La Corte Constitucional (CC) es la última institución que debe conformarse antes de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) concluya su tiempo establecido de trabajo hasta marzo de 2019, cuando tendrá lugar el próximo proceso electoral. La Corte es además, la institución de mayor peso a evaluar y renovar en su conformación, ya que es la máxima instancia nacional de garantía de los derechos humanos, capaz incluso de revertir decisiones judiciales de la Corte Nacional de Justicia.
Luis Ángel Saavedra, coordinador ejecutivo de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH
Luis Ángel Saavedra, coordinador ejecutivo de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH, afirma que el proceso de selección debe buscar “que se presenten los mejores hombres, las mejores mujeres y que no tengan un pasado oscuro, sino que nos puedan dar transparencia, que nos puedan brindar probidad, que podamos estar seguros que esas personas que van a la Corte Constitucional sean realmente quienes puedan proteger nuestros derechos”.
El proceso de selección inició cuando el CPCCS-T posesionó a la Comisión Calificadora el veinte y ocho de octubre de 2018, esta comisión recibió listas desde la Función de Transparencia, Poder Ejecutivo y Asamblea Nacional del Ecuador. Se realizaron las evaluaciones y el dieciocho de diciembre se conocieron los nombres de las diez personas que obtuvieron el mejor puntaje para conformar la Corte. Entre los nombres se encontraba el de Pablo Enrique Herrería Bonet, quien obtuvo setenta y un puntos, sobre cien puntos en el proceso de selección; abogado guayaquileño de sesenta y siete años que ha desempeñado cargos de Intendente de Policía del Guayas, asesor de la Junta Cívica de Guayaquil, diputado nacional por la Izquierda Democrática, Magistrado del Tribunal Constitucional de Ecuador y Asambleísta Nacional por el movimiento Madera de Guerrero, luego independiente. También fue fundador del Observatorio de Derechos y Justicia. A lectura simple no habría motivo de impugnación, sin embargo su nombre también aparece en el “Listado de Presuntos Responsables y su grado de participación” en el Informe de la Comisión de la Verdad del Ecuador, como involucrado en el caso “C75 María Banchón Mero y otros”, al ser Intendente de la Policía de Guayas. En este caso se registraron torturas y probables ejecuciones extrajudiciales en el año 1991, cuando todavía operaban estructuras policiales represivas, destinadas a “contener y acabar” con las organizaciones político-militares, movimientos sociales y opositores políticos .
El caso en el informe de la Comisión de la Verdad
El 31 de enero de 1991, tres militantes activos del grupo subversivo Alfaro Vive Carajo perpetraron un asalto a una agencia del Banco Nacional de Fomento en Guayaquil y fueron detenidos: María Banchón, Edgar Aragundi y Ricardo Torres. El parte policial dice que los tres fueron detenidos, los dos heridos con arma de fuego y la mujer se encontraba con traumatismos en el cuerpo, además concluye que “los heridos que han sido conducidos a una casa asistencial murieron en el camino”. Pero en el testimonio, dado a la Comisión de la Verdad, María Banchón cuenta que después de ser detenidos los vendaron y fueron llevados a un río o un estero, donde fueron torturados, y luego llevados a una especie de cajón, donde los mantuvieron vendados e incomunicados. Luego los levaron al Cuartel Modelo donde ella afirma que ahí vio por última vez a sus compañeros “es decir los ejecutaron una vez que fueron aprehendidos” afirma en su testimonio. La detención fue el 31 de enero pero el entonces Intendente de Policía del Guayas, Enrique Herrería, emite la boleta de captura un día después y legaliza la detención. Después de que sus familiares presentaron un Habeas Corpus, ella fue trasladada a la cárcel de mujeres donde permaneció detenida hasta 1994 .
María cumplió con su pena por el asalto, pero quienes la torturaron y asesinaron extrajudicialmente a sus compañeros y quienes colaboraron a que este tipo de situaciones ocurrieran, no han sido juzgados. Uno de ellos, según el informe elaborado por la Comisión de la Verdad, es Enrique Herrería, que figura en la lista de presuntos responsables, y es quien ahora se encuentra entre los mejores puntuados para ser juez de la Corte Constitucional.
Es por eso dos organizaciones presentaron su impugnación a la elección de Enrique Herrería para la Corte Constitucional: la Fundación INREDH y el Comité de Víctimas de Delitos de Lesa Humanidad y Graves Violaciones de Derechos Humanos.
Para Luis Ángel Saavedra, Coordinador Ejecutivo de la Fundación INREDH, “Herrería como intendente de Policía del Guayas colaboró a este sistema de represión, legalizando las detenciones como en el caso María Banchón, él emite una orden de detención en el momento que están torturando a María Banchón y a sus compañeros que posiblemente ya no estaban vivos”
Clara Merino, presidenta del Comité de Víctimas de Delitos de Lesa Humanidad y Graves Violaciones de Derechos Humanos explica que en “En un Estado constitucional de derechos, uno de los primeros requisitos es que quienes estén en estos organismos, que vigilan precisamente la legitimidad de ese Estado de derechos, sean personas que no hayan incurrido en este tipo de graves delitos, que no son delitos particulares, no son delitos de una persona cualquiera, sino que son delitos de Estado”
Saavedra sostiene que si Herrería es designado juez de la Corte Constitucional “no habría la confianza necesaria como para saber que esta persona realmente va a defender derechos, además sería una bofetada a las víctimas y familiares de víctimas de tortura, de ejecución extrajudicial de ese período, pues estarían reconociendo la probidad a una persona observada en un informe de violaciones de derechos humanos”.
El Informe de la Comisión de la Verdad se presentó en 2010, luego de dos años de investigación de casos de violaciones a los derechos ocurridos entre 1984 y 2008, sobre privación ilegal de la libertad, tortura, desaparición forzada, atentado contra el derecho a la vida y ejecución extrajudicial. La Comisión se creó vía decreto ejecutivo N° 305 del 3 de mayo de 2007, en respuesta a “la demanda de un grupo de víctimas de violaciones de derechos humanos, que exigían al Estado ecuatoriano una satisfacción adecuada de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación”, según indica su resumen ejecutivo.
Después de la presentación del Informe, la Comisión entregó a la Fiscalía 133 casos, 15 más de los 118 registrados en el informe. Se seleccionó a un grupo de fiscales para llevar a cabo las judicializaciones y se los capacitó para ello. Posteriormente, y a partir de las denuncias, la Fiscalía creo una Unidad, que luego pasó a ser la Dirección de la Comisión de la Verdad. A pesar de todos los esfuerzos, en ocho años la Fiscalía ha logrado judicializar apenas once casos.
En este tiempo también se consiguió que se apruebe la Ley de Víctimas, que es ejecutada en su mayoría por la Defensoría del Pueblo, a través de convenios de reparación. La Comisión de la Verdad es una conquista por parte de organizaciones de la sociedad civil que buscan retomar el proyecto de vida que se estancó cuando sus derechos fueron vulnerados. A pesar de un lento proceso, de que las víctimas han exigido que se incorporen sus aportes y del cansancio, para ellas y ellos es importante que los procesos continúen y se consoliden.
Ahora, ¿podría la Corte Constitucional, con un implicado en estas violaciones, entorpecer, o de ser el caso, impulsar esta búsqueda de verdad y justica? Según Clara Merino, esto es posible por lo que la lucha del Comité “implica la búsqueda de una sociedad de derechos, de justicias, [y] en esa medida nos importa”.
Por su parte Luis Ángel Saavedra cree que una persona como Herrería en la Corte Constitucional “sí entorpecería el proceso de verdad y justicia, pero más allá de esto al ser el representante de la banca, de las transnacionales que depredan la naturaleza, también los derechos de la naturaleza se ven indefensos (…). Los derechos de los pueblos no van a tener una protección”.
Las impugnaciones para cualquiera de los candidatos a conformar la Corte Constitucional tendrán sus audiencias el veinte y cuatro de enero donde los impugnantes deben ofrecer sus argumentos.
De forma general el proceso de selección de los nuevos magistrados de la Corte ha tenido una buena opinión en organizaciones defensoras de derechos humanos, es por eso que esperan que el procesos de impugnación permita la vigilancia ciudadana para garantizar que quienes resulten electos para ser jueces de la Corte tengan el compromiso de defender los derechos humanos.
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