NOTICIAS

 

Buenos Aires y Pangua: comunidades amenazadas por la minería legal 

 

Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2

Foto: Frente Nacional Antiminero

 

Publicado el 30 de enero de 2023

 

La Comunidad de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, fue según sus pobladores “atacada por militares” que entraron a la zona para resguardar a la empresa minera Hanrine, la semana pasada. Además hubo la entrada de un convoy, policías de las unidades del GOE, GIR y UMO, y equipo militar para reprimir fuertemente a las personas defensoras de la naturaleza.

Hubo detenciones arbitrarias en contra de los comuneros Ausimero Armas, una persona de la tercera edad y Daniel Sotaminga; los mismos que horas más tarde, fueron puestos en libertad. La comunidad de Buenos Aires se mantuvo en resistencia hasta que la empresa saliera de la zona. El 30 de enero, el Frente Nacional Antiminero realizó una rueda de prensa para dar a conocer los avances del caso.

En Pangua, Cotopaxi, las comunidades también alertaron la presencia de un campamento minero.

 

***

 

Comuneros y comuneras de Buenos Aires, una comunidad en la provincia de Imbabura, amenaza por la minería, denunciaron que el lunes 23 de enero de 2023, en horas de la tarde, militares y policías ingresaron a la zona de El Triunfo, custodiando a la empresa minera Hanrine, que pretendía armar campamentos para posesionarse en el territorio. 

La respuesta de la fuerza pública fue reprimir fuertemente a las y los comuneros. Durante la represión hubo varias personas heridas y dos comuneros detenidos: Ausimero Armas, un hombre de 71 años con discapacidad física del oído y de la vista y Daniel Sotaminga. Lo que rganizacines de derechos demandaron como doble vulnerabilidad. 

Horas más tarde, la resistencia de la comunidad logró que la empresa minera se retirara del sector El Triunfo y realizaron una marcha nocturna para dejar claro que su lucha seguirá hasta expulsar a la minera por completo de la zona. 

 

Buenos Aires en resistencia contra la minería

Lucía Chicaiza, presidenta de Buproe, una unidad en defensa de la vida en la Merced de Buenos Aires, a través de una sesión de zoom del 26 de enero, contó que antes de que ingrese la minera, la comunidad dio aviso a la Defensoría del Pueblo, quienes acompañaron a la comunidad y lograron que los dos comuneros detenidos fueran puestos en libertad. A pesar de la presencia de la Defensoría del Pueblo, la minera logró ingresar y reprimió a los y las defensoras de la naturaleza, quienes pedían documentos que prueben que la consulta previa, libre e informada se realizó en la zona y los permisos para lograr ingresar. Pero la información jamás fue facilitada por parte de la fuerza pública.

Kassandra Andrade, parte del consejo provincial de defensores de derechos humanos y la naturaleza, un brazo articulado entre la Defensoría del Pueblo y sociedad civil, dijo que lo sucedido en la comunidad de Buenos Aires significa una completa vulneración a sus derechos y que su posición es a favor de la defensa de la naturaleza y de las mujeres que defienden el territorio.

Por su parte, la abogada Yuly Tenorio, explicó que la empresa minera Hanrine hizo caer en un error a las Fuerzas Armadas, diciéndoles que ellos van a ayudarles a construir un campamento militar para que puedan hacer el control de actividades ilícitas en Buenos Aires. Pero no era así, lo que pretendían era construir un campamento minero.  

Para Tenorio, el Estado ecuatoriano se está olvidando de garantizar la seguridad jurídica de las personas emprendedoras de Buenos Aires que practican la soberanía alimentaria, con la que abastecen los mercados de la provincia de Imbabura y otras zonas cercanas.         

“Es muy preocupante el uso progresivo de la fuerza en contra poblaciones que están en resistencia; de campesinos que no tienen los recursos económicos para acceder a la justicia. Han sido criminalizados. Hay denuncias, demandas, contravenciones que van desgastando a la ciudadanía”, dice Tenorio. 

De hecho, el pasado 10 de marzo de 2022, defensores y defensoras de la naturaleza de la comunidad de Buenos Aires que fueron criminalizados y judicializados por el conflicto socioambiental a consecuencia de las actividades mineras legales e ilegales, recibieron amnistías por parte de la Asamblea Nacional, las mismas entraron en vigencia recién el 09 de agosto. La tardanza del proceso respondió a que el  proceso se debía presentar a todas las fiscalías, unidades judiciales y tribunales donde se conocen los procesos de judicialización de las personas que recibieron amnistías para que se archiven sus casos.

Asimismo, Buenos Aires cuenta con medidas cautelares y una acción extraordinaria de protección; sin embargo, la vulneración al territorio y la amenazas continúan y de igual forma la empresa minera “hizo caer en error a los propietarios de las fincas. Les hizo firmar un documento para hacer un campamento militar y resulta que quieren hacer campamentos mineros”, aseguró Tenorio. 

 

¿El gobierno del extractivismo?

En una rueda de prensa, convocada por el Frente Nacional Antiminero, el 30 de enero de 2023, sobre la actualización de lo sucedido en la comunidad de Buenos Aires, Lucía Chicaiza, presidenta de Buproe, pidió que se realice la consulta previa, libre e informada. Además denunció que todos los papeles con los que cuenta Hanrine son ilegales y “las autoridades se prestan para estar a favor de las mineras y no con los derechos del pueblo”.

Por lo tanto, Chicaiza dijo que la comunidad continuará en resistencia y tomará acciones legales por los atropellos y vulneraciones sufridas. La empresa está realizando exploraciones en la zona, con maquinarias entra y abre carreteras, entra a propiedades privadas y creando plataformas para sacar las muestras de la exploración inicial, aseguró. 

José Cueva, parte del Observatorio Ambiental Social y Minero del norte del Ecuador de la provincia de Imbabura, dijo que el Estado ecuatoriano lejos de controlar la minería ilegal está aprovechando la situación para militarizar los territorios de las comunidades que resisten a la minería con el objetivo de instalar la gran minería. 

Según Cueva, durante las mesas de diálogo, el Movimiento Indígena le presentó al gobierno nacional el trabajo que realizan todos los frentes antimineros del país: Esmeraldas, Imbabura, Napo, Zamora, en contra de la minería ilegal. Sin embargo, no ha habido respuesta por parte del gobierno.

 

Cantón Pangua se declara en resistencia

La Comunidad de Buenos Aires no es la única que resiste y se enfrenta a la minería. Pangua, un cantón de la provincia de Cotopaxi, el 27 de enero, realizó una acción de protesta por el nuevo campamento de la transnacional inglesa Anglo American, la mayor productora mundial de platino, que está en el territorio de forma inconsulta e ilegal, asegura un comunicado del Frente Nacional Antiminero

Según el comunicado, el gobierno concesionó 32.465 hectáreas, lo que implica más del 40% del cantón, sin consultar a las comunidades. Además, “niegan la existencia de pueblos indígenas en este cantón, cuando es de conocimiento público que Pangua es parte del territorio del pueblo Kichwa Panzaleo”. La empresa Anglo American se encuentra en Pangua desde el año 2018 y su principal campamento se encuentra en la comunidad Guapara. La instalación de un nuevo campamento representa alto riesgo de contaminación para las fuentes de agua que existe en el Recinto Calope de Garrido, Punta Brava y Colonia Chintianburgo, mismas que abastecen a más de 2600 personas.

Por tales motivos, el comunicado menciona que el cantón no va a permitir la minería. “Nos hemos declarado en resistencia y lucharemos hasta el final, con el derecho constitucional que nos caracteriza, así que le decimos al Gobierno que recapacite, aquí hay muchas salidas económicas desde la propia agricultura hasta el turismo y la agroindustria”.