el juez ninguna de estas pruebas fueron suficientes. Ella y sus abogados apelaron a esa decisión y la audiencia de apelación está fijada para el mes de septiembre, en la que espera se haga justicia.
Cristina Burneo, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador, explica cómo la violencia de género afecta a las docentes que han estado presentes para acompañar y orientar a las estudiantes mujeres que sufren violencia o acoso sexual: muchas de ellas han sido despedidas sin razón, han vivido desligitimación del trabajo docente y acoso laboral, siendo esta última una de las más frecuentes. “Quienes no aprueban tu posición te pueden aislar, pueden hacer más difícil tu trabajo distorsionando o bloqueando tus posibilidades de ascenso, fondos, entre otros”. También las docentes que luchan contra la violencia pueden encontrarse con comentarios como que trabaja con un “sesgo de género y acusarte de radical”.
Estudios realizados por la Red Interuniversitaria de Investigación Feminista: Medición de la prevalencia de Acoso Sexual en las IES, incluido el De la evidencia a la prevención ¿Cómo prevenir la violencia contra las mujeres en las universidades? revelan que las mujeres que forman parte de la comunidad universitaria sufren violencia por temas de género y luchar u organizarse frente a la violencia que sufren les genera consecuencias en su salud emocional, física, psicológica y en su economía.
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*Todos los nombres fueron cambiados para proteger la identidad de la docente y las estudiantes.
*Las opiniones expresadas reflejan los puntos de vista de las personas que han contribuido a este reportaje.
