Comunidades de la Amazonía denuncian falta de información y gestión estatal ante desborde del río Coca
Por: Génesis Anangonó Ch.
Publicado 23 julio de 2021
La Federación de Comunas Unidas de Nacionalidad Kichwa de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) y la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos denunciaron la falta de gestión estatal en las comunidades atravesadas por el río Coca, donde siguen las inundaciones en comunidades y barrios.
El 19 de julio, por la magnitud del caudal, el puente de la parroquia San Sebastián del Coca fue cerrado parcialmente al comprobarse que los cables de soporte y tensión a tierra que sostienen una tubería paralela al puente están rotos, mientras otra tubería que está a la misma altura del puente está deteriorada por la crecida del río. En la denuncia pública emitida por las organizaciones se detalla que, si bien, se han realizado obras de contingencia estas no han sido suficientes, como tampoco lo han sido las alertas para prevenir o minimizar los riesgos ante la crecida del río.
Las organizaciones explicaron que el 20 de julio pasado, comuneros que viven en las riberas del Coca pusieron en “grave riesgo sus vidas” porque salieron a navegar desconociendo completamente la crecida del río. Aseguraron que ni las autoridades locales ni centrales les han comunicado oportuna ni adecuadamente sobre los peligros, ni las medidas que se están tomando frente al desborde del río. Cuestionaron que dichas alertas sean emitidas únicamente por Twitter sin considerar que muchas de las comunidades kichwas asentadas a lo largo de los ríos Coca y Napo no tienen acceso a internet ni a energía eléctrica.
Las organizaciones dijeron que la crecida del río pone en riesgo a las comunidades en las riberas, los hogares, cultivos y fauna, así como las carreteras, los puentes cercanos. También les preocupa el riesgo que puede correr los oleoductos del SOTE y el OCP, pues aseguraron que si las tuberías llegaran a sufrir daños en su estructura se provocaría un nuevo derrame de crudo, en magnitudes similares al que ocurrió en abril de 2020 y sobre el que, las comunidades afectadas, siguen sin recibir reparación integral hasta la fecha. La denuncia realizada también asegura que, después de lo sucedió en abril, todavía no existen planes de evacuación, contención, asistencia en caso de inundaciones, ni tampoco de prevención oportuna y efectiva en caso de derrames petroleros. Ahora mismo ya existirían barrios populares como Unión y Progreso y comunas indígenas como El Edén que han reportado inundaciones, sin embargo, ni las autoridades de control, ni las petroleras han involucrado a las comunidades en planes de ningún tipo.
Por ello recordaron al Estado, que tanto el gobierno central como los gobiernos locales de Orellana y Sucumbíos, están en la obligación de prevenir nuevas vulneraciones al derecho a la salud, al agua, a la alimentación y a la vida íntegra de estas comunidades. Las organizaciones exhortaron a que las acciones que se tomen sean elaboradas con base a criterios étnicos diferenciados, considerando que existen comunidades indígenas. Finalmente exigieron el cumplimiento de medidas de reparación, restauración, prevención y precaución por parte del Estado y de las empresas petroleras públicas y privadas que ocasionan daños e impactos en la naturaleza y sobre la vida de las comunidades.
