Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional visitó campamentos en Furukawa
Por: Génesis Anangonó Ch.
Publicado 30 de julio 2021
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Trabajadoras y trabajadores del campamento 42 de Furukawa fueron visitados por asambleístas de la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad de la Asamblea Nacional. Los asambleístas constataron la vulneración de derechos humanos a los que han sido sometidos las y los trabajadores de la empresa Furukawa Plantaciones C.A. por casi 6 décadas.
En la visita también participó la defensora del pueblo (s) Zaida Rovira, quien permitió que se levanten insumos para que, en el caso de la Defensoría del Pueblo, sustenten la demanda de acción de protección en favor de las personas afectadas por la empresa abacalera y que, en el caso de la Asamblea se actualice la información remitida por organismos internacionales en 2019.
Previo a esta visita, el Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más, denunció que policías llegaron al campamento 42 para exigir que las personas que allí habitan salgan del lugar antes de que asambleístas y la Defensoría del Pueblo lleguen. Sin embargo, las personas se mantuvieron en el lugar y recibieron a las autoridades que tras recorrer los campamentos condenaron las condiciones en las que la empresa ha mantenido a las y los trabajadores.
El 19 de abril de 2021, el juez Carlos Vera Cedeño emitió la sentencia por escrito en la que se determinó que en la empresa Furukawa Plantaciones C.A. existió servidumbre de la gleba en los campos de abacá. En la sentencia se determinó que la empresa japonesa debía pagar a las y los afectados una cantidad de dinero que debe ser determinada por un perito del Consejo Nacional de la Judicatura, además de entregarles 5 hectáreas de terreno, o su equivalente en dinero, de la zona comprendida entre los kilómetros 33 y 42 de la vía Santo Domingo – Quevedo y emitir disculpas públicas. Además se dispuso que los Ministerios del Trabajo, Inclusión Económica y Social y Salud Pública emitan disculpas públicas en sus páginas web por no haber frenado ni prevenido estas prácticas.
Pese a que la situación se conoció apenas en el 2018, las condiciones de esclavitud, precarización y violación de derechos humanos en la empresa japonesa han persistido por casi 60 años. Sin embargo, el Estado ecuatoriano ha continuado demostrando omisiones y negligencia, pues pese a las observaciones emitidas, en 2019, por el Grupo de Trabajo sobre Población Afrodescendiente y Anti Racismo de las Naciones Unidas (GT) que expusieron su preocupación por que “los campamentos en los que viven no cuentan con servicios básicos como agua potable, electricidad, alumbrado público, instalaciones sanitarias o de saneamiento, entre otros”.
El grupo de expertos en poblaciones afrodescendientes de la ONU dijo que durante la visita a los campamentos de Furukawa pudieron constatar que muchos trabajadores y extrabajadores poseen extremidades mutiladas y deformadas por los accidentes laborales ante los que la empresa Furukawa C.A. no respondió. Así mismo dijeron que se constató que niñas y niños nacidos dentro de los campamentos no poseen registro de sus nacimientos, vulnerando así su derecho a la nacionalidad, al acceso a la salud, educación y vida digna, porque también eran obligados a trabajar en lugar de ir a la escuela. Por ello recomendó al Estado, garantizar el acceso de las y los afroecuatorianos a justicia, seguridad, tierra, agua potable, atención médica, la vivienda y a oportunidades económicas dignas, así como aumentar la inversión económica y social para alcanzar la igualdad de acceso a oportunidades, suplir las necesidades de las familias afroecuatorianas y facilitar su plena participación en la vida pública.
Con la visita, las y los asambleístas corroboraron la situación expuesta por las y los trabajadores y extrabajadores que han vivido durante 58 años en una constante vulneración de derechos humanos. Con los insumos recogidos, la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad de la Asamblea Nacional podrá continuar con el proceso de fiscalización de las instituciones que de Estado que no han dado respuesta ante este caso de esclavización moderna.
