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Corte Provincial de Loja rechazó acción de protección para proteger Fierro Urco
Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2
Publicado el 22 de diciembre de 2022
Accionantes y defensores del agua ingresaron en enero de 2022, una acción de protección para proteger Fierro Urco, un páramo ubicado en Saraguro, en Loja. Este recurso buscaba proteger los páramos, el agua y las comunidades de las actividades mineras que intentan desarrollarse en la zona. Sin embargo, esta acción fue negada por los jueces Max Brito, Carlos Tandazo y José Erazo, de la Corte Provincial de Justicia de Loja. Según Pablo Piedra, abogado defensor, los abogados con este dictamen, allanaron el camino para que se pueda destruir los páramos que dotan de agua a las provincias de El Oro, Loja, Azuay y Zamora Chinchipe.
Este dictamen se da días después de que el gobierno anunciara la creación de un plan estratégico de seguridad que declara como Áreas Reservadas de Seguridad 11 proyectos mineros. La Conaie y otras organizaciones del movimiento indígena a través de una rueda de prensa, expresaron su preocupación por este plan minero
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La audiencia de acción de protección a favor de Fierro Urco se desarrolló el pasado 22 de noviembre de 2022, en la Corte Provincial de Justicia de Loja. Pablo Piedra, abogado de los accionantes, esperaba que al final los jueces José Erazo Bustamante; Marlon Tandazo; Max Brito actuarán con independencia y garantizarán los derechos constitucionales; sin embargo, denunció irregularidades en el proceso.
Después de varias horas, la audiencia concluyó sin respuesta porque los jueces no estaban obligados a resolver en ese momento, sino emitir su sentencia posteriormente. Es así que el 19 de diciembre, la Corte Provincial de Loja comunicó que la acción de protección fue rechazada. Negó el proceso argumentando que la consulta ambiental, establecida en el artículo 398 de la Constitución que señala que “Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente”, no se aplica para actividades de pequeña minería.
Según Piedra ese fue uno de los principales argumentos de la defensa de las mineras Guayacan Gold Company Ggc S.A; Green Gold Ggold S.A. y Cornerstone Ecuador. Los jueces por su parte, argumentaron que la defensa “con respecto al tema de los derechos de la naturaleza, no había adjuntado ninguna prueba que evidencie que la riqueza de Fierro Urco. Lo cual es falso”.
El abogado denunció que una de las pruebas presentadas fue un informe público, realizado por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica donde se recoge toda la importancia hídrica y ecológica de Fierro Urco. Sin embargo, este informe no fue tomado en cuenta por la jueza de primera instancia ni por los jueces de apelación.
Además, la Universidad Técnica Particular de Loja, por pedido de la jueza de primera instancia, presentó una serie de documentos que demuestran la riqueza ecológica de la estrella hídrica del sur del Ecuador, como se denomina a Fierro Urco. Pese a estos informes, los jueces dijeron que “no se ha demostrado que esa riqueza viva en Gualel, por ende, como las demandantes son de esa parroquia, no existían argumentos para la defensa de Fierro Urco”.
Para Piedra, ese argumento es descabellado porque los jueces están diciendo que únicamente se puede demandar los derechos de la naturaleza del territorio donde se vive, cuando la Constitución establece que cualquier persona puede reclamar los derechos de la naturaleza, por lo que, al presentar la acción de protección, los accionantes se constituyeron en defensores de los derechos de la naturaleza y pidieron que se garantice los derechos de todo Fierro Urco.
Plan para militarizar los territorios
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie y otras organizaciones del movimiento indígena, realizaron una rueda de prensa el pasado 21 de diciembre, para pronunciarse sobre el plan estratégico militar y policial, propuesto por el presidente Guillermo Lasso en “apoyo a las empresas mineras asentadas en Ecuador”.
Agustín Cachipuendo, dirigente de Fortalecimiento Organizativo de la Conaie, expresó su preocupación por el trabajo que ha desarrollado el gobierno nacional “a fin de favorecer a las empresas extractivas mineras”, Según el dirigente, en las mesas de diálogo con el gobierno, el Movimiento Indígena había acordado la moratoria minera para evitar la afectación a fuentes hídricas y los territorios de los pueblos y nacionalidades.
Por tales motivos, Cachipuendo hizo un llamado a defender los territorios y hacer respetar lo dispuesto en la Constitución con respecto a consulta previa, libre e informada y a la consulta ambiental.
El presidente de la Conaie, Leónidas Iza, dijo que el gobierno no está respetando los acuerdos de las mesas de diálogo y en consecuencia, lanzó el Plan de Protección Minero dirigido a 11 proyectos mineros a gran escala, “validándose de la Ley de Seguridad del Estado que crea áreas de Reservas de Seguridad; es decir, van a militarizar territorios donde hay presencia minera. En esos territorios, hay personas, compañeros de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, hermanos campesinos, montubios, vinculados a la agricultura, que no quieren la minería y el gobierno con total impunidad pretenden convertir a los que defienden el territorio en contra de las minerías en narcotraficantes o delincuentes”.
El líder indígena aseguró que no se permitirá la militarización de los territorios donde están asentadas las mineras porque estas jamás garantizaron el derecho a la consulta previa, libre e informada, establecida en el artículo 57 de la Constitución, ni la consulta ambiental del artículo 398.
Asimismo, Iza hizo un repaso de alguno de los acuerdos convenidos con el gobierno durante las mesas de diálogo. Entre estos están:
-Garantizar una moratoria minera hasta contar con la normativa de la consulta previa, libre e informada en los 15 bloques petroleros y algunas experiencias mineras
-No otorgar títulos mineros o licencias ambientales hasta contar con la construcción de la consulta previa, libre e informada y su consentimiento
-Desgraficar concesiones mineras que intercepte con el sistema nacional de áreas protegidas y zonas intangibles que se encuentran superpuestas
-Levantar el proyecto de la ley de consulta previa, libre e informada, revisión de la propuesta
-Reforma a la ley de hidrocarburos
-Revisión de los pasivos ambientales
El líder indígena, en una entrevista para Wambra, reiteró su preocupación por el plan minero y la militarización de los territorios con concesiones mineras y aseguró que este plan de protección minera estaría costando al país, entre 2500 a 3000 millones de dólares para cuidar a los sectores transnacionales. “Con la plata de los ecuatorianos que pagamos todos los días de nuestros impuestos, de los recursos de los campos petroleros que incluso están en procesos mineros”, aseguró
Según Iza, la violencia asentada en los territorios no se debe a que los campesinos e indígenas han salido cometer actos violentos, sino que responde a que estos grupos se forman en defensa de sus territorios que están tomados por las mineras.
¿Relación entre el plan de militarización y fallo en contra de Fierro Urco?
Pablo Piedra, abogado de los accionantes en la audiencia de acción de protección para defender Fierro Urco, cuenta que en durante el juicio se vio un trabajo organizado por parte de los organismos del Estado y de las empresas mineras para presentar un frente unido a favor de la minería. Y eso asegura, pudo influir ante la justicia para producir la sentencia en contra del páramo. Además, los jueces no tomaron en cuenta lo dispuesto en dos sentencias de la Corte Constitucional “Los Cedros y Manglares” que marcan precedentes para la protección de territorio sensibles como es Fierro Urco.
De igual forma, los jueces ignoraron argumentos presentados no solo por las personas accionantes, sino por otras personas, en calidad de amicus curiae. Así, el ex juez de la Corte Constitucional, Ramiro Ávila, envió un amicus para explicar el efecto vinculante de las otras sentencias de la Corte en este caso; sin embargo, fue ignorado.
Con respecto a la estrategia de militarizar los campamentos mineros, Piedra menciona que si las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen capacidad de dar seguridad a las concesiones mineras, significa que también tienen la capacidad para cuidar de los territorios de la minería ilegal, pero “no lo hacen, no porque no pueden, sino porque no les interesa o no quieren. En cambio sí se les brinda apoyo a las concesiones mineras y petroleras”.
Tras el fallo de la Corte Provincial de Loja en contra de Fierro Urco, el 22 de diciembre se ingresó un recurso de aclaración de la sentencia y una vez que den respuesta a eso, se espera que en el mes de enero, se pueda presentar una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional.
